LA CACICADA DE ESCRIVÁ

(Publicado en Diario16 el 16 de diciembre de 2020)

Algunos medios de comunicación han filtrado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prepara un borrador para modificar el cálculo de la pensión por jubilación, aumentando el período cotizado de 25 a 35 años, una medida que de llevarse a cabo tendría más bien poco de socialista. Y nos explicamos: aumentar a 35 los años efectivamente trabajados supondrá inevitablemente una merma en los derechos laborales, ya que a cientos de miles de españoles se les contabilizará el período con salarios y cotizaciones más bajas, lo que conllevará pensiones también más escasas.

Medidas de esta guisa hacen que muchos votantes del PSOE pierdan la fe y la confianza en su partido y lleva a preguntarnos si es que el ministro no ha encontrado un sistema más dañino para la clase trabajadora y para lograr la sostenibilidad de la hucha de las futuras pensiones (siempre en peligro) que exprimir hasta la última gota la vida laboral de millones de ciudadanos. Si a esto unimos que Escrivá pretende impulsar un aumento de la edad legal de jubilación a 66 años desde el mes de enero; que la reforma laboral se aplaza una y otra vez, sine die, para no enfadar a la patronal y a las derechas; y que el salario mínimo interprofesional (SMI) quizá no suba más de un raquítico 0,9 por ciento en 2021 −cuando en la mayoría de los países europeos la tendencia es ir dotando de mayor poder adquisitivo a los trabajadores, tal como aconseja la Unión Europea como forma de proveer de un escudo de protección frente a la pandemia a las clases más desfavorecidas− ya tenemos suficientes datos como para concluir que un nuevo giro a la derecha del PSOE, por influencia de la superministra Nadia Calviño, está servido para desgracia del socialismo y de la izquierda española.

Como no podía ser de otro modo, Unidas Podemos ya ha alertado de la cacicada laboral de Escrivá, que según fuentes consultadas por Diario16 está provocando nuevas tensiones en el seno del Gobierno de coalición. Tras meses de públicas discrepancias y desencuentros entre las dos almas del Consejo de Ministros, llegamos a la hora de la verdad, a la batalla ideológica decisiva entre los socialistas de salón entregados a razones inconfesables y al Íbex 35 y los verdaderos militantes de la causa obrera. No hay cuestión más importante para un proyecto de izquierdas que la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores tras cuarenta años de lucha democrática. Ahí es donde radica el socialismo de verdad, ahí es donde está la esencia del pensamiento progresista, y claudicar de ese programa fundamental supone abdicar de la izquierda y dejar a la famélica legión, a los desahuciados y náufragos del socialismo, en manos de la extrema derecha de nuevo cuño.

Durante la pandemia nos hemos hartado de escuchar por boca de Casado y Abascal que con el sanchismo llegaba el comunismo, el colectivismo chavista, la dictadura del proletariado, los okupas y muchos desastres más, y ahora resulta que Escrivá se pliega a los dictados de la patronal y se convierte en el corderito o mascota de la peor derechona de este país. Con compañeros de gabinete tan dóciles con los poderes fácticos no extraña los disgustos y enfados que se agarra Yolanda Díaz, una mujer íntegra que está obrando el milagro de hacer política de Estado, arriba en las esferas del poder, sin renunciar a sus principios más básicos. Díaz es la mujer que necesita la izquierda española, el recambio perfecto de ese socialismo oxidado, trasnochado y reciclado como combustible para que siga funcionando esa prodigiosa y formidable maquinaria ultraliberal (con sus engranajes y rodamientos de la corrupción) que es la obsoleta economía española. Debe resultar ciertamente desolador llegar al Consejo de Ministros y encontrarte con una serie de caras desubicadas que parecen haberse equivocado de lugar, ya que encajarían mejor en cualquier otro Gobierno, véase uno del PP.

Con sus propuestas de corte conservador (por no llamarlas directamente estafa a la clase trabajadora) a Escrivá habrá que ir etiquetándolo como el octavo pasajero de Moncloa, un hombre que trabaja desde dentro para erosionar los derechos laborales de la ya maltrecha clase obrera. Con socialistas así, con gente como Escrivá que cada vez se parece más a Montoro, no necesitamos de Casados, ni Garamendis, ni Abascales promoviendo el nuevo esclavismo del siglo XXI.    

Isa Serra acaba de decir que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será “ir hacia atrás” y tiene más razón que una santa la portavoz morada. Y no solo por el contenido del infame borrador que prepara el ministro, sino porque esa medida, un ataque directo a las futuras pensiones, no figura en el acuerdo de Gobierno de coalición, de modo que es una nueva traición a los postulados y principios socialdemócratas. A Escrivá habría que decirle que no se trata solo de garantizar el sistema público de pensiones, que también, sino de que los futuros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, ya que por este camino las jubilaciones que nos quedarán de aquí a unos cuantos años serán de risa, no darán ni para pipas, y tendrán poco que ver con las que hemos disfrutado estas cuatro décadas de más que decente Estado de bienestar.

