domingo, 28 de febrero de 2021

EL RETORNO DEL REY

(Publicado en Diario16 el 27 de febrero de 2021)

Ponerse al día con Hacienda. Esa es la condición que Zarzuela y Moncloa han puesto a Juan Carlos I si quiere regresar a España. El emérito ya no aguanta más en Abu Dabi, sigue preguntándose qué demonios hace en el desierto si formalmente no está acusado de nada y continúa presionando a su hijo, Felipe VI, al que ha transmitido su intención de regresar cuando antes y sin más demora. Ya hizo un primer intento de entrar en el país en Navidad, pero la Casa Real consiguió frenarlo a tiempo tras convencerlo de que con el coronavirus arreciando y con el chaparrón mediático que estaba cayendo a cuenta de sus últimos escándalos financieros no era el momento más adecuado para que volviera a pisar suelo español. El Gobierno de Pedro Sánchez estuvo informado en todo momento de cada movimiento con el rey emérito y aunque Moncloa negó que existiera un plan por si se le ocurría regresar por Navidad, esa posibilidad estuvo encima de la mesa hasta que fue definitivamente descartada.

Fue entonces cuando el monarca remitió un breve comunicado en el que anunció su decisión de seguir algún tiempo más con sus hermanos los jeques: “He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore”. Y ahí quedó la cosa. Sin embargo, a primeros de este año el rey emérito ha vuelto a sacar el tema e insiste en que quiere volver. Para ir preparando el terreno, ya se han lanzado varios globos sonda a la opinión pública, filtraciones del entorno familiar y de amistad del patriarca borbón. Así, se llegó a difundir que la salud de Juan Carlos I peligraba, lo cual fue inmediatamente desmentido por Zarzuela (aquella información publicada por la periodista por Pilar Eyre apestaba a intoxicación). También se publicó una fotografía en la que un avejentado monarca tenía que ser asistido por dos ayudantes para poder caminar e incluso se dijo que sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, habían viajado a Emiratos Árabes para hacerle una visita. E incluso algunos periodistas cortesanos le echaron unos buenos capotazos. Ahí estuvo Raúl del Pozo, que por lo visto tiene hilo directo con el rey emérito, para garantizar que de enfermo nada, que el exjefe del Estado está “como un oso” y anda buscando “novia, trabajo y piso”. Qué mejor forma que esa de aventurar que la fecha del advenimiento está próxima.

En ese intento de crear el clima propicio se enmarca el reciente acto de recuerdo al fallido golpe de Estado del 23F, una lavada de imagen en toda regla para el hombre que salvó a los españoles de los tanques golpistas. A partir de ahí, todo apunta a que la ofensiva de Juan Carlos I para retornar a España va a ser más insistente a corto plazo de lo que ya fue por Navidad. Y una vez más la patata caliente vuelve a estar en manos de la Casa Real y también del Gobierno, que por mucho que trata de desmarcarse de un problema que quema como el fuego no puede eludir la responsabilidad de tomar cartas en un asunto que afecta a la máxima institución nacional, como es la Jefatura del Estado. Ayer mismo el propio Sánchez evitaba pronunciarse sobre un posible regreso del rey emérito, dejaba claro que esa es una “decisión personal” y rehusaba entrar en valoraciones concretas. ¿Qué puede hacer un presidente del Gobierno ante un exmandatario que anda suelto y descontrolado por el mundo pese a las graves acusaciones de fraude que pesan sobre él? Si se opone a su reentrada en el país, la derecha le acusará de enemigo de la monarquía y de antipatriota desagradecido con el gran artífice de la Transición. Si acepta la ‘Operación Retorno’, quedará ante sus socios de coalición como un lacayo de Zarzuela, un sumiso del Régimen del 78 y un calzonazos que se pliega a los deseos de una monarquía decadente y corrupta. Haga lo que haga Sánchez en este espinoso asunto, pierde.

Ayer vivimos el penúltimo episodio de un guion que parece escrito de antemano. La regularización fiscal con Hacienda es, sin duda, un desesperado intento de Juan Carlos I por hacer las paces no solo con los inspectores de la Agencia Tributaria, sino con el pueblo español. Eso desde el punto de vista ético y sentimental, porque desde el punto de vista penal es también la única manera de no caer en una infracción tributaria que podría dar lugar a graves delitos. Una declaración complementaria de cuatro millones de euros no es moco de pavo, como suele decirse, y el primero de los borbones tenía que pasar por ahí como primer paso para poner pie en Barajas.

Algunos medios como El Confidencial han publicado en las últimas horas que Gobierno y Casa Real han instado al emérito a hacer “los esfuerzos posibles” para asumir todas las regularizaciones “que sean precisas”. Y El Campechano rey parece que ha movido ficha: recurrir a varios amigos empresarios españoles para reunir la importante suma que le pide Hacienda, según publica El Español. Llegados a ese punto, cabe preguntarse por qué un hombre al que la revista Forbes atribuye una fortuna personal de 2.000 millones de euros tiene que recurrir a una colecta, crowdfunding o micromecenazgo entre sus más allegados para zanjar sus cuitas con las arcas públicas.

Recuérdese que los rumores de vuelta a casa por Navidad también comenzaron con una primera regularización fiscal: más de 700.000 euros el pasado mes de diciembre. En aquella ocasión el dinero fue transferido al fisco como pago de la deuda, pero el emérito vio frustrado su intento de repatriación por la tenaz oposición de la familia y del Gobierno. ¿Qué pasará esta vez?

LOS CIENTÍFICOS JUBILATAS

(Publicado en Diario16 el 26 de febrero de 2021)

La vacuna más avanzada del CSIC retrasa un mes el inicio de los ensayos en humanos. Es un episodio más en el trágico día a día de nuestra ciencia maltrecha y abandonada. La vacuna española promete ser mucho más segura y fácil de conservar que otras que se han descubierto y fabricado a toda prisa en otros países en una loca carrera por los beneficios empresariales y por el Premio Nobel. Pero una vez más la precariedad laboral, la escasez de personal y la falta de dinero –males endémicos de la ciencia española–, amenazan el proyecto.

Probablemente la mayor parte de la gente no sepa que la vacuna del CSIC que se está desarrollando en condiciones penosas presenta la gran ventaja de que puede distribuirse a temperatura ambiente, a diferencia de las demás que ya están en el mercado y que necesitan condiciones de conservación mucho más estrictas (hasta 70 grados bajo cero). Ahora que el mundo mira con desconfianza los antídotos fabricados contra el coronavirus por la farmacéutica británica AstraZeneca (los alemanes ya han dicho que no la quieren ni en pintura por su eficacia limitada), la vacuna española del CSIC podría tener un futuro esplendoroso por sus posibilidades de comercialización en el Tercer Mundo, donde no disponen de logística suficiente para el complejo mantenimiento que requieren las sustancias.

Sin duda, este era el momento de que España se marcara un buen tanto, no solo como país avanzado en tecnología médica sino como pueblo que exporta su ciencia barata y segura para que salgan adelante quienes más lo necesitan. Sin embargo, una vez más estamos perdiendo una gran oportunidad, se ha impuesto la chapuza nacional, el abandono, los malditos recortes y la falta de fondos para la investigación. España posee los mejores investigadores, profesionales formados en buenas universidades públicas y con un potentísimo talento capaz de lograr una gesta al alcance de muy pocos países del mundo, como es descubrir una vacuna. No es fácil llevar a buen puerto un proyecto de ese calibre que requiere de mucho dinero, de científicos dotados y de tecnología de última generación. Y pese a todo, el equipo del CSIC al mando del doctor Vicente Larraga, un investigador jubilado de 72 años, lo ha conseguido a base de ilusión, esfuerzo y con cuatro palicos y cañas, como dicen coloquialmente los murcianos.

