LAS MANOS MUERTAS

(Publicado en Diario16 el 8 de junio de 2020)

La última iniciativa caritativa de Felipe VI para que los Grandes de España donen leche y aceite a los millones de pobres que deja la epidemia contrasta con las monstruosas cifras sobre evasión de capitales que soporta el país. Solo en el mes de marzo salieron más de 26.300 millones de euros al extranjero en una de las mayores sangrías para las arcas del Estado de los últimos tiempos (téngase en cuenta que en el mismo mes del pasado año fueron evadidos al fisco 8.600 millones, o sea que el volumen de la estafa se ha triplicado).
Los datos facilitados por el Banco de España resultan ciertamente reveladores. Las grandes fortunas, temerosas de las reformas fiscales que prepara el Gobierno de coalición, están poniendo su dinero a buen recaudo. Todo lo cual viene a confirmar que el viejo y recurrente timo nacional consistente en darle un mendrugo de pan al hambriento con una mano mientras con la otra se colocan rentas y joyas por media Europa ha vuelto a funcionar nuevamente. España siempre fue un país de un patriotismo mal entendido, demagógico, y ese es uno de sus grandes pecados originales nunca redimido. Aquí, cuando vienen mal dadas, cuando el pueblo zozobra por la cíclica inestabilidad política, por una plaga o por una catástrofe nacional, el rico sale corriendo, se va por peteneras, llevándose sus baúles llenos de billetes a latitudes más cálidas y tranquilas.
Fue exactamente eso lo que sucedió en 1931, cuando el sistema bancario español perdió el 20 por ciento de sus depósitos. El socialista Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, se vio obligado a imponer férreos y estrictos controles al movimiento de capital en vista de que las humeantes estaciones de tren se llenaban de maletines, de caballeros con frac y marquesonas con abrigos de visón rumbo al extranjero. La peseta terminó hundiéndose sin remedio y fue así como se consumó el primer gran golpe a la Segunda República y a la democracia, el golpe financiero de los terratenientes y banqueros que conspiraban contra ella incluso antes de ser proclamada. Franco no hizo más que dar la puntilla con su cuartelazo en medio de la pobreza y la miseria.

Llama la atención que la historia se repita una vez más y que Sánchez e Iglesias anden estos días ajustando cuentas e impuestos para tratar de cuadrar los millones necesarios mientras la pasta vuela a otros países. Pedro y Pablo van a tener que obrar milagros para cubrir el ingreso mínimo vital, los ERTE y el gigantesco gasto en Sanidad que va a dejar el bicho de Wuhan. Por eso resulta triste y desalentador para una sociedad ver cómo precisamente en este momento, cuando el país más necesita del patriotismo y la solidaridad de los ricos y filántropos, nuestra rancia y desocupada nobleza monárquica juega al escapismo fiscal y solo es capaz de sacar de la despensa, para repartir entre el pueblo, unas tinajas de aceite, unos celemines de grano y unas arrobas de leche. Por no hablar de las grandes empresas multinacionales, las automovilísticas y otras, que también han puesto pies en polvorosa, consumando así la conspiración contra los nuevos republicanos. 
Con todos estos datos en la mano, se entiende perfectamente la rebelión de los “cayetanos” y “borjamaris” de las últimas semanas. Los ricos, los instalados, las clases altas del barrio de Salamanca, no empuñan las cacerolas solo para defender su supuesta libertad amenazada ni en protesta contra el confinamiento y las cuarentenas decretadas por el Gobierno durante la epidemia –tal como alegan−, sino por el pánico a perder sus privilegios y su cuenta en Suiza. Felipe VI los tiene que llamar a capítulo para que hagan un acto de caridad humillante para los miserables, en la mejor tradición del paternalismo limosnero que tradicionalmente ha practicado la alta aristocracia española de este país. La imagen feudal que están dando los señoritos linajudos en medio de la ruina espantosa resulta bochornosa, por mucho que el monarca les inste a que arrimen el hombro (cuidado con el esfuerzo, no se vayan a herniar) y regalen el mendrugo de pan de siempre. En el fondo, por tanto, estamos ante una forma de lavar la imagen y la conciencia de las “manos muertas” mientras el dinero sigue yéndose a espuertas a Andorra y a los despachos offshore caribeños.
Hace solo unos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía la necesidad de una “profunda reforma fiscal” en  España. “No puede ser que con cifras de beneficio similares a 2008 el Impuesto de Sociedades esté rindiendo la mitad”, se lamentó. La conclusión es que el dinero emigra cobardemente en medio del naufragio nacional. Por eso la intención del Gobierno es apretarle las tuercas al gran capital: implantar un tipo mínimo del 15 por ciento a las empresas monopolísticas; gravar a la banca con un 18 por ciento; reformar el IRPF; poner en marcha la “tasa covid” para las grandes fortunas; elevar la tributación de las Sicav; y establecer una “tasa Tobin”. Obviamente, el plan del Gobierno ya ha provocado el terror y el exilio del dinero al extranjero mientras las derechas agitan el fantasma del 8M, de la guerra sucia del PSOE y de los GAL, del separatismo etarra y del golpe de Estado como cortinas de humo bien aprovechadas por los magnates huidizos. Cuando Sánchez e Iglesias quieran darse cuenta, el parné ya habrá volado como las cigüeñas en invierno. Como siempre.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

