EL IMPEACHMENT

(Publicado en Diario16 el 8 de febrero de 2020)

El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos establece que los altos funcionarios del Gobierno federal pueden ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado tiene el poder exclusivo de juzgarlos. Y el artículo 2, sección 4, ordena que “el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán retirados del cargo al ser acusados y declarados culpables de traición, sobornos y otros delitos y faltas graves”. Es el denominado juicio de impeachment, que estos días ha estado de plena actualidad por haber sentado en el banquillo al inquilino de la Casa Blanca, el magnate de los negocios Donald Trump, por sus supuestas relaciones con actividades de espionaje para perjudicar a sus rivales del Partido Demócrata.
Finalmente, tras un mar de papeles y expedientes oficiales, declaraciones testificales, ríos de tinta en los periódicos y manifestaciones ciudadanas, Trump ha salido airoso del proceso gracias a la mayoría que los republicanos ostentan en el Senado. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo puede ser que en la considerada primera democracia del mundo un asunto turbio que debería dirimirse en los tribunales, ante jueces imparciales e independientes, se vea sustituido por una pantomima, una mascarada, una gran farsa donde la sentencia final es dictada por los compañeros y amigos de partido del acusado? No tiene ningún sentido y sin embargo estamos hablando de una figura legal, la del impeachment, que fue recogida por los padres de la Constitución norteamericana hace más de dos siglos.
El procedimiento, tan contaminado por lo político que no debería denominarse técnicamente un juicio, hace saltar por los aires los pilares fundamentales de toda democracia, entre ellos el fundamental: el principio de separación de poderes, que entre otras cosas impide que políticos puedan juzgar a políticos (más aún si son del mismo partido). Hoy, desde la óptica europea, puede decirse que el impeachment es poco menos que un teatrillo que en España (con todos los problemas y males endémicos que acarrea nuestra Administración de Justicia) sería impensable. Imaginemos, por poner un ejemplo, que un presidente del Gobierno español salpicado por graves indicios de delito compareciese ante una comisión parlamentaria de investigación y no ante los magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Sería un auténtico escándalo que terminaría por darle la puntilla definitiva a nuestro ya maltrecho y politizado sistema judicial. Pues algo que aquí nos parece una aberración jurídica, el llamado “juicio político”, en la mayor democracia del mundo es considerado lo normal dentro del buen funcionamiento del sistema, lo cual prueba que no estamos tan mal en calidad democrática como algunos van diciendo por ahí.

En el procedimiento de impeachment es el Congreso quien inicia los trámites de la investigación. Así ocurrió en el escándalo que persiguió a Richard Nixon por el asunto Watergate en 1974. Y también en el proceso de destitución contra Bill Clinton en el caso Monica Lewinsky. La Cámara de Representantes debe aprobar por mayoría simple el alegato formal o acusación. Es cuando el imputado queda oficialmente “acusado” (impeached), de forma que la Cámara ha cumplido con la función que en España realizaría, con todas las garantias procesales, un Juzgado de Instrucción. Es entonces cuando el expediente pasa al Senado, cuya sentencia requiere una mayoría de dos tercios de los presentes. De recaer un fallo condenatorio, la pena consiste en la destitución del presidente de los Estados Unidos de todos sus cargos públicos.
Existen al menos tres tipos de conductas que constituyen motivos suficientes para abrir un juicio político contra el hombre más poderoso de la Tierra: exceder o abusar indebidamente de los poderes de su cargo; comportamiento incompatible con la función y el propósito del cargo; y uso indebido del cargo para un propósito inapropiado o beneficio personal. Entre 1789 y 2007, la Cámara de Representantes ha iniciado sesenta y dos procedimientos de juicio político y ha enviado al Senado a veinte funcionarios federales. Los presidentes demócratas Clinton y Johnson no fueron destituidos tras ser sometidos al juicio político. El republicano Nixon dimitió antes del inicio del proceso. Y Trump ha salido absuelto. Además, los intentos por abrir impeachment contra presidentes como John Tyler, James Buchanan, Ulysses S. Grant, Grover Cleveland, Herbert C. Hoover, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Ronald W. Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush y Barack Obama terminaron en rotundo fracaso, ya que por lo general no resulta nada fácil reunir las pruebas suficientes para sentar en un banquillo al presidente de la primera superpotencia mundial. Todo lo cual demuestra que más allá del espectáculo mediático internacional que suele acompañar a estos procesos, estamos ante una herramienta legal que rara vez culmina con una sentencia condenatoria precisamente porque el acusado tiene las espaldas cubiertas por sus respectivas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Puede haber, por tanto, algo más politizado que un impeachment? Y sin embargo, tenemos que tragar con ese falso mito de que Estados Unidos es el país de la democracia de alta calidad, de la justicia moderna y garantista y de la suma libertad. Ahí es nada.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