Larraga no es el único cerebro que en esta pandemia se ha puesto manos a la obra, altruistamente y pese a que ya está retirado. Tres de los principales programas españoles para lograr una vacuna contra el covid están dirigidos por investigadores jubilados que han decidido volver a las trincheras de la biología y la medicina. Mariano Esteban (76 años), Luis Enjuanes (75) y otros han escrito una página gloriosa de la historia. Pero ninguno de ellos cobrará ni un solo euro por su trabajo. Todo lo hacen por pura filantropía, por una causa noble como es la lucha contra una enfermedad devastadora que mata por miles y por amor a la ciencia.

La historia de estos auténticos héroes de nuestro tiempo que trabajan de sol a sol en el laboratorio y que viven de una pensión de la Seguridad Social rara vez aparece en los periódicos, demasiado preocupados por las trifulcas de nuestros políticos mediocres (ahí los periodistas tienen su parte de culpa por no poner el foco donde deben). “Lo estamos haciendo porque hay que tener una responsabilidad social mínima; yo me considero un servidor público, no un héroe. Alguien que quiere seguir haciendo su trabajo mientras pueda”, asegura Larraga en el programa de Cuatro de Joaquín Prat. Estremece escuchar a hombres y mujeres con esa entereza, esa generosidad y esa capacidad de sacrificio. En un tiempo en que los grandes referentes son personajes como el youtuber El Rubius, que se lleva su dinero a Andorra para pagar menos impuestos (escamoteando los fondos públicos necesarios de nuestra ciencia y nuestra Sanidad pública), reconcilia con el ser humano que todavía haya ídolos de verdad, aunque ellos no se consideren como tales sino como simples servidores públicos.  

La ominosa década 2010-2019 ha sido nefasta para la ciencia española debido en buena medida a los recortes de Mariano Rajoy. Con la excusa de reducir el déficit se ha producido una descapitalización no solo de proyectos sino de jóvenes talentos que han tenido que emigrar al extranjero y que ya no volverán (si regresan les espera un futuro en el que tendrán que malvivir con contratos temporales precarios y con escasas expectativas de reconocimiento profesional). Sin científicos cualificados, formados y bien remunerados (un investigador joven no cobra más de 1.600 euros en España) es imposible que la ciencia española pueda seguir avanzando. El nuevo Gobierno ha mostrado su intención de mejorar la penosa y lamentable situación en la que se encuentran nuestros investigadores, pero de momento todo son promesas a largo plazo.

A fecha de hoy, la vacuna del CSIC se encuentra en fase 3, un experimento con humanos que cuesta 25 millones de euros. Al lado de los 140.000 millones que van a llegar de Bruselas es una cantidad insignificante, ridícula, irrisoria. Ahora a nuestros sufridos investigadores solo les queda buscar financiación privada para poder seguir adelante con el proyecto. Triste y lamentable. ¿Es que a nadie en el ministerio del ramo, el de Pedro Duque o el que sea, se le ha ocurrido firmar un talón con el dinero necesario para que la vacuna pueda hacerse realidad? ¿Es que de esos 11.000 millones para los hosteleros (que necesitan las ayudas, nadie pretende negarlo) no hay un modesto pico para impulsar el mayor y más loable experimento que puede acometerse en medio de una pandemia?

La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso, decía Louis Pasteur. La auténtica modernización del país pasa necesariamente por potenciar la investigación científica. Es preciso reformar todo el sistema, dar una oportunidad a los jóvenes investigadores y dotar de una vez por todas a nuestros laboratorios de una estructura seria y consolidada. En medio de una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, inmersos en un brutal cambio climático, el país reclama un Gobierno que mime a sus sabios, auténticas neuronas de la sociedad. “Si no ganamos la batalla de la investigación siempre seremos un país subordinado”, dice el doctor Larraga. Un país sumiso, pobre y atrasado, habría que añadir.

Viñeta: Pedro Parrilla

LA PÚNICA

(Publicado en Diario16 el 25 de febrero de 2021)

Bárcenas ha acusado a Esperanza Aguirre de haber recibido un sobre con 60.000 euros de una constructora y la exlideresa anuncia querellas contra el díscolo tesorero. Llama la atención que la condesa de Bornos haya tardado tanto en poner las respectivas demandas por falso testimonio, ya que el contable del Partido Popular lleva meses, por no decir años, agitando el ventilador contra la señora de casa grande. Pero por lo visto hoy le ha dolido más que la llamen presunta corrupta que hace unos años. Excentricidades de la nobleza.

Es Aguirre la pieza clave de ese puzle que se llama caso Púnica, una inmensa trama de supuesta financiación ilegal en la que algunas empresas habrían pagado grandes sumas de dinero para contribuir a las victoriosas campañas electorales del PP castizo. Todo el gigantesco embrollo que está pendiente de aclaración en los tribunales llega en el peor momento para Pablo Casado, que hace unos días ordenó la histórica mudanza de Génova 13 con el único fin de intentar borrar tan turbio pasado de escándalos y corruptelas. Como si cambiando la basura de sitio esta oliera menos.

Aguirre nunca se ha sentido respaldada por la nueva directiva popular casadista en sus pleitos contra Bárcenas y hoy ha aprovechado para ajustar algunas cuentas pendientes con el joven sucesor de Rajoy. Como representante de la vieja guardia genovesa que amaba la antigua sede de la formación política, no solo no le ha gustado la mudanza, sino que ha arremetido contra Casado por su reciente entrevista en la cadena catalana RAC1, en la que el jefe de la oposición se refirió a las cargas policiales del 1 de octubre contra cientos de catalanes como “un error”. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha invitado al jefe a hacer “alguna reflexión más que cambiar de edificio”. Ahí queda eso, toma misil en toda la línea de flotación del casadismo.

La otrora gran diva de la derecha madrileña anda ofendida y desatada (normal, no todos los días a una Grande de España la llaman trincona y sobrecogedora en los tribunales, como ha hecho Bárcenas al tirar de su famosa manta), y ya reparte estopa a diestro y siniestro: “Si hemos girado al centro, tendríamos que haber cogido alguno de los treinta escaños que perdió Ciudadanos”, asegura. En su análisis sobre el fiasco en las elecciones catalanas, ha llegado a ser incluso hiriente, tirando de sarcasmo y tratando de ridiculizar a ese hombre odioso del que usted me habla, o sea Casado: “Amigos míos que votaron a Ciudadanos y PP votaron a Illa pensando en el voto útil”, ha aseverado tirando de látigo. E incluso se permite bromear al reconocer que con la llegada del casadismo a Génova 13 ella llegó a pensar “que había entrado aire limpio en una habitación cerrada” (para atmósfera putrefacta la que emana de su estanque, del que no dejan de salir ranas contaminadas).

De modo que a Aguirre ya le parece mal todo lo que haga la nueva directiva casadista, el cambio de sede, la falta de autocrítica, los resultados electorales en las catalanas y hasta el pretendido giro al centro del partido, que tampoco le gusta porque ella es de la línea dura thatcheriana y no suele andarse con melindres ni tibiezas marianistas. La furia de Aguirre se ha desencadenado en el peor momento para el PP, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez sigue fuerte a pesar de la pandemia y de la crisis y cuando está en juego nada más y nada menos que el futuro del proyecto fundado por Manuel Fraga.

Casado cree que todo pasa por la reunificación de las derechas mediante la absorción de Ciudadanos para ensanchar el espacio del centro, pero de alguna manera Aguirre le está recordando que el futuro está en Vox. De ahí que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid haya afeado al presidente del PP el tono que empleó contra Santiago Abascal durante el debate previo a la moción de censura contra Sánchez. Sobre ese momento en el que Casado trató de marcar distancias con la extrema derecha, Aguirre sentencia: “Una cosa es decir que no a la moción de censura y otra los ataques personales. Me parece que es inaceptable, francamente”. Solo le ha faltado decir aquello de pobrecito Santi, no se merecía ese trato denigrante.

