lunes, 18 de noviembre de 2019

CATALUÑA, FRANCO Y LA GOBERNABILIDAD


(Publicado en Diario16 el 1 de noviembre de 2019)

Decir que arranca la campaña electoral para las elecciones del 10N no es noticia. De hecho, España lleva cuatro años viviendo en permanente campaña. No en vano, en ese tiempo los españoles han sido convocados hasta cuatro veces a las urnas, algo que no había ocurrido nunca desde que se instauró la democracia en 1975. Pero sí podría decirse al menos que esta campaña exprés, breve, fugaz si se quiere, viene marcada por algunos condicionantes inéditos.
Tres cuestiones van a marcar los actos y mítines que se celebren de aquí al 10N: Cataluña, la exhumación de los restos de Franco y los pactos de gobernabilidad. De entrada, todo va a estar determinantemente influido por la crispación y por los momentos de tensión o violencia que se vaya generando en Cataluña. La sentencia condenatoria del “procés” ha movilizado a la sociedad catalana “full time” y la gran incógnita es si el día de las elecciones se producirán altercados y disturbios como los registrados tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo. Una jornada electoral con carreteras bloqueadas, vías férreas cortadas, contenedores ardiendo y cargas policiales sería un escenario nunca antes vivido en nuestro país, ni siquiera en los momentos más convulsos de la Transición, cuando los rumores de golpe de Estado y el terrorismo etarra marcaban cada cita con las urnas. Votar en semejantes condiciones anormales podría influir en el estado de ánimo de los electores y alterar el resultado final. Ya hay anunciadas nuevas convocatorias por parte de “Tsunami Democrátic” y Arrán, la organización juvenil de la CUP, por lo que el Gobierno teme que se puedan producir incidentes. Cabe recordar que está pendiente la visita de los Reyes a Girona los días 4 y 5 y que se han preparado actos de protesta previstos para la misma jornada de reflexión. Habría que remontarse a las elecciones del 14 de marzo de 2004, que se celebraron en medio del terror y la incertidumbre por los atentados yihadistas de Atocha, para vivir una cita electoral de tan “alto voltaje”.
Los analistas creen que la exhumación de Franco va a polarizar al electorado, beneficiando a Sánchez, gran impulsor del traslado del dictador a Mingorrubio, y a la formación de Santiago Abascal, que canalizaría la rabia de los nostálgicos franquistas. Curiosamente, un personaje como Franco que lleva 44 años muerto va a estar muy presente durante toda la campaña. Se va a hablar poco de pensiones, de ayudas sociales, de Sanidad y Educación y mucho del viejo general, que ha resucitado cuando parecía olvidado y superado para siempre. Vox va a ser el partido que defienda la memoria maquillada del dictador frente a la verdad de la memoria histórica. A PP y Ciudadanos no les interesa entrar en ese asunto, ya que les incomoda y les obliga a ponerse de perfil, sin pronunciarse abiertamente. Esa ambigüedad producto del «complejo franquista» no beneficiará a las derechas convencionales, sino a la ultraderecha antisistema. Tampoco querrá meterse en ese jardín Pablo Iglesias, ya que lo cierto es que, guste más o guste menos, la forma en que se ha llevado a cabo la exhumación, ha sido una victoria de Sánchez que va a ser rentabilizada por el PSOE. En Ferraz están convencidos de que las elecciones servirán para captar votos entre los desencantados de Podemos y del independentismo catalán. No en vano Sánchez, forzado por el PSC, ha incluido a última hora un proyecto de España federal, la Declaración de Barcelona, que prevé una reforma constitucional con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y “de las aspiraciones nacionales de Cataluña”.
El tercer gran asunto será el de la gobernabilidad del país, algo que sigue pareciendo una quimera, con el añadido de la decepción que cunde entre el electorado de izquierdas, ya que si algo se ha demostrado estos meses es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están condenados a no entenderse. Esa melancolía ante una relación imposible, ese puzle no resuelto que es la unidad de la izquierda, puede marcar decisivamente la suerte de los comicios. El 28A todo el mundo daba por hecho que PSOE y Unidas Podemos se pondrían de acuerdo para la investidura del secretario general socialista. Había una euforia, una ilusión, una esperanza de que las cosas podían cambiar. Hoy esa posibilidad parece ciencia ficción y la “depre posnegociación” en la que ha caído la izquierda de nuestro país, con la probable desmovilización, podría ser aprovechada por el PP de Pablo Casado, que remonta en todas las encuestas (existe coincidencia en que podría estar rondando los 100 escaños, un gran éxito si se tienen en cuenta los raquíticos 66 cosechados por los populares en los pasados comicios).