La semana que nos están dando los ministros del PSOE es para enmarcar. Primero nos congelan el SMI para escamotearle 50 euros de miseria a los obreros mileuristas y ahora nos ponen a trabajar hasta los 65, robándonos una parte de nuestra merecida jubilación. Lo dicho, una cacicada infecta. Las caretas van cayendo. Quedan desnudos los que no predican la coherencia entre los discursos y los hechos.

Viñeta: Pedro Parrilla

LOS EUROESCÉPTICOS

 

(Publicado en Diario16 el 15 de diciembre de 2020)

Los buques de guerra de la Marina británica dispuestos para salir a patrullar en el Canal de la Mancha. Los camiones españoles agolpándose en largas colas en los pasos fronterizos de Calais. Toneladas de fruta y verdura echándose a perder antes de llegar a las tiendas y centros comerciales. Y millones de contratos firmados entre empresas de Reino Unido y países europeos a la papelera. Son las consecuencias nefastas de un Brexit, que a falta de acuerdo entre Londres y Bruselas, empieza a pasar factura a la economía mundial. El miedo al colapso y al aislacionismo de Boris Johnson y su pandilla de iluminados euroescépticos se percibe ya en las Bolsas internacionales, donde se temen fuertes pérdidas si a finales de año se consuma la ruptura sin un pacto aceptable para ambas partes.

Los trumpistas de este lado del Atlántico han conseguido colocar su discurso fake en la ciudadanía. A fuerza de mentiras, se ha propagado la idea de que lo primero es la defensa de la soberanía y los intereses de los ciudadanos nacionales (patriotismo decimonónico y xenofobia nacionalista); la primacía de los mercados locales por encima de los proyectos comunitarios o globalizantes (autarquía, egoísmo del dinero); el rechazo a las directivas europeas que se consideran imperialistas y discriminatorias (de nuevo la patraña patriotera); y el repudio de cualquier política económica que tenga por objetivo la cohesión y solidaridad social. En realidad, bajo el disfraz de defensor de la libertad y de los valores patrióticos, los euroescépticos esconden un profundo supremacismo, un negacionismo a ultranza, una defensa de los privilegios de las élites y un racismo (económico y filosófico) consistente en la idea de que a los vagos y morenos vecinos “pigs” de los países del sur no se les debe dar ni agua (mucho menos una ayuda o subvención oficial para que puedan avanzar y progresar bajo el noble principio del reparto de la riqueza, que los eurófobos han liquidado con el falso pretexto de la amenaza comunista).

En medio de una pandemia como la que estamos viviendo, la peor noticia para Europa es que ha terminado imponiéndose la ideología ultra, xenófoba y populista de un señor con bombín como Johnson que empezó negando el coronavirus, continuó apostando por el contagio masivo de su población para lograr la inmunidad de rebaño y ha terminado blindando la economía a costa de cargarse el turismo en las Canarias y Baleares. Hoy, desbocado ya el virus, su derrota moral no tiene paliativos y se ha visto obligado a adoptar (a regañadientes) las medidas de confinamiento más restrictivas del mundo occidental.

El virus del neofascismo blando que recorre el viejo continente es sumamente contagioso y la UE tiene un serio problema, no ya al otro lado del Canal de la Mancha, sino en el corazón mismo de la Europa central y oriental, donde se han consolidado los populismos de extrema derecha en países como Hungría, con Viktor Orbán al frente de la Fidesz-Unión Cívica Húngara, y Polonia, con el partido Ley y Justicia. Ambos movimientos ultras han logrado que cale en la ciudadanía el discurso de la “revolución robada”, una teoría según la cual las nuevas élites democráticas no se distinguen de los antiguos jerarcas comunistas, por lo que es preciso desalojarlas del poder para devolver la libertad al pueblo.

El fenómeno antieuropeísta se propaga como la pólvora desde Gibraltar hasta los Urales, como demuestra el proyecto italiano de la Liga Norte liderado por Matteo Salvini, el alemán Alternativa para Alemania, los Verdaderos Finlandeses, el Partido Popular Danés y Vox en España. Gente nostálgica de las fronteras de siempre que tantas guerras nos trajeron. Gente inmoral que asume la guerra de todos contra todos en aras del ideal patriótico y que ha renunciado a utopías como el Estado de bienestar, la socialdemocracia, la igualdad y la paz entre las naciones. La idea de que es preciso rebelarse en las urnas para cambiar la Europa de los burócratas y banqueros ha calado hondo y ahora pagamos el precio del cáncer con un Brexit que salvo milagro de última hora será duro y sumirá a la vieja Europa en una crisis institucional sin precedentes.

La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 1 de enero, pero el temor a la escasez y al desabastecimiento de productos se ha disparado ya en el Reino Unido. Ningún inglés sabe a esta hora cómo va a terminar esta disparatada y enloquecida aventura del Brexit que llega en el peor momento para la humanidad. La situación en la frontera es “catastrófica”, según asegura el delegado regional en el Paso de Calais de la Federación Nacional de Transportistas por Carretera, Sébastien Ribera. “A la anticipación del Brexit se le añade que con la covid-19 no hay turismo, así que las compañías marítimas han reducido las rotaciones y hay menos ferris actualmente. Es el cóctel que nos ha llevado a esta situación, con atascos kilométricos y entre cinco y seis horas de espera para cruzar”, asegura.