HERNÁN CORTÉS

(Publicado en Diario16 el 6 de junio de 2020)

Vox va camino de situarse como el partido más ultra de toda Europa. En las últimas horas, la formación de Santiago Abascal no solo se ha alineado con Donald Trump en sus políticas supremacistas y en la estrategia de represión contra los manifestantes que protestan en las calles contra el asesinato de George Floyd a manos de un policía segregacionista, sino que ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que se celebre con actos oficiales el quinto centenario de la “conquista” de México. Llama la atención que Vox pretenda relanzar la imagen de la España más imperialista y racial precisamente en este momento, cuando el pueblo norteamericano resucita el sueño de Luther King y pelea por los derechos de los negros. Todo apunta a que los ultras españoles han iniciado una de sus habituales campañas de propaganda política, esta vez en clave xenófoba para apoyar al apurado jefe yanqui.
En su ensoñación mítica delirante, Vox insta a impulsar actos festivos sobre el quinto centenario en colaboración con el Gobierno mexicano y a superar interpretaciones “chauvinistas” y “negrolegendarias”, un término peyorativo elegido con toda la intención. Además, considera que lo que fue una sangrienta conquista y un genocidio de los pueblos indígenas puede servir como “lección de historia” para los alumnos de nuestras escuelas, de modo que exige reivindicar la figura de Hernán Cortés, uno de los personajes más siniestros y sanguinarios de nuestro panteón de celebridades. No hay más que darse una vuelta por cualquier ciudad de México para concluir que Cortés es una figura poco simpática y querida en aquellas tierras, aunque Vox se empeñe en hacerlo pasar por un gran héroe de la españolización. Sucesos como la matanza de Cholula de 1519, en la que más de 5.000 nativos desarmados fueron masacrados en apenas seis horas por orden del conquistador, o la brutalidad que el militar demostró como gobernador de la Nueva España (y que llevó al Consejo de Indias, órgano asesor del rey, a despojarlo de su autoridad) le han granjeado una leyenda negra de hombre de armas cruel y despiadado.
Sin embargo, para Vox todas aquellas brutalidades son “grandes hazañas, hitos de la historia universal”, una forma bastante simplista y sectaria de entender la complejidad de los hechos y acontecimientos que ocurrieron en América tras el desembarco de Cristóbal Colón. En realidad, interpretaciones de este estilo forman parte del intento de Vox por reconstruir un pasado alternativo, legendario, una España imperial y grandiosa que ya no es (si es que algún día lo fue). Hoy la mayoría de los historiadores son críticos con la colonización española del nuevo mundo. Todo imperio tiene sus luces y sus sombras, también el fundado tras la empresa financiada por los Reyes Católicos, pero Vox se empeña en convertir la historia de España en un tebeo de El Jabato para disfrute de mentes simples a las que no les interesa profundizar demasiado porque eso exige un esfuerzo de investigación y lectura y leer cansa mucho y quita tiempo a las caceroladas de por la tarde contra el socialcomunista Pedro Sánchez. La misma técnica de reducción a lo esquemático y de absurda exaltación de un pasado que fue más bien negro y sórdido es utilizada por los propagandistas de Vox cuando se refieren al franquismo, al que tratan de maquillar como una época de felicidad y prosperidad para todos los españoles, cuando fue exactamente todo lo contrario.

La versión histórica de Vox a propósito de la conquista de Hernán Cortes no deja de ser bucólica, inmadura, infantil. Los blancos españoles eran los buenos salvadores que viajaron al otro lado del charco para redimir a los negros indígenas que andaban todo el rato en cueros por la selva. “Este episodio supuso integrar a los indígenas y elevarlos a la civilización y la posibilidad de la salvación con arreglo a las categorías religiosas de la época (…) La conquista de México fue, ante todo, una hazaña bélica y política (…) Todas esas etnias vieron en la llegada de los españoles la oportunidad para la liberación del yugo azteca, que incluía pesados tributos, antropofagia, esclavitud y sacrificios humanos”, explica la factoría del novelón histórico de Vox. La fábula se completa cuando el partido ultra asegura que España abrió a los pueblos americanos al mundo, “relacionándolos entre sí e integrándolos en una totalidad hispanoamericana”. Integración a espadazos y hachazos, relación de hermanamiento a fuerza de cortar cabezas, habría que añadir. Por supuesto, nada dicen los ultraderechistas del saqueo de las riquezas y materias primas de las Indias, ni de las matanzas que se perpetraron, ni de la imposición del catolicismo a sangre y fuego. De esa historia nunca hablan los nostálgicos del imperio, siempre tan sesgados en sus juicios ideológicos.
Vox pretende convertir lo que fue claramente un horror y un error histórico en una fiesta nacional que convendría no festejar demasiado. La propaganda de los cuentistas de la nueva Falange resulta abracadabrante, no solo por lo que tiene de ocultación de un genocidio, el de los pueblos precolombinos, sino por el sarcasmo que supone relanzar la idea ya superada de aquel imperio español “integrador”, “civilizador” y “salvador en lo religioso”. Lo de Hernán Cortés fue simple y llanamente una conquista militar, una invasión, la devastación y sustitución de una cultura avanzada y esplendorosa por otra con el único fin de expoliar los tesoros de Tenochtitlan y las magníficas pirámides de oro. En su segunda carta dirigida a Carlos I de España, el mismo Cortés llega a describir Cholula como una bellísima gran ciudad −similar a Venecia− con más de 20.000 casas y 365 templos magníficos. Todo aquello fue arrasado por los españoles en una guerra de ocupación. Sin duda, aquella gente no necesitaba que unos señores blancos con cascos y arcabuces llegaran de otro mundo, casi de otro planeta como dioses terribles, para imponer su fe cristiana y su estilo de vida. Con la lógica histórica en la mano, el descubrimiento fue una aniquilación; el encuentro un exterminio. El aplastamiento de un pueblo a manos de otro más avanzado tecnológicamente, sobre todo en el aspecto armamentístico y militar. Sin embargo, las mentes pueriles de Vox siempre imperialistas, siempre eurocéntricas y supremacistas, no alcanzan a comprender la belleza de todas aquellas sociedades nativas que terminaron siendo borradas del mapa. Solo ven gente en taparrabos, negros subdesarrollados, presas fáciles para la eterna cacería colonial del hombre blanco. Tal como Trump ve a los afroamericanos tiroteados y asfixiados por los tercios policiales de Minesota, guardianes del nuevo imperio americano que, más tarde o más temprano, también acabará desplomándose.

