SE BUSCA TRABAJADOR BARATO, POCO CUALIFICADO Y SUMISO

(Publicado en Diario16 el 18 de octubre de 2018)

En diciembre del año 1933, tras el estrepitoso fracaso de las izquierdas en las elecciones generales debido a sus rencillas y su división, Lerroux se aprestaba a borrar del mapa toda aquella ley que hubiese sido promulgada durante el bienio progresista para reformar el país. Las derechas habían avanzado de forma espectacular impulsadas por el viento fascista que soplaba en Europa e Ignacio Villalonga, diputado de la derechista CEDA ‒al mismo tiempo consejero del Banco de Valencia, de la Compañía Española de Petróleos, Tranvías y Ferrocarriles y hombre fuerte del Banco Central, demostrando ya entonces que lo de las puertas giratorias era un gran invento‒, pronunció un encendido discurso en las Cortes en el que anunciaba lo que la patronal tenía pensado hacer para que la clase obrera no siguiera mejorando su calidad de vida: “Combatir todo intento de subversión del orden, especialmente de huelgas con finalidad política marcada. Procurar mantener el tipo de salarios tan elevado como lo permitan las circunstancias, pero procurando por todos los medios que los trabajadores rindan lo debido durante la jornada laboral”. O lo que era lo mismo: el obrero, tras dos años de ciertas mejoras laborales y salariales (sin duda por la lucha de los sindicatos que costó no poca sangre), tenía que volver a la sumisión y al silencio, conformarse con lo que le diese el patrón, generalmente poco, y dejarse la piel por la empresa.
Hoy, ochenta y cinco años después, la situación política ya no es la misma, afortunadamente, pero ciertos discursos ideológicos de la patronal actual no se diferencian demasiado de aquel que pronunciara Villalonga. “Pedimos tranquilidad”, dijo el pasado mes de julio el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en una clara advertencia a la izquierda para que no cayera en alegrías económicas. “Subir el salario mínimo interprofesional puede influir en las contrataciones”, avisó a su vez Antonio Garamendi, presidente de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, mantener el orden a toda costa (por supuesto nada de huelgas) y los sueldos ni tocarlos.
El reciente pacto de presupuestos alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –que prevé la subida del SMI hasta los 900 euros– no ha gustado a la clase empresarial de este país. Y no ha gustado porque la patronal española –al contrario de la europea, mucho más abierta a los nuevos tiempos, emprendedora y profesional‒, sigue anclada en una visión del trabajador por cuenta ajena muy similar a la que tenía en su cabeza aquel viejo diputado de la CEDA en los tiempos de la Segunda República. Un trabajador poco formado, ofertante de mano de obra barata, sumiso y que se deje explotar como un esclavo fiel las 24 horas del día, si es posible. Esta clase patronal que tenemos, muy de Ateneo provinciano, burguesa y elitista, muy de frac, copa y puro, pero poco dada a la innovación, a la investigación y a la mejora de la competitividad, insiste en la estafa de los sueldos bajos, el robo de las plusvalías, y aún no ha entendido que un trabajador feliz y bien pagado rinde más que otro frustrado y explotado. Con esta concepción decimonónica del modelo económico, casi feudal ‒tan alejada de lo que es la empresa privada en los países ricos y de lo que debe ser la relación empresario-trabajador en el siglo XXI‒, se explica que nuestro sector industrial esté siempre en el pelotón de los torpes del ranking mundial de competitividad, muy lejos de Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia, Alemania, Hong Kong o Japón, donde los sueldos mínimos duplican a los que perciben los sufridos trabajadores españoles.
Resulta obvio que aquí, en España, las ganancias del patrón no se reparten ni se reinvierten –pocas son las empresas que permiten a sus empleados participar del crecimiento de la compañía mediante premios como la paga de beneficios‒, y ni siquiera se apuesta por otras aportaciones como planes de pensiones personalizados para cuando el trabajador se jubile o una auténtica flexibilidad de horarios para compatibilizar la conciliación familiar, esa utopía para el trabajador y la trabajadora que en otros países europeos es una realidad desde hace años. Aquí, el amo sigue con el mismo viejo manual de siempre, aquel con el que ya fustigaba a los jornaleros en los años convulsos de la II República, o sea al tajo de sol a sol, sueldos tercermundistas (uno o dos euritos la hora, como las kellys), contratos de fin de semana y a veces de una mañana, falsos autónomos, precarización a tope, fraudes y picarescas en el pago de impuesto de Sociedades y Seguridad Social, escasos cursos de formación en las empresas, escaqueo de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, explotación del empleo juvenil, nulo interés por las becas y subvenciones en investigación, etcétera, etcétera, etcétera… Una injusticia tras otra que tiene como cómplice a un Estado que alimenta la inmoralidad y la falta de principios éticos (y hasta los promueve con instrumentos de ocultación como las SICAV). Quizá por eso no interesa que haya inspectores de Trabajo suficientes para perseguir el engaño laboral; ni bastantes inspectores de Hacienda para contener el fraude al fisco; ni tribunales independientes y valerosos que pongan orden en este sindiós laboral que tritura a los más débiles.
Eso sí, a lo que no le gana nadie a la clase empresarial ibérica es a chovinista y podemos ver cómo a sus líderes de traje y corbata se les llena la boca dando lecciones de patriotismo al pueblo (el rollo de siempre de la “cultura del esfuerzo”) mientras proliferan las cuentas en Suiza, los paraísos fiscales y la evasión caribeña. Todo ese dinero que sale de España a espuertas cada día y que empobrece a un país, en fin. Los expertos de la inspección de Hacienda calculan que tenemos una bolsa de economía sumergida que ronda los 240.000 millones de euros anuales, es decir el 23 por ciento del Producto Interior Bruto. Se sospecha que más de dos tercios de esa inmensa cantidad de dinero que no se declara nunca provienen de la evasión de capitales y el fraude fiscal de las empresas. Así es el modelo económico made in Spain, la forma de entender el desarrollo de un país de esa clase empresarial sin clase, insolidaria, a menudo formada por catetos con maletín, trileros del ladrillo hechos a sí mismos a golpe de mordida y comisión, especuladores que guardan la pasta en el calcetín suizo y que nunca han leído un libro. Pero la culpa de todo siempre la tiene el trabajador holgazán que quiere cobrar por encima de sus posibilidades, o al menos eso insinúan Casado y Rivera. Ya lo dijo aquel diputado de la CEDA: “Hay que procurar por todos los medios que los trabajadores rindan lo debido durante la jornada laboral”. Pues eso: a dar el callo y a callar.

