GUERRA ABIERTA EN EL PODER JUDICIAL

(Publicado en Diario16 el 16 de enero de 2020)

Un país no puede avanzar sin unos jueces bien preparados, valientes, justos e imparciales. Que la Justicia española adolece de graves defectos y carencias es algo que vienen repitiendo hasta la saciedad, desde hace años, los más prestigiosos juristas. Sin embargo, ningún partido se ha tomado en serio el SOS y hoy nos encontramos ante un panorama desolador donde quizá el mayor problema de todos, casi un cáncer incurable, es la preocupante politización de los órganos jurisdiccionales. Políticos nombrando a jueces de las más altas instancias en función de sus intereses particulares; sentencias que favorecen descaradamente a los bancos, dejando en la cuneta a cientos de miles de consumidores estafados (véanse los denigrantes casos de las hipotecas y del Banco Popular); y para colmo de males un juicio, el que se ha seguido contra los líderes soberanistas del “procés”, que ha adolecido de graves fallos en lo que se refiere a las garantías y derechos de los acusados, tal como ha concluido la Justicia Europea.
En ese turbulento contexto que desacredita uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, la última polémica ha estallado a cuenta del nombramiento de la ex ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. La decisión de Pedro Sánchez, sin duda estratégica y con la intención clara de controlar a los cuatro “fiscales indomables” que deberán tomar decisiones trascendentales en las próximas semanas en relación con la ejecución de la sentencia del “procés” y la situación penitenciaria de los condenados, ha soliviantado al estamento judicial. Como era previsible, el vicepresidente Pablo Iglesias ha salido de inmediato al contraataque (si para algo está aquí es para marcar el músculo ideológico del nuevo Gobierno de coalición de izquierdas) y ha asegurado en una entrevista en televisión que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado “en mal lugar” a la Justicia española, lo cual, a su juicio, supone una “humillación para el Estado”. Por si fuera poco, ha defendido el nombramiento de Delgado y ha pedido calma para que la dejen trabajar.
La declaración de Iglesias ha caído como una bomba en el estamento judicial, un mundo siempre tan corporativista. Ayer mismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de Gobierno de los jueces, pedía “prudencia” y “mesura” a los políticos, y más concretamente a los miembros del Gobierno, en clara alusión a Iglesias aunque sin citarlo. El cruce de declaraciones demuestra que ha estallado una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y eso que no ha transcurrido ni una semana desde la formación del nuevo gabinete de Moncloa. Las derechas no pierden el tiempo ni la oportunidad de montar un pollo por cualquier cosa.

Pero más allá de razones (ambas partes tienen la suya) y de escenificaciones, el intercambio de golpes entre jueces y miembros del Gobierno debe llevarnos a una primera reflexión urgente: España no puede seguir ni un día más con esta Justicia de todo a cien. No seremos un país homologado a la europea mientras el Poder Judicial no sea auténticamente fuerte e independiente y mientras siga estando sometido a tales tensiones internas y externas, a tales gallineros, a tales sainetes y espectáculos vodevilescos que por momentos convierten nuestra Administración de Justicia en una especie de Corral de la Pacheca, con su alboroto diurno y nocturno, su tablao ruidoso y su griterío flamenco en medio de una nube de humo y ambiente etílico.
España necesita tranquilidad, sosiego, pero sobre todo necesita acometer de una vez por todas una reforma en profundidad de sus juzgados y tribunales que permita al país contar con una Justicia moderna, avanzada, seria y absolutamente imparcial. En esa línea, la reforma radical de la Fiscalía General del Estado sería una buena forma de empezar a corregir errores que parten de la promulgación de la Constitución del 78, cuando se optó por diseñar una Fiscalía íntimamente dependiente del Gobierno. Así, el artículo 124.4 de la Carta Magna establece claramente que “el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. A propuesta del Gobierno, ¿qué más se puede decir?
Después de acometer la siempre aparcada reforma de la Fiscalía nuestros parlamentarios podrían tratar de solucionar otros asuntos perentorios como la excesiva dependencia del Tribunal Constitucional del poder político, así como en general la politización del CGPJ y otras graves deficiencias detectadas en el funcionamiento de nuestro Tribunal Supremo. Pero todo eso llevará su tiempo. De momento lo que tenemos es un Poder Judicial que ha reaccionado visceralmente ante un Pablo Iglesias que no ha hecho sino poner de manifiesto algo que todo el mundo sabe: los evidentes errores y excesos cometidos por nuestra Justicia en el asunto del “procés” (afeados por Europa) y que Dolores Delgado cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Constitución y en el Estatuto del Ministerio Público para ser fiscal.
No es la primera vez que el Gobierno incurre en una supuesta injerencia poco estética en la Justicia, pero a fin de cuentas legal (el PP sabe mucho de eso). Ni tampoco es la primera vez que los jueces reaccionan defendiendo su imparcialidad supuestamente amenazada. En abril de 2018, por ejemplo, la judicatura expresó otra airada protesta después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera en una entrevista que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de La Manada, Ricardo Martínez, tenía algún “problema singular” y que “todos lo sabían”.
Anteriormente, en marzo de 2010, el CGPJ hizo pública otra declaración institucional en defensa de la independencia judicial, después de que personalidades políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y Francisco Caamaño, o el expresidente del Congreso José Bono salieran en defensa del ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien finalmente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.
Ayer, la Comisión Permanente del CGPJ volvió a emitir una declaración institucional para pedir, una vez más, “moderación, prudencia y mesura”, esta vez dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno, a quien insta a abstenerse de hacer una “utilización política de la Justicia” y de “cuestionar su independencia”. Un comunicado legítimo, sin duda, pero que nada resolverá, ya que las nefastas injerencias entre ambos poderes del Estado seguirán produciéndose simple y llanamente porque están admitidas en nuestro ordenamiento jurídico. La politización de la Justicia y la judicialización de la política no se evitarán con comunicados más o menos duros. Mucho más efectivo sería que sus señorías togadas se plantaran de una vez por todas con una huelga indefinida en toda regla para exigir que el Gobierno, sea este u otro, solucione de una vez el cachondeo intolerable en el que ha caído nuestra siempre abandonada y maltrecha Administración de Justicia.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