La bienintencionada presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se muestra pesimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con Boris Johnson, un hombre tozudo y profundamente reaccionario que según quienes le conocen siempre lleva su patriotismo exacerbado hasta sus últimas consecuencias. El rubio líder anglosajón no dará su brazo a torcer, está dispuesto a todo, incluso a cerrar fronteras y poner a patrullar las fragatas de Su Majestad, lo cual sería nefasto para la economía británica. Con el tiempo, los ingleses irán cayendo en la cuenta de que están solos en su delirio imperialista y del grave error que han cometido votando a opciones políticas construidas alrededor de la patraña, el patrioterismo más zafio y el viejo bulo del Europa nos roba. Cuando entren en el supermercado y se encuentren con que una botella de Rioja o de aceite puro de oliva virgen −el oro español del que habla el chef José Andrés−, están por las nubes, se lamentarán y se les llenarán los ojos de lágrimas. Para entonces los fatuos salvapatrias como Johnson ya no estarán en política, pero su legado político quedará para la historia de la infamia.  

Viñeta: Igepzio

EL TÍTULO HONORÍFICO

(Publicado en Diario16 el 15 de diciembre de 2020)

¿Qué ha ocurrido con la información de TVE que apuntaba la posibilidad de que Juan Carlos I sea despojado de su título honorífico de rey emérito tras el escándalo de sus cuentas y patrimonio oculto? Hace unos días fuentes próximas al ente público daban por seguro que Zarzuela y Moncloa estarían valorando opciones para reducir el impacto social y mediático de la hipotética vuelta a casa por Navidad del monarca abdicado. Sin embargo, la noticia fue inmediatamente desmentida tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez como por Casa Real. Ambas instituciones niegan rotundamente que haya existido ningún tipo de acuerdo o plan para proponerle al patriarca de la Transición la retirada de su condición vitalicia a cambio de retornar al país en las fechas navideñas. La noticia −emitida en el Canal 24 Horas, en RNE y en la web de la corporación−, aseguraba que “fuentes próximas al rey emérito han informado que Zarzuela y Moncloa estarían valorando opciones para minimizar el impacto de su posible vuelta, entre ellas la retirada del título de rey, como forma de reducir la presión sobre el actual jefe del Estado y la institución de la Corona”. ¿Qué ocurrió entre la difusión de esta impactante información y el posterior desmentido de ambas instituciones? ¿Quién cometió el error de divulgar la noticia citando “fuentes próximas al rey emérito”?

El misterio, varios días después del titular sensacional, sigue sin estar resuelto y podría ser el argumento perfecto para una novela de intriga del gran John Le Carré, que ayer mismo nos dejaba para siempre. Parece difícil digerir que un periodista de “La Casa” acostumbrado a redactar noticias siempre avaladas por fuentes oficiales pueda arriesgarse a lanzar semejante bulo sin tenerlo todo atado y bien atado, nunca mejor dicho. Sin embargo, es evidente que algo ha fallado. Y aquí caben varias interpretaciones, entre ellas tres principalmente. La primera, que el redactor o redactora se tirara a la piscina por el afán de la exclusiva, aunque hasta donde se sabe nadie en la dirección de TVE le ha abierto un expediente disciplinario por la supuesta metedura de pata, de modo que no parece que el error esté en el procedimiento periodístico y cabe concluir que el profesional cumplió con su tarea con todo rigor. La segunda hipótesis es que alguien en el Gobierno haya lanzado un globo sonda para comprobar de primera mano cómo la opinión pública española, las fuerzas políticas y los poderes fácticos reaccionaban ante la propuesta. En ese caso la filtración es más probable que partiera de Unidas Podemos, que lleva a cabo una intensa campaña de desestabilización de la Monarquía, que del PSOE, cuyos ministros (también Pedro Sánchez) han garantizado por activa y por pasiva que los socialistas son fieles a Felipe VI.

Y en tercer lugar estaría la versión de que Zarzuela, al verse arrinconada por las noticias sobre los últimos escándalos del rey emérito (tarjetas opacas, comisiones millonarias, testaferros, etcétera) se mostrara en un primer momento dispuesta a tomar medidas drásticas para salvar la Corona a cualquier precio (incluso castigando severamente a Don Juan Carlos), reculando acto seguido y paralizando in extremis la operación que efectivamente tenía por objeto despojar al viejo monarca de sus derechos dinásticos, una medida que, dicho sea de paso, sería inédita en la historia de España. Las malas relaciones entre padre e hijo son públicas y notorias desde que Felipe VI apartara a Juan Carlos I del núcleo duro de Zarzuela y le retirara la asignación anual, un drama familiar avalado por la propia Corinna Larsen, examante del rey emérito, quien ha aportado detalles de cómo se tramó la conspiración palaciega contra el arquitecto de la Transición, en la que habría participado la reina Sofía y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cualquiera de las tres versiones sobre lo que ha ocurrido estos días (y alguna más que circula en los corrillos, en las redacciones y mentideros políticos) podría ser la buena, pero a falta de confirmación oficial (que probablemente no la haya nunca) lo sensato es concluir que algún tipo de movimiento para reprobar al emérito se ha producido en las más altas instancias del Estado, aunque finalmente es obvio que si ha existido ha sido abortado en el último momento. En ese sentido, será interesante ver qué dice Felipe VI al respecto de la conducta paterna en su tradicional discurso de Nochebuena.

