jueves, 2 de julio de 2020

LA MEMORIA HISTÓRICA


(Publicado en Diario16 el 30 de junio de 2020)

La pandemia no va a detener el ambicioso programa de reformas en derechos civiles que prepara el Gobierno de coalición. Tras la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos, ahora toca dar una vuelta de tuerca y homologar la legislación de nuestro país para equipararla a la del resto de los países europeos, sobre todo Alemania e Italia, los que al igual que España sufrieron la lacra de los fascismos del siglo XX con mayor crudeza. Sin reparación moral y material de las víctimas, y sobre todo sin declarar inconstitucionales las numerosas asociaciones que ensalzan y homenajean a los jerarcas de la dictadura, no se habrá hecho justicia. Y en esas están ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Fuentes de Moncloa señalan que el Gobierno está ultimando la nueva versión de la Ley de Memoria Histórica, fundamental para seguir avanzando en la superación del franquismo. Por descontado, el objetivo principal es prohibir la Fundación Franco, una maquinaria de propaganda nazi cuya labor de glorificación de la obra del dictador no puede ser tolerada por ninguna democracia, tampoco la española. Han sido demasiados años de tolerancias, de vanas justificaciones, de revisionismo histórico a mayor gloria del tirano, sin que la Justicia haya movido un solo dedo para ilegalizar este lobby fascista. ¿Dónde estaba la Fiscalía General del Estado cuando la Fundación lanzaba sus artículos blanqueadores del Régimen? Persiguiendo a raperos y titiriteros por sus absurdos mensajes en Twitter. El Gobierno ha dicho hasta aquí hemos llegado.
Pero hay más, mucho más por hacer. La devolución del Pazo de Meirás (residencia de verano de la familia Franco) a los vecinos del municipio como verdaderos propietarios, es otro asunto que el Ejecutivo Sánchez no quiere aparcar por más tiempo. “Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público”, dejó por escrito el acuerdo de coalición PSOE/Unidas Podemos. Sin duda, la batalla terminará en los tribunales, ya que la familia dice disponer de una escritura pública que contempla que ese bien es de su propiedad después de que Franco comprara el pazo en 1941 por 85.000 pesetas.
La retirada de títulos nobiliarios a los nietos del Caudillo está también en el borrador, así como declarar fuera de la ley a las organizaciones y fundaciones que inciten “directa o indirectamente” al odio o a la violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dado cuenta en las últimas horas de la hoja de ruta de un proyecto de ley que era una asignatura pendiente de nuestro país tras 40 años de democracia. Será precisamente en julio, un mes fetiche para los nostálgicos del Régimen por lo que tiene para ellos de recuerdo del alzamiento nacional, cuando arranquen los primeros trámites legislativos.
Pedro Sánchez cree que la crisis del covid-19 ya está controlada, de manera que es un buen momento para empezar a retomar los asuntos que quedaron aparcados en marzo, cuando fue declarado el estado de alarma. Por supuesto, cuenta con el apoyo de Pablo Iglesias, ya que existe consenso en ese punto en el seno del Gobierno de coalición. Es evidente que la Ley de Memoria Histórica promulgada por Zapatero ha quedado a medio cumplir. Ni siquiera se han terminado de retirar todas las placas en honor a los genocidas franquistas de las calles de nuestras ciudades y pueblos. Una de las novedades que ya han trascendido será la declaración del día 31 de octubre (fecha de aprobación de la Constitución Española y de entrada en vigor de la primera ley de memoria del Gobierno socialista) como jornada de recuerdo para las víctimas del franquismo.
La nueva legislación tendrá una misión fundamental y prioritaria: borrar el legado de Franco. Lo cual servirá para que más de uno, sobre todo entre los diputados de Vox, se vean obligados a retratarse y a dejar de aparentar un supuesto constitucionalismo y un perfil democrático que no tienen para definirse como lo que son en realidad. A Santiago Abascal le encanta jugar a la ambigüedad. Mientras concede entrevistas para maquillarse políticamente y decir que no se siente fascista, su partido vota en contra de la retirada de las condecoraciones al policía torturador Billy el Niño. Y mientras convoca manifestaciones en defensa de la Constitución, se permite el lujo de despreciar la ley de igualdad que garantiza los derechos entre hombres y mujeres. En Vox son muchos los nostálgicos a los que se les enternece el alma y se les saltan las lágrimas cuando oyen hablar de las hazañas y fechorías del dictador. Ahora ha llegado el momento de pronunciarse y decir lo que son sin tapujos ni dobles lengujes. Ha llegado la hora de votar a favor o en contra de una ley, la de reforma de la memoria histórica, que irá más allá aún en el intento de hacer justicia con las víctimas y de poner el franquismo en el lugar que le corresponde, que no es otro que en el basurero de la historia.
El argumento principal que esgrimirá el Gobierno para ilegalizar la Fundación Franco será el de la incitación al odio y a la violencia contra las víctimas del franquismo. En la nueva ley se contempla también el endurecimiento de las sanciones por apología y exaltación, según publica el diario La Información. Además, este medio avanza que el Gobierno estudia sanciones económicas ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar el franquismo o hacer apología de la dictadura. Aquí entraría todo tipo de situaciones, como la exhibición de banderas preconstitucionales o los lemas a favor de lo que representó Franco en nuestro país. El fascismo ganó en el 39, pero ahora, más de ochenta años después, está a punto de perder la guerra más importante: la de la memoria histórica.