MERKEL Y LOS FACHAS

(Publicado en Diario16 el 7 de febrero de 2020)

A la señora Angela Merkel se le podrán criticar muchas cosas, como ser una ultraliberal convencida y haber simbolizado las políticas austericidas de Bruselas que en los últimos años han llevado a millones de europeos a sufrir los devastadores efectos de los recortes tras la crisis económica. Sin embargo, nadie podrá negar a estas alturas que la canciller y líder de la CDU es una demócrata íntegra de los pies a la cabeza, una mujer de elevados principios humanistas y la más firme enemiga del populismo neofascista que trata de abrirse paso a codazos en Alemania y en el resto de Europa.
En las últimas horas, la líder germana ha puesto las cosas en su sitio tras el bochorno de las elecciones regionales en Turingia. El candidato liberal, Thomas Kemmerich, había salido elegido en el Parlamento regional gracias a los votos de Alternativa para Alemania (AfD) –un partido nazi con todas las letras–, pero apenas dos días después se ha visto obligado a anunciar que renunciará al cargo tras las presiones de Berlín. Kemmerich decidió romper el cordón sanitario y aceptar los apoyos de los fascistas para llegar al poder, una situación que no se daba en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que por aquellas latitudes saben bien lo que es sufrir el totalitarismo hitleriano y a todo político que negocia con los ultras se le da el trato de apestado.
En efecto, no han pasado ni 48 horas de la vergüenza de Turingia cuando Merkel ha dado un más que necesario puñetazo en la mesa. No solo ha calificado la elección del liberal Kemmerich (con el apoyo de sus propios compañeros democristianos de la CDU y de los ultraderechistas) de “imperdonable”, sino que ha dejado claro que el proceso no se ajusta a los parámetros democráticos y deberá ser “revertido” cuanto antes. Es decir, las elecciones deberán repetirse, ya que cualquier tipo de pacto con los neohitlerianos es radicalmente inconstitucional.

Merkel ha asegurado con pesar y no sin cierta vergüenza ajena que “el miércoles fue un mal día para la democracia, un día que rompió con los valores y las convicciones de la CDU”. La canciller ha defendido que ahora “se debe hacer todo lo posible para que quede claro que lo sucedido no concuerda de ninguna manera” con lo que se piensa y hace en la formación política que dirige desde hace años. “Esto deberá ser trabajado en los próximos días”, ha insistido la canciller.
Kemmerich, candidato del Partido Liberal Alemán (FDP), salió elegido como nuevo jefe del Gobierno de Turingia en tercera ronda de votaciones, tras un sorprendente y poco presentable proceso de negociación y pacto. La votación entre Kemmerich y Bodo Ramelow, del partido La Izquierda y primer ministro saliente, estuvo muy disputada. Ramelow obtuvo 44 votos, mientras que el nuevo primer ministro salió elegido por tan solo un voto de diferencia, con 45 sufragios y después de que los representantes de la CDU y los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD) le prestaran su apoyo. Era la primera vez que algo así ocurría en Alemania desde 1945 y un nefasto precedente que debería poner los pelos de punta a los europeos.
Cuando se acaban de cumplir los 75 años del horror de Auschwitz y de los campos de exterminio desplegados por los nazis, Merkel ha sabido leer a la perfección, y con el lógico espanto de una persona de bien, cómo los vientos de la historia vuelven a soplar a favor del fascismo. El horror de las cámaras de gas podría volver a repetirse, ya que la AfD –liderada en la región de Turingia por Björn Höcke, fundador del ala más radical del partido cuya existencia está clasificada por la Oficina de Protección de la Constitución como un “caso sospechoso de extremismo de derecha”– nunca ha condenado el holocausto de más de seis millones de judíos en los hornos de la muerte que Hitler puso en marcha por todo el país. Es decir, con su silencio, los de la AfD se han convertido en cómplices y seguidores del peor genocidio en la historia de la humanidad.
La nobleza del gesto de Merkel, su lucha infatigable por evitar que la barbarie vuelva a repetirse en Alemania, quedará marcada en letras de oro en su más que acreditado currículum político, por encima de cualquier ideología y de sus decisiones más o menos acertadas como líder del país más poderoso de la UE. Y con total seguridad se convertirá en un ejemplo a seguir para los demás partidos de la derecha europea clásica, también para los españoles PP y Ciudadanos, que hoy tendrían que ruborizarse por sus coqueteos, devaneos y pactos indecentes con la extrema derecha de Vox (xenófoba y supremacista) en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Murcia.
El cordón sanitario que Merkel le ha colocado a los fascistas en su país, en España populares y naranjas se lo han saltado a la torera y de la forma más impúdica que pueda imaginarse un demócrata. Probablemente el gesto de la honorable canciller no signifique nada para Pablo Casado e Inés Arrimadas, dos jóvenes políticos que anteponen sus ambiciones personales, sus cálculos electorales y sus estrategias partidistas baratas a la decencia y a unos mínimos valores democráticos y humanos que deberían inspirar a todo gobernante. A fin de cuentas Berlín queda muy lejos y en España, siempre al otro lado de los Pirineos no solo en lo geográfico sino también en lo histórico y en los avances políticos, ya se ha normalizado ser amigo de los fascistas. Pero no cabe duda de que el sonoro puñetazo en la mesa de la Merkel, que se ha escuchado en todo el viejo continente, los retrata y los pone en su sitio. A ambos dos y para siempre.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