En ese contexto de tensión en palacio se debe encuadrar la reciente propuesta de Juan Carlos I para ponerse al día con Hacienda. La “regularización exprés”, anunciada por los propios abogados del monarca, ha tratado sin duda de aplacar los ánimos encendidos de buena parte de la población española (además de evitar la apertura de un juicio por delito fiscal). El emérito ha debido pensar que para congraciarse de nuevo con su pueblo era una buena idea tragar con una declaración de renta complementaria y abonar algo más de 678.000 euros de cuota defraudada al fisco por el uso de las tarjetas Royal Black. De esta forma podría regresar a casa por Navidad. Sin embargo, es obvio que la jugada no le ha funcionado, el frente republicano se ha recrudecido todavía más y a esta hora puede decirse que la indignación cuaja entre los españoles, que no entienden cómo un señor que lo tenía todo en la vida ha podido dilapidar su reputación enfangándose en turbios negocios en el extranjero. Al emérito no le va a servir de nada reconocer su deuda por las black (unas migajas si se comparan con los 65 millones de dólares de su supuesta donación a Corinna Larsen, con los 10 millones de euros que algunas informaciones le adjudican en Jersey o con los 2.000 millones de fortuna personal que le atribuyen medios de comunicación del prestigio de Forbes o The New York Times tras cuarenta años de reinado).

Podría decirse que nada de lo que haga ya Juan Carlos I podrá lavar su deteriorada imagen y el sistema monárquico constitucional solo podrá salir airoso de esta crisis monumental sin precedentes por un solo camino: que la Justicia llegue hasta el final haciendo valer el principio de que es igual para todos (tal como el propio monarca proclamó en cierto discurso de Nochebuena); que devuelva todo el patrimonio acumulado de forma ilegal; y que renuncie a su título honorífico de rey emérito al que −pese a su innegable contribución histórica en la reinstauración de la democracia en nuestro país− ya no es merecido acreedor. No obstante, cabe recordar que esa renuncia no es tan fácil. Para que don Juan Carlos pierda tan alta distinción sería necesario que el Gobierno Sánchez aprobara un Real Decreto que, por pura lógica, tendría que firmar el hijo del afectado, Felipe VI, y que reformaría la ley de abdicación de 2014. Una iniciativa política que, en plena ofensiva de los militares nostálgicos y con la extrema derecha ganando terreno, entraña no pocos riesgos de desestabilización institucional.

Viñeta: Igepzio 

LA GUERRA DE LAS VACUNAS

(Publicado en Diario16 el 14 de diciembre de 2020)

Los barones del Partido Popular trabajan ya para patrimonializar las diferentes vacunas que han salido al mercado y que llegarán a la población española en las próximas semanas. Mientras Isabel Díaz Ayuso sigue haciendo trumpismo barato contra el Gobierno de Pedro Sánchez al denunciar que no habrá dosis suficientes para todos los madrileños, en Galicia Núñez Feijóo ha anunciado que confía en empezar la vacunación en la segunda semana de enero, un plan al que parecen querer sumarse otras comunidades autónomas gobernadas por el PP como Murcia y Andalucía. Y todo ello a pesar de que el ministro Illa aún no ha concretado el calendario general para todo el Estado (solo se sabe que el 5 de enero estarán aquí las primeras ampollas). Al igual que los prebostes populares quisieron llegar los primeros a la desescalada tras el confinamiento −en un intento suicida por salvar la economía y el lobby hostelero de tapas y cañas−, ahora pretenden anotarse el tanto de ser los primeros en administrar las sustancias milagrosas, como si estuviesen jugándose el Premio Nobel. El intento por desgastar a Moncloa con este asunto resulta rastrero y patético pero, por lo que se va viendo, el PP casadista no va a renunciar a hacer guerra política también con el asunto de los antídotos, una cuestión que debería ser asunto de Estado pero que Génova 13 pretende convertir, una vez más, en herramienta de propaganda electoral partidista.

