Doce terroristas entrando y saliendo de un chalé en una urbanización;
cincuenta bombonas de butano apiladas en el jardín; sustancias para
fabricar explosivos; alquileres de vehículos y furgonetas, teléfonos
móviles, tarjetas de crédito, amenazas en las redes sociales... Y nadie
-ninguno de los cuatro cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
tampoco el CNI-, fue capaz de detectar nada. Ni siquiera hicieron caso a
los alarmantes avisos de la CIA. Alguien debería abrir una investigación
a fondo para determinar si la coordinación entre los diferentes cuerpos
policiales está siendo lo más eficaz posible. Desde el 11M, la política
antiterrorista ha funcionado casi a la perfección y gracias a la labor
abnegada de cientos de agentes hemos evitado numerosos atentados como el
de Barcelona. Así se han salvado cientos de vidas. Pero empiezan a
aflorar informaciones inquietantes que hablan de piques entre Policía
Nacional y Guardia Civil, de pugnas internas por apuntarse el tanto en
la desarticulación de un comando y de recelos entre estos dos cuerpos y
la policía autonómica catalana a la hora de compartir información
sensible sobre yihadismo. Hace ya tiempo que Madrid y Barcelona apenas
colaboran en esta materia. Las dos administraciones viven de espaldas,
desconfían la una de la otra, se ponen zancadillas mutuamente por
cuestiones políticas evidentes. De ser así, estamos hablando de algo muy
grave. El ciudadano no tiene por qué pagar absurdas rivalidades
policiales, ni mucho menos infantiles luchas ideológicas, entre otras
cosas porque abona religiosamente sus impuestos para que los servicios
públicos funcionen al cien por cien. Tenemos derecho a unos cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado en perfecta coordinación porque nos va
la vida en ello. Esto no es un Barça-Madrid. Que se pongan las pilas ya.
El imán de Ripoll había viajado a
Bélgica para contactar con yihadistas, había pasado cuatro años en la cárcel y
sobre él pesaba una orden de expulsión del país que fue paralizada por un juez
y no llegó a ejecutarse. Pese a estos antecedentes penales, sorprendentemente
pudo ejercer como líder espiritual de una comunidad musulmana. Por si fuera
poco, el chalé de Alcanar estalló por los aires horas antes de los atentados de
Barcelona y Cambrils, atribuyéndose la deflagración a un laboratorio
clandestino de fabricación de drogas. A nadie se le pasó por la cabeza que los
explosivos que habían detonado allí podían pertenecer a una célula yihadista.
Pese a que la intervención de los Mossos d'Esquadra ha sido ejemplar,
desactivando a los doce integrantes de la célula en un tiempo récord, resulta
más que evidente que ha habido errores en los servicios de información del
Estado, en la coordinación de los diferentes cuerpos policiales y en el
funcionamiento de la administración de Justicia y penitenciaria. No estaría mal
depurarlos para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Corregir y mejorar
puede ayudar a evitar atentados. Y a salvar muchas vidas.
David Pérez García, alcalde de
Alcorcón, acusa a Ada Colau de allanar el camino a los terroristas por no
colocar bolardos en las Ramblas. Por su parte, Alfonso Rojo, director de
Periodista Digital, puso un encendido tuit en el que alegaba: "ahora
saldrán los progres diciendo que el islam no tiene nada que ver, hay que saber
si el tipo es budista o mormón". Y la periodista Isabel San Sebastián
aseguró, dando rienda suelta a sus ácidos estomacales: "Malditos seáis,
islamistas hijos de... Ya os echamos de aquí una vez y volveremos a
hacerlo". Son solo tres ejemplos de esa derecha troglodita que no ha
sabido o no ha querido estar a la altura durante la semana trágica de
Barcelona. En general, políticos y tertulianos de uno y otro signo han sabido
comportarse, algo que no sucedió durante el 11M, que quedó reducido, para
alborozo de los terroristas, a un bochornoso show plagado de insultos,
manipulaciones, mentiras y palabras gruesas. Esta vez no fue así. Esta vez el
carácter guerracivilista de algunos -por fortuna una minoría-, quedó enterrado
entre las múltiples expresiones de humanidad, solidaridad y respeto a los
fallecidos y sus familiares. La violencia verbal es otra forma de terrorismo.
Quien la practica por motivos políticos o personales se convierte en cómplice
de los yihadistas.
La aplicación severa y a
rajatabla de la ley deja de ser Justicia. El Juzgado de Instrucción Número 2 de
Granada ha citado a declarar como investigadas a personas que de una forma u
otra ayudaron a Juana Rivas a esconderse con sus hijos durante los últimos
días. La jueza imputa a la directora del Centro Municipal de la Mujer,
Francisca Granados, a la psicóloga, María Teresa Sanz, y a familiares de Juana
que la ayudaron a refugiarse de su ex marido maltratador. Dice la máxima de los
tribunales que «la justicia no mira a las personas, sino los hechos» y ese
principio es lógico y racional, pero sería un grave error no tener en cuenta
las excepciones a la regla general. Cada persona es un mundo como cada juicio
es un universo y al juez compete analizar qué ha pasado caso por caso. Sin
piedad la Justicia se convierte en un monstruo ciego que causa más daño que el
que trata de reparar. La jueza de Granada debería tener en cuenta no solo el
rígido articulado del Código Penal, sino también eso que llaman "el espíritu
de la ley" (que muchas veces se pasa por alto) y sobre todo aquello que
dijo Cecilia Bohl de Faber: ser humano antes que ser justo.
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