Viñeta: Igepzio

EL PACTO SÁNCHEZ-IGLESIAS

(Publicado en Diario16 el 13 de octubre de 2018)

El pacto de presupuestos para 2019 entre PSOE y Podemos, que contempla una mejora hasta los 900 euros del salario mínimo interprofesional y que endurece el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, ha puesto los pelos de punta a las élites neoliberales que gobiernan en Europa. Apenas un día después del anuncio de Moncloa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado un aviso a navegantes y ha pedido al Gobierno español que sea “cuidadoso” a la hora de implementar la propuesta. Además, ha lamentado que no se haya aprovechado la fuerte recuperación económica para reconstruir “su espacio fiscal”. Todo un toque de atención ante posibles frivolidades contables de esos muchachos de la izquierda española.
Que el acuerdo entre ambas formaciones de izquierdas es histórico para España lo demuestra el hecho de que han saltado todas las alarmas en Bruselas, donde los jerarcas de la UE viven obsesionados con el techo de gasto, el déficit público y las políticas de austeridad. La firma del pacto de presupuestos entre Sánchez e Iglesias no ha gustado ni a la banca europea, ni a la patronal, ni a los poderes financieros, ni siquiera a pesos pesados que ostentan el mando como Poul Thomsen, director del Departamento de Europa del FMI: “Hay que ser cuidadoso con los salarios mínimos, por un lado para no excluir a gente del mercado laboral. Pero, por otro lado, también hay justificación por cuestiones sociales”, ha explicado en rueda de prensa en la asamblea anual que tiene lugar en Indonesia. “Uno tiene que equilibrar ambos” elementos, agregó.
Sea como fuere, tanto Sánchez como Iglesias parecen haber atravesado una peligrosa línea roja que ya no tiene retorno. Han sido marcados por los poderes fácticos europeos y solo les queda seguir adelante con la hoja de ruta económica que valientemente han trazado. Los dos han asumido un importante riesgo (Sánchez se lo juega todo a una carta; Iglesias arriesga algo menos) y no solo porque el apretón de manos entre ambos líderes políticos posee un fuerte componente icónico para los decadentes partidos de izquierda del viejo continente −que quizá a partir de ahora rompan el miedo al tirón de orejas de Merkel y se planteen tomar las decisiones en función de las necesidades de sus ciudadanos−, sino porque medidas como la subida de las pensiones conforme al IPC previsto, que también está recogida en el borrador de los presupuestos, va dirigida directamente contra la línea de flotación de la política general ordenada por la UE, y que se basa fundamentalmente en los recortes al gasto público que tanto erosionan el Estado de Bienestar. De alguna manera, con su firma, el presidente de España y su principal socio de gobierno han dicho basta ya a esas políticas austericidas y eso es tanto como declarar la guerra a Bruselas o iniciar una especie de revolución dentro del sistema.
La subida del salario mínimo interprofesional no es precisamente simbólica, ya que supone un 22,3% más, hasta 900 euros brutos mensuales. Nunca antes una política social había llegado tan lejos, de ahí que Poul Thomsen haya dado un severo toque de atención a la escasa consolidación fiscal llevada a cabo por España en los últimos años, dada su elevada deuda que ronda el 95% del Producto Interior Bruto (PIB). “Desafortunadamente, desde 2015, cuando el crecimiento ha sido significativamente superior al potencial, y hemos tenido una sostenida caída en el desempleo, España no ha reconstruido su espacio fiscal”, advirtió agoreramente. Por eso, ha insistido en que “la política fiscal debería ser más contracíclica”, es decir, aprovechar los periodos de expansión económica para ahorrar y reducir el gasto. Una nueva advertencia ante posibles veleidades presupuestarias del frente abierto por PSOE y Podemos.
El FMI ha situado el crecimiento estimado de España para 2018 en el 2,7%, una décima menos que lo adelantado hace tres meses, y en el 2,2% para 2019, todavía a la cabeza de las grandes economías de la zona euro pero ya en tendencia de ralentización. Quizá la consecuencia inmediata del acuerdo entre Sánchez e Iglesias sea que los contables de la UE rectificarán pronto, y a la baja, esa previsión de crecimiento. Tampoco tardaremos demasiado en ver cómo las siniestras agencias de calificación capaces de tumbar Gobiernos y dinamitar estados empezarán a lanzar rumores infundados sobre la prima de riesgo y el insostenible déficit público de nuestro país. Son las argucias que suelen utilizar los mal llamados mercados (en realidad no hay tales mercados, solo abyectos gobernantes en la sombra, poderosos dirigentes que toman decisiones solo en función del gran capital, obviando a las personas).
En cualquier caso, la decisión de PSOE y Podemos, su apuesta por ponerse al lado de la población que más sufre (la inmensa mayoría del pueblo) para abrir un nuevo camino de futuro, supone un rayo de esperanza para la socialdemocracia de toda Europa. Ahora falta que los presupuestos pasen el filtro de Bruselas. Algo que como ya vamos viendo, no va a resultar nada fácil.