Viñeta: Igepzio

EL CORONEL

(Publicado en Diario16 el 6 de junio de 2020)

Poco a poco se va reconstruyendo el puzle personal y profesional del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Las derechas han tratado de convertir a este oficial de alta graduación de la Benemérita en un héroe que lucha por la patria contra la opresión de los peligrosos marxistas del Gobierno, una especie de general Zumalacárregui implicado en la cruzada contra los progresistas y por la unidad de España. Sin embargo, a medida que se van conociendo más datos sobre la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, que instruye la causa por la gestión de la epidemia de coronavirus, la figura del que fuera gran pacificador de Cataluña tras el referéndum de independencia del 1-O no sale tan bien parada. Desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidiera cesar al coronel en su cargo al frente de la jefatura de la Comandancia de Madrid, Pérez de los Cobos ha perdido el manto del poder que le daba cobertura, amparo y protección. Marlaska justificó la destitución en que había perdido la “confianza” en su colaborador, por lo que nombró como sucesor para el puesto al teniente coronel Diego Blanes. En su nuevo destino en la Intervención de Armas, Pérez de los Cobos se ha convertido en uno más de la tropa y ya no ostenta el carácter de intocable que parecía ostentar con los gobiernos del Partido Popular. Ayer mismo, las agencias de noticias informaban de que la Comandancia de Madrid tiene previsto abrir una información reservada por la filtración de informes de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M a los periódicos. La publicación del contenido de esos dosieres, algunos de ellos plagados de errores, bulos y noticias extraídas de recortes de la prensa amarilla de derechas, fue una de las causas que motivaron la “pérdida de confianza” del ministro y el posterior cese que desencadenó una tempestad política en las filas de PP y Vox. Tanto Pablo Casado como Santiago Abascal salieron en defensa cerrada de su estimado coronel durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde los líderes de las derechas españolas hablaron de “purgas” en la Guardia Civil y volvieron a emplearse a fondo con palabras gruesas contra Pedro Sánchez como “mago de verbena” y “jeta”.
La apertura de una información reservada contra Pérez de los Cobos a propósito de las filtraciones a la prensa se considera un “procedimiento normal” en estos casos, más todavía cuando la propia jueza advirtió a las partes −incluso al departamento ministerial de Grande-Marlaska− que pesaba la obligación de reserva, ya que sólo ella podía conocer del contenido íntegro de las diligencias.
En cualquier caso, las pesquisas abiertas en la Comandancia de Madrid van a servir para examinar con lupa cada una de las órdenes que impartió el oficial antes de ser fulminantemente apartado de su cargo. Entre sus últimas gestiones se incluye una polémica misión que también levantó ampollas entre el Gobierno: el vídeo en el que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, fue grabado mientras compraba en un establecimiento comercial sin llevar la obligatoria mascarilla. Según informó ayer la agencia Europa Press, “como jefe de la Comandancia, Pérez de los Cobos pidió a la empresa de seguridad del supermercado que se preservaran las imágenes por si se derivaban responsabilidades penales, según adelantó El Periódico”. Otras fuentes policiales aseguran que la petición de preservar las controvertidas grabaciones se cursó “pese a que no había una indicación judicial al respecto, lo que causó malestar en la cadena de mando”. Desde la Guardia Civil, no obstante, se insiste en que este material no está en posesión de la Comandancia, de modo que la investigación determinará si el supermercado se ha negado a entregar el vídeo al Instituto Armado. Como también se tendrá que aclarar si la Guardia Civil supo de la existencia de esa grabación después de que un internauta difundiera la filmación en las redes sociales.
Ciertamente, hablamos de decisiones que afectan a Pérez de los Cobos en el ejercicio de su mando. Nadie entiende muy bien qué demonios hacía la Guardia Civil siguiendo los pasos de Iglesias en un supermercado. ¿Le interesaba a la Seguridad Nacional si el líder de Unidas Podemos compraba pepinos o berenjenas? ¿O acaso era una oportunidad de oro para iniciar una nueva caza de brujas contra el vicepresidente, esta vez porque no llevaba la mascarilla puesta las 24 horas del día? Operaciones tan chuscas, tan de ínfima calidad, son propias de aquellos viejos tebeos de Mortadelo y Filemón y dejan en muy mal lugar a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, cuyo prestigio hasta ahora era ampliamente reconocido en todo el mundo. Sin duda, todas estas “misiones secretas” algo “cloaqueras” han ido creando un fuerte malestar en el Consejo de Ministros y han precipitado la caída en desgracia del coronel, cesado por Grande Marlaska el pasado 25 de mayo.
La intempestiva grabación de Iglesias −habitual en regímenes policiales practicantes de un totalitarismo “macartista” pero reprobable desde todo punto de vista en un Estado democrático que respeta la libertad de movimientos de sus líderes y gobernantes−, vino a unirse a la polémica de los informes precocinados del 8M, de modo que la lógica política aconsejaba el cese del coronel. Cualquier Gobierno medianamente pragmático y coherente habría destituido a un agente que por momentos parecía trabajar para la oposición. Por otra parte, tampoco ayudaba demasiado a Pérez de los Cobos el hecho de que provenga de una familia descrita por diversos medios de comunicación como “muy conservadora”. La “pérdida de confianza” era más que evidente y la sanción legítima. No se entiende cómo el PP se rasga ahora las vestiduras por una destitución de manual cuando en los años en que estuvo en el poder promocionó cambios y traslados de altos cargos en condiciones muy similares.
Sea como fuere, parece evidente que el cese ha escocido más de lo que cabía esperar en las derechas, que sin duda han visto cómo perdían un peón diligente y eficaz en su intento de derrocar al Gobierno por su gestión de la pandemia. Ahora será interesante comprobar cuánto tiempo tardarán Casado y Abascal en olvidarse de un hombre que les fue útil durante un tiempo. Quizá, a esta hora, el coronel ya no tenga quien le escriba.