Hace tiempo que Aguirre, al igual que Aznar, ha mostrado sus simpatías públicamente por el Caudillo de Bilbao. Nunca ha escondido que el discurso falangista le hace tilín y que la nostalgia de los tiempos pasados la invade. Cuando se refiere al líder de Vox, la exlideresa siempre lo presenta como un caballero serio y decente, trabajador y responsable, todo lo que se puede pedir de un hombre predestinado a grandes cosas. Pero este tirón de orejas a Casado para defender al otro, al aspirante, al pretendiente y candidato a dirigir algún día las derechas españolas, es un paso más allá. Indudablemente, Aguirre está loca por la música falangista, o sea el Cara al Sol, y ya ha propuesto que en la próxima unificación de la nueva Confederación Española de Derechas Autónomas se cuente también con el partido verde que encarna las esencias del Movimiento Nacional.

La huida hacia adelante de Aguirre, en este caso hacia la extrema derecha, tiene mucho que ver con sus problemas con la Justicia. Si la Convergència pujolista viró hacia la independencia cuando llegaron los de la UDEF y la UCO a desempolvar las alfombras, las cortinas del Palau y el dinero oculto en la banca andorrana, Aguirre también está inmersa en un proceso similar de radicalización. Es curioso ese fenómeno: cuanto más cerca está el juez, más patriota se vuelve uno.

Viñeta: Igepzio

LOS TRILEROS

(Publicado en Diario16 el 24 de febrero de 2021)

Pasado el debate bizantino sobre la Ley Trans, el Gobierno de coalición ha empezado una nueva guerra interna, esta vez a cuenta de la Ley de Vivienda. Así va este Ejecutivo de izquierdas, de pelotera en camorra hasta el final. Esta vez las hostilidades prometen ser todavía más cruentas, ya que si la legislación que debía regular los derechos de las personas transexuales se situaba en el terreno eminentemente ideológico entre feministas y transgeneristas, en el asunto de la vivienda se está jugando con las cosas del comer, de modo que el navajeo en el Consejo de Ministros está más que asegurado.

Unidas Podemos ya ha advertido que no está dispuesto a aceptar un texto que no incluya un límite claro a los aumentos en el precio de los alquileres, una exigencia con la que no piensa transigir el PSOE. La tensión es máxima, ya que el contexto, el escenario político, no invita a un clima de entendimiento y desescalada entre socialistas y morados. Con las barricadas todavía humeantes en las calles de Barcelona tras las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél (un episodio que ha venido a dividir aún más las dos almas del Gobierno de coalición), cualquier chispa puede encender el enfrentamiento.

Además, en el partido de Pablo Iglesias hay recelo y suspicacia ante un posible acuerdo del PSOE con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que llueve sobre mojado. Iglesias siempre ha dicho que su línea roja irrenunciable es que Pedro Sánchez no se deje contaminar por la derecha (ni populares ni Ciudadanos) y que prefiere avanzar en la reforma exprés que permita la elección del órgano de Gobierno de jueces y magistrados sin necesidad de contar con el principal partido de la oposición. Pero tras algunos tirones de orejas de la Comisión Europea sobre las garantías de imparcialidad del estamento judicial, el presidente se anda con pies de plomo a la hora de poner en marcha esa normativa que podría ser considerada por Bruselas como demasiado intervencionista (incluso con tintes chavistas), por lo que tiene de intento de control gubernamental de la judicatura.

De modo que la tregua o alto el fuego que se había firmado el lunes entre ambos socios de Gobierno ha durado dos telediarios. Si se sondea a ambas partes queda claro que hay intención de volver a las navajas. Ya no se disimulan las rencillas, y unos y otros duermen con las escopetas cargadas. Un día el partido de Iglesias asegura que Sánchez aguantará las presiones de Pablo Casado y no les traicionará –aceptando que finalmente haya al menos un par de vocales podemitas en el CGPJ–, pero al siguiente vuelven a las andadas. Es como lo del dúo Pimpinela, pero más cainita y fratricida si cabe.

Hoy mismo, y para evitar que Sánchez pueda caer en tentaciones neoliberales con la Ley de la Vivienda, Pablo Echenique le ha lanzado un claro mensaje al presidente del Gobierno desde la tribuna de oradores de las Cortes: el derecho a un hogar digno es innegociable y el Ejecutivo de coalición puede peligrar si el PSOE se pliega a las exigencias de los poderes económicos (en este caso el sector del ladrillo) que sienten alergia ante cualquier medida de intervención estatal en el mercado de los alquileres. “No solo nos jugamos el futuro del Gobierno de coalición, sino el futuro del país”, ha aseverado Echenique trazando no ya una clara línea roja, sino una trinchera como las ardientes barricadas de los anarcos antisistema que están reduciendo a escombros y cenizas el barrio de Grácia de Barcelona. Para rematar, Iglesias ha echado más leña al fuego al asegurar que los socialistas “tensionan” la coalición cuando incumple los pactos firmados. 

La advertencia de Echenique es un verdadero órdago a su socio de Gobierno. Esta vez la cosa va muy en serio y Podemos exige al PSOE que cumpla con lo acordado en el programa de coalición. De momento, Sánchez acaba de decir en el Congreso de los Diputados que está “satisfecho” con la experiencia de cohabitación del último año (la afirmación suena a coña visto el historial de trifulcas y sobresaltos del gabinete rojo) y que a ambos socios les une la agenda común para cumplir con las reformas que necesita el país en los próximos tres años. Pragmatismo ante todo. Ahora bien, los socialistas siguen en el mismo punto de rechazo a una limitación en el precio de los alquileres que consideran introduciría elementos de distorsión y disfunción en el mercado inmobiliario. Hace solo unas horas, el ministro José Luis Ábalos ha rechazado el control de precios en los arrendamientos y ha apostado por promover incentivos fiscales, para los cuales aún espera el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Queda claro que nos encontramos ante un nuevo choque entre las izquierdas ante un problema que España sufre como pocos países en Europa. Pero en todo contrato hay que ir a la letra, no solo la pequeña, sino a las cláusulas generales, y a lo que se plasmó en negro sobre blanco en aquel documento suscrito entre los dos coaligados. En concreto, en el acuerdo se establece que “se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Es decir, Sánchez no puede decir ahora que aquello no se pactó. La regulación se acordó y lo que se contrata se cumple, eso se sabe por el Derecho Romano. Otra cosa es que el escenario haya cambiado y la estrategia de marcar diferencias con Podemos (quizá sugerida por el gurú monclovita Iván Redondo) tras la semana negra por el caso Hasél y las críticas feroces de Iglesias contra la calidad de la democracia española aconsejen cambiar de caballo a mitad de carrera. Pero lo que se firmó se firmó. Y es de trilero y de mal pagador no cumplir los compromisos.

Viñeta: Artsenal

TIEMPO DE OLVIDO

(Publicado en Diario16 el 24 de febrero de 2021)

Dice Cristina Almeida que Felipe VI le pareció algo frío en su acto de ayer con motivo del cuadragésimo aniversario del 23F. Y es cierto que se le vio desapasionado, algo ausente, depre. Cuando trató de ensalzar el legado de su antecesor durante la Transición lo hizo como de puntillas, sin demasiadas loas y alharacas, algo lógico por otra parte. Cualquier hijo que se avergüenza de la conducta del padre pasa un mal trago cuando se ve en la obligación de defenderlo públicamente.

Pero es mala cosa para un monarca que no termine de conectar con su pueblo. Esa gelidez, ese excesivo peso protocolario e institucional que muestra en sus apariciones públicas, le va restando simpatías en la sociedad española. Felipe es un rey a la nórdica más que mediterráneo, y eso afecta a su relación emocional con los españoles. No tiene el don de gentes, ni la campechanía del progenitor, ni esa idiosincrasia extrovertida con la que Juan Carlos lograba engatusar al personal.