EL VACÍO

(Publicado en Diario16 el 12 de octubre de 2018)

Una parada militar organizada con el fin de celebrar el día de la fiesta nacional es, por definición, un acto megalómano, anacrónico, rancio. La imagen de los soldados desfilando por las calles de  Madrid, además de constituir un gasto innecesario que no podemos permitirnos, nos devuelve al siglo XIX y nos equipara con regímenes de tintes totalitarios (los del pasado y los actuales como el coreano, donde cada año la exhibición de fuerza militar constituye la razón de ser de la vida política en aquel país asiático). No hace falta recordar que en la antigua Roma las legiones tenían terminantemente prohibido entrar en la ciudad y siempre acampaban extramuros. Por algo sería.
De ahí que en algún momento el Gobierno español, ya sea socialista o del PP, tendrá que plantearse la conveniencia de seguir organizando eventos militares de este tipo que finalmente se terminan convirtiendo en actos de exhibicionismo nacionalista en el que solo se encuentra a gusto una parte de la población, no precisamente de izquierdas. La prueba de que el desfile solo sirve para alimentar el patrioterismo exacerbado son los pitos y abucheos que año tras año tienen que sufrir algunos líderes políticos, sobre todo los socialistas, a los que se vilipendia injustamente cuando el PSOE, en su larga trayectoria, ya ha demostrado ser un partido que contribuye a la estabilidad del Estado. Ocurrió con Zapatero y ha vuelto a ocurrir hoy con Pedro Sánchez, que esta vez ha tenido que aguantar insultos aún más inadmisibles como “traidor” y “okupa”. La Fiscalía, tan interesada siempre en perseguir delitos contra la seguridad del Estado debería tomar cartas en el asunto e investigar quiénes han proferido semejantes exabruptos impropios de una sociedad civilizada y de un acto que se supone solemne, como el que supuestamente se trata de celebrar en Madrid cada año con motivo de la fiesta nacional. Si lo que se pretende con la parada militar es dar una muestra de país serio y avanzado, finalmente los que abuchean a líderes como Sánchez lo terminan convirtiendo en una juerga tabernaria de violentos y mal educados que sería impensable en países como Francia o Reino Unido.
Pero más allá de que el desfile militar del 12-O se haya convertido en un acto de división más que de unión y cohesión de la población y de los diferentes territorios del Estado, más allá de que la Corona, como cabeza visible del Estado, trate de monopolizar el desfile como acto de propaganda institucional para elevar sus maltrechos índices de popularidad, hay un hecho que no debemos pasar por alto y es el de las ausencias destacadas de personalidades políticas en el palco de la Castellana. Este año la nómina de invitados que no ha acudido ha sido tan extensa como significativa, sin duda como consecuencia del ambiente de crispación y hasta de confrontación social permanente que se ha instalado en España tras el procés soberanista en Cataluña que está tensando la cuerda hasta límites difícilmente soportables para un país. Así, no ha acudido el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ni los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, PNV o Compromís. Por supuesto, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, tampoco ha estado en la recepción que ofrecen los reyes de España, ni los presidentes de los gobiernos vasco, navarro y balear. “Algunos están preocupados por ver quién tiene más grande la bandera mientras otros estamos preocupados por mejorar la vida de los españoles”, ha dicho Pablo Iglesias en una afirmación que no deja de contener su parte de verdad por lo que tiene de crítica a los rancios nacionalismos que se han despertado últimamente en España pero que a su vez encierra un grave error que el líder de Podemos pasa por alto: hacer dejación de funciones, participar en un plante de protesta institucional al Jefe del Estado, hacer mutis por el foro (y esto vale para todos los que no han acudido, no solo para el líder de la formación morada) supone dejar un hueco vacío que otro ocupará en su lugar.