Sea como fuere, los últimos sondeos del polémico CIS de Tezanos dan la victoria al PSOE pero sin mayoría absoluta (entre 130 y 150 escaños). De tal manera, España quedaría en una situación muy parecida a la de hoy, con la necesidad de que los socialistas alcanzaran un pacto de Gobierno a la izquierda con Unidas Podemos (que mantendría el tipo con un volumen de escaños similar) o a la derecha con Ciudadanos (en este caso las encuestas auguran un fuerte descalabro del partido de Albert Rivera). Todo apunta a que el Partido Popular se recuperará de forma notable de su histórico desastre del 28 de abril. Parece que, definitivamente, de esta cita electoral saldrá un PP reforzado como líder de la derecha española. No obstante, será interesante ver qué Casado se presenta a las elecciones, si el del Trío de Colón que pide mano dura y el 155 en Cataluña (pactos con la ultraderecha mediante) o el supuestamente moderado para atraer a los votantes de centro. En todo caso, los populares van a hablar sobre todo de economía, de la posible recesión y de su rebaja fiscal que no deja de ser una oferta populista.
Ante ese panorama incierto sin mayorías absolutas, una de las grandes incógnitas será saber si los votantes de izquierdas se movilizarán para frenar a la ultraderecha, tal como ocurrió en las elecciones del 28A, o si pasado el miedo al espantajo neofranquista revivido se quedarán en casa como castigo al espectáculo que en los últimos meses han ofrecido PSOE y Unidas Podemos, incapaces de llegar a un acuerdo. De ser así, Vox podría volver a crecer en número de escaños, un hecho que pondría de manifiesto el fracaso de la democracia española.
Así las cosas, durante esta campaña se va a hablar sobre todo de Cataluña, de la unidad de España y del fracaso de la izquierda, pero también de una idea que empieza a calar en la opinión pública: la Gran Coalición. En efecto, de confirmarse el hundimiento de Ciudadanos por las malas decisiones de su líder Rivera (los sondeos lo sitúan como quinta fuerza política), comienza a abrirse paso la teoría de que entre PSOE y PP hay una especie de preacuerdo para dar estabilidad al país. Sin duda ese rumor, bien alimentado por Unidas Podemos en sus redes sociales, va a ser utilizado por Pablo Iglesias, al que vamos a ver cómo cada día pide a Sánchez que aclare si en sus planes entra la sospechada y temida Gran Coalición.
Por lo demás, Podemos hará girar la campaña sobre las culpas del PSOE por haber llevado al país a nuevas elecciones, por haber rechazado un acuerdo progresista y por estar preparando un gran pacto con el PP que podría llevar a nuevos recortes. UP se presenta como el único garante de que se cumplan las medidas sociales y el árbitro más eficaz para resolver el problema catalán (aunque su propuesta de referéndum de autodeterminación precisamente ahora, cuando los odios están desatados, si bien le da votos en Cataluña puede pasarle factura en el resto de España).
Lo que queda no es mucho. Los partidos nacionalistas harán una campaña de perfil bajo, poniendo el acento en el agotamiento del modelo del 78 y en la represión de los políticos presos catalanes tras la sentencia del Supremo; ERC puede ganar terreno en detrimento de PDeCat; los radicales independentistas antisistema de la CUP podrían lograr hasta 4 escaños; Íñigo Errejón, con su recién creado partido Más País, peleará para lograr el 5% de los sufragios que le den derecho a entrar en el Congreso de los Diputados; y los indecisos (el 32 por ciento según el CIS) seguirán devanándose los sesos hasta el último momento para decidir cuál es la mejor opción entre tanta oferta y tanto partido político que, lejos de mejorar la situación del país, solo ha servido para conducirlo a un diabólico laberinto sin salida.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