El evento de ayer, íntimo y apartado en el Salón de los Pasos Perdidos, transcurrió con más pena que gloria. Los partidos nacionalistas no acudieron, síntoma evidente de la ruptura de la cohesión territorial que arrastra el país desde hace años. Sorprendente la excusa que puso Aitor Esteban, quien justificó la ausencia del PNV porque “es desconcertante celebrar un golpe de Estado”. El casi siempre brillante parlamentario esta vez estuvo contradictorio, ya que allí no se homenajeaba un pronunciamiento militar, sino precisamente todo lo contrario: la derrota del golpismo que en cuarenta años de democracia no había retornado con su maldito ruido de sables. Hasta hoy.

Efectivamente, la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento lo ha cambiado todo. Pensábamos que las asonadas ya eran cosa del pasado y Vox ha venido a devolvernos a la triste realidad de la España de siempre, la secular pesadilla en bucle provocada por unas fuerzas reaccionarias que más tarde o más temprano se terminan echando al monte.

La intervención del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, fue tan patética como inquietante. El envarado dandi de la extrema derecha española compareció en rueda de prensa para aclarar la posición de su formación política respecto a las celebraciones del 23F. Tras calificar el homenaje a la democracia que estuvimos a punto de perder como una maniobra más de los partidos que están en el poder para eludir sus responsabilidades, lanzó un mensaje en el clásico lenguaje escuadrista y ultra: “Tenemos la firme convicción de que, lejos de condenar un golpe de otro milenio, los partidos del Gobierno solo tratan de desviar la atención sobre sus responsabilidades del presente aprovechando, como suelen hacer, para injuriar a la Corona”.

En esas tres líneas se resume toda la filosofía de la nueva extrema derecha española, a la que durante la Transición conseguimos desterrar de la política con la verdad y la razón y que ha regresado con más fuerza que nunca. Cuando Espinosa habla frívolamente de “golpe de otro milenio”, de alguna manera está tratando de echar tierra encima, de matar la memoria histórica una vez más, trivializando el hecho histórico del 23F y ridiculizando la tragedia que puedo ser y no fue. Típico de negacionista, un rasgo de carácter del franquismo recalcitrante. Y cuando se refiere a los partidos como los que pretenden desviar la atención de sus responsabilidades está desacreditando el sistema, el pluralismo, la esencia misma de la democracia. Otro clásico del pensamiento joseantoniano. Finalmente, cuando hace una defensa cerrada del rey contra aquellos que injurian a la Corona antepone el poder omnímodo de la Jefatura del Estado que ellos idolatran al Estado de derecho. También una idea fuerte en cualquier doctrina reaccionaria cimentada en el elitismo, la aristocracia y el absolutismo rampante.

Ha sido tal la negación del régimen de libertades que nos dimos los españoles en 1978, que Espinosa ha tenido que reconocer que Vox ha participado en ese acto solo para acompañar a Felipe VI y “recordar el papel esencial que la monarquía representó, tanto en el 23F como en la última intentona golpista”, en referencia al procés de independencia en Cataluña. A Vox la democracia solo le interesa para destruirla desde dentro porque ellos son autoritarios, feudales, anacrónicos y del antiguo régimen. La monarquía les preocupa única y exclusivamente como hilo histórico conductor del imperio español y de la obra de Franco que se ha conservado hasta nuestros días. Que nadie tenga ninguna duda de que, llegado el momento, un rey será sustituido por otro rey de una nueva dinastía mucho más plebeya y civil (véase Santi Abascal I por la gracia de Dios) tal como ya ocurrió con el Caudillo, que reinó como monarca durante cuarenta años. La extrema derecha de este país siempre se disfraza de monárquica para camuflar su linaje fascista.

Por lo demás, el atípico acto de ayer nos deja un discurso ilustrado en la mejor tradición democrática y para enmarcar de Meritxell Batet y un huraño Pablo Iglesias que compareció en su doble personalidad de vicepresidente del Gobierno y de activista antisistema. Está visto que este hombre jamás aparca sus dogmas y prejuicios y que nunca aplaudirá a un rey diga lo que diga, por mucho que este se hinque de rodillas ante una Constitución que consagra el respeto a la libertad y los derechos humanos. La Carta Magna necesita una profunda revisión para adecuarla a los nuevos tiempos, pero tratar de destruir todo lo que salió del despectivamente llamado régimen del 78, hacer tabula rasa para empezar de nuevo, es poco inteligente y estéril, además de un suicidio colectivo.

Parece obvio que en algún momento habrá que preguntarle al pueblo si quiere una monarquía o una república y más después del escándalo que persigue al rey emérito. Pero que quede claro que ese tránsito puede que no sea tan pacífico y exitoso como el que tuvimos que superar en 1975, cuando dejamos atrás el complejo atávico de las dos España y decidimos abrazar el espíritu de la concordia. La historia nos enseña que la suerte rara vez suele sonreír dos veces consecutivas.  

El 23F forma parte de nuestro pasado y como tal merece la pena recordarlo cada cierto tiempo porque la democracia es un bien muy escaso y preciado que cuesta siglos conseguir y que puede perderse en una mala noche de pesadilla, como aquella en la que los aplastantes tanques desfilaron por Valencia y las violentas metralletas retumbaron en la casa del pueblo. Una reciente encuesta asegura que más del 70 por ciento de los jóvenes no sabe quién es Tejero. Olvidar es el camino más rápido para repetir el desastre. Y ahí es donde pretende llegar el ínclito Espinosa de los Monteros.  

Viñeta: Iñaki y Frenchy

martes, 23 de febrero de 2021

EL TEJERAZO

(Publicado en Diario16 el 23 de febrero de 2021)

Cuarenta años del tejerazo, cuarenta años ya y sin embargo no hemos conseguido averiguar todo lo que pasó aquel histórico 23F de 1981, cuando los corazones de millones de españoles se encogieron ante la amenaza de una segunda guerra civil. Hoy es preciso reconocer que muchos aspectos oscuros de la trama golpista siguen sin ser esclarecidos, se sabe hasta donde se sabe, pese a los denodados intentos de historiadores y novelistas por tratar de encontrar la verdad. Si es cierto que una democracia es ante todo transparencia, también en este asunto sufrimos un déficit democrático, que no anomalía, y ya va siendo hora de abrir los archivos cerrados bajo llave, los maletines con altos secretos de Estado y el material clasificado y confidencial.

Cuatro décadas después de la asonada frustrada, del “quieto todo el mundo, se sienten coño”, de las ráfagas contra el techo del templo de la democracia y de la histórica retransmisión de un rey cariacontecido en su uniforme (hoy caído en desgracia, despojado de la vitola de héroe de la Transición y perseguido por la sombra de la corrupción) es urgente que empecemos a sacar a la luz todo lo que sea necesario para aclarar aquel extraño episodio con demasiados interrogantes. La luz y los taquígrafos son más importantes que nunca y el exorcismo de los viejos fantasmas del pasado no se puede aplazar por más tiempo. Dice Javier Cercas, gran anatomista de aquel instante, que el golpe de Tejero supuso el punto final de la Guerra Civil. Pocas sentencias tan lúcidas como esa escucharemos de un historiador que ha dedicado buena parte de su vida a desenterrar la verdad oculta.

¿Pero qué fue realmente el 23F? ¿Un pronunciamiento más bien chapucero, improvisado y con escasas garantías de triunfar? ¿Una vacuna contra los poderes reaccionarios que pretendían abortar la Transición? ¿Una mascarada, un vodevil, un autogolpe o montaje de las altas esferas y poderes fácticos? ¿Hasta dónde llegó el grado de conocimiento de Zarzuela sobre lo que se estaba tramando en los cuarteles? Y entre todas esas incógnitas surge una que planea desde hace demasiado tiempo sobre nuestra democracia: ¿por qué ese afán de querer enterrarlo todo, por qué no se desclasifican ya todas las grabaciones de aquel día que sin duda terminarían con lustros de sospechas, rumores, teorías y especulaciones más o menos fundadas? Es un hecho contrastado que aquel día generó cientos de documentos y decenas de grabaciones que se cruzaron en horas críticas entre políticos, altos mandos militares y de las Fuerzas de Seguridad, espías, embajadas y organismos e instituciones del Estado. Un material de un valor incalculable que permitiría llegar hasta el fondo del suceso.