Viñeta: Igepzio

LA CLAUDICACIÓN


(Publicado en Diario16 el 1 de julio de 2020)

La prensa de Madrid dice que el Gobierno y el PP “acercan posiciones”, lo cual no deja de ser una gran ironía teniendo en cuenta los tiempos de distanciamiento social por los que atravesamos. Todos dan por hecho que ha llegado el momento del deshielo, pero ese capítulo está aún por ver, ya que con Pablo Casado nadie sabe a qué atenerse. Como un día dice que es de centro y al siguiente pacta con la extrema derecha, con este hombre conviene andarse con precaución. Pero en todo caso, ese acercamiento de posiciones, de existir realmente, supone una gran victoria para el Gobierno y una claudicación para el Partido Popular, que ha puesto todos los medios para tratar de acorralar y derrocar al inquilino de Moncloa sin conseguirlo.
Desde que estalló el brote epidémico, Casado se ha dedicado a la bronca permanente, a sembrar la crispación, a poner palos en las ruedas y a darle patadas en la espinilla a Sánchez como si no hubiera un mañana. El líder popular creía que si le iba mal al Gobierno le iba bien a él, aunque ello supusiera dividir a un país que necesitaba unidad para superar el coronavirus. Tal estrategia endemoniadamente maquiavélica no podía funcionar de ninguna de las maneras, tal como demuestran las últimas encuestas. Sembrar España de vientos y tempestades políticas solo le ha reportado al PP unas decimillas de incremento en los sondeos, una pírrica victoria si tenemos en cuenta que nos encontramos ante el peor escenario que pueda imaginarse un Gobierno. Si en las escuelas de Ciencias Políticas se estudia cuál es la tormenta perfecta, la peor coyuntura para un gobernante, esa será sin duda la que está atravesando España. El Ejecutivo de coalición ha tenido que hacer frente a momentos muy duros, dramáticos, como aquellos días oscuros en los que miles de personas se contagiaban a diario y los muertos se contaban por centenares. Si a eso añadimos que la crisis económica desatada por la pandemia es la peor desde la Guerra Civil española y que la extrema derecha se ha dedicado a la agitación social, solo cabe concluir que cualquier político hubiera tirado los bártulos antes de salir corriendo.
Sin embargo, pese a que todo indicaba que Pedro Sánchez terminaría cayendo por la fragilidad de su Gobierno de coalición con Unidas Podemos, finalmente ha salido airoso recurriendo a su famoso manual de resistencia. Ya se sabe que Cela decía aquello de que en España quien resiste gana y en este caso se ha comprobado la cita. El líder del PSOE ha logrado doblegar la Hidra de Lerna con sus múltiples cabezas –la testa del virus asiático, la de Casado, la de Santiago Abascal, la del fantasma de la recesión, la de los xenófobos países europeos que niegan las ayudas a España, más alguna que otra que ha ido apareciendo durante la crisis– y ahora puede decirse que, de esta, el premier socialista sale más fuerte. Todo lo contrario que Pablo Casado. Si bien es cierto que en los primeros momentos el presidente del PP apoyó el estado de alarma decretado por el Gobierno central (no hacerlo hubiera supuesto un escándalo internacional, colocándose a la altura del bebedetergentes Donald Trump) cuando llegó la hora de votar a favor de las últimas prórrogas –esenciales