FAKE

(Publicado en Diario16 el 31 de octubre de 2019)

La mala propaganda política es tan antigua como el ser humano. Ya en el siglo V antes de Cristo una élite poderosa puso en marcha una cruenta campaña de difamación para destruir a Sócrates o desterrarlo de Atenas. Al final lo acusaron de impiedad, de corromper a los jóvenes y de ir contra las leyes. La maniobra dio resultado y Sócrates acabó bebiendo la cicuta.
Los bulos y el libelos como ejercicio de desinformación e intoxicación se desarrollaron en las gacetas del siglo XVIII y constituyeron fabulosas herramientas de poder de reyes y validos. Y ya en el siglo XX los totalitarismos hicieron de la propaganda una potente arma de manipulación de las masas y de la guerra. A Goebbels se le deben muchas de las técnicas de intoxicación que todavía hoy se practican en no pocos lugares del mundo, incluso en España.
Las campañas de desprestigio y publicidad negativa ya no se propagan en él Ágora o en los periódicos, sino en las redes sociales, potentísimos canales de comunicación capaces de intoxicar y manipular a miles de personas en apenas un segundo y con 140 caracteres. En nuestro país, a las puertas de unas elecciones, el Partido Popular ha sido cazado mientras difundía en Facebook anuncios difamatorios contra los demás partidos políticos, con especial intensidad contra el PSOE. En el fondo se trata de desmovilizar a la izquierda española ante unos comicios cruciales para la historia de nuestro país. Las encuestas aseguran que el bloque de las derechas (PP, Cs y Vox) no sumaría para desbancar a Pedro Sánchez del poder y el ventilador del fango ya se ha puesto en marcha a pleno rendimiento. El resultado del 10N no se va decidir en la calle con la pegada de carteles y los mítines en las plazas de toros, sino mediante agresivas campañas de desprestigio y desinformación en las redes sociales.
Este tipo de prácticas abusivas de intoxicación son cada vez más frecuentes en todo el mundo. Líderes como Trump y Bolsonaro llegaron al poder gracias a operaciones similares que les sirvieron para crear un falso estado de opinión en contra de sus rivales políticos. La desinformación, la mentira, la noticia tergiversada, el bulo, el fake y la campaña de difamación son cánceres que se extienden peligrosamente. Al menos 70 países han sido descubiertos en campañas políticas de manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales solo en 2019. Entre ellos está España, según una investigación realizada por la Universidad de Oxford (Reino Unido). El informe revela que en los países afectados por la epidemia de desinformación “al menos hay un partido político o agencia gubernamental utilizando las redes sociales para moldear las actitudes públicas nacionalmente”.
Facebook tiene mucho que ver en la propagación de ingentes cantidades de “basura informativa” de carácter político, en buena medida porque su fundador y principal gerente, Mark Zuckerberg, se niega a controlar este tipo de “juegos virtuales” invocando la libertad de expresión. En el fondo, lo que mueve al gran gurú norteamericano de los mass media no es la defensa de la democracia y de los valores humanistas, sino los cientos de miles de millones de dólares que se mueven en su red social gracia a este tipo de campañas propagandísticas. No hay que olvidar que Facebook es una de las plataformas sociales más grandes del mundo, con cerca de 2.200 millones de usuarios. Y un canal perfecto para la propaganda de intoxicación por su asequibilidad, gratuidad, fácil manejo y la posibilidad que ofrece a la hora de crear grupos y páginas con perfiles falsos.
Las democracias occidentales tienen un grave problema con este asunto que según los expertos es cada vez más difícil de atajar. Detrás de redes sociales como Facebook se propagan ideas populistas, xenófobas, fascistas, nacionalistas, extremismos religiosos y movimientos cuya única finalidad es destruir el sistema, la democracia liberal desde dentro.
Los “cyber troops”, auténticos ejércitos de cibernautas, hackers, haters y trols al servicio de los partidos políticos, muchas veces pagados con fondos públicos, se dedican a desprestigiar, calumniar, difamar y promover todo tipo de mensajes destructivos contra el rival político de turno, contra el derecho de la gente a una información de calidad y en definitiva contra la propia democracia. Las técnicas son numerosas y complejas, desde la propaganda computacional, el empleo de algoritmos, herramientas de automatización y “big data”, todas ellas con el fin de moldear la opinión pública y manipularla con fines políticos, según el texto del estudio elaborado por Oxford.
Se trata sin duda de “una amenaza crítica emergente en la vida pública”, aseguran los investigadores. De hecho, desde 2017 estas prácticas se han incrementado en un 150 por ciento. Y muchos líderes políticos de regímenes autoritarios están recurriendo a ellas de forma sistemática “para reprimir los derechos humanos fundamentales, desacreditar a los oponentes políticos y ahogar opiniones contrarias”, añade el citado informe.
En China, Estados Unidos, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Venezuela están causando auténticos estragos. China se ha convertido ya en el gran campeón de la desinformación. Plataformas sociales y de mensajería nacionales como Weibo, WeChat y QQ lanzan mensajes manipulados todo el tiempo. Y desde que se iniciaron las protestas en Hong Kong, el gigante asiático ha empezado a utilizar Facebook, Twitter y YouTube de forma intensa y agresiva. Es el Gran Hermano orweliano a pleno rendimiento.
El vacío legal existente en la mayoría de los países afectados por esta plaga de basura informativa agrava el problema, que irá a más “cuanta más gente use estas tecnologías de redes sociales para la comunicación política”. Queda claro que si Sócrates viviera hoy, no sería destruido con el veneno de la cicuta, sino con una campaña de acoso y derribo en WhatsApp.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