Y ese otro no es sino la extrema derecha. Efectivamente, esta misma mañana los líderes de Vox se han sentado en primera fila del desfile militar, junto a las máximas autoridades del Estado, pese a que no ostentan cargos de poder ni representación parlamentaria alguna. Incluso han soltado pomposas declaraciones patrióticas a los periodistas, como si su opinión fuera mayoritaria y como si representaran una mayoría de escaños en el Congreso. Ese posicionamiento, esa usurpación de sillas, no solo supone un éxito de los ultraderechistas de Vox, sino un fracaso de todos aquellos demócratas que deciden (por razones más o menos legítimas) no acudir a la invitación del Jefe del Estado, con el que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero que es el que tenemos de momento mientras no lo cambiemos por otro.  Y así es como, según nos enseña la historia, el fascismo va echando raíces. Si una parte de la izquierda pasa de desfiles y de actos institucionales monárquicos, su lugar será ocupado de inmediato por un señor facha al que le darán un altavoz para soltar sus majaderías. Es de cajón, y parece mentira que políticos bien formados intelectualmente como Iglesias no le vean claro. El líder de Podemos, que ayer dio muestras de madurez política al pactar con el Gobierno del PSOE los presupuestos generales del Estado más sociales de la democracia, deberá valorar de cara a los próximos años si es mejor estrategia tragarse el sapo de estar unos minutos sentado junto al Borbón por razones institucionales −incluso saltándose por un cuarto de hora sus firmes convicciones republicanas−, o seguir poniéndose digno y exquisito y no acudir, dejando que otros como Santiago Abascal ganen protagonismo y ocupen su asiento y los cinco minutos de gloria que da el telediario de las tres. Por no hablar de la patrimonialización que ha hecho Pablo Casado, invitando a todos a sacar la bandera de España a los balcones, y de Rivera, siempre tan oportunista.
Otra cosa es que, como ya hemos dicho aquí, se pueda ser crítico y hasta estar abiertamente en contra de un acto militar más propio de otros tiempos que de una sociedad democrática del siglo XXI. Es cierto que todo el protocolo del día de la fiesta nacional –desfile castrense, rojigualdas al viento, carrerilla de la cabra de la Legión por la Castellana, Vivas a España y aburrida recepción final de los reyes a mediodía– tendría que ser objeto de una profunda revisión, un buen chapa y pintura para que se convirtiera en una celebración en la que se pudieran integrar todas las sensibilidades políticas del país, incluyendo a los partidos nacionalistas mediante el justo homenaje a las banderas de las diferentes comunidades autónomas, que como reconoce la Constitución también forman parte de la simbología del Estado. Lo contrario, dejar que un sector de la derecha se apropie de la bandera, de los símbolos nacionales y de la defensa del Estado, permitir que la ultraderecha se vaya haciendo fuerte en el seno del sistema, como viene siendo habitual cada 12 de octubre, supone un error monumental que terminaremos pagando. De modo que cuando en las próximas elecciones veamos que Vox obtiene algún que otro escaño, en un hecho histórico y triste sin precedentes, no nos preguntemos cómo pudo ocurrir. Pensemos en aquel sillón vacío de terciopelo rojo del palco oficial en el que sentó uno que no era nadie y que terminó aclamado como un dios.

FRANCISCO, EL PAPA PROGRE... Y ANTIFEMINISTA

(Publicado en Diario16 el 11 de octubre de 2018)