Viñeta: Ben

LOS VIEJOS

(Publicado en Diario16 el 5 de junio de 2020)

El cruce de correos electrónicos entre altos cargos del Gobierno regional de Madrid, publicado hoy por El País, viene a demostrar que alguien en el gabinete de Isabel Díaz Ayuso dio la orden de no trasladar al hospital a los ancianos enfermos de coronavirus internados en geriátricos. De los mensajes aireados por la prensa se deduce que los responsables de Asuntos Sociales y Sanidad eran conscientes de que muchos abuelos fallecerían “de forma indigna” si eran abandonados a su suerte, incurriendo por tanto “en una discriminación de graves consecuencias legales”. La decisión −que también se adoptó en otras comunidades autónomas como Castilla y León supuestamente para evitar la multiplicación de los contagios−, constata la aplicación de una filosofía deshumanizada, cruel, puramente aritmética y determinista cuando llegó el momento decisivo de atender a estas personas. A nuestros mayores los han tratado como apestados, desahuciados sin más destino que el certificado de defunción, ganado enfermo de una macabra granja orwelliana al que era preciso encerrar, aislar e incluso sacrificar para proteger a los más jóvenes. Les han robado una bella ancianidad, que es la recompensa de una bella vida, según el sabio Pitágoras, y lo que es aún peor: les han arrebatado una muerte digna.
El asunto es de una extrema gravedad. Los datos oficiales, siempre provisionales, resultan escalofriantes, ya que revelan que 19.200 personas podrían haber muerto con síntomas de coronavirus en estos crematorios para jubilados con paguita, como diría la ultraderecha. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, habla ya de “escándalo” en la gestión de las residencias de la Administración autonómica y la Justicia, a través de las diferentes investigaciones en marcha, trata de aclarar qué fue lo que pasó realmente en esta pesadilla distópica para la tercera edad. Pero mientras los jueces depuran posibles responsabilidades penales, se impone el aséptico análisis político y filosófico de la situación. Sobrecoge y espeluzna comprobar con qué frialdad, con qué absoluta falta de sentimientos humanos se han tomado algunas decisiones en horas críticas desde las más altas instancias del poder regional. Como también impresiona constatar cómo algunos gobernantes se atribuyeron la autoridad moral para decidir quién tenía derecho a vivir y quién debía morir con arreglo a criterios cuasifascistas.
Cada día que pasa aparecen nuevos datos que invitan a pensar que las residencias −desde hace años en manos de desalmados que solo piensan en hacer dinero fácil con los viejos, en complicidad con el poder político−, se han convertido durante esta pandemia en ratoneras sin escapatoria posible, sórdidos gulags del neoliberalismo rampante, cámaras de exterminio donde se ha estado jugando maquiavélicamente con la vida de miles de ancianos. Si Philip Roth dijo aquello de que la vejez es una masacre, lo que se ha hecho con miles de personas en este país ha sido un holocausto planificado. La suerte de nuestros mayores se ha puesto en manos de burócratas autonómicos sin la más mínima preparación ni sensibilidad, aficionados y enchufados colocados a dedo en cualquier cóctel o alegre reunión de partido, gente que jugaba a ser Dios cuando lo cierto es que el traje de político le quedaba demasiado grande y su escala de valores demasiado pequeña. Es preciso ponerse en la piel de ese abuelo octogenario que al final de sus días −desorientado por el alzhéimer, desmemoriado y sin recuerdos−, ha tenido que pasar solo y desamparado por el último trago de su vida, sin sus seres queridos, sin una mano cálida, mientras una enfermera enfundada en un traje espacial cerraba la puerta de su habitación y lo despedía para siempre con un frío adiós. Es necesario comprender lo que puede suponer para una abuela centenaria que lleva años postrada en una silla de ruedas o lidiando con la maldita soledad o con el miedo al ictus tener que agonizar en el vacío quirúrgico de la sala, entre inútiles cajas de pastillas, el desquiciante tic tac del reloj y una lejana televisión que emite constantemente incomprensibles imágenes de un mundo lleno de ataúdes y ambulancias. Hacerse viejo es dejar de importar; envejecer es un lento apartarse del mundo, una renuncia forzosa, pero a toda este gente la han condenado sumaria y prematuramente a una inyección letal de circulares y órdenes de direcciones generales.