MARILÓ MONTERO, ISABEL SAN SEBASTIÁN Y EL PIN ANTIFASCISTA

(Publicado en Diario16 el 15 de enero de 2020)

Los pines antifascistas que Pablo Iglesias y Alberto Garzón lucieron en las solapas de sus chaquetas durante el acto de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, en presencia del rey, han vuelto a remover la bilis, la rabia y el rencor de la España carpetovetónica. Las televisiones y tertulias radiofónicas han dedicado amplios espacios y programas al análisis del famoso triángulo rojo, un símbolo con el que los nazis estigmatizaron brutalmente a los presos políticos recluidos en los abominables campos de exterminio. Los intelectuales, los socialistas y comunistas, los miembros de la resistencia y en general los opositores al Tercer Reich que eran detenidos y conducidos a Auschwitz, Mauthausen o Dachau eran marcados con el maldito triángulo, que hoy se ha convertido en todo un símbolo contra el totalitarismo en el mundo.
El gesto de Iglesias y Garzón no tuvo nada de provocación, ni de irreverencia, ni de frentismo guerracivilista, como dicen algunos. Al contrario, fue un acto noble de recuerdo, un homenaje a los millones de asesinados en los hornos crematorios construidos por Hitler y sus ángeles exterminadores. En política es necesario tener un punto de activismo porque si no se corre el riesgo de caer en la indiferencia, en la desmemoria y en el tedio. Hay que recordar permanentemente para no caer en los viejos errores, volver a la historia una y otra vez, empaparse con el horror de aquellas páginas negras que nunca más deben repetirse.
Sin embargo, lo que debería entenderse como un acto de justicia y reparación moral ha sido interpretado por las derechas como un ataque directo, un eslogan bélico y una declaración de guerra. Que todo eso lo diga Santiago Abascal, un líder sectario que tiene que vender a toda costa y como sea su rancio y caducado programa político, no extraña lo más mínimo (se entiende que la caza, los paseos a caballo y las horas machacándose en el gimnasio apenas le dejan tiempo al hombre para leer buenos libros de historia, véase Gabriel Jackson, Paul Preston, Ian Gibson y otros prestigiosos hispanistas).