EL LOBO

 (Publicado en Diario16 el 31 de octubre de 2019)

Los presidentes de Cantabria, Asturias y Castilla y León han declarado la guerra al lobo. El eufemismo que han utilizado esta vez es que van a llevar a cabo un “control poblacional” para hacer compatible la conservación de esta especie con los usos ganaderos y la vida de las personas en los núcleos rurales donde se asientan. Es decir, un nuevo holocausto de este bello animal símbolo de nuestras montañas se avecina. La previsión es que solo en Castilla y León se liquiden más de 400 ejemplares en el próximo año para evitar daños al ganado.
Detrás del más que probable exterminio están Miguel Ángel Revilla, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente. Ninguno de ellos debe saber que según los últimos estudios científicos el lobo es un animal superior, inteligentísimo y con sentimientos. Por ética y por estética, no se puede decretar un exterminio sangriento de cientos de lobos así como así, a la ligera, frívolamente. Hay un debate moral, unos derechos de los animales que deben ser respetados, unas consecuencias nefastas para el medio ambiente. La medida nos sitúa a la altura criminal de los japoneses y sus nauseabundas cazas de ballenas, de los mercenarios que promueven safaris para el cruel exterminio de leones y elefantes en África o de los enloquecidos canadienses que la tienen tomada con las focas (de una tacada pueden llegar a liquidar a 280.000 ejemplares). Matar animales superiores de una forma tan frívola, y más cuando son especies protegidas que tienen mucho que ver con el sostenimiento y equilibrio de nuestros ecosistemas naturales, no solo es una grave irresponsabilidad como gobernante, sino que debería ser considerado un crimen contra la humanidad, ya que pone en peligro el futuro del planeta Tierra.
Pero ahí está el alegre trío de los Picos de Europa, tan peligroso para el lobo como el de las Azores para los iraquíes, gobernantes que cuando se trata de ecología toman decisiones a la ligera siguiendo el único criterio que conocen: el interés crematístico y mercantil a corto plazo.
Revilla asegura que el lobo es “una especie a conservar, pero hay que controlarla”, y hacerlo “en condiciones adecuadas, no con barra libre”. “Hay que mantener una fauna que sea compatible con que sigamos teniendo cabras, ovejas y vacas para comer quesos y para que la gente no se nos vaya, porque las dos cosas en su extremo no son aceptables”, añade. Lamentablemente, esta vez Revilla se equivoca por ignorancia o quizá por picardía electoral. Es evidente que enfoca el problema del lobo con parámetros anticuados, economicistas y antropocéntricos que no tienen en cuenta el que debe ser el primer bien a proteger: la supervivencia de una especie única. Cuando Revilla dice que hay que “conservar a las personas” incurre en una grave exageración. Un lobo no ataca al ser humano, es más, huye de él y solo embiste si se siente acorralado, eso debería saberlo por los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. “Si decimos que tiene que haber gente en los pueblos y dejamos a los lobos a su libre albedrío, no se queda nadie porque te matan un rebaño de ovejas y te han hundido el año a ti y a la familia”, insiste haciendo gala de su habitual populismo, unas veces acertado, otras, como en esta ocasión, desatinado, ya que está elevando a la categoría de generalidad lo que son excepciones. Un Gobierno regional debe estar para eso: para ayudar con subvenciones la pérdida de ganado por ataques de lobos cuando estos se hayan probado ciertos.
Pero si chirriante es la posición de Revilla, todavía lo es más la del socialista asturiano Adrián Barbón, alguien que viniendo de la izquierda debería estar mucho más concienciado con el grave problema ecológico que tenemos. Este ha dicho, tímidamente, que en Asturias tienen “clarísimo” que la preservación de la especie tiene que ser compatible con la actividad humana. Un acto de cobardía política para alguien que se dice de izquierdas no salir en defensa del lobo. Con progres así no hace falta para nada la gente carpetovetónica de Vox.
Y del popular Alfonso Fernández Mañuco qué podemos decir. De un representante de la derecha más rancia y atávica solo cabe esperar una invitación a los cazadores para que empuñen la escopeta, se echen al monte y resuelvan el problema a tiros, cebándose con el pobre animal.
Los ecologistas ya han dicho cómo se debe actuar contra los lobos descontrolados y hambrientos que bajan a los pueblos porque no encuentran comida en el monte. Encerrando al ganado en establos por la noche, vallando las propiedades y subvencionando la tenencia de perros protectores como mastines y pastores alemanes capaces de avisar ante la presencia de lobos e incluso defender al rebaño. Todo menos abrir la veda al holocausto, una solución que podría servir en el siglo XIX pero que en pleno siglo XXI, cuando sabemos que debemos preservar las pocas joyas ecológicas que nos quedan ya, se antoja una animalada política y humana, nunca mejor dicho.
A nuestros políticos les sigue faltando la sensibilidad, el valor y la inteligencia del lobo. Sensibilidad para entender que matar especies protegidas es un acto tercermundista en el que solo incurren ricos horteras, aristócratas y reyes aburridos. Valor para no dejarse amedrentar y chantajear por los grupos de presión ganaderos, agrícolas y cazadores (detrás de la muerte del lobo siempre hay un lobby). E inteligencia para saber captar y entender por dónde va la política en nuestro tiempo, donde el cambio climático va a ser el gran asunto en todo el planeta. El lobo ibérico es uno de nuestros diamantes biológicos más preciados. Que lo dejen tranquilo de una vez.

