(Publicado en Diario16 el 30 de agosto de 2019)
En el
Reino Unido hay quien dice que el primer ministro,
Boris Johnson, ha dado un
golpe de Estado.
Quizá sea una exageración en un país acostumbrado a la paz burguesa y a
la estabilidad política sin sobresaltos. Pero su decisión de cerrar el
Parlamento durante cinco semanas para salvar un
Brexit duro sin acuerdo –con el refrendo de la
reina Isabel II–
es una medida que ha conmocionado a la opinión pública de una de las
democracias más antiguas y consolidadas del mundo. Habría que remontarse
a los tiempos de
Carlos I de Inglaterra para encontrar un episodio similar en la historia del
Reino Unido. En aquella ocasión el monarca
disolvió el Parlamento en 1629 y gobernó sin él durante los siguientes once años.
El
derecho de disolución de los Parlamentos proviene
precisamente del sistema parlamentario británico y cada democracia lo
regula en sus constituciones de una forma particular. En general, puede
decirse que rara vez se utiliza (siempre en casos muy tasados) de modo
que tiene un carácter excepcional y siempre asociado a circunstancias de
especial relevancia.
En España, por ejemplo, las legislaturas duran cuatro años, y transcurrido ese plazo el rey disuelve las
Cortes Generales para convocar nuevas elecciones. También se cierra el Parlamento en caso de
moción de censura, cuando ninguno de los candidatos a la
Presidencia del Gobierno
obtiene la investidura del Congreso (en ese supuesto el rey tiene que
decretar la disolución de la Cámara Baja y del Senado) y cuando se
declara el
Estado de alarma, excepción y/o sitio en
todo o en parte del territorio nacional. Es decir, en nuestro país ni
siquiera el rey podría decidir por sí mismo la clausura de las Cortes,
ni tampoco negarse a firmar el decreto de disolución cuando sea
requerido para ello por el presidente del Gobierno o por el presidente
del
Congreso de los Diputados. Nuestra
Constitución quiso ser garantista para que el
Jefe del Estado
no pudiera atribuirse la facultad de disolver el Parlamento, algo
propio de monarquías absolutas y de dictaduras. De modo que si
Santiago Abascal, líder del partido ultra
Vox, está teniendo tentaciones de seguir los pasos de Johnson ya puede ir abandonando la idea.
En general puede decirse que la disolución es un instrumento para arreglar los conflictos que surgen entre el
Poder Legislativo y el
Poder Ejecutivo.
Se articula como un arma del Gobierno en sus relaciones con las Cámaras
y para contrarrestar la influencia del Parlamento. La mayoría
parlamentaria sabe que en caso de denegar la confianza al Ejecutivo y
provocar su caída este puede replicar disolviendo las Cámaras y
convocando nuevas elecciones, en las que esos parlamentarios tendrán que
afrontar el riesgo de perder su escaño. En última instancia se le da la
palabra al pueblo para que dirima el conflicto surgido entre ambos
poderes: los electores ratificarán en las urnas al Gobierno o provocarán
su sustitución en caso contrario.
De cualquier forma, la disolución del Parlamento fue un privilegio que ostentaban algunos monarcas del
Antiguo Régimen y
que utilizaban como medio de deshacerse de un Parlamento hostil, como
ocurrió en Inglaterra en 1629. De ahí que todo aquel político que
pretenda aplicar esa drástica medida en un régimen constitucional se
arriesga a ser considerado un absolutista, un antidemócrata o
sencillamente un dictador. Quizá sea esa la pretensión de Boris Johnson,
más si se tiene en cuenta que el cierre del Parlamento se considera una
especie de triquiñuela, un juego sucio amparado en una interpretación
espuria de la leyes constitucionales. No cabe duda de que Johnson se
está aprovechando de que el Reino Unido no posee una Constitución
escrita y de que la interpretación de las normas fundamentales suele
generar controversia.
El pequeño dictador
El provocador, populista, irreverente y berlusconiano primer ministro es “uno de los arquitectos de la catástrofe del
Brexit”,
según titula la prensa de las islas estos días, un hombre con ínfulas
de tirano cuyas decisiones empiezan a aterrorizar a millones de
británicos. El inventor del
‘Boris show’ sale a
escándalo por semana, como cuando la policía tuvo que acudir a su casa
para mediar en una disputa conyugal con su mujer que fue grabada por sus
vecinos y publicada por un diario de tirada nacional. Disfruta
comportándose como un pequeño dictador en la línea de
Trump, Bolsonaro o
Salvini y puede decirse que la democracia le desagrada y el parlamentarismo le molesta.
Ahora bien, ¿es legal su decisión de cerrar el Parlamento británico?
Al dar la orden de clausurar el curso político para reabrirlo en octubre
con un nuevo programa de Gobierno, Johnson no ha hecho más que activar
un mecanismo previsto en la ley. Sin embargo, el delicado momento que ha
elegido para ponerlo en marcha y la inusual duración de la suspensión
ha alimentado las sospechas de que el primer ministro intenta debilitar
al poder Legislativo en una coyuntura de gran crisis nacional, como es
la situación de inestabilidad política y económica generada por la
posible salida del Reino Unido de la
UE.
Por otra parte, también queda en entredicho el papel de la reina
Isabel II. Numerosos expertos consideran que la jefa del Estado estaba
obligada a cumplir con el mandato de Johnson y no podía hacer otra cosa.
Otros opinan que la decisión de cerrar el Parlamento puede ser
recurrida en los tribunales pese a la sanción real.
Con todo, los diputados del Parlamento británico contarán con cerca
de quince sesiones para intentar hacer descarrilar los planes
autocráticos de Johnson: al menos una semana de actividad en septiembre y
más de dos en octubre. La oposición, que espera colaborar con algunos
conservadores críticos con el primer ministro, disponen aún de dos
opciones para frenar a Johnson en su intento de aplicar un Brexit duro
sin acuerdo con la Unión Europea: presentar una
moción de censura (algo que puede llevar a cabo el líder de la oposición, el laborista
Jeremy Corbyn,
aunque para que prospere sería necesario el voto de algunos diputados
conservadores “rebeldes” contra su jefe) o bien intentar
tramitar una ley que
impida una salida de la zona euro sin acuerdo. No pocos analistas creen
que más tarde o más temprano se terminará produciendo una rebelión
entre los conservadores para derrocar a Johnson y evitar así sus
disparatas decisiones más propias de gobernantes totalitarios que del
líder de una democracia centenaria como la británica. En
Escocia ya se ha abierto un proceso para tratar de revertir el cierre del Parlamento, mientras que la empresaria y activista
Gina Miller ha pedido una revisión judicial urgente. La cuestión podría llegar al
Tribunal Supremo del país.
De momento el pintoresco primer ministro insiste en que romperá los
lazos con la UE el 31 de octubre, haya o no llegado a un acuerdo con
Bruselas. Todo hace prever que la batalla política y legal entre
euroescépticos y europeístas con la supervivencia misma de la democracia
en juego no ha hecho más que empezar en el Reino Unido. Cabe esperar
que la medida adoptada por Johnson provocará fuertes protestas
ciudadanas en los próximos días. De hecho, cientos de personas ya han
salido a la calle para decirle no a su primer ministro. Los británicos
(quién lo iba a decir) van a tener que movilizarse para salvar el
sistema de derechos y libertades fundamentales que ha perdurado durante
siglos. Ni siquiera
Churchill, que empeñó su vida en la lucha contra el fascismo, pudo llegar a imaginar tal cosa.