Sin embargo, una vez más PSOE y PP siguen haciendo las veces de celadores del mayor arcano de nuestra historia contemporánea. En el año 2018, una proposición de ley impulsada por el PNV propuso que toda la documentación que tuviera el carácter de secreta con más de 25 años de antigüedad fuese publicada para su estudio y análisis por los historiadores. En ese material estaban las famosas cintas del 23F. El PP defendió una desclasificación progresiva que permitiría conocer la documentación en el año 2030. Es decir, una década más de oscurantismo. El PSOE, por su parte, abogó por una única prórroga que empezaría a contar un año después de que se aprobara la reforma, hasta 2029 si el Congreso daba luz verde al texto. Ciudadanos fue el más conservador, y reclamó la confidencialidad de los archivos durante 16 años más, hasta 2034 e incluso hasta el 2038 en el caso de documentación altamente sensible. El Gobierno de Mariano Rajoy siempre dijo no a abrir los cajones.

Tiempo antes, el entonces diputado Gaspar Llamazares había tratado de indagar algo más en el misterio, pero su petición fue denegada. “¿Dónde están y quién custodia las grabaciones de las conversaciones telefónicas que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y la mañana del 24 de febrero de 1981 entre los ocupantes del Congreso de los Diputados y el exterior del edificio?”, preguntó el líder de IU en una sesión parlamentaria. Esta vez fue el Gobierno de Zapatero el que echó tierra encima. “En relación con la cuestión interesada, (…) se señala que el Ministerio de Defensa no tiene constancia de la existencia de las citadas grabaciones y, por lo tanto, ninguna información sobre su situación”. El argumento que se puso como coartada: una Ley de Secretos Oficiales que data de 1968. Llamazares se tomó la derrota con humor: “Como nos descuidemos, se acaban desclasificando antes los documentos en poder de la CIA”.

Algunas grabaciones han ido saliendo con cuentagotas a lo largo de todos estos años, como la que mantuvieron Tejero y el falangista Juan García Carrés, uno de los implicados en la trama civil del golpe: “Ya estamos aquí”, le decía el teniente coronel al otro lado del teléfono pocos minutos después del asalto al Congreso. “Bien, pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo. Dame tu teléfono para que te pueda localizar. ¿Hay alguna baja?”, respondía el conjurado. Este fragmento es solo una parte del material hipotéticamente almacenado en alguna cámara acorazada, ya que se especula con la posibilidad de que haya horas de grabación (alrededor de cien) no solo obtenidas en el Congreso de los Diputados sino entre los miembros de los aparatos del Estado. Una de las cintas más codiciadas es aquella en la que se escucha al rey Juan Carlos sollozar al enterarse de que su mentor y tutor, Alfonso Armada, era uno de los que estaban metidos en la trama.

Como hecho sorprendente, llama la atención que todo ese ingente material tampoco salió a relucir durante el juicio por el 23F que terminó con duras condenas para los militares y civiles insurrectos, un dato que no deja de arrojar más sombras de sospecha sobre el enigmático episodio. Y finalmente, una vez más, tenemos que poner la lupa en los años del felipismo a partir de 1982, cuando se pudo iniciar una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades pero se impusieron las exigencias maquiavélicas. Siempre se dijo que los audios quedaron bajo llave en los sótanos de la Dirección General de la Policía, incluso que todo el material fue convenientemente destruido por el bien del proceso democrático. A día de hoy, las misteriosas grabaciones siguen siendo objeto de deseo de algunos y un fetiche maldito que debe seguir oculto para otros.

Viñeta: Pedro Parrilla

ECHENIQUE

(Publicado en Diario16 el 23 de febrero de 2021)

Al igual que los demócratas norteamericanos abrieron un impeachment contra Donald Trump por el asalto al Capitolio, Vox quiere someter a su propio proceso judicial a Pablo Echenique por los disturbios y algaradas callejeras de estos días en protesta contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Son las ironías del destino de un grupo político que no deja de ser un huevo incubado por el trumpismo yanqui que nos llega del otro lado del Atlántico. No parece que la enésima demanda de la extrema derecha contra políticos en activo pueda prosperar, pero ellos insisten en la estrategia de la judicialización con la falsa creencia de que si disparan muchas veces acabarán abatiendo alguna pieza.

Como fiel representante de esa técnica filibustera que se ha dado en llamar lawfare, Vox es un partido que abusa hasta la saciedad de los juzgados y tribunales de este país. Ya se querellan por casi cualquier cosa, a todas horas, y a fuerza de meter querellas a diestro y siniestro están consiguiendo degradar aún más (si es que ya no lo está bastante) la maltrecha Administración de Justicia. Si no les parece pertinente la última declaración de un diputado socialista, querella al canto; si un dirigente de Podemos no está afortunado con un tuit, querella que te crio; y pobre del indepe que se atreva a decir una palabra más alta que la otra, que se las verá sin duda con el juez de instrucción. Por el Congreso de los Diputados circula la broma de que los abogados de ese partido ya duermen en un camastro de los juzgados para ahorrarse viajes entre caso y caso. No es serio.

La Justicia debería hacer algo para evitar este uso y abuso del Derecho por parte del partido de Santiago Abascal, que recurre a los tribunales como quien va al fútbol los domingos por la tarde y a este paso van a terminar colapsando la oficina judicial. El querellismo es una mala praxis política, un mal vicio que han adquirido sus señorías de la ultraderecha patria. Y así van, aburriendo a los españoles: querella aquí, querella allá, a lo loco. Un hartazgo, un hastío, un no parar de querellas. Franco tomó España por la fuerza; Vox pretende rendirla por cansancio y por tediosa verborrea jurídica. Acabar con la democracia enterrándola bajo una montaña de papel surrealista y sin sentido, inundar los juzgados hasta que reviente el Poder Judicial, esa parece ser la única estrategia de la formación verde.

Ahora están con que Echenique es responsable de haber “inducido, organizado y protagonizado” las protestas registradas en los últimos días en diversas ciudades españolas en favor del rapero Hasél. Y todo por un tuit mañanero que el bueno de Echenique probablemente no midió en sus consecuencias porque lo puso a primera hora de la mañana, cuando aún estaba somnoliento, desperezándose, y ni siquiera le había dado tiempo a poner su disco favorito de joticas de la “minga y la Dominga”. Esa tonada maña sí que es un rap, y no los ripios de Hasél. Es cierto que Echenique, en el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha respaldado los actos de protesta callejera. Pero en ningún momento le ha pedido a sus troskos que se den al adoquinazo tonto, a la gasolina explosiva y al cóctel molotov, de modo que de ahí a considerarlo el jefe de una insurrección popular planificada, como protende Vox, va todo un mundo.

En la querella, los servicios jurídicos de la formación de Abascal aseguran que de ese tuit viene la Vicalvarada que se ha montado después, o sea que quieren arrastrar al diputado morado a la Audiencia Nacional como a un Josu Ternera del 15M. Todo en las maneras de este engendro político que es Vox es un delirio aberrante y esperpéntico, pero ellos insisten en jugar a perfectos constitucionalistas cuando en realidad no son más que inquisidores, cazadores de brujas, abusones y autoritarios que no se saben las cuatro reglas del juego democrático (respeto, tolerancia, pluralismo político y fair play) y en cuanto algo no les gusta o les ofende (como buenos elitistas envarados) salen corriendo a refugiarse en las faldas del juez falangista de turno.