EL AGRO

(Publicado en Diario16 el 6 de febrero de 2020)

Los especuladores, como ya hicieron con otros sectores de la economía, han terminado por arruinar nuestros excelentes campos. España siempre ha sido un país rico en productos de la tierra pero hoy, tras años de abandono y políticas nefastas, tenemos que asistir con tristeza y resignación al acta de defunción del mundo rural. Los agricultores están viendo cosas hasta hace poco tiempo impensables, como nuestros aceites de primerísima calidad en manos de una multinacional italiana; la importación masiva de naranjas de Marruecos mientras nuestros cítricos levantinos, los mejores del mundo, se pudren en el suelo; y la caída en picado del precio por kilo de cebada a niveles de hace cincuenta años. Son solo tres ejemplos (hay muchos más) de cómo algunos han matado la gallina de los huevos de oro, esquilmando la gran despensa de Europa que era España.
Ayer, cientos de agricultores hartos de la decadencia y la ruina del agro español se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir soluciones al Gobierno. Las organizaciones de agricultores y ganaderos madrileños Asaja, Coag y UPA cortaron el tráfico y lanzaron un grito de socorro a la sociedad ante “la falta de futuro” para sus explotaciones agrarias debido, principalmente, a la baja rentabilidad de sus productos.
¿Pero cómo hemos llegado a esta situación de crisis profunda que parece ya irreversible? Hay numerosos factores, todos ellos complejos, aunque sin duda uno de ellos tiene un nombre propio: especulación pura y dura. Buena parte de culpa la tienen las distribuidoras, es decir unas cuantas multinacionales, apenas cuatro o cinco, que controlan el mercado en forma de oligopolio, fijando precios abusivos en función de sus intereses y haciendo negocio con las grandes superficies y cadenas de supermercados. Estos intermediarios inflan los precios desde que se recoge el producto en el campo hasta que se vende en cadenas como Mercadona o Carrefour. A grandes rasgos, lo que los agricultores denuncian es la desproporción que se da entre el precio al que venden su producto en origen y el precio de venta al público. Por ejemplo, la patata. Por cada kilo de este producto se le paga al agricultor unos 15 céntimos. Sin embargo, en el proceso de comercialización hasta el consumidor el valor se multiplica por 8, hasta venderse a 1,20 euros el kilo. Es decir, 700 veces más caro. Pero ese mismo encarecimiento se da en otros alimentos de primera necesidad para los consumidores. Por un kilo de cebollas el agricultor percibe solo 20 céntimos. El consumidor paga 1,47 el kilo, un 625% más. El margen comercial en la naranja alcanza un 574%. El agricultor recibe 23 céntimos por kilo y en el mercado se compra a 1,92 euros, siete veces más. El negocio para algunos es redondo, mientras la ruina para otros es completa. Y entre medias, el ciudadano es estafado, ya que se ve obligado a pagar un dinero desorbitado. Así es como funciona esta especie de red organizada neoliberal que se ha instalado entre nosotros jugando con algo tan básico como es la comida, degradando la confianza en el sistema económico y erosionando el Estado de Bienestar.