Pero más allá de eso, produce cierto sonrojo y rubor comprobar cómo rostros mediáticos que se supone con estudios superiores y que ahora van de escritores por la vida pueden llegar a convertir lo que es una simple y legítima cuestión de homenaje a miles de víctimas de la barbarie en un asunto para la polémica y el escándalo. Nos referimos, claro está, a Mariló Montero, esa presentadora de magacines matutinos metida a escritora que ha debido pensar que el mundo no podía seguir girando si ella no lo alumbraba con su bella prosa, sus novedosos pensamientos e ideas filosóficas de prêt-à-porter. Montero pertenece a esa nueva hornada de literatos famosetes que creyéndose imbuidos por el espíritu de Zola y aprovechando sus buenos contactos con las grandes multinacionales editoriales −esas mismas que publican a cualquier bocachanclas, siempre que dé dinero, mientras los autores de talento se mueren de hambre y de olvido− escriben porque hoy quien no firma un libro es un don nadie. La Montero, Mariló, que tiene una especial habilidad para meterse en jardines y charcos de prime time, da mucho juego en los platós, con o sin novela. El astuto Risto Mejide olió la sangre y le puso el capote delante en su programa Todo es mentira y ella, que en principio iba al plató a hablar de su libro, entró al trapo y acabó despotricando de Pedro Sánchez, de los pines antifascistas y sobre todo de Iglesias, a quien por lo visto aún no ha perdonado que un día soñara con “azotarla hasta que sangrase”, un desafortunado episodio por el que el hoy vicepresidente del Gobierno ha pedido perdón (algo que le honra) en más de una ocasión.
Pero la Montero no es la única intelectuala de nuevo cuño próxima a la caverna mediática a la que no le ha gustado que los nuevos ministros se pongan una insignia roja en la solapa. En el programa de Ana Rosa, Isabel San Sebastián (otra más de derechas que el himno de Pemán) se enzarzó con el colaborador Antonio Maestre, a quien recriminó que también portara el polémico “triangulito”, reprochándole además la utilización “con desvergüenza de un episodio trágico de la historia”.
Está visto que Mariló e Isabel son capaces de cualquier cosa cuando se trata de levantar las audiencias televisivas, incluso pasar por alto que tras ese pequeño pin se esconde el inmenso infierno de Auschwitz, un asunto que no debería tomarse a la ligera. No todo vale para vender muchos libros de esos que se publican como churros cada año o para salir en los programas matinales de tertulias, donde además de jugosos royalties dan café con bollos gratis, se está calentito y no hay que andar por la calle buscando noticias.
Sería más digno y decente guardar un respetuoso silencio, honrar y recordar a los muertos exterminados en los hornos de la muerte del nazismo, con pin o sin pin en la solapa. Pero eso sería tanto como pedirles una pizca de grandeza a estas dos marquesonas del periodismo que mucho nos tememos se han dejado seducir por la moda ultra. Y tal como está el nivel de petardeo político y televisivo, eso es mucho pedir.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

EL ÉXITO INCONTESTABLE DE PABLO IGLESIAS TURRIÓN

(Publicado en Diario16 el 14 de enero de 2020)

Pasó de las manifas estudiantiles de la Complutense a liderar el masivo movimiento 15M. Luego llegaron los cara a cara con Inda y Marhuenda en La Sexta Noche, las elecciones europeas, los 5 escaños con el millón de votantes, Vistalegre, la ruptura con amigos de trinchera como Íñigo Errejón, el carísimo chalé de Galapagar, las primeras contradicciones ideológicas, el paso de la revolución bolivariana al discreto encanto de la burguesía, las disensiones internas que estuvieron a punto de hacer estallar el partido… Hoy, sin embargo, puede decirse que Pablo Iglesias lo ha conseguido. Ha salido vivo de su prodigiosa y meteórica carrera, de su acelerón espaciotemporal con el que pretendía llevar a España a una Segunda Transición y que casi acaba desintegrándolo. Justo cuando su proyecto hacía aguas y parecía entrar en decadencia, ha logrado lo que quería: ser vicepresidente del Gobierno. Ahí es nada.
Iglesias ha sobrevivido al torbellino político que él mismo desencadenó y que estuvo a punto de engullirle. Pero lo que no te mata te hace más fuerte y finalmente ha resistido a su pulso con España, con las élites económicas y financieras del país, con la historia. Es cierto que no ha liquidado a la casta, tal como pretendía, ni ha “sorpasado” al PSOE, aquel partido que antes le parecía la peste por estar manchado de cal viva y que hoy es una organización honorable de la que uno se siente orgulloso de pertenecer. Pero el movimiento se demuestra huyendo, como decía Manolo Vázquez Montalbán, y él ha sabido huir en el momento justo, pronto y bien. Huir del dogma; huir de la utopía; huir de sí mismo. Un hombre siempre vence cuando sabe renunciar a tiempo.
Sí, sin duda alguna, por encima de Pedro Sánchez hay un primer ganador. Pablo Iglesias Turrión es el gran triunfador de este thriller interminable y de infarto que ha sido la formación del nuevo Gobierno, una misión por momentos imposible. Ha conseguido todo lo que quería: que Sánchez le levantara el veto y hasta superara su insomnio crónico por el miedo a verlo dentro del gabinete; colocar un póker de ministros −Igualdad y Trabajo, más Consumo y Universidades, que no está nada mal−, aunque finalmente el PSOE no le haya dejado catar los llamados ministerios de Estado (Interior, Exteriores y Defensa); y hacer de su partido, una formación secundaria con apenas 35 diputados, un equipo de Gobierno con poder, con mucho poder.