Desde que estalló la pandemia, Pablo Casado no ha hecho otra cosa que poner palos en las ruedas del país −el “cuanto peor mejor” en la línea del trumpismo más descarado con la intención de derribar el Gobierno de coalición− y un bocado tan jugoso como el de las vacunas no iba a ser una excepción. Los discípulos ibéricos de Donald Trump aprenden deprisa del maestro multimillonario neoyorquino, que en plena campaña electoral de las elecciones a la Casa Blanca ya intentó rentabilizar políticamente el descubrimiento de Pfizer para arañar un puñado de votos en las urnas. Díaz Ayuso, como buena trumpita que es, sigue a rajatabla esta estrategia en la creencia de que quien llegue primero a la vacuna tendrá primero el poder. Ahora que acabamos de perder a John Le Carré, el gran maestro de la novela de espionaje, de la Guerra Fría y de las oscuras conspiraciones políticas, asistimos al espectáculo denigrante y lamentable de un partido filoyanqui que sueña con hacer su propia carrera armamentística con el ansiado medicamento y que no ve la vacuna como un gran logro científico para toda la humanidad, sino como el arma definitiva para ganar votantes en sus respectivos terruños y para derrotar al enemigo rojo, que en este caso no es el mundo soviético sino el sanchismo bolivariano, a quien los populares acusan de todos los males del país. Al igual que Panoramix −el druida de la aldea del cómic Astérix− era capaz de fabricar la poción mágica suficiente para derrotar a los romanos, los Ayuso, Feijóo, López Miras y Moreno Bonilla creen haber encontrado la fórmula sobrenatural para doblegar al dúo socialcomunista Sánchez/Iglesias. Nos encontramos, sin duda, ante un nuevo delirio casadista, un plan descabellado, cuando no una nueva muestra de deslealtad manifiesta. Apenas unas horas después de que Casado haya anunciado su intención de reducir a ceniza la ley educativa o Ley Celaá en las comunidades gobernadas por el PP (con el objetivo de “seguir garantizando la libre elección de las familias para elegir centro escolar, blindar a la concertada y a la especial, garantizar una educación de calidad impidiendo la promoción con suspensos y proteger el castellano”) nos encontramos con esta nueva maniobra sanitaria espuria de las vacunas. Cada día que pasa, el partido conservador da un paso más en su escalada de crispación y ya ha pasado de la demagogia barata a la rebelión o insumisión en todos los frentes. 

Los populares están reformando la Constitución por la vía de los hechos consumados, de tal manera que cuando les interesa se transforman en federalistas radicales y aplican el soberanismo cañí, o sea que pasan mucho de las leyes del Estado. A este paso Pedro Sánchez no tendrá más remedio que empezar a aplicar el 155 a discreción y a mansalva a madrileños, gallegos, andaluces y murcianos porque de lo contrario España se tornará ingobernable (como los CDR de Quim Torra) y devendrá, esta vez sí, en Estado fallido por desobediencia, deserción y deslealtad de todos aquellos que van por libre en un extraño fenómeno de independentismo españolista. No deja de sorprender que aquellos que más presumen de patriotas sean al final los que se encierran a cal y canto en su feudo, taifa o diminuto ciego provincianismo solo por darle una patada en la espinilla al presidente del Gobierno, al que no reconocen legitimidad sencillamente porque no saben perder (el mal de Trump que se les ha metido en el cuerpo) y por una deficiente concepción de la democracia que viene de los tiempos del franquismo.

El PP ha empezado su propia campaña de vacunación, que va más allá de inmunizar a la población y que pretende inocular al personal el odio antisanchista, un virus mucho más peligroso y mortífero aún que el covid-19 por lo que tiene de peligro para la convivencia. Asistiremos por tanto al vodevil del cacique de turno retratándose ufano y orgulloso ante un camión de Pfizer cargado de inyecciones con la etiqueta de la gaviota azul en un intento por colgarse la medalla de haber sido el primero en llegar a la curación de sus sufridos paisanos. Franco inauguraba pantanos con agua, pero es que estos abren hospitales vacíos sin quirófanos y dan el tijeretazo a la cinta con la bandera española de unos palés con vacunas que ni siquiera han inventado ellos y que es patrimonio y éxito de todos. Tan grotesco y kafkiano como preocupante.

Viñeta: Igepzio

ODIO Y FUEGO

(Publicado en Diario16 el 11 de diciembre de 2020)

El incendio en la nave de Gorg-Badalona que ha costado la vida a tres personas y heridas a otras 17 ha destapado las condiciones de vida deplorables en las que viven decenas de personas en el feudo de Xavier García Albiol, el líder del PP local que en los últimos años se ha destacado por su discurso abiertamente populista contra la inmigración. A esta hora ya se sabe que en el edificio incendiado vivían entre 150 y 200 personas, todas ellas en condiciones de vida lamentables más propias de un caótico campamento de refugiados de Lesbos que de una Cataluña próspera y avanzada. El suceso −que de no ser por la rápida y eficaz intervención de los bomberos podría haber terminado con más víctimas mortales−, ha causado tal indignación en la ciudad que ayer tarde decenas de personas se echaban a la calle en una manifestación multitudinaria para exigir una “vida digna”.  