Pero el asunto resulta aún más surrealista cuando nos enteramos de que a muchos agricultores se les obliga a producir frutas y hortalizas con unas proporciones y un tamaño determinados, vistosos, bien coloreados, de tal forma que todo producto que no se ajusta a ese modelo de marketing hortofrutícola, a esa absurda pasarela de la moda agropecuaria, está condenado a ser arrojado a la basura. La conclusión es que cada año se pierden toneladas de alimentos de primera calidad nutritiva pero que no cumplen con los cánones establecidos por los nuevos magnates del capitalismo agrario.
Estamos hablando por tanto de especulación a gran escala, al igual que ha sucedido en los últimos años con otros sectores como la banca o la construcción. Por ello, los agricultores y ganaderos han pedido al Ministerio y a la Comunidad de Madrid que trabajen para reequilibrar la cadena agroalimentaria y que no permitan los “abusos que sufren por parte de algunas empresas de la industria y la distribución”, según un comunicado del sindicato Asaja.
Entre las demandas de los profesionales del campo está también la reivindicación de un sistema de seguros agrarios fuerte; que se gestione la fauna salvaje y se compensen las pérdidas que esta ocasiona; que se impulse un etiquetado transparente; que se preste especial atención a sectores vulnerables como el apícola; y que se conciencie a la sociedad sobre la importancia del sector agrario.
El problema es gravísimo, hasta el punto de que estamos hablando de que en un futuro no tan lejano el sector primario podría estar condenado a la extinción. ¿Qué comeremos entonces? ¿Importaremos plátanos de Rusia arrinconando los de Canarias, tomates de Groenlandia en lugar de los murcianos, manzanas de Canadá en sustitución de las asturianas? Ese parece ser el futuro negro que le espera a nuestros campos.
Mientras tanto, la movilización de los agricultores ha hecho saltar las alarmas en Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las grandes superficies de distribución que hagan “examen” y “autocrítica” por la caída de precios en la agricultura, al tiempo que ha advertido de la necesidad de introducir mayor transparencia en la cadena. “Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero”, ha declarado el jefe del Ejecutivo español. Sánchez ha considerado “absolutamente inaceptable” que el sector esté viendo cómo los precios de los productos agrícolas “bajan, bajan y bajan”, ha dicho, tras constatar la preocupación del Gobierno. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha tomado nota y trabaja ya en un plan urgente para tratar de revertir la situación.
Parece claro que el problema de los precios agrícolas solo podrá resolverse con un mínimo intervencionismo estatal, demostrándose así la gran falacia neoliberal de que al mercado hay que darle rienda suelta sin control, permitiendo la formación de un oligopolio especulativo que está arruinando un sector estratégico y a todo un país.
Pero ayer no solo hubo reproches al Gobierno por parte de los profesionales de la agricultura. La jornada de manifestaciones sirvió también como serio correctivo y cura de humildad para Santiago Abascal, que se presentó por sorpresa ante los agricultores como gran y único salvador (y de paso para pescar unos cuantos votos entre los enfurecidos damnificados). La idea no podía terminar bien en un ambiente tan crispado: el líder populista terminó siendo abucheado, entre gritos de “sinvergüenza”, y tuvo que salir de allí por piernas. “Es lamentable que algunos vengan a reírse de nosotros en nuestra cara, a prometer cosas que saben que no las pueden hacer y no las van a cumplir; es lamentable que estas personas estén aquí hoy chupando cámara”, manifestaba megáfono en mano uno de los líderes sindicales, que invitó a los diputados de Vox a “abandonar la concentración”. Algunos agricultores pidieron a Abascal que enseñara “los callos de las manos”, si es que había trabajado alguna vez en el campo, y le dieron un consejo: si quiere ayudar de verdad, y no solo hacer populismo barato, que dé la cara por ellos ante las grandes distribuidoras y superficies culpables de la crisis del campo. Seguramente no lo hará porque, por mucho que diga el jefe de Vox, él defiende a los suyos, a los de siempre. O sea a los magnates del maldito oligopolio.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

FONDOS DE REPTILES

(Publicado en Diario16 el 5 de febrero de 2020)