Puede que Iglesias no haya asaltado los cielos, tal como prometía a sus compañeros y correligionarios cuando se las tomaba con ellos en la cantina de la Complutense. Pero, qué demonios, su éxito es más que rotundo y evidente.
Ayer el “sí se puede” terminó consumándose. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 Pablo Iglesias se acercó a la Constitución, en presencia del ciudadano Felipe VI (ese rey que no fue legítimamente elegido por el pueblo porque nunca se presentó a unas elecciones), y posó solemnemente la palma de la mano sobre la Carta Magna (esa misma que hasta hace poco era un papel inútil, un símbolo de las élites corruptas, del bipartidismo caduco y trasnochado y del franquista Régimen del 78). Iglesias, entre los flashes de las cámaras fotográficas y con rostro grave, prometió toda esa parafernalia legalista, cumplir “fielmente” con su deber de lealtad al rey y a la Constitución como norma fundamental del Estado y mantener el compromiso de guardar y hacer guardar el secreto de las deliberaciones del “Consejo de Ministras y Ministros”. Luego, una vez terminado el acto, y quizá para no parecer excesivamente monárquico, Iglesias aclaró ante los periodistas que está en el Gobierno para trabajar y para que “en la próxima década” rija en España el “constitucionalismo democrático”, es decir, “garantizar, blindar y ampliar” los derechos sociales.
Había que frotarse los ojos para ver al subversivo Iglesias y al comunista Garzón prometiendo lealtad al borbón. Y también tenía su morbo escuchar a Carmen Calvo decirle al líder de Unidas Podemos que juntos harán un “tándem importante” en el trabajo “porque en ti va a residir una parte verdaderamente preciada de las políticas que un Gobierno progresista conforman: las políticas sociales que dependerán de tu atino, de tu trabajo y de tu acierto del que no tenemos ninguna duda”. Enternecía ver a la gran ministra socialista −que en verano regañaba y reprendía duramente al joven y díscolo aspirante a liderar la izquierda española−, dirigirse a él tiernamente como una madre se dirige a su hijo. Pero así deben ser las cosas cuando de lo que se trata es de superar la utopía irrealizable, de bajar de las nubes y de acometer empresas útiles para los ciudadanos.
Iglesias ha tardado en comprender de qué va esto de la política, algo muy alejado de las teorías del Campus y de la fantasía juvenil de Juego de tronos. Le ha costado su tiempo madurar, pasar de la izquierda bizantina a la realpolitik, del marxismo clásico al pragmatismo contemporáneo, y entender que el cielo no se toma por asalto sino que se va construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, siempre siendo práctico, inteligente, bien encajado en el sistema, eso sí, sin dejarse domesticar demasiado como le ocurrió a Felipe González después del 82.
Pablo Iglesias culminó ayer su prodigiosa aventura política: la formación de un Gobierno de coalición de izquierdas inédito desde el 36. Ya es vicepresidente, que es lo que él quería. Sin traje y sin corbata. Y sin cortarse la coleta, lo cual tiene su mérito.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

DOLORES DELGADO

(Publicado en Diario16 el 13 de enero de 2020)

El nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado ha enervado a las derechas, que ya han puesto el grito en el cielo. El líder de Vox, Santiago Abascal, habla de “golpe” institucional (otro más), mientras el del PP, Pablo Casado, cree que Delgado se convertirá en la “ministra 23” del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
Para Casado, la elección es “equivocada”, ya que “ataca directamente” a la “separación de poderes y al propio Estado de Derecho”. Con esa rotundidad, un tanto exagerada e irreflexiva, se ha pronunciado en la presentación de la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por Fórum Europa.
El anuncio de Sánchez de que piensa acometer en esta Legislatura la “desjudicialización” de la política no ha sentado nada bien en el PP. Fueron ellos, los populares, quienes iniciaron la estrategia de persecución de los líderes independentistas catalanes en los tribunales ordinarios de Justicia. Una hoja de ruta, la que tenía por objetivo encarcelar a Oriol Junqueras y los suyos, que ha fracasado estrepitosamente y que ha terminado con el ridículo y la erosión de la imagen del Tribunal Supremo ante las instituciones europeas.