Francisco, el papa más progresista de la época contemporánea, según los expertos en el Vaticano, acaba de comparar a la mujer que aborta con una persona que contrata a “un sicario para resolver un problema”. Y lo ha hecho a conciencia, sin inmutarse, durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. De modo que a partir de ahora todas esas mujeres católicas que se planteen interrumpir un embarazo ya saben que el papa de Roma las equipara con un siciliano implacable, con un matón de la Mara Salvatrucha o un vulgar pistolero de la CIA. Toda aquella que empuñe la píldora abortiva para tomársela con desesperación debe ser consciente de que es como si estuviese empuñando la nueve milímetros Parabellum, el AK-47 o una navaja de Albacete para abrir en canal a un pobre desgraciado.
Ya lo ha dicho Francisco durante su reflexión a propósito del quinto mandamiento: “No matarás” y acto seguido el Sumo Pontífice ha condenado la “supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos”. Un Francisco más duro e  intolerante que nunca con la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo sorprendió con unas afirmaciones más propias de su antecesor, Benedicto XVI, que del nuevo papa que vino para aportar el lado más humanista de la iglesia. “¿Pero cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio?”, se cuestionó antes de lanzar otra pregunta retórica al aire: “¿Es justo suprimir una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? ¡No, no se puede!”.
La Iglesia católica, anclada en el inmovilismo desde hace dos mil años, tiene muchas e importantes revoluciones pendientes, entre otras romper con la ostentación y la riqueza; hacer que sus obispos enjoyados dejen de vivir como reyes; no inmiscuirse en el poder terrenal tratando de influir en los gobiernos del mundo; predicar con el ejemplo de la pobreza; prohibir que sus ecónomos sigan haciendo negocios, inversiones y especulaciones financieras; abolir el voto de castidad de curas y monjas y permitir el matrimonio entre ellos. Pero sin duda, la revolución más urgente y necesaria, la que debería llegar cuanto antes, es la del respeto a la mujer. El feminismo probablemente nunca llegue a entrar en los pétreos muros vaticanos, ya que la libertad choca frontalmente contra el dogma, pero la curia (también el papa como cabeza visible) nunca se adaptará a los nuevos tiempos si no entiende de una vez por todas que hombre y mujer son dos caras del ser humano en pie de igualdad. Solo de esa manera la Iglesia conseguiría romper su imagen de organización patriarcal que discrimina a la mitad de la población. Y solo desde esa hibridación entre religión y feminismo se alcanzarían hitos importantes, como revalorizar el papel de las monjas para que pudieran impartir los sacramentos y dar misa.
“La Iglesia tiene misoginia. No considera a la mujer como un sujeto moral con capacidad de decidir”, asegura Mar Grandal, vicepresidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).  Grandal ha llegado a manifestar que “es inaceptable que la jerarquía católica, junto con sus voceros, salga a la calle a obstaculizar los avances en todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como católicas, estamos en total desacuerdo con las posturas de los movimientos antielección, mal llamados provida”. La página web de esta asociación asegura que “sabemos que las mujeres que se han visto en la necesidad de interrumpir un embarazo no lo hacen con alegría en sus corazones sino en medio de sentimientos encontrados, pero siempre para evitar un mal mayor. Lo hacen porque tienen algún problema serio, sus vidas o su salud pueden estar en peligro, viven violencia con sus parejas o no se sienten seguras de llevar a término un embarazo que no buscaron. Todas las mujeres tienen derecho a tener un embarazo en las mejores condiciones, sin poner riesgo su vida y su integridad física y emocional, y a sentir alegría ante el nacimiento de un nuevo ser, porque se trata de un hijo o de una hija deseada”.
Para afianzar sus tesis antiabortivas, Francisco exige a las familias que van a traer al mundo un bebé enfermo o con graves malformaciones que hagan el esfuerzo de tenerlo y criarlo finalmente. Les pide el sacrificio del mártir, algo terriblemente injusto que genera en esas personas frustración, remordimientos, depresión y sentimientos de culpabilidad. “Un niño enfermo, como cualquier persona necesitada y vulnerable, más que un problema es un don de Dios que nos puede sacar de nuestro egoísmo y hacernos crecer en el amor”, aseguró ayer el papa. Pero ahí está el error del santo padre, ya que esa decisión moral, en base a la libertad de conciencia, debería incumbir solo a los padres, nunca a la Iglesia, cuya misión principal es dar consuelo espiritual a todos los cristianos y respetar sus decisiones. Lo contrario, presionarlos y amenazarlos con un castigo divino por abortar es propio de una iglesia medieval poco acorde con los nuevos tiempos.
Por si fuera poco, con su inapropiada comparación entre abortistas y sicarios, Francisco se dirige solo a las católicas de derechas, obviando que también hay creyentes, y muchas, que son de izquierdas, mal que le pese a la jerarquía católica. Además, se pone de lado solo de las mujeres católicas ricas, es decir aquellas con suficientes recursos como para pagarse un aborto en una clínica privada, condenando a millones de mujeres pobres de los cinco continentes a hacerlo en la clandestinidad. Una inmensa hipocresía en la que Francisco ‒que ha dado muestras de valentía en otros asuntos delicados de actualidad como la pederastia en el sacerdocio‒, no debería caer. Comparar a una mujer que aborta con un sicario violento ha sido un gesto de mal gusto. Pero hasta el papa tiene un mal día.

BILLY EL NIÑO Y LOS BEBÉS ROBADOS

(Publicado en Diario16 el 10 de octubre de 2018)