LA DERIVA TOTALITARIA DEL 'PROCÉS'

(Publicado en Diario16 el 30 de octubre de 2019)

El “procés” ha llegado a un punto en que los dos bloques enfrentados asumen ya que la “ulsterización” de Cataluña sería una buena opción para conseguir sus fines políticos. Mientras la derecha española pide con insistencia el despliegue de la Guardia Civil, incluso de unidades militares, en el otro lado hay líderes políticos soberanistas que creen que el futuro del independentismo catalán pasa necesariamente por mantener un alto nivel de disturbios casi a diario, porque eso sería bueno para la “internacionalización del conflicto”. Así lo ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, quien defiende que los violentos altercados ocurridos en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas “hacen visible el conflicto” en todo el mundo. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha apostado por ver el “vaso medio lleno”, pese a la gravedad de los hechos, ya que “son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto”.
El escenario de confrontación está servido por los dos grandes bloques nacionalistas que han conducido a Cataluña a un callejón sin salida. Ya en 2012 el coronel de Infantería del Ejército español Francisco Alamán Castro aseguró en una entrevista al confidencial Alerta Digital que estaba dispuesto a responder “con su propia vida” para defender al Estado de una eventual independencia de Cataluña. El militar añadió que la separación de cualquier autonomía solo sería “por encima” de su “cadáver”.
Además, el militar recordó que los miembros del Ejército juraron “cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable”. Las palabras de Alamán fueron inmediatamente recogidas por algunos políticos de la derecha española. Así, María José García Cuevas, diputada del PP en el Parlament, aseguró en Twitter: “¿Por qué se escandalizan de que un coronel del Ejército Español defienda la unidad de España? ¿Es que no se han leído el artículo 2 de la Constitución? Todos deberíamos defender la indisoluble unidad de la nación española… Con más motivo los cargos públicos que hemos jurado la Constitución. Vivimos en un mundo al revés”.
Joan B. Culla i Clarà, profesor de Historia contemporánea en la UAB, en un artículo titulado Ulsterizar, a propósito del conflicto en el País Vasco, calificó de “dramática bipolarización el altísimo grado de escisión social provocado en Irlanda del Norte por varias décadas de enfrentamientos intercomunitarios”. Y eso es precisamente a lo que parecen querer conducirnos algunos: a una fuerte división en dos bloques que perpetúe el problema durante años, lo enquiste y obligue al Estado español a enviar tropas militares a tierras catalanas. Ya sabemos que la ocupación británica del Ulster provocó decenas de muertos y un sufrimiento indecible al pueblo irlandés durante décadas. Ambos bandos –unionistas protestantes y republicanos católicos– recurrieron a las armas y la provincia se hundió en una espiral de violencia que duró desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo, el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo Gobierno, en el cual católicos y protestantes comparten el poder. No obstante, la violencia no se ha erradicado por completo y todavía hoy se presienten las secuelas de aquella guerra soterrada.
Nadie debería hablar con tanta frivolidad de militarizar Cataluña. No se hizo en los peores años del plomo en el País Vasco, cuando ETA mataba casi a diario, de modo que a fecha de hoy no hay motivo alguno para enviar las tanquetas a Barcelona. No obstante, parece que ambos bloques, el unionista y el soberanista, ya han dado por bueno que convertir Cataluña en zona de guerra sería positivo para sus propios intereses. Para los independentistas porque ello beneficiaría su estrategia del victimismo, un argumento para tratar de convencer a Europa de que España es un Estado fascista represor. Para los autodenominados constitucionalistas porque la estrategia de la mano dura supuestamente daría réditos electorales, algo que parecen confirmar las encuestas con el rápido crecimiento de Vox tras el estallido de los disturbios de la pasada semana. El problema es que si algo enseña la historia de España es que ocupar Cataluña nunca resolvió el problema. Durante la Semana Trágica de Barcelona (entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909) la represión contra los movimientos subversivos fue durísima. El Gobierno Maura, por medio de su ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel, detuvo a varios millares de personas, de las que 2.000 fueron procesadas, 175 enviadas al destierro, 59 condenadas a cadenas perpetuas y 5 a la pena de muerte. Además se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas laicas. Nada de todo aquello sirvió para resolver el problema catalán.