El país ha mirado para otro lado; hemos distraído nuestra mala conciencia con las cortinas de humo que cada día aventaban Casado y Abascal; hemos hecho todo lo posible por ignorar la inmensa inmolación colectiva de los sabios patriarcas, una solución final diseñada con una crueldad protocolizada, despiadada, funcionarial. Ahora que el humo de los cadáveres incinerados se va disipando, ahora que las urgencias vuelven a quedar despejadas, es preciso plantearse hasta las últimas consecuencias quién ha sido el autor de este cuadro enloquecido y macabro de El Bosco, quién es el responsable de este exterminio calculado y premeditado por la dictadura democrática de los despachos, por la incompetencia de algunos siniestros Mengeles, por las frías estadísticas demográficas y por un injusto juramento hipocrático que en momentos de infierno vírico aconseja salvar al más joven y dejar perecer al más viejo, como si ambos no tuvieran los mismos derechos.
Mientras la jueza Carmen Rodríguez-Medel tira del hilo del 8M que no lleva a ninguna parte porque ningún informe científico podrá certificar jamás que la manifestación por el Día de la Mujer fue el detonante de la pandemia en España, la cruda verdad del virus se nos escapa por las rendijas de las residencias de ancianos, auténticos semilleros de la muerte. La fiebre de las derechas por criminalizar el feminismo y culparlo de la plaga empieza a necesitar de altas dosis de cloroquina, si es que este medicamento es algo más que un crecepelo. Por lo visto, los informes de corta y pega del coronel Pérez de los Cobos que cargan toda la culpa sobre las espaldas del socialcomunista Pedro Sánchez constituyen una manera mucho más rápida y eficaz de pasar página, de dar carpetazo, de ir tervigersando la verdad y enterrando la memoria, algo en lo que son avezados expertos. El problema es que las cifras oficiales de ancianos aniquilados por la falta de mascarillas, de respiradores y de humanidad seguirán estando ahí durante mucho tiempo. Como también quedará para la historia la aciaga gestión llevada a cabo por unos cuantos incompetentes e incompetentas convencidos de que la política consistía en cortar la cinta de inauguración de un nuevo hospital cada cuatro años y poco más. Si hay justicia en este mundo, que va a ser que no, tanta maldad y tanta ineptitud no deberían quedar impunes.

Viñeta: Igepzio

LA UMD

(Publicado en Diario16 el 5 de junio de 2020)

Hoy que vuelve el viejo y triste debate sobre el golpismo en España merece la pena recordar a un grupo de militares del Ejército español que se jugó la vida a finales de la dictadura por defender las libertades. La Unión Militar Democrática (UMD) nació gracias al empeño y la valentía de tres comandantes y nueve capitanes cuyo objetivo era democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar a Franco. El movimiento vio la luz en agosto de 1974 bajo el influjo de la Revolución de los Claveles en Portugal. De hecho, los comandantes Luis Otero Fernández y Julio Busquets (dos de los miembros de la UMD) llegaron a viajar al país vecino para entrar en contacto con sus compañeros portugueses e intercambiar ideas y proyectos. Además, la organización jugó un importante papel como elemento catalizador de la democracia al relacionarse con los políticos de la oposición en la clandestinidad, como el dirigente socialista catalán Joan Reventós, Felipe González y Santiago Carrillo, así como otras personalidades del Gobierno tardofranquista, por ejemplo Joaquín Ruiz-Giménez, exministro del dictador, que representaba el aperturismo y los nuevos tiempos.
En la mente de los impulsores de la UMD nunca estuvo dar un golpe de Estado sino ir ganando adeptos para la causa. “En vez de un pronunciamiento activo debíamos ensayar un pronunciamiento negativo: mojar la pólvora de aquel ejército azul”, señaló uno de sus líderes más destacados. El texto fundacional del movimiento fue elaborado por los tres comandantes (entre ellos Guillermo Reinlein) y los nueve capitanes fundadores hasta su aprobación en Barcelona en una reunión celebrada el día 1 de septiembre de 1974.
La represión de Franco, especialmente herido en su orgullo por lo que aquello representaba de gran fisura en su amado y querido Ejército nacional, no se hizo esperar. Pronto, los generales franquistas supieron de la existencia de la UMD y en 1975 fueron detenidos los principales líderes de la organización. En aquel año la Unión Militar Democrática ya contaba con una avanzadilla de entre 200 y 400 simpatizantes o asociados y hasta 600 colaboradores.​ Finalmente, los arrestados por defender la democracia terminaron en el banquillo de los acusados y fueron represaliados de forma implacable.