Conviene no olvidar que fue el PP quien dio las primeras instrucciones directas a la Fiscalía General del Estado para que abriera diligencias contra los impulsores del “procés”. De ahí que suene a intolerable sarcasmo que sea el propio Casado quien diga ahora que su partido abanderará la “despolitización” de la Justicia. ¿Despolitización cuando el Partido Popular se distinguió en sus años de Gobierno por la fagocitación del Poder Judicial y su espuria utilización para intereses y fines partidistas?
Todo lo que dice últimamente Casado resulta hiperbólico, exagerado, sobreactuado, y solo se explica por el miedo que recorre Génova 13, el temor a que Vox termine dando el ‘sorpasso’ y erigiéndose en el partido hegemónico de la derecha española.
Según Casado, el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado es una equivocación más de las muchas que su partido ha escuchado estos días. Y no extraña que no guste en las filas populares. Delgado es una jurista experta y de reconocido prestigio que puede además aportar a la resolución del conflicto de Cataluña su reciente experiencia política como ministra de Justicia. En cualquier caso, una persona de la máxima confianza de Sánchez que apostará por el diálogo y no por los antidisturbios, la porra y la represión. Tras el reciente acuerdo PSOE-ERC entramos en una nueva etapa del “procés” y de la inteligencia y el tacto político dependerá en buena medida que la mesa de negociación entre Gobierno central y Generalitat llegue a buen puerto. En ese frágil e inestable tablero, Delgado se antoja una pieza fundamental para enfriar la cuestión catalana, reenfocar el problema de los políticos soberanistas encarcelados e impulsar el entendimiento entre Madrid y Barcelona. Es una jugada maestra de Pedro Sánchez.
Por eso Casado despotrica tanto. “La ministra 23”, la ha llamado en un tono mitinero que recuerda bastante a las formas antidemocráticas de Abascal. “¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos propuesto a Alberto Ruiz Gallardón como fiscal general del Estado?”, se ha preguntado el líder popular, que ha recordado aquellas palabras de Pedro Sánchez en una entrevista radiofónica, poco antes de las elecciones, cuando admitió, en un error mayúsculo, que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno.
Si Delgado va a estar al servicio de los intereses del PSOE y si su nombramiento ataca directamente a la separación de poderes y al propio Estado de Derecho, “tal como lo entendemos en el PP”, según Casado, se irá viendo con el tiempo. En todo caso, más allá de la histeria colectiva que parece haberse apoderado de la derecha con el problema de Cataluña, es evidente que la única salida que queda ya para resolver la grave crisis territorial es la negociación por la vía del diálogo. Y ahí Delgado puede jugar una baza importante.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

GUERRACIVILISMO EN LA CALLE

(Publicado en Diario16 el 13 de enero de 2020)

La ultraderecha agitó ayer el fantasma del guerracivilismo en toda España. El mismo día que Pedro Sánchez anunciaba su Gobierno de coalición, el primero desde 1936, miles de personas movilizadas por Vox se concentraban frente a las sedes de los principales ayuntamientos del país. ¿Qué evento tan peligroso había ocurrido para que toda esa gente se echara a la calle con tanta indignación y rabia? ¿Qué suceso tan terrible exigía tal nivel de crispación en la calles? Ninguno, salvo que se había constituido un Gobierno de izquierdas y eso el neofalangismo antidemocrático no lo tolera.
La ultraderecha no puede soportar que haya socialistas y comunistas en el poder –esa es su gran “cultura democrática”− y por eso inflama las calles de odio, ira y violencia verbal. Vox ha mostrado este domingo su rechazo y oposición al Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos con concentraciones donde miles de personas han acudido para reivindicar la identidad de España, la soberanía y la defensa de la Constitución. En realidad, nada de eso está en riesgo. La identidad de España no se va a perder, como tampoco la soberanía nacional está amenazada. Por supuesto, la Constitución sigue vigente a estas horas, que se sepa, y nadie pretende derogarla ni acabar con ella. Estamos por tanto ante un inmenso montaje, ante una vieja falacia por otra parte ya conocida que consiste en agitar el espantajo del comunismo, el truco del hombre del saco que nunca termina de llegar.
No hace falta más que echar un vistazo a los currículums de alguno de los pesos pesados del nuevo Gobierno para darse cuenta de la gigantesca patraña inventada por Vox. Para la cartera de Economía, Pedro Sánchez ha elegido a una exdirectora general de Presupuestos de la Comisión Europea con ideas más bien liberales. Para echarle el cerrojo a las pensiones y que nadie pueda meter la mano en la caja se ha pensado en alguien que trabajó en el BBVA, en el Banco de España y con el exministro popular Montoro. Y para el Ministerio de Justicia se ha designado a un hombre que según el periodista Paco Marhuenda va a ser “un buen ministro”. Está bien claro que hay que parar como sea a este peligroso Gobierno de rojos-comunistas-bolivarianos…