Los vecinos de Badalona conocen desde hace años la triste historia del edificio de Gorg, cuya desastrosa situación humanitaria se viene manteniendo en el tiempo sin que nadie le haya dado una solución. El inmueble vacío se había convertido en refugio improvisado de migrantes, la mayoría de ellos senegaleses en situación irregular que se ganan la vida buscando chatarra y recogiendo muebles viejos. Hasta donde se sabe, quienes allí vivían (por decir algo lo de vivían) habían sido abandonados a su suerte, sin duda como consecuencia de las políticas ultras e insolidarias que Albiol viene aplicando desde hace años en aquel municipio barcelonés. Es conocido que el polémico líder local popular es una especie de Trump a la catalana que no dudaría en levantar un muro de hormigón en su pueblo para que no entre allí ni un solo extranjero. Hablamos de un hombre que alcanzó la Alcaldía en 2011 gracias a un discurso xenófobo que caló en los barrios más populosos y degradados, alguien que recurrió al vergonzoso lema “limpiando Badalona” y “primero los de casa” para llegar al poder. Todavía se recuerda cómo en los meses anteriores a los comicios editó unos panfletos que vinculaban a los gitanos rumanos con la delincuencia, además de calificarlos como “una plaga que solo ha venido a delinquir”. “O aceptan nuestros valores o que se vuelvan por donde han venido”, dijo en una famosa sentencia que se adelantó varios años al trumpismo más racista que hoy recorre Europa como un espectro.

Hoy podemos decir que las propuestas ultras de Albiol han fracasado pese a que el sheriff de Badalona, azote de africanos y manteros, sigue siendo el mismo hombre y sigue echando los mismos sermones demagógicos. A falta de que las fuerzas de seguridad terminen de esclarecer las causas del fuego en la nave de Gorg, varias organizaciones cívicas, oenegés y la oposición política han cargado contra el alcalde por “criminalizar” y “culpabilizar” a las víctimas del incendio y por fomentar el racismo y la xenofobia. Sugerir que los inmigrantes que malvivían en la nave abandonada, como hace Albiol, generaban “conflictos” e “inseguridad” para el vecindario –“tráfico de drogas, robos, amenazas y otros problemas de convivencia”− no solo es un insulto a las víctimas sino un sarcasmo político, ya que a fin de cuentas el inmueble destruido se encuentra en el término municipal que gobierna el alcalde y con la lógica en la mano la seguridad y la salubridad de las personas que allí se hacinaban era competencia exclusiva del ayuntamiento de la ciudad.

Por si fuera poco, el primer edil se ha referido despectivamente a las personas que habitaban la nave incendiada como “okupas”, ha admitido que el consistorio conocía la situación del inmueble y ha reconocido que “la aglomeración de personas malviviendo no es ninguna novedad”. Además, tal como era de esperar, Albiol ha aprovechado para comprar el discurso de la extrema derecha populista al lamentar que “la ley de este país no permite ni que el Ayuntamiento ni la Policía puedan entrar en un local sin autorización judicial”. Es decir, como siempre la culpa es del Gobierno rojo bolivariano, ese que da cobijo a los okupas y ofrece trabajo a los de fuera en lugar de a los españoles. Todo menos asumir que su gestión municipal en materia de derechos sociales e integración de extranjeros está siendo nefasta.

A esta hora se desconoce en qué situación se encuentran los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona, esos que deberían ser los encargados de atender a los pobres infelices de Gorg, aunque no hay que poner demasiada esperanza. Ya se sabe que de ultraliberales populistas como Albiol no cabe esperar demasiada inversión pública en nada ni demasiada sensibilidad social. De hecho, aunque el alcalde se ha mostrado dispuesto a ayudar a las personas que han perdido el mal techo que les cobijaba tras el incendio, ha recordado que “es evidente que el Ayuntamiento de Badalona no puede estar pagando el hospedaje eternamente de nadie y menos a personas que estaban okupando”.

De momento el Síndic de Greuges ya ha abierto una investigación de oficio para conocer qué ha pasado realmente en Gorg. El Síndic quiere saber cuándo se tuvo constancia de la ocupación de la nave, el número de personas que malvivían allí, su situación de acuerdo con el padrón municipal y si había niños. También le ha pedido información al consistorio sobre las actuaciones que han programado las diferentes áreas, especialmente Servicios Sociales, para resolver la situación. Albiol tiene encima de su mesa un marrón, como suele decirse, además de tres personas muertas. Lo cual demuestra que la demagogia populista puede servir para ganar elecciones, pero no para resolver problemas en la vida real.   

Viñeta: La Rata Gris

LAS ROYAL BLACK

(Publicado en Diario16 el 10 de diciembre de 2020)

Ya no hay un solo inspector de Hacienda en este país que no lo tenga claro: a Froilán y Victoria Federica, los nietísimos de Franco, les afecta el supuesto fraude fiscal cometido por el rey emérito. “Va a haber actuaciones contra esas personas beneficiarias de fondos irregulares. Se va a abrir expediente, incluso ya se ha iniciado, pero por el deber de sigilo que asiste a todo contribuyente no se dice nada”, asegura Ramsés Pérez Boga, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. “La Agencia Tributaria podría intervenir, pero dejando que sean la Fiscalía y los jueces los que digan lo que es derecho y lo que no”, asegura el portavoz de la asociación. Además, reconoce que en este asunto los inspectores han tenido constancia de la situación patrimonial del emérito a través de un juzgado, en este caso el Tribunal Supremo, por lo que “la Agencia Tributaria no pudo iniciar acciones legales”, tal como suele ocurrir con un expediente abierto contra cualquier contribuyente por fraude tributario.