El juicio se celebró en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid) contra nueve militares detenidos, que fueron sentenciados a penas de 43 años de cárcel. Además, al menos siete de ellos fueron expulsados del Ejército. Hubo registros domiciliarios en varias provincias y más detenciones con el fin de aplastar un movimiento que luchaba por la democratización de las Fuerzas Armadas. Como no podía ser de otra manera tratándose del siempre vengativo Franco, el proceso judicial quebrantó principios básicos del Derecho Penal y Procesal. “Muchos otros sufrieron arrestos, destinos forzosos, prohibiciones, anulación de becas concedidas, expulsiones de centros de enseñanza, relegación en sus funciones, que sobre el motivo aparente tenían como causa real su condición de demócratas. Todos debieron afrontar un ambiente hostil que les presionaba deliberadamente para que abandonaran la carrera y algunos que, por sus acreditados méritos y capacidades, tenían expectativas de promoción profesional vieron como éstas se esfumaban”, asegura Fidel Gómez Rosa, suboficial mayor de Aviación, doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho y en Historia, además de miembro de la Asociación Española de Historia Militar. Sin duda, desde el primer momento la idea del Régimen fue fusilar a todos los insurgentes, pero el franquismo se encontraba en sus últimos estertores y la reacción internacional hubiese sido definitiva, demoledora para el dictador. No obstante, que nadie tenga la menor duda de que si los hechos hubiesen tenido lugar en 1940, en la posguerra más dura, los ajusticiados habrían sido pasados por las armas.
La UMD se disolvió tras las elecciones generales de 1977. Sus integrantes consideraron que una vez recuperada la democracia, la organización ya no tenía sentido ni razón de ser. Sacrificaron sus carreras profesionales y lo mejor de sí mismos por la causa más justa. Aunque a todos ellos los salvó de la cárcel la Ley de Amnistía, jamás pudieron regresar al Ejército. Pasaron años hasta que el Estado reconoció su mérito y valor. El 16 de febrero de 2010, el Ministerio de Defensa entregó la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico a los antiguos miembros de la UMD por la “valentía” que demostraron al colaborar “decididamente” en el camino hacia la Transición, una actividad por la que fueron “encarcelados, juzgados, condenados y expulsados” de los cuarteles. No eran peligrosos comunistas ni terroristas subversivos, como hoy serían tildados por algún que otro político indocumentado, sino soldados, conservadores pero siempre demócratas, gente contraria a la tiranía y a la opresión. Precisamente hoy que la extrema derecha promueve el franquismo entre los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es un buen momento para recordar a este grupo de hombres valientes comprometidos con la libertad que se lo jugaron todo a una carta por conquistar la democracia para nuestro país. La UMD fue la oposición al franquismo desde dentro, es decir, desde el interior del núcleo más duro del Régimen, el Ejército, lo cual tenía un mérito aún mayor, ya que el riesgo de ser detenido y encarcelado era todavía más elevado. Nunca nos olvidemos de ellos porque fueron los mejores y los más injustamente tratados.

Viñeta: Igepzio

EL EJÉRCITO

(Publicado en Diario16 el 4 de junio de 2020)