según los médicos para contener la expansión del foco infeccioso– se cerró en banda en el “no” a todo y a partir de ahí ya no se pudo contar con él para nada. Entonces se dedicó a hacer retórica barata, a explotar al máximo el gran diccionario del insulto castellano y a fabricar montajes judiciales como el del 8M, que fue finalmente archivado por la jueza a la vista de que los informes de Pérez de los Cobos sobre la supuesta relación de causa-efecto entre la manifestación feminista y la expansión del coronavirus quedaban a la altura de los inventos y fórmulas del Profesor Bacterio, aquel disparatado personaje de los tebeos de Mortadelo y Filemón al que todos los experimentos le salían fatal. En ningún momento Casado arrimó el hombro, de ninguna manera contribuyó a que el país remara en el mismo sentido, y hasta los periódicos extranjeros le afearon su estrategia antipatriótica y fullera.
Han tenido que pasar cinco meses y una epidemia para que el líder del PP se siente a hacer política de verdad, quizá obligado por las circunstancias. En ese cambio de actitud ha pesado sin duda el enésimo error que ha cometido al propagar por Bruselas, como un mal virus contra España, cierto informe que transmite la falsa idea de que nuestro país es una república chavista y bananera que no respeta las libertades de los ciudadanos. O quizá su cambio de estrategia se haya debido a que el moderado Núñez Feijóo va a ganar las elecciones gallegas sin bajarse del autobús, arrasando, sin soltar un mal insulto y poniendo en evidencia la estrategia errática del jefe de Génova 13. O simplemente Casado se ha dado cuenta de que ha perdido y ha terminado arrojando la toalla. Quién sabe. Lo cierto es que ayer martes firmaba el armisticio con el Gobierno, un gran plan de choque para reforzar la Sanidad y la posición común de España ante la Unión Europea, aunque mantiene sus discrepancias en cuanto a las propuestas económicas y los gastos en servicios sociales. Casado sigue empecinado en que la crisis se puede superar sin subir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, lo cual es materialmente imposible. También ha exigido que Sánchez saque a Pablo Iglesias del Consejo de Ministros, otro imposible que solo puede salir de la mente de un político inmaduro y caprichoso que no es capaz de entender que ese Gobierno ha superado la travesía en el infierno y a esta hora funciona como una maquinaria perfectamente engrasada. Por si fuera poco, a Sánchez le quedan varios comodines para aprobar los presupuestos, como son el rehabilitado Ciudadanos, el PNV y ERC.
Finalmente, y a regañadientes, Casado va aceptando las tesis de la exministra Ana Pastor, que ha venido ofreciendo al Gobierno lo que ella llama “el Pacto Cajal” por la Sanidad pública. En realidad, el líder del PP es más de la dura Cayetana Álvarez de Toledo, pero ha tenido que comerse su aznarismo por alguna razón que se irá sabiendo con el tiempo. El acuerdo con los populares se firmará a cambio de que Sánchez reconozca que el Gobierno también ha cometido errores en la gestión de la pandemia, algo que el presidente del Gobierno ya ha confesado ante los medios de comunicación en los últimos días. Por tanto, el pacto puede darse por cerrado y Casado puede ir asumiendo que esta vez ha perdido.