No amordazarán a este país con sus estúpidas querellas. A Echenique la extrema derecha le ha colocado la diana judicial para convertirlo en el nuevo Cojo Manteca en silla de ruedas, pero eminentes juristas ya se han apresurado a recordar que la querella tiene menos recorrido y menos futuro que los bodrios de Hasél ante el jurado del Premio Cervantes. A Bob Dylan le dieron el Nobel por sus letras revolucionarias que cambiaron el mundo; el polémico rapero no pasará de un destrozo en el hermoso barrio de Gràcia y un glorioso saqueo en la tienda de Nike. Ya solo puede aspirar al concurso de canto del penal de Lérida y ni eso, que hay mucha competencia, salen raperos protesta en cada penitenciaría, los presos están muy leídos en Sabina y se saben al dedillo aquello de “macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial”, himno del quinqui marginal. Los picapleitos de Vox cualquier día llevan al maestro de Úbeda al juzgado por rojo, chavista y masón. Por querellarse que no quede. Qué gente tan triste, cargante y plasta, rediós.

Viñeta: Iñaki y Frenchy 

LA VIOLENCIA

(Publicado en Dairio16 el 22 de febrero de 2021)

Pablo Casado no tiene una sola idea brillante acorde con el papel que se le supone a un gran estadista. La última del líder de la oposición es esa sugerencia de que Unidas Podemos es algo así como la Batasuna de los años del plomo, el gran movimiento radical que no condena la violencia, de modo que debe ser inmediatamente ilegalizado en aplicación de la ley de partidos. El pasado domingo el líder popular ponía un controvertido tuit en el que aseguraba: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad arriesgan su vida por defender la nuestra, la ley y la libertad. Sánchez debe cesar a los ministros que justifican la kale borroka. Y hay que recordar que la ley de partidos responsabiliza a los que alientan la violencia”. Pura demagogia; puro autoritarismo que no tolera al que piensa diferente.

A Casado solo le faltó pedir la prisión incomunicada de Pablo Iglesias, como el nuevo Otegi de la izquierda abertzale española, y su traslado al cuartel de Intxaurrondo, que hoy vuelve a estar de triste actualidad por los crímenes de Estado no resueltos. En los últimos tiempos el eterno jefe de la oposición se ha esforzado por mostrarse como el líder de la derecha aseada, europeísta y convencional, pero todo es puro postureo porque a la hora de la verdad pide la ilegalización de la Batasuna morada mientras guarda un ominoso silencio cuando Isabelita, la niña nazi, y los suyos, se manifiestan en el cementerio de la Almudena, brazo en alto y soltando violentas arengas contra los judíos. No se puede ir de demócrata por la vida condenando solo la violencia de un lado (la de extrema izquierda), mientras se calla y se mira para otro lugar cuando algunos incitan a la otra violencia (la fascista). Pero por momentos Casado parece usar unas gafas especiales que discriminan y que le llevan a ver solo a los radicales de un lado, mientras los otros no existen.

Está visto que los infames pactos que el Partido Popular tiene suscritos con Vox arrastran a Casado a un análisis sectario y a una interpretación sesgada de la realidad que no se corresponde con la situación que vive este país. Lo que está ocurriendo en España es que tras dos crisis económicas monstruosas nos han radicalizado (los sesudos de la Politología moderna dicen “polarizado”, como si nos hubiesen congelado en los casquetes polares), un fenómeno que recuerda a aquello que ocurrió en los días previos al levantamiento del 36, cuando el país se alineó en dos bloques antagónicos e irreconciliables, rojos y fachas, y estalló el western. Lo ha explicado muy bien Rosa Montero en un acertado tuit: “Si lo que ha hecho Hasél (amenazar de muerte a un testigo e intentar darle una patada, pegar a un periodista, pedir que pongan una bomba en RTVE, que maten a Patxi Lopez y que hundan un pica de hielo en la cabeza de Bono) lo hubiera hecho por ejemplo uno de Vox, ¿qué nos parecería?”. Touché.

La violencia es violencia venga de donde venga, ya sea de los troskos y anarcos de Barcelona (muchos de los cuales ni siquiera saben quién es el fulano ese de Pablo Hasél) o de los falangistas camisas azules que sueñan con una reedición del Tercer Reich con holocausto de judíos incluido. Un líder auténticamente democrático, un referente de la derecha presentable a la europea, debería mantener la misma intolerancia y beligerancia ante las manifestaciones de violencia de uno y otro signo. Sin embargo, a Casado nunca se le ve ejerciendo con vehemencia el papel de activista de la doctrina Merkel, que consiste en ponerle un cordón sanitario a los neonazis y en no ir con ellos ni a la esquina.  

Ahora el agente inmobiliario Casado que ha vendido Génova 13 pide la ilegalización de todos los partidos que hayan apoyado los actos de vandalismo en honor al mártir Hasél, entre ellos Podemos y los del arco independentista. La consigna general que lanza el líder popular, el falso argumentario de marras, es que “Podemos alienta la violencia”, cuando por ahí por Madrid tenemos a 300 rapados de las juventudes fascistas que andan loando a la División Azul y que no propugnan precisamente la paz entre los hombres.

En realidad todo forma parte de un juego estratégico, un artificio trumpista más de esos a los que es tan aficionado Casado, ya que la ley de partidos, en su artículo 9, establece que una formación política será declarada ilegal “cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”. Esas conductas serían “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual; fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas”. Todo ello en apoyo a organizaciones terroristas.

Hasta donde se sabe, y por fortuna, no hay ninguna banda terrorista que esté actuando en España en nuestros días. ETA ha sido felizmente derrotada y las manifestaciones callejeras violentas tras el encarcelamiento del polémico rapero pueden ser consideradas una muestra de indignación, rabia o descontento popular, reprobable a todas luces, pero muy lejos de poder considerarse una organización terrorista. La mayoría de los cachorros de Hasél no saben ni lo que es la libertad de expresión ni el anarquismo, rompen escaparates y queman contenedores por pura inercia o simbiosis grupal, porque la violencia excita muchísimo o porque alguien les ha dicho que el enemigo es el policía antidisturbios, un obrero y un padre de familia que como ellos solo quiere llevar un sueldo a casa. Las contradicciones en el mundo trosko son enormes, tanto como la incoherencia de Casado. Ese demócrata a tiempo parcial. 

Viñeta: Artsenal   

EL GUIÑOL

(Publicado en Diario16 el 22 de febrero de 2021)

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias buscan un acercamiento después de la cruenta refriega entre ministros de la pasada semana. El enfrentamiento en el Ejecutivo de coalición ha alcanzado el punto máximo de ebullición tras los actos de saqueo callejero durante las protestas contra el encarcelamiento del rapero Hasél y el presidente del Gobierno quiere reconducir la situación a toda costa. Ahora bien, la pregunta que cabe plantearse es si esto es reconducible, si tiene solución, si es posible alargar la farsa de que ambas familias de la izquierda española pueden llegar a entenderse y agotar la Legislatura sacando adelante programas y leyes útiles para el país.

Por momentos no parece posible que el Ejecutivo pueda mantenerse en el poder otros tres años (ni siquiera tres cuartos de hora más), pero socialistas y morados se han convertido en ese matrimonio que va aguantando lo que le echen, pese a que no se quiere. Iglesias tiene sus propias urgencias políticas, todos estos meses en el poder han desgastado el proyecto de Unidas Podemos, y ha decidido movilizar a su militancia, apretar el acelerador, meterle presión a Sánchez. Es lo que se llama ponerse en modo campaña electoral permanente, aunque las próximas elecciones estén muy lejos aún en el horizonte temporal. Más que comportarse como el vicepresidente segundo de una nación, el líder morado gobierna ya para sus bases con el único objetivo de salvar las muebles, como ha ocurrido in extremis en Cataluña.

El futuro de la formación morada es incierto e Iglesias sabe que si cae en el entreguismo, si se pliega a las exigencias del socio mayoritario de coalición, está perdido. Eso explicaría su giro radical de los últimos días, su crítica furibunda contra la calidad de la democracia española, su guerra sin cuartel contra las políticas de igualdad de Carmen Calvo (Ley Zerolo) y su no condena explícita contra los disturbios y la violencia callejera a raíz de la detención y envío a prisión de Pablo Hasél. Iglesias tiene que decidir entre perder el Gobierno o perder el partido y en ese terreno se moverá a partir de ahora.