El famoso “ruido de sables” de los cuarteles fue un fantasma que acompañó a la sociedad española, como una sombra inquietante, en su exitoso salto de la dictadura a la democracia. Los militares franquistas, tutores del Antiguo Régimen, no desaparecieron de la noche a la mañana con la muerte del tirano sino que permanecieron en sus puestos, muchos de ellos ocupando altos escalafones en la Plana Mayor de los tres ejércitos hasta bien entrada la democracia. Al igual que la Transición no llegó a calar en ciertos sectores de la Justicia, tampoco llegó a ser completa en las Fuerzas Armadas. El malestar por el zarpazo del terrorismo de ETA, la precariedad de los salarios de soldados y oficiales, la legalización del Partido Comunista y el temor ante la posibilidad de que el PSOE llegara al poder por primera vez desde la Segunda República (las derechas de aquella época ya agitaban el espantajo comunista) precipitaron el golpe de Estado del 23F, un episodio de nuestra historia nunca suficientemente aclarado. No es este el momento de hablar del ‘tejerazo’, pero sí conviene recordar que si aquel pronunciamiento militar fue una vacuna para limpiar el Ejército de elementos nostálgicos y golpistas, tal como aseguran algunos historiadores, por lo que estamos viviendo en los últimos tiempos parece que el antídoto tenía fecha de caducidad.
Hoy los españoles vuelven a asistir con estupor al resurgimiento del guerracivilismo de la mano de la nueva extrema derecha, bien alimentada por PP y Ciudadanos. Vox lleva en sus filas a militares que firman manifiestos franquistas, Santiago Abascal repite una y otra vez que el alzamiento militar del 36 fue en realidad una reacción legítima ante la revolución comunista que se avecinaba y el Parlamento nacional se convierte cada semana en un gallinero donde se habla más de golpes de Estado, de rojos y de fachas y de “las dos Españas” que de medidas concretas para superar la pandemia de coronavirus. La asonada militar, la conjura castrense y el pronunciamiento africanista vuelve a ser un asunto de plena actualidad política, casi una moda, pese a que todo eso nos parecía enterrado para siempre. Pero la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, ya lo dijo Marx corrigiendo a Hegel, y ahora parece que empezamos a escribir el segundo capítulo del drama español, ya en su momento esperpéntico.
La puesta en escena patriótica y ultra de Vox es exagerada, caricaturesca, casi de opereta o vodevil. Comparar a los diputados verdes con los carniceros nazis alemanes del siglo XX que practicaban el exterminio masivo de judíos se antoja un ejercicio aventurado. Más bien forman parte de un totalitarismo casposo, folclórico, pintoresco y friqui que ha dado con una fórmula exitosa compuesta por cierta dosis de nostalgia franquista, catolicismo opusino y antiabortista, pasión taurina y cinegética, ultraliberalismo económico, adicción al Twitter y mucho populismo Trump a ritmo de Manolo Escobar. Pero cuidado, el hecho de que no se vistan con el uniforme de las SS ni lleven puesto el brazalete verde de Vox en el antebrazo no significa que no sean peligrosos. Su revolución es desde dentro, ocupando el sistema no para liquidarlo definitivamente, como hizo Hitler con la República de Weimar, sino para adaptarlo a las nuevas formas de expresión de la extrema derecha supremacista mundial. Los nuevos ultras ya no necesitan romper los escaparates del gueto judío a pedradas. Les basta con colocar a su gente en el Parlamento, en el Íbex35, en la Guardia Civil y en el Tribunal Constitucional. Por eso cuando Pablo Iglesias acusa a Espinosa de los Monteros de que su partido quiere dar un golpe de Estado pero “no se atreve”, en realidad no es que no se atrevan sino que no lo necesitan. El golpe de Estado no se consumará metiendo a unos guardias civiles sin afeitar y con calcetines de colores en el Congreso al grito de “todo el mundo al suelo, que se sienten coño”. Les vale con un “golpe blando”, constitucional, ordenado, que pasa necesariamente por derrocar el Gobierno que consideran ilegítimo. La nueva ‘Operación Galaxia’, si es que fructifica algún día, probablemente no vendrá por vía de las armas, sino que tendrá lugar en el Tribunal Supremo en una bien tramada maniobra entre jueces conservadores, fiscales anticatalanistas y fogosos abogados con la rojigualda pegada en el reloj de pulsera.
Hoy mismo la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado cualquier posibilidad de pronunciamiento militar. “Creo rotundamente que no hay peligro de golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas”, ha sentenciado. Sin embargo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reconocido que puede haber “elementos reaccionarios” dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “asuman como propio el discurso que invita al golpe de Estado”. No descubre la pólvora el señor ministro. Que la Transición no fue completa en los cuarteles es algo que se sabe desde hace tiempo, por mucho que en los últimos años España haya enviado a sus tropas a Bosnia o al Senegal para que se relajen, vean mundo, se relacionen con los yanquis de la OTAN y superen el mal del nacionalismo ibérico con supuestas misiones internacionales de paz. El sector militar duro, el “búnker”, siempre ha estado ahí, y aunque no hay datos empíricos (nunca los habrá porque el fascismo muchos lo llevan por dentro) todo apunta a que sigue siendo residual, minoritario. O al menos eso queremos creer. Por esa simple razón numérica resulta difícil pensar en una conspiración a la antigua usanza con cuatro generales intrigando en una habitación a oscuras, fumando puros ante un mapa y conjurándose bajo la luz de un flexo para tomar Televisión Española y Radio Nacional. No lo necesitan porque a poco que muevan sus hilos pueden meter en la cárcel a todo aquel que saque los pies del tiesto supuestamente constitucional. Y porque además este Ejército profesional está bien pagado y ya no es aquella tropa africanista y desarrapada de 1936 que dormía al raso y comía alacranes y arena del desierto.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

LA GUARDIA CIVIL

(Publicado en Diario16 el 4 de junio de 2020)