El pasado fin de semana, mientras Vox llenaba el Palacio de Vistalegre de banderas españolas y consignas más propias de otros tiempos, devolviéndonos a una pesadilla que parecía superada, la Justicia preparaba dos polémicas resoluciones que chirrían en un Estado que se dice avanzado y democrático. La primera, notificada el lunes, tenía que ver con el caso de los bebés robados. La Audiencia Provincial de Madrid absolvía al principal acusado, el doctor Eduardo Vela, por prescripción de los delitos, a pesar de que el tribunal reconocía que en 1969 el médico sustrajo a Inés Madrigal a sus padres cuando era solo una recién nacida. La Sección Séptima lo consideró responsable de todos los delitos —detención ilegal, suposición de parto cometido por facultativo y falsedad en documento oficial— pero lo absolvió de todos ellos al considerar que la prescripción empezó a contar en 1987.
Mientras tanto, al día siguiente martes, la Fiscalía solicitaba que el policía jubilado Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, no sea investigado por supuestas torturas cometidas hace 44 años. Según el ministerio público, los hechos que relata la víctima –ex militante de la Liga Comunista Revolucionaria que dice haber sido torturada durante seis días en la Dirección General de Seguridad en octubre de 1974– no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad y además estarían prescritos. La propuesta está siendo estudiada por la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si reabre la causa tras la denuncia interpuesta por la mujer, según informó ayer la Cadena Ser.
En España todos los delitos tienen una fecha de prescripción, menos los crímenes de lesa humanidad y genocidio, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo si hubieren causado la muerte de una persona.
Tanto en el caso del doctor Vela como en el de Billy el Niño la prescripción jugaría de una forma cuanto menos dudosa, ya que estamos hablando de crímenes muy graves que gozan de especial protección por los convenios internacionales a los que se ha adherido España: uno, el cometido por el doctor Vela, que atenta directamente contra los derechos de la infancia; otro, el que afecta a Billy el Niño, íntimamente relacionado con los delitos de lesa humanidad si nos atenemos a las legislaciones penales de los países más avanzados y también a los convenios internacionales contra la tortura y el genocidio por motivos políticos. De ahí que ambas decisiones judiciales resulten cuanto menos sorprendentes, puesto que España ha ratificado desde hace años esos acuerdos suscritos con organismos como Naciones Unidas (tanto en lo referente a la protección de la infancia como a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad).
Respecto a la polémica resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los bebés robados, expertos en derecho y algunas oenegés trabajan ya en un borrador de la ley de violencia contra la infancia para que en casos de menores que sean objeto de delitos la prescripción empiece a contar cuando el menor alcance la etapa adulta y cumpla 50 años. El texto comienza con una definición de la violencia contra los niños que incluye “el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo”. También se incluye “el acoso escolar, la violencia de género, la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual o matrimonio infantil y el tráfico de seres humanos”, así como los actos de omisión de las personas que deban ser “garantes” de la protección de los niños. En este último capítulo, el del tráfico de personas, encajaría el robo de bebés, máxime cuando el doctor Vela, por su condición de médico, tendría que haber garantizado la seguridad de los recién nacidos.
Por otra parte, en el asunto de Billy el Niño no está tan claro que haya que descartar el delito de lesa humanidad, tal como asegura la Fiscalía, ya que la violencia que el policía ejercía supuestamente sobre sus víctimas venía ordenada por un régimen dictatorial que no respetaba los derechos humanos, que tenía fines políticos como la represión y persecución de las personas por razón de sus ideas y que se ensañaba con los represaliados mediante la tortura, una práctica que está prohibida por los convenios internacionales desde la Convención de Ginebra de 1864, también en tiempos de guerra. La citada convención estableció que los prisioneros deben ser tratados humanamente en toda circunstancia y se prohíben los actos u omisiones que causen la muerte o pongan en peligro la salud de los prisioneros. En todo caso los prisioneros de guerra tienen derecho al respeto de la persona y de su honor. De alguna manera, las supuestas torturas de Billy el Niño suponían la aplicación de una especie de trato vejatorio a presos políticos en un marco de estado de guerra permanente contra el comunismo, como era el régimen franquista. Si el fiscal no lo ha estimado así es sin duda porque considera que el Gobierno de Franco era legítimo y cumplía con su obligación de mantener el orden a cualquier precio, de ahí que trate el caso como un asunto aislado: un policía que iba por libre, al margen del contexto histórico y del terrorismo de Estado.
Pero más allá de dudosas tipificaciones o interpretaciones legales, la clave sigue estando en la prescripción, que se ha convertido en la gran excusa válida para todo cuando un juez o fiscal quiere quitarse de encima un expediente demasiado conflictivo o espinoso. Esta figura legal se ha convertido en la puerta de atrás por la que suelen escaparse no pocos delincuentes que nunca pagarán por sus crímenes. Hasta la Asociación Víctimas del Terrorismo considera que el Estado debería perseguir “siempre”, sin tener en cuenta ningún tipo de prescripción, cualquier delito grave que lleve aparejada una pena igual o superior a los 20 años de prisión. Ahí encajaría sin ningún lugar a dudas el homicidio, el asesinato, el terrorismo y los delitos contra la infancia. Una vez más, en casos como el del doctor Vela y el del policía supuestamente torturador nos encontramos no solo con una interpretación restrictiva de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos, sino con un enfoque retrógrado de lo que debe ser la Justicia. Si un juez machista aplica la ley con arreglo a sus parámetros machistas, uno con simpatías hacia el antiguo régimen hará lo propio a la hora de interpretar la ley. Quizá ahí esté la clave de todo. En que un sector amplio de la judicatura española todavía no ha hecho la transición hacia la democracia.