Viñeta: Igepzio

LA RECONQUISTA


(Publicado en Diario16 el 30 de junio de 2020)

A veces la política es un poderoso anestésico, no solo para los ciudadanos que la soportan, también para los que la practican, que terminan sufriendo el letargo hipnótico de las ideas y mentiras que ellos mismos propagan. Quienes se dedican a la política suelen perder el contacto con la realidad, terminan creyéndose sus propios sueños y delirios y esa ensoñación les lleva a no calibrar, a no medir el terreno que pisan. Es lo que parece estar ocurriéndole estos días de campaña electoral a Santiago Abascal, que en uno de sus últimos mítines en Laguardia de cara a las elecciones en el País Vasco ha asegurado que Vox es “la Reconquista que va a recuperar la libertad de los vascos”.
La sentencia es una de las mayores exageraciones que ha podido decir Abascal a lo largo de su carrera política, lo cual es todo un logro. Y además es una gran deformación de la realidad, no solo porque históricamente ya se sabe que Euskadi no es un lugar donde las ideas nacionalistas españolas prendan precisamente con facilidad, sino porque el promedio de las encuestas publicadas antes y después del estallido de la pandemia otorgan a Vox exactamente cero escaños. Mal se puede hacer una Reconquista con esos desnutridos ejércitos de votantes.
La auténtica verdad de los hechos es que la mayoría de los sondeos dan la victoria al PNV de Iñigo Urkullu, lehendakari desde el año 2012, aunque ya sin mayoría absoluta, de manera que los nacionalistas podrían estar cerca de reeditar su acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista de Euskadi. Las encuestas dan un buen resultado a EH Bildu, e incluso a la incipiente coalición formada por PP y Ciudadanos, si se quiere, pero no parece que los números que baraja Vox sean para lanzar las campanas al vuelo y mucho menos para hablar de “Reconquista”. Sin embargo, la euforia desmedida se ha desatado en las filas verdes, el bebedizo del bulo surte efecto incluso en ellos mismos, que confían en que el próximo 12 de julio (fecha para la celebración de las elecciones autonómicas en el País Vasco que fueron aplazadas en marzo por la crisis del coronavirus), sea el principio de algo grandioso.
Abascal fue a Laguardia dispuesto a convencer a sus paisanos de que su partido va viento en popa y con un impulso arrollador. “Es un placer estar aquí, en tierras alavesas donde se puede hablar y no es necesario gritar ni levantar la voz para que nos escuchen”, aseguró antes de decir que se siente “feliz de estar en su casa, en Álava, en el País Vasco, donde por mucho que lo intenten no nos echarán. Porque es nuestra y lo será siempre”. En su ensoñación, ni él mismo se ha dado cuenta aún de que a sus mítines en Euskadi no van muchos, cuatro gatos a lo sumo, menos que a los actos de Ciudadanos o el PP, que ya se han acostumbrado a pinchar en hueso cada vez que anuncian un evento multitudinario. A los mítines del Trío de Colón en tierras del norte van unos cuantos grillos que cantan solitariamente en las plazas de toros y poco más. Lo cual debería llevar a políticos como Abascal a reflexionar seriamente sobre sus propuestas para Euskadi, donde no seduce a nadie. Vox ya ha anunciado que si alguna vez llega al poder liquidará el Estado autonómico y con esa carta de presentación no se puede ir por allí, por mucho que uno sea del mismo Bilbao. Con políticas centralistas, llamamientos contra el nacionalismo y homenajes a Franco poco tiene que rascar Vox en aquellas verdes latitudes, donde siguen viendo muy lejana la Meseta con sus montajes policiales y judiciales de extrema derecha para derrocar a Pedro Sánchez. Ciertamente, tampoco es que a los vascos les vaya entrar de repente las ganas de votar a Vox cuando escuchan por boca de Abascal que es preciso acabar con la política lingüística del euskera. “Álava no es Guipúzcoa. Necesitamos una tierra plural y nuestros hijos tienen que educarse en su lengua materna, sin discriminación”, asegura.
Al líder de Vox, los vascos no le compran el discurso españolista a ultranza y tampoco su relato victimista de mártir perseguido por unos filoetarras que solo existen en su imaginación, ya que la banda se disolvió hace mucho. La agresión a Rocío de Meer en Sestao es despreciable desde todo punto de vista, pero tratar de señalar al PNV y al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como “los responsables directos de las agresiones que sufre Vox diariamente (unos por ser complacientes con la violencia y otros por enviar a sus matones a agredir y luego no condenarla)”, es otra exageración que no encaja con la realidad de un pueblo, el vasco, que hace tiempo dejó atrás su página más negra.
En las últimas horas el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha referido al presunto ataque sufrido por la diputada ultra y ha apuntado que “sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral”. A Echenique a veces le pierde su ironía socrática, y en este caso sobraba y bastaba con condenar la violencia, cualquier tipo de violencia. La broma con la salsa de tomate estaba fuera de lugar (hacer risas con una pedrada no es de recibo) aunque es cierto que Vox fabrica bulos con tanta facilidad y tanta eficacia que ha perdido toda credibilidad. El partido ultraderechista vive del escándalo y la provocación trumpista constante y permanente, eso no se le escapa a nadie. De momento, Abascal ya ha capitalizado el atentado de baja intensidad tratando de arañar unos cuantos votos: “Rocío, yo sí te creo. ¿Dónde están ahora las feministas para defenderte? Ni están ni lo estarán”.
Queda claro que a la extrema derecha solo le queda el recuerdo de la violencia como único programa electoral para Euskadi. El problema es que durante décadas los vascos sufrieron la violencia de verdad, la del coche bomba, el tiro en la nuca, los secuestros y las extorsiones. El País Vasco de hoy no tiene nada que ver con los años del plomo, por mucho que Pablo Casado y el propio Abascal pretendan resucitar los GAL a golpe de exclusiva caducada de La Razón y de los infundios de OK Diario. A los vascos ya nadie les va a revisar la historia ni implantarles una realidad que no es porque saben perfectamente lo que ocurrió allí en 40 años de terrorismo etarra. El discurso del miedo de que los vascos van a perder su libertad con los nuevos batasunos es más falso que una moneda de dos caras. Y la película de la Reconquista produce tanta perplejidad como hilaridad en la madura sociedad vasca.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

EL INDULTO DE SUÁREZ ILLANA


(Publicado en Diario16 el 30 de junio de 2020)