¿Es lícito que un Gobierno maneje partidas presupuestarias, en definitiva dinero de todos los españoles, bajo la oscura y sospechosa categoría de “fondos reservados”? España es uno de los países de la Unión Europea con menos transparencia en el empleo de este tipo de “cajas B” que todos los gobiernos, sin distinción, han utilizado a su antojo para misiones secretas relacionadas con la seguridad nacional. Una montaña de dinero que casi siempre sirve para abonar las llamadas “cloacas del Estado”. En cualquier caso, estamos hablando de partidas estatales, probablemente de miles de millones de euros, que escapan a la más mínima justificación y que ni siquiera pasan por el control del Parlamento. Cualquier profesional del CNI o de un cuerpo de élite dirá lo mismo ante la pregunta del millón: los fondos reservados son reservados precisamente por eso, porque se gastan en operaciones clandestinas, top secret, es decir, reservadas.
La ley prevé el uso de estos fondos opacos para el pago de confidentes, mantenimiento de agentes encubiertos y cualquier otro tipo de gasto que requiera de una especial protección o sigilo en las operaciones en curso. Sin embargo, lo que parece menos claro es que ese dinero pueda servir como sobresueldo o gratificación extra de los agentes, que dicho sea de paso son funcionarios con una remuneración establecida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Pese a que los pagos con fondos reservados deberían autorizarse de forma excepcional y sólo en casos puntuales donde la seguridad nacional esté amenazada (la seguridad nacional, no la seguridad de un partido político concreto implicado en graves asuntos de corrupción) en España están a la orden del día y se manejan sin apenas control de los poderes del Estado.
Fuentes policiales aseguran a Diario16 que este dinero, también llamado “fondo de reptiles”, se emplea de forma habitual para recompensar a los agentes por los servicios prestados. En la misma línea se manifiestan fuentes sindicales, que además advierten de que lo realmente peligroso no es solo que los maletines de dinero negro puedan fluir por los diferentes departamentos policiales y ministeriales, sino que sirvan para financiar misiones y operaciones clandestinas al margen de la autoridad judicial.
Según una información del diario El Mundo, los “fondos reservados” son una partida presupuestaria que el Ministerio del Interior dedica anualmente para combatir el terrorismo y el narcotráfico. “La diferencia de esta partida con otras dedicadas al mismo fin es la ausencia de publicidad, justificación y supervisión externa que existía sobre ella. Para evitar el uso irregular de este dinero, el 11 de mayo de 1995 entró en vigor una ley que regula la utilización y el control de los gastos reservados”. Sin embargo, la legislación rara vez se cumple en este asunto. ¿Cómo va a poder controlar una ley una partida presupuestaria que se dota precisamente para que pase desapercibida, para que quede en la sombra, fuera de todo tipo de control?
Entre los años 1983 y 1993, Interior asignó unos 20.000 millones de pesetas para gastos reservados, que se ingresaron en tres cuentas corrientes del Banco de España. La primera, denominada “Provisión de Fondos”, estaba destinada a atender las necesidades de la Dirección de la Guardia Civil. La segunda, llamada “Habilitación de Material”, era directamente gestionada por el ministro. Y la tercera y más cuantiosa, registrada a nombre de la “Dirección de la Seguridad del Estado-Secretaría de Estado para la Seguridad”, estaba gestionada por altos cargos del Gobierno, según las investigaciones de El Mundo. Durante el citado período, además de las cantidades inicialmente presupuestadas, el Ministerio del Interior dispuso de partidas “complementarias con las que se incrementaban anualmente los fondos destinados a gastos reservados de la Secretaría de Estado”. Todo aquello explotó durante los años de la corrupción del PSOE (caso GAL y otros asuntos vinculados al terrorismo de Estado).
Además, el diario Vozpópuli publicaba en una reciente información: “Uno de los secretos mejor guardados de la seguridad española, al descubierto. La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia. Se trata de una norma establecida en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, otra vez, se encuentra bajo sospecha por el uso que se le dio durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para conocer esta normativa ha sido necesario que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitase en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez que la desclasificase. El Ejecutivo socialista accedió a ello en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo. Diez días después, ya estaba encima de la mesa del juez. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen su propio sistema de control”. La gran pregunta es: ¿no sería necesario regular mucho más estrictamente la autorización de estas partidas extraoficiales? A fin de cuentas está en juego, ni más ni menos, que la calidad de nuestra democracia.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

LA RUINA DEL VALLE

(Publicado en Diario16 el 4 de febrero de 2020)