Sin embargo, el cliché manido y la consigna facilona calan en las mentes menos críticas siempre propensas a dejarse llevar por la bilis, la exaltación y el fanatismo intolerante. La demagogia es un fenómeno político que se conoce desde los tiempos de Platón y Aristóteles. El demagogo (y Santiago Abascal es uno de libro) se atribuye el derecho a interpretar los intereses de las masas y sueña con confiscar el poder y la representación del pueblo para instaurar una tiranía o dictadura personalista. El lenguaje de la extrema derecha ha sido estudiado recientemente por los neurocientíficos, que han llegado a la conclusión de que los populismos demagógicos triunfan más cuanto más simple es el mensaje que lanzan a las masas. Incluso está demostrado que los discursos poco elaborados y con escaso vocabulario, con apenas dos o tres ideas, llegan antes, atrapan más y epatan con más fuerza. El mensaje visceral, sentimental y simplón, sin reflexión alguna ni tiempo para el raciocinio, se suele envolver con técnicas de manipulación como la falacia, la tergiversación del significado, las omisiones malintencionadas, la redefinición del lenguaje, las tácticas de despiste, las estadísticas fuera de contexto, la demonización del adversario político, el falso dilema y otras no menos peligrosas para la democracia.
Ayer, las movilizaciones de Vox se desarrollaron con “normalidad” y de “forma pacífica” −o al menos eso cuentan las crónicas de las agencias de noticias−, en ciudades como Madrid, Valencia, Málaga, Granada, Sevilla, La Palma, Zaragoza, Oviedo, Toledo, Ciudad Real, Santander, Mérida, A Coruña o La Rioja, entre otras. Pero esa normalidad fue tan solo aparente. Hubo incidentes puntuales e inquietantes que demuestran hasta dónde estamos llegando. Se escucharon frases como “yo soy español, español, español”, “España unida, jamás será vencida”, “Puigdemont a prisión” y “Torra a la mazmorra”, cánticos que no hace falta ser un avezado lingüista para concluir que están teñidos de exaltación nacionalista, de odio y de ese infantilismo naif con el que la ultraderecha pretende manipular a la gente.
En Madrid, donde asistieron 4.000 personas, según la Delegación de Gobierno, Santiago Abascal leyó un manifiesto en el que alegó que “dentro de España cabemos todos, todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este gobierno en países hispanoamericanos”. Una arenga de medio pelo que no resiste un mínimo análisis lógico o intelectual pero que está consiguiendo su principal objetivo: seguir inoculando el guerracivilismo entre los españoles. De hecho, en la concentración frente al consistorio de Bilbao se congregaron manifestantes del otro signo que gritaron “vosotros fascistas, sois los terroristas” y “gora Euskadi”. En Santiago de Compostela el encuentro estuvo marcado por la tensión entre los participantes y un grupo de jóvenes que acudieron hasta el mismo lugar para contraprogramarla y enfrentarse a los ultras con gritos de “fachas” y “ridículos”.
A su vez, la concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona derivó en momentos de tensión al acercarse hasta el lugar alrededor de un centenar de personas que participaban en una movilización antifascista. Durante el acto, los de uno y otro bando comenzaron a proferirse gritos e insultos, llegando algunos incluso a encararse. Y en Barcelona, unos 1.000 simpatizantes de Vox, según la Guardia Urbana, tomaron parte en la movilización mientras en la misma plaza del consistorio unos 300 CDR independentistas protestaban contra el acto. Separados por un cordón policial, los “indepes” gritaron consignas como “fuera fascistas de nuestros barrios”. Por no hablar de Girona, donde Vox no pudo leer el manifiesto, ya que unos tres centenares de personas, algunas de ellas encapuchadas, lo boicotearon encendiendo bengalas y cantando Els segadors. La mecha del fanatismo guerracivilista está prendida. Nadie se acuerda ya de los cuarenta años de convivencia en paz. Solo falta que salte la chispa y todo salte por los aires.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

LA IGLESIA RETRO

(Publicado en Diario16 el 12 de enero de 2020)

La Iglesia católica española también está virando a la derecha. Son los signos de los tiempos que corren. Atrás quedan aquellos años del Concilio Vaticano II, cuando la jerarquía eclesiástica se bajó de los altares para humanizarse, adaptarse a los nuevos tiempos y abrirse al mundo. Fue una auténtica revolución que sacó el oscuro latín medieval de los púlpitos y trató de acercar a Dios al ser humano. El Concilio abordó todos los asuntos pendientes desde una perspectiva más práctica que teológica, como la carrera de armamentos, la lucha por la paz, el final de la pobreza en el Tercer Mundo y el respeto por los derechos humanos. Roma estrechó lazos de amistad con las demás religiones y concluyó que todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen derecho a la paz, el gozo del amor y la libertad. ¿Qué queda hoy de todo aquel aperturismo y de aquella vuelta a la espiritualidad fraternal por encima del dogma y la imposición de la fe? Más bien poco, por no decir nada.
Hoy podemos asegurar que el Concilio Vaticano II ha quedado en la gran utopía irrealizable de una confesión religiosa que por efecto de las teorías políticas reaccionarias predominantes en el mundo se ha vuelto a bunkerizar, retornando al medievo y a ideas más propias de la Inquisición que del siglo XXI. En ese contexto de retroceso de la Iglesia católica –en parte por el miedo a perder el poder de influencia y los privilegios que ha ostentado durante más de dos mil años–, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha propuesto un curso de 2 a 3 años para formar a los novios de cara al matrimonio, al considerar que las veinte horas de cursillos prematrimoniales que ofrecía hasta hoy, como paso previo a la boda, no eran suficientes.
De esta manera, la Iglesia pretende luchar contra una cifra demoledora: a los 5 años de matrimonio el 40% de las parejas ya se ha separado. “Una formación matrimonial no se puede hacer en 20 horas. Para ser sacerdote hacen falta 7 años de seminario y para ser esposo, esposa, padre y madre… ¿20 horas?”, se preguntan en la Conferencia Episcopal.