Está claro que Súarez Illana tiene patente de corso en el PP. El hijo del otro Suárez (Suárez el grande) se saltó la disciplina de partido durante el debate en el Congreso de los Diputados del pasado día 11, en el que votó en contra de la retirada de las medallas al policía torturador del franquismo Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Recuérdese que el vástago del Ulises de la Transición optó por apretar el botón del “no” porque, a su juicio, la iniciativa presentada por el PSOE y Unidas Podemos buscaba “hacer saltar la Constitución” y “destruir la convivencia entre españoles”. En realidad, nadie en el partido entendió que Suárez Illana estuviera en contra de retirar las condecoraciones al mayor carnicero de Franco. Sin embargo, ayer mismo la dirección del Grupo Popular en el Congreso dejaba sin sanción el acto de rebeldía del díscolo diputado, que también ejerce de secretario cuarto de la Mesa de la Cámara, por lo que su deserción debería ser más castigada, si cabe, ya que a mayor rango más pena y más multa.
Cuentan fuentes parlamentarias bien informadas que ha sido la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, la que ha absuelto a Illana y ha impuesto su criterio para que el diputado no sea finalmente sancionado. Cayetana siempre ha defendido la libertad de voto para asuntos de “conciencia” como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y la gestación subrogada. Sin duda, a ella se le debe que al final no haya habido multa de ningún tipo para el polémico disidente. Incluso le habrá puesto una medalla, nunca mejor dicho.
En un partido como el PP que es ante todo, y por encima de todo, disciplina, que alguien se permita el lujo de romper precisamente la disciplina no deja de tener su ironía y su aquel y dice mucho de la crisis de identidad por la que atraviesan los populares. Es como ir contra las esencias fundacionales, reaccionarias, totalitarias. ¿Qué será lo próximo, convertir el Partido Popular en un ente asambleario? ¿Llevar cada decisión que se tome en Génova 13 a un Vistalegre de la derechona, a la manera de Podemos, solo que con champán caro en lugar de calimocho y birras? ¿Permitir que cada uno dé su opinión y vote las cosas según le venga en gana? Es una auténtica vergüenza para un grupo político que pretende quitarse de encima el estigma de “derechita cobarde” que le ha colgado Vox.
Si el PP empieza a dar libertad o libertinaje, corre el riesgo de que sus diputados crean erróneamente que todo el monte es orégano, que la política es jauja, y terminen razonando por su cuenta, siendo autónomos, soberanos, libres. Ese es el primer paso antes de dejarse seducir por la peligrosa democracia. No, con Vox apretando fuerte por detrás y marcando el paso hacia el nuevo franquismo, veleidades y caprichos como los que se le permiten al Hijísimo, por mucho que sea el heredero de Suárez, suponen un arriesgado coqueteo con la pluralidad, con el pensamiento crítico, con la razón. Es el final del PP.
Pablo Casado debería estar preocupado por el asunto. Lo del insumiso Suárez Illana es mucho más grave que el giro ultra del partido; más importante que el informe que el PP ha hecho circular por Bruselas para que la coalición de supremacistas holandeses y arios finlandeses recorten las ayudas a la reconstrucción de España; mucho más serio y trascendente que las encuestas que apuntan a que el PP casadista no termina de despegar pese a la que le está cayendo a Pedro Sánchez con la pandemia. Si don Manuel Fraga Iribarme levantara la cabeza, le daría un parraque, se llevaría un buen disgusto y tomaría, sin dudarlo, cartas en el asunto. El gran patriarca de la derecha del 78 carraspearía enojado con aquella jerga incomprensible que le entraba cada vez que le tocaba oponerse a un avance importante hacia la modernización de España. De vivir todavía, Fraga adoptaría su habitual rictus severo y le preguntaría solemnemente a Casado: “¿Pero qué demonios es este sindiós donde cada diputado va a lo suyo?” El ministro del bañador diez tallas más grandes que se sumergió en el Palomares nuclear jamás hubiera consentido estrellitas ni estrellazas como Illana, como tampoco consintió tutelas ni tutías. 
Si las huestes del PP empiezan a desmandarse y a votar indisciplinadamente, al libre albedrío, el partido corre serio peligro de implosión, de convertirse en un movimiento asambleario donde cada cual vota lo que le rota. Un partido de derechas de jerarquía castrense y pensamiento único en el que se supone que las filas deben estar siempre prietas debe andarse con cuidado con eso de romper la disciplina del voto.
Sorprenden los vientos de libertad que parecen correr en la bancada popular. Este es un PP blando, marianista y maricomplejines otra vez en comparación con aquel de la mano dura aznarista en el que los diputados votaban en comandita, todos a una, cagados, y sudaban la gota gorda y les temblaba la mano cuando llegaba la hora de apretar el botón rojo o verde y Aznar levantaba el dedo tirano y acusador. Pobre de aquel que se desmarcaba de la postura oficial en temas fetiche como el aborto, el matrimonio gay o el Plan Hidrológico Nacional. A Suárez Illana lo han dejado irse de rositas. Este PP ya no es lo que era.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

PABLO Y DINA


(Publicado en Diario16 el 29 de junio de 2020)