La extrema derecha y la Iglesia católica tenían en los restos del dictador la principal atracción turística de ese inmenso parque temático a mayor gloria del fascismo que era hasta hace poco el Valle de los Caídos. Durante años, el mausoleo fue una especie de gallina de los huevos de oro que recaudaba su dinerillo, como cualquier otro negocio. Hoy, tras la exhumación de los huesos del general ordenada por el Gobierno socialista, las visitas al Valle han caído hasta las 9.619 personas en enero de 2020, lo que representa un 51,1 por ciento menos respecto al mismo período del año anterior, según datos facilitados a Europa Press por fuentes de Patrimonio Nacional.
Las cifras hablan por sí solas de la decadencia en la que ha ido cayendo el lugar de peregrinación del fascismo español después de que el féretro con los restos del tirano fuesen trasladados al cementerio de Mingorrubio. En enero de 2019 el recinto recibía 19.686 personas y fue a partir del pasado mes de octubre –el 24 de ese mes se produjo la exhumación−, cuando empezaron a caer significativamente las visitas. Además, en cifras globales durante el año 2019 el número de turistas descendió un 16 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Todo esto demuestra que la “operación Sánchez” para sacar los huesos de Franco de su penúltima morada no solo fue un acierto por lo que tenía de reparación moral de la memoria histórica y de justicia para con las víctimas y sus familiares, sino también desde el punto de vista del desmantelamiento de la logística y la estructura política de la incipiente extrema derecha española. Permitir que un fastuoso monasterio albergara la tumba del genocida suponía seguir respetando, conservando y dando legitimidad y carta de naturaleza al Movimiento Nacional o lo que queda de ello, que a la vista de los buenos resultados obtenidos por Vox en las pasadas elecciones generales no es precisamente poco. La formación de Santiago Abascal se ha convertido en la actual heredera de la obra ideológica y política de Franco y una democracia debe reaccionar contra aquellos que hacen exaltación y glorificación de la memoria de un líder del totalitarismo. De ahí que el Estado de Derecho esté en la obligación de hacer uso de todos los medios que la ley ponga a su alcance para evitar que un movimiento ultra que atenta contra principios elementales de la democracia como la igualdad y la no discriminación, la tolerancia, el pluralismo político y la libertad de culto, entre otros muchos, siga creciendo, organizándose y afianzando sus estructuras internas.
En esa línea va la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que ha abierto diligencias contra Abascal e Iván Espinosa de los Monteros por declaraciones que podrían ser constitutivas de un delito de odio. El juez Diego Álvarez de Juan ha tomado esa decisión después de que la asociación musulmana Watani denunciara algunas recientes opiniones de ambos dirigentes de Vox. Espinosa de los Monteros aseguró en el programa Espejo Público de Antena3 que “un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español”, mientras que Abascal llegó a decir que “tras la Manada de San Fermín ha habido más de 100 manadas de extranjeros”.
Al fascismo que como el huevo de una serpiente anida en el seno de una sociedad democrática hay que combatirlo con todas las armas legales posibles: recurriendo judicialmente las medidas políticas que los líderes ultras adoptan desde organismos públicos y altas instituciones del Estado (véase el veto parental implantado por el Gobierno autonómico de Murcia); persiguiendo, con el Código Penal en la mano, todas aquellas conductas que puedan ir contra los valores de la democracia; y por supuesto limitándole la capacidad de obtención de recursos económicos necesarios para su subsistencia. En ese último capítulo entraría la decisión del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Esta medida –y otras como el cierre inmediato de todas aquellas fundaciones y asociaciones en memoria del franquismo que el Gobierno ya tarda en decretar− está justificada no solo desde un punto de vista político y ético, sino porque Cuelgamuros era una máquina de generar dinero, unos recursos materiales que controla el prior Santiago Cantera, responsable de la custodia del lugar. Ese hombre que, no lo olvidemos, se ha destacado en algunos momentos de su vida por sus simpatías y activismo falangista. Algo que no deja de ser inquietante, ya que cuando el sector más reaccionario de la Iglesia católica se vincula de alguna manera con la extrema derecha española ya sabemos, por experiencia histórica, que las consecuencias suelen ser nefastas para la democracia.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

UNOS CONTRA OTROS

 (Publicado en Diario16 el 3 de febrero de 2020)