El montaje judicial de las derechas para llevar a los tribunales a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber ordenado la suspensión de la manifestación feminista del 8M en los días previos a la propagación de la pandemia de coronavirus va camino de cobrarse una nueva víctima entre las instituciones del Estado: la Guardia Civil. La imagen del benemérito cuerpo policial está quedando por los suelos, un precio demasiado alto pero que tanto Partido Popular como Vox, en su descabellada caza de brujas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han asumido como bueno. 
Desde que se abrió este caso en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, todo han sido polémicas, aromas de conspiraciones y la constatación fehaciente de que los informes periciales elaborados por los investigadores de la Benemérita, bajo la coordinación del jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, no tenían otro objetivo que contribuir a perjudicar la imagen del Ejecutivo de coalición. Tales informes, plagados de inexactitudes, de errores de bulto, de noticias de corta y pega extraídas de la prensa amarillista y otros bulos, están dañando gravemente la reputación de un cuerpo policial que en los últimos años siempre se había destacado por su profesionalidad y por la eficacia y éxito de sus misiones en la lucha contra la delincuencia, especialmente contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional. Sin embargo, todo lo que tocan PP y Vox acaba contaminado irremediablemente. Se ha visto cómo en los últimos años la Administración de Justicia, otro poder fundamental de la democracia, ha perdido buena parte de su crédito ante los españoles por la burda politización, cuyo máximo exponente fue la instrucción del sumario contra el procés en Cataluña, un expediente plagado de arbitrariedades probatorias e interpretaciones jurídicas subjetivas, tal como quedó demostrado cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia y desmontó el delito de rebelión (piedra angular de la acusación ejercida con tesón por la Fiscalía teledirigida por Mariano Rajoy).
Afectados los jueces y magistrados por el virus de la politización de la Justicia, esta vez le tocaba el turno a la Guardia Civil, un cuerpo casi siempre ejemplar, salvo cuando el Partido Popular ha tratado de convertir a algunos de sus miembros en parte de las cloacas del Estado o en agentes de la siniestra policía patriótica. Desde que la jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió la causa del 8M para tratar de averiguar si altos cargos del Gobierno Sánchez cometieron alguna imprudencia en la autorización de la manifestación cuyo resultado fue la propagación exponencial del coronavirus en Madrid y en el resto del país, las filtraciones del sumario a la prensa de derechas han sido constantes. Desde el principio se ha podido advertir el tufo a manipulación y espectáculo que tales filtraciones desprendían con un solo y único objetivo: contribuir al clima de crispación y desestabilización en medio de una situación tan grave como es el estado de alarma por la mayor crisis sanitaria de la historia contemporánea de España. Los dosieres de la Benemérita han resultado escasamente rigurosos, cuando no tendenciosos, sobre todo teniendo en cuenta que ningún estudio científico ha podido determinar hasta la fecha una relación de causa efecto entre la manifestación feminista y la pandemia. Por si fuera poco, aquellos días se celebraron multitudinarios mítines políticos (el Congreso nacional de Vox, por ejemplo), partidos de fútbol y grandes fiestas en discotecas. Nada de eso está siendo investigado, lo que pone de manifiesto que el proceso abierto apunta a una causa general contra el feminismo, y ahí estaban los dosieres filtrados con el propósito claro de dañar al Gobierno. Todo ello lleva a pensar que la decisión de Marlaska de cesar al coronel Pérez de los Cobos se debió a la “pérdida de confianza” del alto mando de la Guardia Civil, tal como mantiene la versión oficial del ministro. La historia está plagada de casos en los que los diferentes gobiernos del PP han prescindido de cargos policiales y militares que no eran de su cuerda.

Sin embargo, la operación de acoso y derribo sigue en marcha y nada ni nadie va a detenerla hasta conseguir una crisis institucional. Ayer mismo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, las derechas continuaron dando rienda suelta a la teoría de la conspiración y volvieron a exigir la dimisión de Marlaska. Por la mañana los periódicos habían recibido la consiguiente munición y veneno de las cloacas, como esa nota interna en la que María Gámez, directora general de la Guardia Civil, expone que el cese de Pérez de los Cobos se produjo porque este no dio cuenta a sus superiores de la existencia del sumario del 8M. En ese documento Gámez reconoce por escrito que el coronel fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, según publicó El Confidencial. En realidad no se dice en esa circular que Marlaska pidiera saber el contenido concreto y detallado de los informes policiales −que forman parte del secreto de sumario por orden judicial y a los que ni siquiera un ministro puede acceder sin quebrantar el sagrado principio de separación de poderes−, sino que Pérez de los Cobos, como cargo de confianza que era, debió haber informado al menos de que algo se estaba moviendo en los juzgados.
En cualquier caso, la ‘operación 8M’ tramada por PP y Vox para derrocar al Gobierno a cuenta de la pandemia está causando un grave daño a la Guardia Civil. Hoy mismo se ha sabido que la Benemérita ha incluido en sus dosieres secretos para la jueza (quizá no tan secretos, ya que siempre terminan aireándose en los periódicos) otra prueba de dudosa procedencia: en este caso una conversación informal y a micrófono abierto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una reportera de la cadena ETB, antes de una entrevista, en la que la titular del departamento llega a reconocer que la menor afluencia de público a la manifestación del Día de la Mujer se debió al miedo al coronavirus. Una vez más, una prueba de escaso valor jurídico que vuelve a poner en cuestión la profesionalidad de ciertos miembros del benemérito cuerpo.
Como era de esperar, PP y Vox se han lanzado sobre la carnaza fresca. El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha considerado que el “caso Marlaska” es ya “el caso Sánchez” y supone “una injerencia como ninguna otra había ocurrido en la Guardia Civil” desde la época de Luis Roldán y el Gobierno socialista de Felipe González. En el colmo del esperpento y la exageración, los populares le han colgado el cartel de “señor X” a Sánchez, atribuyéndole el carácter de muñidor de un supuesto nuevo caso GAL. Un espectáculo político denigrante que sin duda salpicará a la Guardia Civil, una institución que hasta ahora gozaba del respeto y el cariño de la ciudadanía. El rigor científico y legal y la capacidad operativa del cuerpo fundado por el Duque de Ahumada habían sido alabados y reconocidos por organismos como Interpol y por las policías occidentales. Toda esa brillante hoja de servicio puede quedar ahora emborronada, manchada por las maniobras y sucias componendas políticas del dúo PP/Vox en su oscura estrategia de derrocar al Gobierno a toda costa. Otra nefasta noticia para la democracia española.

Viñeta: Igepzio