ORTIZ NO ES EL PRIMERO

Todos los medios de comunicación se suman hoy al gran titular de que el empresario Enrique Ortiz es el primer industrial que confiesa la financiación ilegal del PP valenciano. Con ser una gran noticia y de mucho mérito, no es del todo exacta. Hubo otro hombre que muchos años antes ya hizo una confesión muy similar, aunque solo le sirvió para terminar con sus huesos en la cárcel. Se trata de Vicente Vilar, el que fuera socio del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Un asunto de faldas rompió esa rentable amistad entre ambos y el empresario decidió vengarse. Vilar me facilitó una lista de gente poderosa de los negocios que estaba financiando al PP con comisiones y dinero negro. Era el 11 de marzo de 2004 y acababan de producirse los atentados de Atocha, de manera que toda la redacción febrilmente trabajaba en ese asunto. Un mal día para hablar de algo que no fuera el 11M, pero la curiosidad me pudo finalmente, así que me puse en contacto por teléfono con uno de los empresarios aludidos por Vilar, J.G., y le grabé toda la conversación. En ella me contaba cómo se hacían los pagos en B al PP valenciano: «En mano, en paquetes de billetes contantes y sonantes. Cada fajo tenía un millón de pesetas, hasta quince paquetes. No he visto tanto dinero junto en mi vida», me dijo. En la grabación queda claro que J.G. le dio el dinero a Vicente Vilar durante una comida y que éste se encargó de hacérselo llegar personalmente a Carlos Fabra. Las comisiones en dinero negro eran un «apoyo a este señor Fabra para apostar por la campaña electoral del partido, para que le hicieran una buena ayuda», según mi confidente, que no sabía que yo lo estaba grabando. Fue una pequeña artimaña para curarme en salud por si el sujeto pretendía retractarse más tarde. Y vaya si me salvó el pellejo. J.G. insistió varias veces en que los quince fajos tenían que ser para «ayudar a financiar la campaña electoral del PP, cómo utilizaran luego ese dinero ya no lo sabemos», soltó mientras yo sostenía la grabadora junto al teléfono y pensaba en el bombazo que tenía entre manos. El industrial dejó claro que en todo momento «Vilar y el señor Fabra habían hablado para estar de acuerdo en que el dinero iba a parar al partido. Que ese dinero fuera para el PP o para las arcas del señor Fabra, eso es algo que ya no sé». El soborno de los quince millones de pesetas beneficiaba a todas las partes. A la empresa de J.G. porque conseguiría una importante licencia de venta expedida por el Ministerio de Agricultura; a Fabra porque se embolsaría su parte; y por supuesto al partido porque ingresaría una suculenta mordida para costear sus gastos varios de campaña. Así que todos salían ganando. Al día siguiente publiqué mi conversación con J.G. en Levante-EMV y como era de suponer el empresario se querelló contra mí por injurias y calumnias alegando que todo lo que me había contado era mentira. Lógicamente, yo estaba tranquilo, tenía las espaldas cubiertas con la grabación. La jueza me pidió las cintas y yo se las di gustosamente. Los audios fueron aportados al juicio, y tras la celebración de la vista oral salí absuelto. Le gané la querella al empresario y la magistrada sentenció que todo lo que habíamos publicado era cierto. El testimonio de J.G. sobre la financiación ilegal sirvió para más bien poco y todo quedó convenientemente enterrado y olvidado durante años. Pero al menos nos queda la satisfacción de haberlo contado allá por 2004, aquel día en que unos locos fanáticos volaron por los aires los trenes de Atocha. En aquellos tiempos el PP todavía no era una organización criminal, como dice ahora la Justicia, sino un partido respetable, aunque en la sombra, y sin que nadie lo supiera todavía, ya manejara cajas B. No, claro que no. Ortiz no fue el primero. Ni será el último.