ULSTERIZAR CATALUÑA


(Publicado en Diario16 el 30 de octubre de 2019)

El “procés” ha llegado a un punto en que los dos bloques enfrentados asumen ya que la “ulsterización” de Cataluña sería una buena opción para conseguir sus fines políticos. Mientras la derecha española pide con insistencia el despliegue de la Guardia Civil, incluso de unidades militares, en el otro lado hay líderes políticos soberanistas que creen que el futuro del independentismo catalán pasa necesariamente por mantener un alto nivel de disturbios casi a diario, porque eso sería bueno para la “internacionalización del conflicto”. Así lo ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, quien defiende que los violentos altercados ocurridos en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas “hacen visible el conflicto” en todo el mundo. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha apostado por ver el “vaso medio lleno”, pese a la gravedad de los hechos, ya que “son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto”.
El escenario de confrontación está servido por los dos grandes bloques nacionalistas que han conducido a Cataluña a un callejón sin salida. Ya en 2012 el coronel de Infantería del Ejército español Francisco Alamán Castro aseguró en una entrevista al confidencial Alerta Digital que estaba dispuesto a responder “con su propia vida” para defender al Estado de una eventual independencia de Cataluña. El militar añadió que la separación de cualquier autonomía solo sería “por encima” de su “cadáver”.
Además, el militar recordó que los miembros del Ejército juraron “cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable”. Las palabras de Alamán fueron inmediatamente recogidas por algunos políticos de la derecha española. Así, María José García Cuevas, diputada del PP en el Parlament, aseguró en Twitter: “¿Por qué se escandalizan de que un coronel del Ejército Español defienda la unidad de España? ¿Es que no se han leído el artículo 2 de la Constitución? Todos deberíamos defender la indisoluble unidad de la nación española… Con más motivo los cargos públicos que hemos jurado la Constitución. Vivimos en un mundo al revés”.
Joan B. Culla i Clarà, profesor de Historia contemporánea en la UAB, en un artículo titulado Ulsterizar, a propósito del conflicto en el País Vasco, calificó de “dramática bipolarización el altísimo grado de escisión social provocado en Irlanda del Norte por varias décadas de enfrentamientos intercomunitarios”. Y eso es precisamente a lo que parecen querer conducirnos algunos: a una fuerte división en dos bloques que perpetúe el problema durante años, lo enquiste y obligue al Estado español a enviar tropas militares a tierras catalanas. Ya sabemos que la ocupación británica del Ulster provocó decenas de muertos y un sufrimiento indecible al pueblo irlandés durante décadas. Ambos bandos –unionistas protestantes y republicanos católicos– recurrieron a las armas y la provincia se hundió en una espiral de violencia que duró desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo, el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo Gobierno, en el cual católicos y protestantes comparten el poder. No obstante, la violencia no se ha erradicado por completo y todavía hoy se presienten las secuelas de aquella guerra soterrada.
Nadie debería hablar con tanta frivolidad de militarizar Cataluña. No se hizo en los peores años del plomo en el País Vasco, cuando ETA mataba casi a diario, de modo que a fecha de hoy no hay motivo alguno para enviar las tanquetas a Barcelona. No obstante, parece que ambos bloques, el unionista y el soberanista, ya han dado por bueno que convertir Cataluña en zona de guerra sería positivo para sus propios intereses. Para los independentistas porque ello beneficiaría su estrategia del victimismo, un argumento para tratar de convencer a Europa de que España es un Estado fascista represor. Para los autodenominados constitucionalistas porque la estrategia de la mano dura supuestamente daría réditos electorales, algo que parecen confirmar las encuestas con el rápido crecimiento de Vox tras el estallido de los disturbios de la pasada semana. El problema es que si algo enseña la historia de España es que ocupar Cataluña nunca resolvió el problema. Durante la Semana Trágica de Barcelona (entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909) la represión contra los movimientos subversivos fue durísima. El Gobierno Maura, por medio de su ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel, detuvo a varios millares de personas, de las que 2.000 fueron procesadas, 175 enviadas al destierro, 59 condenadas a cadenas perpetuas y 5 a la pena de muerte. Además se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas laicas. Nada de todo aquello sirvió para resolver el problema catalán.