De esta manera, las dudas y sospechas crecen cada día: ¿por qué no denunció Fiscalía en su momento? ¿Qué responsabilidad tiene Hacienda en lo que parece una clara ocultación de un ilícito penal? Es evidente que ha habido un trato de favor con el emérito, tanto es así que gracias a la “regularización exprés” el monarca no podrá ser llevado a los tribunales para que responda por delito fiscal. Al primero de los Borbones, una vez más, le han servido la ley a la carta pero esa bula, con ser nefasta para un Estado de derecho, no puede, no debe, extenderse también al resto de la familia, véase las infantas Elena y Cristina y nietos como Froilán y Victoria Federica, que tendrán que pasar por ventanilla, como un españolito más, para explicar los viajes en Uber, los regalos de El Corte Inglés, la yegua y demás prebendas. No es de recibo que cualquier ciudadano de a pie tenga que trabajar toda su vida para reunir 700.000 euros −la cuota defraudada que va a abonar el rey emérito en su declaración complementaria−, mientras al ex jefe del Estado le llueve el maná mexicano, árabe y suizo. Pero mucho menos se puede tolerar que una nueva casta cortesana (similar a las camarillas que en el pasado carcomieron los reinados de tantos monarcas ineptos y corruptos) se acabe instalando en la Corte y se esté dedicando a vivir del cuento, o sea del dinero no declarado del abuelo.

Ahora que, tras el desahucio de los Franco, toda España está viendo con sus propios ojos lo que había dentro del Pazo de Meirás –los cuadros, muebles, bronces, cristales, lámparas, tejidos de seda y tapices− conviene tener en cuenta que la Monarquía debe ser fiscalizada y examinada con lupa, como ocurre con cualquier otra institución del Estado, para que no nos llevemos una nueva sorpresa dentro de otros cuarenta años, cuando se vuelva a hacer inventario en los palacios y comprobemos con estupor que allí había cosas que no tenían que estar. La expropiación de Meirás, de la que todos los demócratas deben sentirse orgullosos (aunque llegue demasiado tarde) nos deja una gran lección de historia: que cuando un país es tolerante con las trapacerías de sus gobernantes está condenado al fracaso como sociedad. Hoy el producto del expolio sale de Meirás, mañana puede ser Zarzuela el desván que dé cobijo al botín. Felipe VI debe tomarse el asunto de las black, las comisiones y los paraísos fiscales como un asunto de Estado de suma gravedad, ya que está en juego no solo el futuro de la institución sino el futuro mismo de España. Ya tarda la Casa Real en impulsar de oficio una reforma de la Constitución que acabe con la inviolabilidad del rey y una ley orgánica o estatuto de funcionamiento interno de la institución que prohíba, bajo severas condenas, los negocios particulares, ingresos en B, regalos y donaciones. Eso para empezar, aunque hemos llegado a un punto en que cualquier medida higiénica se antoja insuficiente porque no garantizará el futuro de la Monarquía, que sale seriamente tocada tras el affaire Corinna.

Isabel Díaz Ayuso, en una de sus cabriolas trumpistas, acaba de reinventar la democracia, un sistema en el que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, un modelo de convivencia donde hay unos que están sometidos al ordenamiento jurídico y otros al imperio de sus caprichos y voluntades. O sea una sociedad de señores y vasallos, de poderosos y débiles, de reyes y súbditos, como en el Antiguo Régimen (no solo el franquista, sino el anterior a 1789). Ayuso nos quiere devolver a la Edad Media, con su derecho de pernada y servidumbres feudales, y por eso la democracia española no debe consentir, ni por un día más, la opacidad, la falta de transparencia y los privilegios y exenciones fiscales.  

Mientras el rey emérito consuma la farsa de su declaración complementaria reintegrando la calderilla de 678.000  euros, una mínima parte del dinero transferido desde la cuenta bancaria del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause; mientras Ayuso reinstaura los principios generales del nuevo Movimiento Nacional en Madrid, enterrando el sagrado principio constitucional de igualdad y elevando al rey a los altares, como si se tratase de una especie de Dios intocable; y mientras los Franco salen del Pazo de Meirás cuarenta y pico años después de la llegada de la democracia a nuestro país, cabe concluir que la Segunda Transición es más necesaria que nunca. La crisis institucional de España es de un calado monumental. Ya no valen vanas excusas, cortafuegos, ni coartadas. Felipe VI se encuentra ante un dilema casi gatopardesco: renovarse o morir. Si la Monarquía se ha convertido en una institución inservible y en un problema para el país, inevitablemente y de forma natural se abrirá paso la solución de la República. Tan sencillo como eso.