La guía editada por la CEE, titulada Juntos en camino, +Q2, se compone de 12 temas en los que se abordan asuntos como la sexualidad, las relaciones prematrimoniales, la fidelidad o la resolución de conflictos de pareja. Todo, por supuesto, desde la óptica más caduca, rancia y trasnochada, desde un enfoque de 1820 aplicado a 2020. El manual impone deberes a los novios como, por ejemplo, ir juntos a misa una vez al mes o participar en eventos familiares. También les aconsejan que se mantengan “castos” y puros −es decir solteros y enteros hasta después de la boda, ya que Dios “se opone” a este tipo de relaciones−, así como que rechacen el “pansexualismo” y en general el placer de la sexualidad. Por descontado, la masturbación supone una serie “amenaza” para los matrimonios. Ya no dicen que quien la practica vaya a quedarse ciego o calvo, como aseguraban los obispos franquistas desde sus púlpitos en aquellos viscerales y exaltados sermones dominicales. Pero sigue siendo pecado, cuando no “un acto intrínseca y gravemente desordenado”.
En resumen, todo el catálogo de recomendaciones es una lección de puritanismo hipócrita, de mojigatería y de consejos irrealizables en una sociedad moderna y avanzada donde la gente busca el amor, el disfrute y la felicidad, algo legítimo para cualquier ser humano. Eso sí, cuando llega la hora de abordar la violencia machista, sus eminencias se limitan a señalar que “el amor es absolutamente contrario a esta violencia execrable” y advierte sobre el peligro de los celos, pero sin aportar soluciones prácticas para combatirla. Y ahí es donde llegamos a lo más grave de la guía para futuros matrimonios cristianos: su propuesta es claramente machista. “El varón, los días que quiera tener relaciones sexuales, deberá hacer un esfuerzo mayor y asumir ciertas tareas (por ejemplo, llevar a los hijos por la tarde al parque o pasear un par de horas para que la mujer pueda dormir la siesta) y la mujer deberá liberarse de ciertas cargas de trabajo y descansar para encontrarse ambos preparados para el encuentro sexual cuando llegue el momento”, asegura el texto, marcando una intolerable y absurda diferenciación entre la sexualidad masculina y femenina y dejando entrever un cierto papel sometido y procreador de la mujer.
El surrealista documento totalmente alejado de la realidad social que viven millones de españoles solo puede explicarse desde la derechización y la ofensiva nacionalcatolicista que parece haber emprendido cierto sector de la jerarquía eclesiástica española. Las terapias católicas para curar su “desviación” a los homosexuales, los manuales para mujeres al estilo “cásate y sé sumisa”, el silencio de los púlpitos ante las mentiras de Vox sobre la violencia machista, el encubrimiento de la pederastia en la Iglesia, el injusto patriarcado que gobierna en la institución y ahora este panfleto de sexólogo malo y sin carné nos hacen temer una inquietante involución en el seno de la Iglesia.
Los obispos aún llevan clavada la espina de la ley del divorcio, aprobada el 22 de junio de 1981 en el Pleno del Congreso de los Diputados con 162 votos a favor frente a 128 en contra y 7 en blanco. Aquella histórica legislación, que venía a romper definitivamente con el nacionalcatolicismo franquista, contó con la dura oposición de la curia católica y de los sectores más conservadores de la sociedad, incluso de buena parte del ala democristiana de la UCD −partido entonces en el Gobierno que presidía Adolfo Suárez−, que llegó a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, autor de la ley.
Hoy la Iglesia pretende recuperar aquella cruzada perdida de la Transición y otras posteriores en las que también salió derrotada, como la que entabló a raíz de la promulgación de la ley del aborto, una gran conquista del movimiento feminista. El auge de una ultraderecha sin complejos es un viento de cola perfecto que proporciona aire a los núcleos más reaccionarios de la Plana Mayor obispal, siempre empeñados en recuperar principios y dogmas de hace siglos. La guía para novios cristianos no puede más que terminar en un nuevo fracaso de los obispos. No servirá para evitar los divorcios ni para conseguir que después de dos milenios de férreo adoctrinamiento religioso el matrimonio entre un hombre y una mujer sea indisoluble y para toda la vida. La gente se separa porque el amor puede ser eterno pero también algo efímero y ese hecho natural, bioquímico y consustancial al ser humano todavía no ha sido asumido por la cúpula vaticana, que tampoco acepta cuestiones tan de sentido común como que la mujer tiene derecho a ser investida sacerdote o que el condón evita enfermedades, epidemias y muertos. Y es que la Iglesia sigue hablando para ángeles o marcianos. No para personas de carne y hueso.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