“España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos”, ha proclamado el rey Felipe VI durante la solemne sesión de apertura de la XIV Legislatura. Minutos antes los grupos independentistas −que finalmente no acudieron al acto−, lo habían tachado de “heredero del franquismo” y le lanzaban un mensaje que es toda una declaración de guerra: “No tenemos rey”. De esta manera, el hemiciclo escenificaba la tensión propia del momento histórico que vive el país. Y en ese contexto se esperaba con curiosidad cuál iba a ser la reacción del Gobierno de coalición, un ente formado por dos almas: por un lado la sustancia socialista del PSOE, que sigue aceptando por puro pragmatismo político el actual “statu quo” y la legitimidad monárquica; y por otro la de Unidas Podemos, que es esencial e irrenunciablemente republicana. Esa contradicción ha estado presente desde el mismo momento de la constitución del gabinete de Pedro Sánchez y de cómo el Consejo de Ministros sepa gestionar en el futuro esa incómoda dualidad dependerá en buena medida el éxito o el fracaso de la Legislatura que hoy se inicia.
Todos en el Congreso recordaban aquella apertura solemne de noviembre de 2016, cuando los diputados morados organizaron un festivo y abierto desplante al monarca. Hoy todo era muy diferente. La formación de Pablo Iglesias ha madurado, forma parte del Gobierno de España y se imponía el juego limpio institucional, el respeto a otro poder del Estado que, hoy por hoy, constituye una piedra angular de nuestro ordenamiento constitucional. Tocaba por tanto aparcar la puesta en escena de barriada popular, la performance callejera revolucionaria, y en esa tesitura Unidas Podemos ha optado por una solución responsable y a la altura exigida (sin renunciar a los principios) que le permite salir airoso de un envite que se podía haber convertido en una trampa peligrosa para los intereses no solo del Ejecutivo de coalición sino del propio partido morado.
Habría resultado harto complicado explicar a la opinión pública la imagen de un Iglesias cruzado de brazos y piernas en su escaño, impertérrito y desafiante ante el borbón, días después de haber prometido lealtad a la Corona con la mano suavemente posada sobre la Constitución. De ahí que al final haya optado por aplaudir a Felipe VI (se negó a hacerlo hace tres años), dejando libertad a su tropa para que hiciese lo que considerara conveniente. Lo contrario, participar junto a las formaciones independentistas en el boicot antimonárquico previo a la apertura de la sesión, hubiese sido posicionarse junto a los que pretenden acabar con el Régimen del 78, dar argumentos a la extrema derecha y lo que es todavía peor: ponerle en bandeja de plata a Vox los votos de todos aquellos españoles que sintiéndose de izquierdas no están de acuerdo con el derrocamiento de la monarquía en España. Cabe recordar que Santiago Abascal se jacta de haberle sustraído electores al PSOE por la izquierda y hace bien el Gobierno de coalición en controlar ese flanco, frenando las exhibiciones republicanas gratuitas en un momento especialmente delicado, justo cuando la ultraderecha sigue creciendo con fuerza gracias a un discurso furibundamente patriótico y antiindependentista.
Más allá de ese momento crucial de los aplausos, del protocolo y el respeto al monarca, el discurso de Felipe VI ha sido ajustado a la realidad, e incluso ha apelado a la resolución del conflicto en Cataluña por la vía de la negociación, algo que no habrá gustado a PP y Vox.
“España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece”, ha asegurado el jefe de Estado durante su discurso ante diputados y senadores, informa Europa Press.
El rey ha confiado en que se inicie un período político en el que se decida cómo resolver los problemas de los ciudadanos a través de la reflexión, el debate y el diálogo, y teniendo como “base firme” la Constitución, porque esta “ha sido el lugar de encuentro de todos los españoles, de diferentes modos de entender y sentir España”.
El monarca ha incidido en que la Carta Magna “nació del diálogo y el acuerdo, y también para el diálogo y el acuerdo”, ya que se redactó “proyectándose hacia el futuro como un marco político pactado y compartido” para el desarrollo de la vida democrática. Además, ha recordado que los tres pilares esenciales sobre los que se ha construido la España actual  −Estado Social, Estado Democrático y Estado de Derecho−, son “inseparables e indisociables los unos de los otros de una misma realidad”.
Mientras tanto, la “número dos” del PSOE, Adriana Lastra, trasladaba su respeto a la labor que ejerce el rey como jefe del Estado “frente a la censura de ERC, Junts, Bildu, CUP y BNG”. “El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista respeta y apoya la labor del jefe del Estado, como siempre”, se ha limitado a responder Lastra al ser preguntada por los medios de comunicación por el manifiesto de los independentistas en contra del rey. El PSOE está donde siempre estuvo: racionalidad, lealtad institucional y sentido de Estado. Es lo que se espera de un Gobierno por encima de ideologías fundacionales y de utopías irrenunciables como la conquista de una Tercera República que, hoy por hoy, se antoja todavía lejana.

Viñeta: Iñaki y Frenchy 

EL VIRUS NARANJA

(Publicado en Diario16 el 3 de febrero de 2020)

Un virus tan imparable y letal como el germen detectado en Wuhan se extiende por las entrañas de Ciudadanos, amenazando con liquidar el partido definitivamente. En este caso, el peligroso microorganismo es una mezcla de división, rencillas internas, nefastas expectativas electorales, falta de un programa eficaz y ausencia de liderazgo. Es tal el extravío de la formación que a fecha de hoy (sin que la renovación de cargos se haya hecho efectiva) las decisiones las sigue tomando una gestora provisional. Como en una asociación de vecinos donde las reuniones y juntas se van aplazando por desidia y hastío.
En las últimas horas, la crisis epidemiológica que aqueja a la dirección se ha agravado ostensiblemente, alcanzando un punto de máxima tensión. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, de que “es época de análisis, no de chantajes”. Lo de la supuesta jefa del partido es un esperpento tras otro. Primero promueve el transfuguismo político entre las filas socialistas durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez y ahora un compañero de filas la acusa de chantajista. Desde su llegada a Madrid, las manchas se han ido acumulando en su expediente.
“Necesitamos debate sobre ideas y estrategia. Si reducimos todo al liderazgo nos equivocamos. Si prometes participación no puedes presentarte a los militantes diciéndoles: O esto, o me voy. Necesitamos más sosiego. Es época de análisis, no de chantajes”, ha insistido Igea en Twitter.