La prodigiosa maquinaria de las cloacas del Estado está trabajando a pleno rendimiento. Las derechas no descansan y ahora le ha tocado el turno a Pablo Iglesias. En poco más de seis meses de Gobierno de coalición, PP y Vox han fabricado todo tipo de montajes judiciales para tratar de derribar a Pedro Sánchez. La caza de brujas comenzó con aquel supuesto escándalo a raíz de la entrevista en Barajas entre el ministro Ábalos y la emisaria venezolana Delcy Rodríguez. Pablo Casado y Santiago Abascal hablaron de conspiración, de complicidad con el régimen de Nicolás Maduro y unas cuantas exageraciones más. Aquello dejó de interesar a las derechas y a la caverna mediática (que estuvo lanzando fuego de mortero durante semanas) cuando estalló la pandemia de coronavirus y el bloque conservador vio en la manifestación feminista del 8M una presa mucho más jugosa, al considerar que las feministas habían sido las grandes “supercontagiadoras” de la epidemia en Madrid. El problema es que aquel segundo gran montaje fallido también quedó en nada cuando se demostró que los informes periciales de la Guardia Civil que trataban de probar la relación causa-efecto entre el 8M y el brote epidémico no se sostenían por ningún lado. La jueza archivó todo lo referente al expediente sumarísimo general contra el feminismo, como no podía ser de otra manera, y PP y Vox se quedaron sin su juguete, aunque no iban a esperar a los Reyes Magos para conseguir otro pasatiempo. 
En los últimos días estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo escándalo prefabricado que esta vez toma como víctima propiciatoria al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el conocido como “caso Dina”, un extraño affaire que no le interesa a nadie en este país y que afecta más bien poco a la seguridad y a los intereses del Estado. Sin ánimo de aburrir, todo empezó cuando Dina Bousselham denunció el robo de su móvil en un supermercado y fue sometida al chantaje de las cloacas policiales. No estamos precisamente ante un GAL o un caso Roldán (los tiempos de las grandes exclusivas ya pasaron) sino ante un asunto en el que Iglesias partía como primer perjudicado por el supuesto chantaje y que con el tiempo se ha convertido, o mejor dicho lo han convertido, en el gran villano de la película. Es decir, aquello del cazador cazado. Por lo visto el suceso tiene todos los ingredientes de la novela negra que tanto apasiona a las derechas: Pablo Iglesias; una asesora de confianza; relaciones secretas; espionajes del comisario Villarejo (el archivo documental de este hombre es más completo que el de Televisión Española); grabaciones con datos íntimos, tarjetas de móviles, chats de Telegram supuestamente comprometedores; y abogados, fiscales y demás personajes del siempre ajetreado y circense mundo judicial madrileño. Sin duda, un buen argumento para que los abogados de Vox fabricaran otro serial que ni la factoría Netflix.
De cualquier manera, precocinada o no, la denuncia de Vox ya está en los juzgados, que es lo que le interesa al partido ultra para poder utilizar el sumario como arma política arrojadiza. Es la judicialización total de la política, en parte generada por unos abogados ultras que se sienten cómodos en los estrados de los tribunales pero se pierden en la tribuna de las Cortes cuando toca hacer democracia. Toda España pudo ver lo que ocurrió durante el juicio contra los independentistas del procés. El mero hecho de que a un partido político se le permitiera participar como acusación particular en un proceso judicial supuso un espectáculo lamentable para la imagen del Tribunal Supremo y la constatación evidente de que en España no se ha entendido bien a Montesquieu. En su afán por judicializarlo todo, los letrados de la formación ultra registran tantas querellas por minuto en los juzgados de Plaza Castilla que a este paso van a terminar de colapsar la maltrecha Administración de Justicia española.
Ahora Vox cree que en el llamado “caso Dina” se han podido cometer hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos donde se comenta “determinada información” que se habría obtenido por fuentes de Fiscalía. Un absoluto enredo que no tiene mayor finalidad que confundir a la opinión pública española y entretenerla mientras los ricos se llevan el dinero a Suiza. El partido de Abascal se queja de que “no tiene acceso al procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional, más allá de las noticias que han ido publicándose en medios”, y entiende que los hechos que han aparecido en la prensa de la caverna se deben considerar como “indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación”. Una vez más, los culebrones de Inda sirven como material para montar el pleito.
A juicio de Vox se están revelando hechos que ponen “muy en entredicho” la veracidad de la denuncia de Dina Bousselham, ya que Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta del teléfono y su contenido. Así, Vox recuerda a Anticorrupción que los mensajes del chat interno del servicio jurídico de Podemos muestran los contactos de la formación política con los fiscales anticorrupción que llevaban el procedimiento, por lo que “al parecer, todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias” ante la inminencia de unas elecciones. El partido de Abascal completa su fabulación con otro párrafo fantástico, nunca mejor dicho: “La abogada de Podemos ha asegurado haber tenido acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaban Ironman”. A esta truculenta historia que ocupa el último lugar entre las preocupaciones principales de los españoles solo le faltaba un miembro del escalafón judicial con apodo de superhéroe para darle espectacularidad al tema, mordiente, que es lo que a fin de cuentas van buscando las mentes calenturientas de los guionistas de la extrema derecha española.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

BONO


(Publicado en Diario16 el 29 de junio de 2020)