En todos estos meses de experiencia gubernamental, Unidas Podemos se ha comportado como un Pepito Grillo del PSOE, un vigilante full time contratado para que los socialistas no se descarríen por la senda extraviada del neoliberalismo radical. Diríase que su función se ha limitado a hacer las veces de guiñol del garrote, es decir, ese muñeco implacable que se dedica a darle estopa a otro personaje de la obra cuando se porta mal en el teatrillo de títeres. Sin embargo, a la hora de evaluar la gestión, el balance real de los ministerios podemitas no es precisamente sobresaliente.

Bien porque no ha contado con suficiente margen de maniobra, bien por inexperiencia, los ministros que provienen del mundo morado y sus respectivas confluencias −Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades)− están pasando de puntillas, casi en un anonimato gris, por el gabinete de coalición. ¿Alguien podría decir qué ha hecho en todo este tiempo un hombre como Castells, que tiene en su mano una cartera tan importante como la de Universidad? ¿Qué reformas ha acometido, qué políticas ha impulsado, qué está haciendo para sacar a nuestras universidades de la precariedad y el atraso secular, como demuestran todos los rankings internacionales que se publican sobre los mejores campus del mundo, en los que no aparece ni un solo centro de enseñanza superior de nuestro país? Solo Yolanda Díaz (Trabajo) acredita una digna hoja de servicio en esfuerzo y resultado en un escenario endiablado, como es una pandemia de proporciones históricas y su posterior crisis económica.

Quiere decirse que la contribución de los de Iglesias al Gobierno no ha cumplido con las expectativas ni con lo que se esperaba de un proyecto potente que venía para renovar la izquierda española en momentos de crisis. Así las cosas, Unidas Podemos ha terminado convirtiéndose en poco menos que un gendarme puesto ahí para sancionar los desvaríos capitalistas del PSOE, para guardar las esencias teóricas de la izquierda utópica y poco más. Escaso bagaje en términos prácticos.

Ahora Pedro Sánchez sí puede decir con motivos que no puede dormir por las noches. El Gobierno se ha situado al borde de la implosión por las rencillas internas y esto está pasando en el peor momento, cuando la extrema derecha va ocupando nichos y graneros entre el lumpen de los extrarradios urbanos (las zonas rurales de la España vaciada ya las tiene conquistadas a base de propaganda taurina y cinegética). En ese escenario convulso, el presidente del Gobierno se encuentra ahora en la tesitura de tener que negociar la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial con el PP, que le ha puesto como condición que aparte a Pablo Iglesias para evitar que Podemos consiga su cuota de poder en el órgano de gobierno de la judicatura. Y la tentación del jefe del Ejecutivo, sometido a grandes presiones de barones socialistas y poderes fácticos, es grande.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ya ha lanzado el globo sonda de que la formación morada “está al margen de cualquier conversación para renovar” la cúpula de gobierno de jueces y magistrados y que el PSOE “está aceptando” la condición impuesta por Pablo Casado para que Sánchez margine a sus socios de coalición. “Este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia”, asegura Egea, que ha ido más allá al asegurar que “el pirómano no puede elegir al bombero: es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante”.

De momento, Moncloa asegura que nada ha cambiado, que Podemos tendrá su parte en la tarta en forma de vocales del CGPJ, como no puede ser menos tratándose de uno de los dos socios de Gobierno. En las próximas horas es más que probable que entre PSOE y UP se firme una tregua, un pacto de no agresión, aunque no se escenifique públicamente (Presidencia ya ha negado una cumbre Sánchez/Iglesias en los próximos días). Y el contenido del tratado parece evidente: los socialistas se comprometerán a seguir defendiendo la participación de los morados en la renovación de los cargos judiciales mientras que Pablo Iglesias aceptará rebajar la tensión, incluso cabe la posibilidad de que haga algún gesto o modulación del discurso para rebajar la tensión en las calles, quizá una condena explícita de la violencia. El asunto del rapero Hasél ya está amortizado; no da para más. Y a unos y a otros les conviene pasar página porque hay que seguir gobernando.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

LA TREGUA

(Publicado en Diario16 el 22 de febrero de 2021)

Los disturbios provocados por anarquistas antisistema (más algún que otro movimiento delincuencial organizado que aprovecha el clima de conflictividad social para saquear comercios y boutiques) han ahondado en la crisis aguda que vive el Gobierno de coalición. El PSOE acusa a Unidas Podemos de no condenar la pedrada al policía y el violento adoquinazo al escaparate, mientras los morados insisten en que los socialistas no cumplen con lo acordado en los pactos previos. Y en ese incendio se van consumiendo las pocas esperanzas que le quedaban a unos y otros de llevar la Legislatura hasta el final con un mínimo de cordialidad y respeto institucional. A esta hora nadie puede asegurar que el gabinete Sánchez no reviente por los cuatro costados mañana mismo, aunque tampoco se puede decir que no puedan cumplir con el mandato de cuatro años.

Es evidente que las dos almas del Ejecutivo funcionan ya a su aire y con plena autonomía, de espaldas al otro, y si puede ser metiendo la zancadilla, el puntapiés y el navajazo trapero. Nadie se fía del ministro socio de coalición que tiene a su lado y las conspiraciones palaciegas y malas artes se suceden mientras los focos de violencia libertaria proliferan en las grandes ciudades, sobre todo Barcelona y Madrid. La guerra de guerrillas que despliegan los vándalos al caer la noche es solo comparable con las emboscadas que se tienden socialistas y morados, un Consejo de Ministros que ha inventado una nueva fórmula de poder, esa que integra el Gobierno y la oposición todo en el mismo lote o pack.

Un titular de El País firmado por Carlos Cué informaba ayer de que empieza a cundir en Moncloa la idea de que PSOE y Unidas Podemos no pueden seguir por esa senda de cainismo fratricida que solo conduce al despeñadero, a unas elecciones anticipadas y a un más que posible sorpasso de la extrema derecha representada por Vox. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias saben que están obligados a hacer algo, pero no saben qué, cómo ni cuándo. De ahí que esta semana los contactos entre ambos socios vayan a ser intensos para tratar de reconducir la situación.

Este Gobierno lleva un año de riñas y grescas y en todo ese tiempo las partes contratantes no han sabido articular un instrumento o modo de convivencia pacífica. Pero lo que se ha vivido en el Ejecutivo de coalición en la última semana de altercados y barricadas callejeras ha pasado de castaño oscuro. Las hostilidades han sido agrias y cruentas a cuenta de cada iniciativa legislativa que se ponía en marcha: ley de igualdad, ley trans, ley de vivienda y ley de libertad de expresión han generado públicos y notorios enfrentamientos entre los miembros de uno y otro partido. Por no hablar del terremoto desencadenado por Iglesias en medio de la campaña a las elecciones catalanas, en la que cuestionó la normalidad democrática del país.

Pero faltaba la gota que colmara el caso y esta ha llegado con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y los consiguientes desórdenes públicos, una triste realidad que ha sido interpretada por el Gobierno de coalición, una vez más, con dos prismas diametralmente opuestos. Si para los socialistas estamos ante actos violentos a todas luces condenables, el tuit de Pablo Echenique alentando las manifestaciones el primer día de disturbios ya dejó claro que en toda esta crisis, en Unidas Podemos se iba a imponer el activismo social a las obligaciones de Estado que debe exigirse a todo Gobierno. Y así han transcurrido los últimos días, entre acusaciones mutuas de deslealtad y de haber cruzado líneas rojas de no retorno.

Las desavenencias quedaron patentes durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles, en la que los diputados del PSOE evitaron aplaudir las intervenciones parlamentarias de Iglesias, y ni Pedro Sánchez ni Carmen Calvo lo defendieron públicamente ante el furibundo ataque de las derechas. La máxima tensión se vivió el viernes, cuando Sánchez desautorizó a su vicepresidente segundo al insistir por enésima vez en que España es una “democracia plena” y que la violencia es “inadmisible”.