LOS FRANCO


(Publicado en Diario16 el 28 de octubre de 2019)

Entre 500 y 600 millones de euros. Esa es la herencia que, según el periodista y escritor Mariano Sánchez, se ha repartido la familia del dictador que protagonizó el alzamiento militar de 1936. En su libro Los Franco S.A., el investigador asegura que Francis Franco, Carmen Martínez-Bordiú, Mariola Martínez-Bordiú, Merry Martínez-Bordiú, Cristóbal Martínez-Bordiú, Aranxta Martínez-Bordiú y Jaime Martínez-Bordiú poseen una importante fortuna, sobre todo en patrimonio inmobiliario como viviendas y terrenos. En ese inmenso legado, el pazo de Meirás es el buque insignia de una serie de bienes inmuebles que demuestran el alto nivel de vida del que han gozado los descendientes del general en todos estos años de democracia. Es famosa aquella frase de la propia Carmen Martínez-Bordiú, quien sin tapujos llegó a decir: “Yo he vivido sin trabajar toda mi vida. Nunca he sido buena para los negocios: dinero que tengo dinero que gasto”.
Durante el histórico acto de exhumación del dictador llevado a cabo la pasada semana, todos ellos, una estirpe de privilegiados, grandes de España cuyo mayor mérito en la vida ha sido nacer en el seno de la familia de un tirano, se mostraron altivos y soberbios con la Policía y los representantes del Gobierno. No podían creer que alguien se atreviera a toserles en el abrigo de mil pavos. Se sentían impunes, intocables, al margen de la ley. De ahí la exacerbada y hostil reacción que mostraron, de ahí todo el odio que destilaron contra el Gobierno, contra la Policía, contra los medios de comunicación y en general contra la democracia. Sabían que habían perdido la batalla crucial, la batalla de la historia. Y la frustración los llevó a la rabia.
Ninguno supo entender que la decisión de sacar a la momia del Valle de los Caídos fuese adoptada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, una iniciativa acordada no por capricho de Pedro Sánchez, sino por la propia democracia española en el ejercicio de la soberanía nacional, que obviamente ya no podía soportar ni un minuto más la infamia de tener al dictador en un monumento patrimonio del Estado a mayor gloria del franquismo.
Nuestro país ha sido generoso con los Franco. Demasiado generoso. Se les ha permitido vivir a cuerpo de rey, vender exclusivas en las revistas del corazón y hasta participar en nauseabundos concursos de televisión. Y lejos de agachar la cabeza con vergüenza por todos los crímenes cometidos por “el abuelo”, los Franco todavía han tenido el valor de mantener un pulso con el Estado, al que en un ejercicio de cinismo han llegado a calificar de Estado totalitario. Aquí no ha habido más dictadura que la que instauró el general Franco en 1939 para desgracia de los españoles, que tuvieron que soportar cuatro décadas de represión y abolición de las libertades más elementales. De ahí que la decisión del Gobierno Sánchez de exhumar el cuerpo del tirano no deba ser el punto final a esta historia. Hay que poner en su sitio a toda esta gente, hacerles sentir por fin que la democracia de hoy es fuerte, no como aquella Segunda República que se tambaleó desde el principio por sus propios errores y contradicciones. La Fiscalía debería abrir inmediatamente diligencias para indagar cómo ha sido posible que los Franco hayan amasado tal inmensa fortuna de una forma tan impune.
El dictador murió en 1975. Por fortuna su figura ya es historia. Sin embargo, perdura el franquismo sociológico y las injusticias no reparadas con miles de republicanos a quienes los jerarcas franquistas robaron sus propiedades y dinero. Todo ese patrimonio ha servido para levantar grandes estirpes familiares, la aristocracia franquista, en la que no solo hay que incluir a los nietísimos del dictador, sino también a los descendientes de los militares que estuvieron al lado de Franco en el golpe de Estado del 36; a los hijos y nietos de los empresarios que se lucraron con la tragedia de la guerra y la posguerra; y a otros muchos funcionarios que estuvieron medrando durante 40 años a la sombra de un régimen sangriento.
La democracia española ha dado el primer paso para reparar todas esas injusticias. Sacar a la momia de Cuelgamuros tiene un gran valor por lo que entraña de simbólico, de exorcismo de un pueblo que no se terminaba de librar del miedo reverencial hacia “el patriarca” y de catarsis hacia una democracia de mucha mayor calidad. Pero no olvidemos que todo está por hacer: sacar de las cunetas a los cientos de miles de fusilados, reasignar el Valle de los Caídos como monumento del holocausto franquista y ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investiguen hasta el último céntimo amasado por ese clan que todavía se siente intocable, que mira con soberbia a los poderes de Estado y que con sus batallones de abogados engominados, recursos y artimañas legales y estupideces dialécticas siguen riéndose de la democracia. Tal como hizo el abuelo.