EL HABITUAL JUEGO SUCIO DE LA DERECHA ESPAÑOLA

(Publicado en Diario16 el 9 de octubre de 2018)

La derecha (tanto PP como Ciudadanos) ha puesto en marcha su maquinaria de juego sucio para erosionar a Pedro Sánchez y obligarle a convocar elecciones de forma inmediata. El pasado mes de septiembre fue Albert Rivera quien utilizó una burda estratagema para tratar de colarle un gol al presidente. Era la sesión de control al Gobierno, la ministra Carmen Montón acababa de presentar su dimisión y Rivera había presentado una pregunta-trampa sobre la situación en Cataluña. Todo era un montaje. En el último momento el líder de Ciudadanos, saltándose burdamente el reglamento de la Cámara Baja, aparcó esa interpelación inicial y puso encima de la mesa el asunto de la tesis doctoral de Sánchez, que por lo visto era lo único que le interesaba en aquel momento al jefe de la formación naranja. Ese cambiazo ‒a todas luces irregular, ya que todo diputado que pretenda interpelar a un miembro del Gobierno en sede parlamentaria debe presentar con antelación una pregunta por escrito a la Mesa del Congreso‒, fue un acto de trilerismo político, un sabotaje reglamentario y en toda regla, una patada en la espinilla que dice muy poco del líder naranja y de sus actitudes supuestamente democráticas.
Hace apenas unas horas, el Grupo Popular en el Senado ha mostrado su disconformidad después de conocer que el presidente del Gobierno no comparecerá en la Cámara Alta para dar explicaciones sobre su tesis doctoral. Así, el senador Ignacio Cosidó ha asegurado, visiblemente contrariado, que si Sánchez no acude al Senado el PP propondrá una comisión de investigación “para que la primera persona que comparezca sea el presidente del Gobierno”. La negativa de Sánchez es la respuesta lógica de un presidente que ha dicho basta ya al juego sucio desplegado por las derechas y su prodigioso aparato de propaganda mediática, tal como ha manifestado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Ander Gil, quien ha añadido que “el tono del PP ha inclinado al Ejecutivo a no acudir por este asunto al Senado”. Además, según el portavoz socialista, PP y Ciudadanos han intentado forzar la situación para llevar al presidente “a rastras y de las orejas” al Senado. “Este Gobierno no acudirá ni de la solapa, ni de las orejas, ni a rastras, al lodazal que el PP quiere convertir esta casa”, ha dicho Gil.
El PP, cuando ha ejercido el papel de principal partido de la oposición, siempre se ha mostrado como un especialista en las zancadillas parlamentarias, el navajeo retórico y el filibusterismo político. La derecha cree que el país le pertenece por derecho propio y esa concepción patrimonialista del Estado lleva a sus representantes a saltarse los más elementales trámites del juego limpio democrático. Y así es como en los plenos del Congreso los señores de la bancada popular abroncan a los oradores, hacen palmas a destiempo, abuchean, tosen, murmullan, sacan pañuelos blancos, sueltan sonoras e irrespetuosas carcajadas y golpean con efusión en la madera de los escaños, para montar ruido y barullo, como si en lugar de en el Parlamento se encontraran en el tendido de una plaza de toros. Son las formas tabernarias, marrulleras, que suelen emplear en la contienda política, unas maneras que revelan un acusado déficit democrático, además de una mala educación sonrojante. La prepotencia, la soberbia, la trampa, el menosprecio cuando no el insulto, la chulería, la mentira, el bulo interesado, el exabrupto, la chanza con poca gracia y hasta la violencia verbal son rasgos primordiales de esa forma de hacer política de las derechas españolas desde los tiempos de la CEDA. Ellos se escudan en que semejantes tácticas de acoso y derribo forman parte de la antigua tradición parlamentaria anglosajona, pero más bien parecen copiadas del congreso de Núremberg de 1933, donde se estudió a fondo el poder de persuasión de la propaganda nazi. Allí quedó patente que la democracia no era un fin en sí mismo sino solo el medio para conseguir el objetivo, que no era otro que tomar el poder a toda costa y a cualquier precio. Una vez alcanzada la misión, la democracia ya no sirve y debe ser eliminada.
Tan interiorizado tienen las gentes de la derecha española que la política es un deporte pugilista y violento ‒donde no cabe el guante blanco y donde se trata de aplastar al contrincante por KO‒, que ya no distinguen si el enemigo es el partido rival o uno de los suyos. Ese “todo vale” para alcanzar el objetivo que tan irresponsable y alegremente utilizan sus señorías quedó en evidencia durante las pasadas primarias del PP, cuando se airearon los dosieres, las escuchas, los informes, los espías de uno y otro candidato. Fue un festival bochornoso de mugre y zafiedad. Si entre ellos mismos no respetan el juego limpio, cómo van a hacerlo con aquel socialista al que pretenden derrocar a toda costa.
De modo que por una vez Sánchez ha dicho no al barrizal en el que el PP y Ciudadanos se mueven como peces en el agua (más bien como pirañas). Y bien dicho está.