Tras la dimisión de Albert Rivera la portavoz de Ciudadanos ha apostado por el continuismo (pese al fracaso cosechado en las pasadas elecciones generales) y por un acercamiento al PP y a Vox que no ha gustado nada a destacados líderes territoriales de Cs. Arrimadas no ha sabido resolver el asunto de su liderazgo, que no se ha cerrado tras el abandono precipitado de Rivera. En las últimas semanas le han crecido los enanos, o sea que le han salido competidores aspirantes a ocupar lo que queda de trono del partido. Ella misma ha tenido que dar la cara para garantizar que si otra candidatura gana en la pugna por la Presidencia, lo respetará y quizá arroje la toalla, ya que “no se puede separar la cabeza del corazón para ser presidenta a cualquier precio”.
Sea como fuere, la historia de Ciudadanos es la historia de un fracaso. El 28 de abril estuvo a punto de darle el “sorpasso” al PP y logró un gran éxito electoral con 57 escaños. Rivera optó por el cordón sanitario a Sánchez y el ala liberal/progresista del partido presionó inútilmente para lograr acuerdos con los socialistas. Cuatro altos cargos dimitieron casi al unísono, materializándose así la fractura y la división. El descalabro apuntaba en el horizonte. En la repetición electoral de noviembre, Rivera insistió en su estrategia frentista y perdió 47 de sus 57 diputados. Hoy, con diez escaños, Ciudadanos es un partido en descomposición no solo en su principal bastión, Cataluña (donde ni siquiera se presentó a la investidura en el Parlament tras sus excepcionales resultados) sino también en el resto del territorio nacional, ya que miles de votantes están trasvasando en masa a Vox, lo cual es una mala noticia para la democracia.
En las últimas horas la gestora de Ciudadanos ha plasmado por escrito las líneas estratégicas que definirán el rumbo del partido para los próximos cuatro años y con las que pretende reflotar su mal resultado de las últimas elecciones generales, según informó ayer el diario El País. “La ponencia enviada a los miembros del consejo general del partido, de 19 páginas, reivindica que su espacio político es el centro liberal progresista frente al auge de los populismos de izquierda y derecha”. Una declaración de intenciones que ya no cuela porque Ciudadanos se ha convertido en un partido aquejado de un extraño desdoblamiento de personalidad donde una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, es decir, una cosa es su canto poético y apasionado para recuperar el centro y otra su movimiento constante para “arrimarse” a la extrema derecha (nunca mejor dicho lo de arrimarse).
Ahora el partido apuesta por llegar a acuerdos con los “constitucionalistas”, colocándole de nuevo el maldito cordón sanitario al “sanchismo”, una táctica ya fracasada puesto que el proyecto nació como bisagra para llegar a acuerdos, no como partido muleta de la derecha, y mucho menos de la ultraderecha.
“Ciudadanos es la casa grande del constitucionalismo y no dejará de tender puentes y apelar a los grandes acuerdos entre constitucionalistas para no tener que depender de populistas ni nacionalistas”, asegura el nuevo texto programático repleto de pompa y circunstancia.
Pero más allá de las frases grandilocuentes que no convencen a nadie, lo que parece estar en la cabeza de Arrimadas es un intento de acercamiento al PP como tabla de salvación, una solución que con la lógica en la mano no serviría para reforzar al partido naranja sino para terminar de convertirlo en alfalfa y pasto para los populares. La coalición acabará en fusión, el Partido Popular fagocitará a la formación de Inés Arrimadas y todo habrá concluido. Hoy se ve que fue una mala idea firmar pactos con los ultras para sustentar los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Murcia. Aquel fue el momento crítico del contagio, cuando los naranjas agarraron el virus. En este caso un virus verde llamado Vox, un ente mortal que muta a una velocidad de vértigo, como el mal chino de Wuhan, y que ha terminado por devorar a Ciudadanos.

Viñeta: Iñaki y Frenchy