A José Bono le gustaría que el mundo fuese como en 1982 y que el PSOE volviera a ser un partido fuerte, arrollador, todopoderoso. Pero las cosas han cambiado, los populismos de extrema derecha han retornado tristemente, la izquierda es más plural y está más fragmentada que nunca y España ha sufrido dos crisis de proporciones bíblicas en poco más de una década, agitando movimientos de indignados de uno y otro signo. El PSOE, como todo partido político inmerso en este convulso siglo XXI −el del hundimiento de las ideologías−, está sujeto a los avatares de la historia y tratar de amarrarse a la nostalgia, como ese capitán que se ata al mástil de su barco en medio de la tempestad, asumiendo que se hundirá si es preciso, no tiene demasiado sentido.
El que fuera presidente del Congreso de los Diputados, exministro y barón socialista, sigue anclado en un pasado que no volverá jamás y por eso no es partidario de que el Parlamento investigue a Felipe González por los GAL, algo que ha tildado de “despropósito político que no está en la cabeza de los españoles”, tal como ha asegurado en una entrevista en La Sexta. También ha dicho que “no hay nada que investigar” y que reclamar una comisión de investigación es “una desvergüenza”, en un claro dardo envenenado contra Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición. Está claro que Bono le tiene una alergia genética, crónica e incurable a los morados. Sin embargo, la animadversión del exministro socialista, su inmovilismo conservador y caduco, no están justificados en este caso, ya que Podemos ha mantenido una posición de absoluta lealtad al Ejecutivo de Pedro Sánchez en este caso. De hecho, Pablo Echenique, uno de los duros habituales, ya ha zanjado la polémica al manifestar que no cree necesaria una comisión de investigación para aclarar los puntos oscuros de la conexión de González con la guerra sucia de los GAL, ya que “todo el mundo sabe lo que pasó”. De esa manera, el líder de UP pasó página al supuesto informe secreto de la CIA fechado en 1984 y aireado por La Razón en una exclusiva algo rancia, añeja y anacrónica, que sitúa a Felipe como “impulsor de un grupo de mercenarios que combatió a ETA fuera de la ley”.
El partido de Pablo Iglesias está madurando a marchas forzadas, sus ministros se han hecho mayores en estos meses de gran tragedia nacional, y ya no son esos airados muchachos del 15M que pretendían asaltar los cielos, tal como pedía su líder. Hoy el Gobierno está fuerte, la coalición ha cuajado, y en buena medida es porque los integrantes de Unidas Podemos han asumido el papel de estadistas, dejando atrás el pasado juvenil, agitador, universitario y antisistema. Podría decirse aquello de “tenemos Gobierno para rato”, salvo sorpresa, escándalo o descalabro imprevisto. La gestión de la pandemia dirigida por el doctor Fernando Simón ha dado resultado, la curva se ha aplanado tal como preveía el epidemiólogo, y puede decirse que España tiene controlado el brote mientras otros países occidentales siguen ahogados en un miasma de virus. El propio Sánchez, en un ejercicio de sinceridad poco usual en las derechas, ha reconocido que su gabinete reaccionó tarde ante la llegada de la pandemia pero que después se han hecho las cosas bien. Tan bien que se ha desplegado un gran “escudo social” para proteger a los más castigados por la crisis. Se han aprobado los ERTE, créditos a las pequeñas empresas y autónomos, un ingreso mínimo vital para las clases sociales más humildes, mucho más de lo que hizo el Gobierno de Rajoy tras la recesión de 2008, cuando España se dedicó a rescatar bancos y no personas. Pero a Bono parece que no le vale nada de eso. Está obsesionado con Unidas Podemos, cuando debería estar satisfecho de que la izquierda española, por fin después de cien años, haya conseguido entenderse y hasta trabajar en equipo. Insiste el ex ministro de Defensa en que un Gobierno monocolor, con mayoría absoluta, es “más barato, más coherente y mejor para la ciudadanía”, y añade: “No pudo ser que estuviera solo el PSOE y tuvimos que aguantarnos y pactar con Podemos”. A Bono le chirría que el de Iglesias sea “un partido comunista” y “anti socialista”, un discurso que parece más bien salido de la boca de Pablo Casado o de Santiago Abascal que de un histórico del PSOE.
“Me parece que sería mucho mejor que no hubiese coalición. Hemos de conformarnos y poner cara de que no nos importa sus críticas”, insiste Bono, quien insta a Unidas Podemos a ser “leal”. No debería quejarse el barón manchego, porque si algo está demostrando la formación podemita es que puede ser un socio preparado en quien se puede confiar. Iglesias y los suyos han renunciado a un poco de utopía para hacer política de la buena, de la que se nota en la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que menos tienen. Es una gran noticia para la España que viene y para la izquierda autóctona, que está más unida que nunca. José Bono debería aparcar viejos rencores, prejuicios y glorias pasadas que nunca volverán y alegrarse de esta especie de milagro que será bueno para todos.