Viñeta: Igepzio

LOS NIETÍSIMOS

(Publicado en Diario16 el 10 de diciembre de 2020)

Regalos de El Corte Inglés, taxis en Uber, clases de piano  y hasta una yegua. La black de Zarzuela era un pozo sin fondo y los nietísimos Froilán y Victoria Federica estaban encantandos con las “chuches” del patriarca, a quien el pueblo, siempre tan ingenioso e hiriente, ya ha bautizado en las redes sociales como el “Visa-buelo”. Nunca un mote estuvo tan bien puesto. La investigación fiscal avanza y cualquier cosa puede salir ya del patrimonio oculto del rey emérito, hasta la piedra lunar del Apolo 11 que los yanquis regalaron a Franco y que ahora no aparece en el inventario del Pazo de Meirás. Pero al margen de que Anticorrupción llegue más o menos lejos en este caso (en algún momento alguien ordenará parar las pesquisas para que no revienten las costuras del Estado), cabe plantearse cómo puede ser que haya tanta gente en la Familia Real –hijos, nietos, sobrinos, primos, cuñados y otros− que estén viviendo de gañote, de gratis, by the face, del dinero de una institución pública como es la máxima jefatura del país. No parece que los controles en Zarzuela y las promesas de transparencia hayan funcionado, ya que de lo contrario el dinero negro no hubiese fluido por palacio con la misma facilidad con que lo hacía por los despachos de Génova 13 en los buenos tiempos de la Gürtel.   

Está bien que un abuelo haga un regalo a su nieto de cuando en cuando, e incluso que le deje caer en el bolsillo un aguinaldo o billete grande (ahora que estamos en entrañables fechas navideñas). De lo contrario sería un fraude de abuelo imperdonable para cualquier nieto. Pero cuando empiezan a aparecer las yeguadas, las Visas opacas y las cantidades importantes en negro, alguien tiene que decir basta ya y poner la lupa en las alegrías y estipendios de esa Casa Regia que, no lo olvidemos, vive de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos que pagamos todos los españoles.

Izquierda Unida, que acaba de depositar la fianza de 12.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en el caso, cree que hay indicios de hasta 13 delitos en la conducta de Juan Carlos I, aunque la Fiscalía lleva dos años dando largas al asunto sin meterle mano, bien porque hay respeto o miedo reverencial a la figura del patriarca de la Transición o porque la inviolabilidad diluye cualquier posibilidad de apertura de un proceso judicial. El escándalo se va a aparcando un año tras otro, el listado de sospechas aumenta y cada mañana Zarzuela se levanta con un nuevo sobresalto. A este paso no va a haber declaración complementaria o regularización que pueda tapar semejante agujero. ¿A santo de qué daba un empresario mexicano al emérito cientos de miles de euros sin justificar? ¿Eran donaciones, regalos, contraprestaciones por trabajos realizados por el anciano monarca? Los españoles tienen derecho a saber qué se cocinaba en la Corte, ya que si hubo una transacción mercantil o negocio por medio el asunto sería todavía más grave, ya que estaríamos hablando de algún tipo de cohecho o enriquecimiento ilegal. A fecha de hoy sabemos que cuando menos se ha cometido lo que los expertos en Derecho Financiero conocen como “un ilícito tributario”, es decir, que el monarca abdicado no cumplió con sus obligaciones con Hacienda. La intención de regularizarse, de ponerse al día con los inspectores mediante una declaración complementaria, es de por sí toda una confesión de culpabilidad y una asunción de responsabilidad en toda regla del emérito. Ahora bien, de esa famosa tarjeta black que parecía una fuente inagotable se han beneficiado supuestamente varias personas, no solo él. Lo cual nos lleva a que la obligación de declarar no se ciñe solo al exmonarca, sino también a sus hijas y a sus nietos, tal como han asegurado en las últimas horas prestigiosos expertos fiscales.

En principio no estamos hablando de un delito, pero esa irregularidad debe ser subsanada, porque de otra manera la Administración tendrá que intervenir, liquidar y sancionar al contribuyente que no haya declarado los ingresos en B.

Todo ciudadano debe estar al día con la Agencia Tributaria porque nadie está por encima de la ley. Eso es algo que en un Estado de Derecho no necesitaría más explicación. Sin embargo, ayer mismo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, atribuyó el caso de las tarjetas black de Zarzuela a una “campaña de desprestigio” supuestamente orquestada por el Gobierno de coalición, mayormente por Pablo Iglesias, que pretendería “erosionar las instituciones del Estado” porque ve el horizonte de la Tercera República cada vez más cerca. “Nosotros vamos a defender el legado del rey emérito; lo vamos a defender alto y claro”, alega Montesinos. Por su parte, Espinosa de los Monteros, en nombre de Vox, mantiene que el artífice de la democracia en España no está encausado “en nada”, de modo que hay una “campaña promovida por el Gobierno y sus periodistas afines para intentar desprestigiar a la Corona, no al rey Juan Carlos”. Una vez más, las derechas tratan de construir un relato alternativo, un universo paralelo cuando cualquiera con dos dedos de frente puede ver con sus propios ojos que el único que está trabajando para instaurar la Tercera República en España es el propio rey Juan Carlos con sus desvaríos y ocultaciones fiscales. ¿Cómo puede mantener el Trío de Colón el disparate de que todo este inmenso embrollo que amenaza a una institución como la Jefatura del Estado es producto de una conspiración del Gobierno cuando hasta la Fiscalía suiza, de la mano del fiscal Yves Bertossa, está tirando de la manta y de los negocios secretos de Don Juan Carlos? ¿Acaso Bertossa es también un agente secreto del chavismo internacional? Las teorías de Pablo Casado son cada día más delirantes.

Viñeta: Pedro Parrilla