TRUMP, EL SÁDICO


(Publicado en Diario16 el 28 de octubre de 2019)

La ‘Operación Kayla Mueller’, con la que los norteamericanos han liquidado con nocturnidad al líder de Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, se ha convertido en una gran operación de imagen para el presidente de EE.UU, Donald Trump. Cuando aún coleaba el proceso de impeachment abierto contra él por su presunta implicación en el escándalo de las presiones a Ucrania para perjudicar la candidatura electoral del demócrata Joe Biden, era evidente que el inquilino de la Casa Blanca y magnate de los negocios necesitaba un golpe de efecto para mejorar su imagen, no solo en su país sino también en el exterior. Ya se sabe que cuando un presidente norteamericano baja en los índices de popularidad estalla alguna guerra en Oriente Medio.
En este caso no ha sido una guerra, pero sí una compleja operación militar donde el ejército yanqui, una vez más, se ha saltado todas las normas de Derecho Internacional. No se trata de defender aquí a un carnicero como Baghdadi –de hecho es cierto que el mundo es un lugar más seguro después de su súbita liquidación− pero conviene no perder de vista que las fuerzas especiales de USA han llevado a cabo una operación de guerra en un país soberano sin ni siquiera consultar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso ningún país occidental va a protestar porque la comunidad internacional se ha quitado de encima un peligro público como era el líder de Daesh. Hace tiempo que el pragmatismo ha sustituido a la ley y si un clérigo fanático molesta se manda a la CIA, se le da matarile y a otra cosa. Sin embargo, esta forma de actuar, este papel de Estados Unidos como gran policía mundial que puede actuar en cualquier momento, en cualquier país y a cualquier hora, al margen del Derecho, no deja de entrañar riesgos considerables para el orden mundial. Hoy ha sido un terrorista iraquí el “ejecutado” pero mañana puede ser un inocente venezolano, un coreano o un señor de Cuenca que pasaba por allí al que un dron de la Casa Blanca “limpie” por error. Dejar la Justicia en manos de los militares, y no de los jueces, trae estas cosas.
De ahí que, aunque el mundo respire más tranquilo tras la desaparición de Baghdadi, producía cierta inquietud ver a un tipo incompetente y desmesurado como Trump dando una rueda de prensa, en plan sheriff de Sin City, para explicar los pormenores de la operación. Es evidente que él no era el hombre más indicado para ofrecer la información a los periodistas pero cuando el emperador se empeña en algo a ver quién es el valiente que le dice que no. De modo que Trump se fue calentando por momentos y, tal como era previsible en alguien como él que no filtra, terminó convirtiendo una operación militar diseñada al detalle por el Pentágono en el sangriento relato de un linchamiento planeado por mercenarios, cuatreros y cazarrecompensas. De ahí que el estilo bravucón de Trump (su falta de estilo habría que decir) hizo que la rueda de prensa terminara degenerando en una tertulia de vaqueros cerveceros más propia de un bar de la Texas profunda que de la Casa Blanca. Y así, ya crecido porque era consciente de que tras anunciar la noticia al mundo sus índices de popularidad iban a subirle como el colesterol tras una noche de barbacoa mexicana, fue como a Trump empezaron a brotarle frases impropias de alguien que ostenta el cargo de líder del mundo libre. “Abú Bakr Al Baghdadi ha muerto como un perro, como un cobarde (…) Era como si estuviéramos viendo una película”, aseguró el presidente, al que solo le faltó decir que había echado en falta una bolsa de palomitas y un par de latas de Coca Cola para hacer boca durante la retransmisión en directo de la ejecución.
El colofón a su nefasta exposición llegó cuando, ya obnubilado por el sadismo y la retórica gore a la que es tan aficionado, explicó que Baghdadi se había inmolado después de “gimotear, llorar y gritar” al verse acorralado por los marines. Conociendo el gusto zafio de Trump, a nadie le extrañaría que hubiera propuesto a sus jefes militares que exhibieran al mundo entero la foto del terrorista descuartizado tras detonar el chaleco explosivo y saltar por los aires. Los miembros amputados y los sesos esparcidos por doquier. Algún general con algo más de cabeza que él le debió disuadir de la idea. Eso sí, el presidente agradeció la ayuda prestada a la operación por Rusia, Turquía, Siria e Irak, e incluso a los kurdos, esos pobres infelices a los que ha dejado tirados hace unos días para que Turquía los barra del mapa.

Viñeta: Igepzio