Viñeta: Igepzio

LOS ESPARTACOS DEL AMOR


(Publicado en Diario16 el 29 de junio del 2020)

A Vox y sus lobbys reaccionarios ultraconservadores le salen homosexuales de debajo de las piedras. Como en el final de la gloriosa película de Kubrick en la que los esclavos de Roma gritaban aquello de “todos somos Espartaco”, Santiago Abascal ve ahora cómo en cada rincón del país, en cada barrio y en cada pueblo le afloran los nuevos Espartacos del amor, activistas anónimos del movimiento gay, cientos y miles de personas que empiezan a darse cuenta de lo que nos jugamos en este país si la extrema derecha alcanza el poder algún día. España entera, esta vez sí, ha salido del armario. Hablamos de ciudadanos de toda condición sexual que este fin de semana han enarbolado la bandera del arco iris para defender los derechos del colectivo LGTBI en el día del Orgullo. Qué mejor ejemplo que los vecinos de Villanueva de Algaidas, el irredento municipio malagueño que ha reaccionado con bravura ante la retirada de la enseña multicolor del Ayuntamiento. Minutos después de que tres vecinos acudieran al cuartel de la Guardia Civil para denunciar que el emblema gay colgaba de la Casa Consistorial, las nobles gentes de Villanueva se revolvían contra la cacicada homófoba y llenaban las calles de banderas. Fue toda una explosión de color ante la negra intolerancia y la homofobia en blanco y negro propagada por algunos.
La lección que nos dejan los vecinos de Villanueva de Algaidas es que nunca hay que callar ante el totalitarismo y que siempre debemos estar atentos, en guardia para defender los derechos humanos que tanto tiempo nos ha costado conquistar a los españoles. Por si fuera poco, la mismísima Guardia Civil se sumó a la causa al actualizar su cuenta en Twitter con la bandera que representa a las personas del movimiento LGTBI. Como era de esperar, el gesto humanitario de la Benemérita enervó a los rancios diputados de Vox. Macarena Olona fue la primera en levantar el martillo de Torquemada. A la señora le pareció mal que el Instituto Armado cubriera su escudo con otra tela que no fuera la bandera de España y pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A su vez, el atrabiliario y siempre guerracivilista eurodiputado Hermann Tertsch también se mostró irritado por el gesto de la Guardia Civil: “No hay institución que quede a salvo de la violencia corruptora de la izquierda totalitaria. Esto no tiene nada que ver con derechos ni con homosexuales, sino con el asalto al Estado: la proclamación de que sus órganos armados quedan al servicio de la ideología de este Gobierno”. Sin duda, el odio le reconcomía por dentro.
Un solo gesto de dignidad puede cambiar el mundo y eso es lo que ha ocurrido estos días en España. Las personas y las instituciones, hartas ya de los tics homófobos de Vox, han salido a defender lo que es justo frente a las ideologías del odio propagadas por unos lobos con piel de cordero que pretenden ir de muy demócratas pero que a la hora de la verdad, cuando se trata de respetar los derechos humanos, las libertades de las minorías y de las mujeres, siempre terminan dando el cante franquista. Los señores de Vox tratan de convencer a los españoles de que no son nostálgicos del régimen, de que son la nueva derecha constitucional, pero cada vez que ponen uno de sus tuits incendiarios el tufillo a supremacismo reaccionario y xenófobo se propaga por todas partes. Hace dos años, sin ir más lejos, el partido ultra colgó un comunicado de prensa en su página web en el que alertaba de que “la celebración del ‘orgullo gay’ se ha convertido, en los últimos años, en una imposición institucional, un problema de convivencia y en la causa de la vulneración de los más elementales derechos de las poblaciones donde se lleva cabo. En el caso de los ciudadanos madrileños la situación se vive con verdadera angustia por los excesos, en todos los aspectos, que se comenten”. Tratar de criminalizar a todo un colectivo que se expresa festiva y pacíficamente cada año fue sencillamente vomitivo y en cualquier país con una democracia medianamente seria y avanzada la Fiscalía habría actuado de oficio por delito de odio.
Nadie va a terminar con el Día del Orgullo Gay, por mucho que la señora Rocío Monasterio se empeñe en llevar las carrozas al gueto de la Casa de Campo para que no se vean. España ya no es aquel país caduco, analfabeto y atrasado de antaño al que se engañaba fácilmente con cuatro misas y cuatro amenazas de señoritos. El que más y el que menos ha ido a la escuela y ha viajado por el mundo. Los españoles le han visto el plumero a toda esta ralea totalitaria y gazmoña que trata de imponer sus cavernícolas ideas, su religión y su moral a los demás. Los españoles quieren que les dejen vivir en paz, cada cual mostrándose como lo que es, hetero, homo, bi, trans, vegano, animalista o mediopensionista. Pero Vox se ha empeñado en meterse en la cama del pueblo, como ya hicieron los obispos que apoyaron a Franco durante la cuartelada del 36. Por cierto, Abascal todavía no se ha pronunciado sobre la rebelión de las banderas de Villanueva y sobre la pluma de la Guardia Civil. Eso sí que ha sido toda una revolución social y no sus estúpidas caceroladas de ricos.

Viñeta: Pedro Parrilla