Viñeta: Igepzio

ABASCAL, UN DURO

(Publicado en Diario16 el 9 de octubre de 2018)

Desde que se instauró la democracia, España no se había caracterizado precisamente por ser un Estado gobernado por políticos fundamentalmente racistas. No al menos en la medida que lo son otros en Francia, Austria, Italia o Hungría, donde los partidos xenófobos se han instalado desde hace tiempo. En nuestro país ese tipo de movimientos que llevan en sus programas políticos medidas durísimas contra los extranjeros (como dejarlos morir en el mar) no tenían mucho que rascar. La prueba de ello es que nunca lograron un escaño. Cuestión distinta es que el PP acaparara el voto ultra, fagocitándolo y haciéndolo suyo. Pero siempre de una forma solapada, discreta, sin incluir una filosofía estructurada abiertamente racista en sus programas de Gobierno. Ese aparente recato, esa imagen de gentes demócratas con la que se ha travestido tradicionalmente el PP, y ahora Ciudadanos, pasó a la historia. La moda política, lo que se lleva ahora, es hacer ostentación del supremacismo, el exhibicionismo facha, lo políticamente incorrecto, la incontinencia verbal contra el que es diferente, contra el extranjero, contra el otro. O sea, fuera complejos.
De Santiago Abascal, líder de Vox, cuentan que siempre anda con una pistola entre la ropa. De él también se dice que es el hombre de Marine Le Pen en España, el delegado elegido por los partidos neofascistas de Centroeuropa (mayormente Alemania) para avivar la llama del racismo que por diminuta que sea todo país mantiene encendida en algún rincón de su historia. La gran misión de Abascal en los próximos meses será alimentar esa llama, desatar el gran incendio, lograr la transformación de una democracia liberal hasta ahora tolerante y pacífica con el fenómeno migratorio en un búnker amurallado donde no pueda entrar ni Dios, sobre todo si es un Dios negro. La comparación con Donald Trump, no por manida, se debe pasar por alto. El presidente de los Estados Unidos levanta muros físicos en la frontera con México; el encargo que Abascal ha recibido de la ultraderecha europea es levantar muros mentales en la conciencia de esos españoles demasiado solidarios, fraternales y hospitalarios. Podría decirse, en definitiva, que el gran proyecto del presidente de Vox es reconvertirnos al supremacismo, a la intolerancia, hacer de España un país racista.
El partido de Abascal no deja de ser el gran plan de la ultraderecha europea para ese país al sur de los Pirineos que una vez más parece ir por libre, a contracorriente de los tiempos. Los líderes xenófobos del eje París-Berlín no se explican por qué en un pueblo que viene de 40 años de fascismo no prende la mecha del odio al extranjero y el euroescepticismo. De ahí que los Le Pen, Wilders, Orbán, Strache, Petry y demás lobos esteparios hayan activado el interruptor de la maquinaria. Vale que los españoles no sean rubios de pura raza aria, pero tienen que pensar como nosotros, se han dicho a sí mismos. Lo que quizá no se haya planteado todavía Abascal es que en el racismo siempre hay clases y entre las élites europeas un racista español siempre será un español antes que un racista. Es decir, un camarero de Mallorca que sirve muy bien las copas a los jubilados alemanes, una raza inferior que no tiene donde caerse muerta, un moreno maloliente y sin pedigrí que cobra una miseria. Pero Abascal, en esa pequeñez intelectual que posee todo xenófobo, en ese enanismo mental del que se cree superior cuando en realidad siempre habrá alguien superior por encima de uno, ha decidido aceptar el papel de lacayo del diablo y está dispuesto a llegar hasta el final en la siniestra misión.
Con todo, inocular el virus del odio en miles, quizá millones de españoles, no es tarea fácil y ahí es donde entran los grandes poderes financieros de las potencias europeas. Ya se ha filtrado a la prensa que el Frente Nacional de Le Pen y Alternativa para Alemania, el partido ultra alemán, están financiando bajo cuerda e inyectando una buena pasta a Vox para que el monstruo, hoy recién nacido, vaya creciendo, según informa Cristina de la Hoz en El Independiente. ¿Cómo si no se hubiese financiado el aquelarre ultra del pasado fin de semana en Vistalegre, que supuestamente costó cerca de 100.000 euros?
España es un país que vivió 40 años de aislamiento y autarquía franquista. Encerrados en nosotros mismos por orden del general, aquella noche oscura solo tenía una luz al final del túnel: el tímido rayo que llegaba de Europa. Durante todo ese tiempo miramos a los europeos con envidia, queriendo ser como ellos algún día. Éramos un pueblo de emigrantes también humillados y despreciados, gente de segunda, una tribu de seres peludos, bajitos e incultos. De ahí que cuando finalmente, y tras muchos desprecios de los países ricos, conseguimos entrar en el selecto club y mirar de tú a tú al opulento alemán, ya no quisimos salir de él nunca más. De ahí que el español ame Europa más que ningún otro europeo. De ahí que el euroescepticismo apenas cuente con adeptos en nuestro país. En esa otra línea trabajará Abascal, el doctor Frankenstein que tiene ante sí un desafío tan macabro como aparentemente imposible: transformar al solidario pueblo español en una horda de enfervorecidos racistas.

Viñeta: Igepzio