ANIMALISTAS

(Publicado en Diario16 el 11 de enero de 2020)

En un reciente tuit, Pablo Iglesias aseguró que “en Unidas Podemos apostamos por que las corridas de toros desaparezcan, y deseamos que el paso sea refrendado por la ciudadanía para que se sostenga al margen del gobernante de turno”. De esta manera, el líder de UP va dando avisos al PSOE para que no caiga en el error de pensar que su programa antitaurino ha sido aparcado en un cajón.
La lucha por los derechos de los animales en Unidas Podemos no es una declaración de principios meramente anecdótica o folclórica. Al contrario, es uno de los pilares fuertes de su política social, no solo por razones de estrategia de la nueva izquierda que encarna, sino porque muchos votantes del partido de Iglesias son activistas del animalismo y del veganismo.
En el pacto entre PSOE y Unidas Podemos que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez, la protección de los derechos de los animales ocupa un lugar preeminente, concretamente en el punto 3, donde ambos firmantes acuerdan apostar por “la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales”. Y en el epígrafe 16 de ese mismo punto se asegura: “Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos, incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios. Estudiaremos la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos”.
Es evidente que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quisieron vincular la protección de los derechos de los animales a la ecología y a la lucha contra el cambio climático, que contará con uno de los ministerios potentes en la legislatura que ahora comienza. Ahora bien, una vez más las velocidades de PSOE y Unidas Podemos son están sincronizadas. Los morados quieren poner la quinta marcha en las reformas de los nuevos derechos cívicos y sociales nacidos con el 15M mientras los socialistas, fieles a una izquierda clásica, prefieren un ritmo algo más lento.
En el reparto de carteras ministeriales y organismos estatales entre ambas formaciones se contempla la creación de una Dirección General de Bienestar Animal, que dependerá de la vicepresidencia social de Pablo Iglesias. Nadie en el futuro Gobierno tiene la menor duda de que el debate sobre la tauromaquia será uno de los grandes asuntos que se pondrán encima de la mesa en los Consejos de Ministros. Ahora mismo los morados parecen haber echado el freno a la abolición drástica y por vía decreto, ya que entre los votantes socialistas hay muchos que son aficionados a la fiesta y abrir ese melón podría ocasionar disensiones en la coalición. Sin embargo, no renunciarán a promover la eliminación de las ayudas oficiales y subvenciones relacionadas con la tauromaquia, ni a prohibir espectáculos que impliquen maltrato animal, como los correbous en Levante y Cataluña. Iglesias ha empeñado su palabra en que no habrá “ni un euro de dinero público ni protección cultural a los espectáculos taurinos”, además de que hará todo lo posible por proteger a los niños de la “violencia” que supone la fiesta nacional. Los buenos sondeos que obtuvo el Pacma en las elecciones de abril −el CIS llegó a darle hasta dos diputados− indujo a Iglesias a acercarse todavía más al mundo animalista y a proponer un referéndum sobre las corridas de toros, si bien llegó a admitir que “no se pueden prohibir por decreto”. Esa es hasta ahora la postura oficial de Unidas Podemos y esa será la batalla que dará en los próximos cuatro años.
Cabe preguntarse cómo reaccionarán los barones del PSOE a las propuestas de eliminar las corridas de toros. El mismo Sánchez ha asegurado en alguna ocasión que no le gusta la fiesta nacional, pero que respeta la tauromaquia. Un elemento de fricción y de controversia más para esos viernes de Consejo de Ministros que se antojan cualquier cosa menos aburridos.
Como no podía ser de otra forma, Unidas Podemos también sufre sus “presiones”. Desde el mismo momento en que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la investidura de Pedro Sánchez, Pacma exigió al futuro Gobierno que “tomara medidas sin más dilación en cuestiones como la prohibición de los circos con animales, la tauromaquia y cualquier espectáculo con animales”. Los mundos de Pacma y de Unidas Podemos tienen vasos comunicantes, íntimas conexiones, y no cumplir el programa provocaría inestabilidades no deseadas. Cabe recordar que el partido animalista rechazó unirse a los morados al considerar “débil” su posición sobre la abolición total de la tauromaquia.
En cualquier caso será Moncloa quien decida finalmente si se abre la puerta a la prohibición de las corridas de toros en España o mete el asunto en el congelador hasta una nueva legislatura. Los grupos de presión taurinos son poderosos –todavía más desde que se han asociado con Vox– y además está la cuestión no menor de la economía, que hará reflexionar a Sánchez antes de tomar una decisión. En los dos últimos años las corridas de toros y las 103 actividades sectoriales que giran a su alrededor y que van desde la cría ganadera hasta la hostelería y la restauración generaron unos beneficios de 4.150 millones de euros. Una cifra que, tal como están las cuentas del país, no es para tomársela a broma.

Viñeta: Iñaki y Frenchy