Aunque es cierto que ninguno de los dos socios se plantea en estos momentos romper la coalición, la mayoría de los ministros reconocen que algo muy profundo se ha roto y que va a ser difícil coserlo con el hilo del diálogo. Ningún político quiere perder el poder, de modo que ambas partes están condenadas a entenderse en una gobernación más o menos feliz o más o menos convulsa. Pero cuidado, porque las chispas que saltan, las fricciones en la maquinaria, son cada día más chirriantes e intensas y en una de estas crisis el Gobierno implosiona y el país entra en una fase de aceleración histórica de consecuencias impredecibles.

El último casus belli ha estallado después de que Carmen Calvo haya denunciado ser víctima de amenazas tras la aparición de un pelele con su fotografía colgado de un árbol y un cartel en el que se podía leer: “Me perdí, ¿por dónde queda el patriarcado?” De nuevo, lo que para Unidas Podemos era libertad de expresión para el PSOE era un ataque antidemocrático en toda regla. Mientras tanto, en el horizonte ya se vislumbra una nueva reyerta, en este caso la docena de enmiendas que ha presentado Podemos al proyecto de ley sobre el ingreso mínimo vital del ministro socialista Escrivá.

Con todo, llama la atención la curiosa paradoja que supone que un Gobierno que cuenta con el respaldo popular en medio de una pandemia y una crisis económica brutales insista reiterada y pertinazmente en autodestruirse. En las elecciones autonómicas catalanas, tanto socialistas como morados han conseguido un buen resultado: los primeros logrando la victoria en número de votos; los segundos salvando los muebles en un escenario que no les era propicio, ya que obviamente formar parte del poder ha desgastado la imagen de la formación morada en el último año. Además, la derecha está confusa, más desarbolada que nunca, lo que aumenta las perspectivas de proyección de la izquierda. Y pese a todo, socialistas y podemitas insisten en desangrarse en rencillas intestinas mientras juran y perjuran que el Gobierno está más cohesionado que nunca. El que los entienda que los compre.  

Viñeta: Pedro Parrilla

viernes, 19 de febrero de 2021

HASÉL, ECHENIQUE Y UN PAR DE CUBATAS EN EL KARAOKE

(Publicado en Diario16 el 19 de febrero de 2021)

Los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero elevado a los altares de la libertad de expresión por los movimientos antisistema, se multiplican por todo el país. Madrid, Barcelona, Valencia, en todas partes se propaga la fiebre del mártir, una manifestación de protesta que empezó como una reivindicación pacífica para adquirir tintes de brutal estallido de violencia. Decenas de detenidos, policías y manifestantes heridos, una joven mutilada, batallas campales en un escenario de guerrilla urbana, destrozos del mobiliario público… ¿Quién está detrás de los altercados violentos? ¿Obedecen a una mano negra? ¿Están siendo manipuladas las masas de jóvenes, muchos de ellos menores de edad que acaban en los calabozos de la Policía?

A esta hora hay demasiadas preguntas en el aire y pocas respuestas. Sin duda, el origen de la ola de violencia que vive el país no hay que buscarlo solo en la decisión de la Justicia de encarcelar al polémico rapero, sino en una ley tan absurda como restrictiva de la libertad de expresión impulsada por el dúo ministerial del PP Ruiz-Gallardón/Jorge Fernández Díaz y que genera más problemas de los que trata de solucionar. El enaltecimiento del terrorismo, los delitos de injurias a la Corona y contra los sentimientos religiosos, en general las conductas que penalizan la libertad de expresión y de opinión, son anacronismos del pasado que no tienen cabida en las sociedades modernas. El Código Penal no está para juzgar ideas, sino para sancionar actos y conductas que causan un daño o un perjuicio cuantificable. El Gobierno, por boca de su ministra portavoz, María Jesús Montero, garantizó ayer que acelerará los trámites para derogar la actual regulación. En medio del caos y la violencia desatada, esa una buena noticia que puede servir para sofocar un tanto el incendio social que se propaga en todas partes.

Pero más allá de que hayamos llegado a esta situación por una ley fallida más propia del franquismo que de una sociedad democrática llama la atención la nefasta gestión que ha hecho el Gobierno de coalición de los gravísimos altercados y cómo la derecha, una vez más, ha avivado el fuego con el fin de hacer tambalear el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. De nuevo ha quedado acreditado el descontrol del Ejecutivo, ya que mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reprobaba la violencia callejera como no podía ser de otra manera (“ningún derecho se puede defender con violencia; es una línea roja absoluta”), el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, montaba un Dos de Mayo con un tuit bastante desafortunado en el que mostraba todo su apoyo “a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”. De un representante del Gobierno cabía esperar una declaración mucho más afinada, atemperada e institucional, y no el bidón de gasolina que ha decidido arrojar a la hoguera de forma irresponsable. Su defensa del músico Hasél, lícita en cualquier caso, no era incompatible con un desprecio a todo tipo de acto vandálico o violento, pero Echenique se calentó y pasó a modo activista, de modo que sus palabras recordaron a aquel “apreteu apreteu” con el que Quim Torra arengaba a sus CDR en los días más convulsos de la sedición del 1-O, solo que en plan revolución zaragozana, o sea a la maña.

Lógicamente, a los comandos antisistema les faltó tiempo para tomar la soflama de Echenique como una invitación, patente de corso, barra libre y ancha es Castilla a la hora de emplearse a fondo con los escaparates de Zara y los antidisturbios. Rita Maestre, nada sospechosa de ser una retrógrada falangista, se lo ha explicado con claridad al bueno de Echenique al recordarle que se gobierna con el BOE para cambiar lo que haya que cambiar y no a golpe de adoquín o pedrada. En los últimos años hemos retrocedido no ya en calidad democrática sino en calidad de nuestros políticos y hay que andar explicándolo todo, los conceptos más básicos como lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Parece mentira que algo tan elemental como eso se les haya pasado por alto a los sesudos catedráticos de Derecho Político de Unidas Podemos, que por lo visto están muy duchos en teoría de Gramsci pero escasos de lógica y sentido común político. Por descontado, las explicaciones de un balbuciente Rafa Mayoral, que no ha sabido cómo salir del marrón, no ha hecho más que aumentar la sensación de barullo y esperpento del Gobierno. Su frase “el problema es que si no haces las cosas bien y no recibes reprimendas, los que las hacen bien no tienen incentivos para hacerlo bien, y las prácticas de los que lo hacen mal se convierten en opciones viables para quienes no hallan espacios para la participación democrática” es sencillamente antológica y la mejor muestra de que cuando no se condena la violencia sin paliativos se suele caer en el ridículo. Ahora la parrafada de Mayoral podrá competir en el futuro con aquel trabalenguas también imposible de María Dolores de Cospedal sobre el finiquito en diferido de Luis Bárcenas.

Para terminar de completar el triste espectáculo que estamos dando como país faltaba la habitual reacción exagerada e histérica de las derechas. Tal como era de esperar, el error mayúsculo de la gente de Podemos ha sido de inmediato aprovechado por el trifachito madrileño para presentar los graves disturbios como una segunda guerra civil española con un Madrid tomado por las hordas anarquistas y comunistas dispuestas a quemar conventos. Esta vez los chicos de Podemos se lo han puesto fácil a Casado, Abascal y Arrimadas, ya que las imágenes del fuego y los violentos enfrentamientos que llegan por la televisión son espeluznantes y hablan por sí solas. Pero faltaba la guinda del pastel, el habitual Show de Ayuso. “Ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke”, ha sentenciado la presidenta de Madrid. Ni Winston Churchill.

Al final, lo que queda de esta jornada triste es que una buena causa como es protestar cívicamente por un exceso legal queda empañada por las salvajadas de esta nueva kale borroka que produce espanto a la mayoría de ciudadanos de buena fe de este país. Hoy Hasél seguirá en prisión y lo único que se ha conseguido es remover el odio, además de un paisaje urbano de cenizas y escombros tras una cruenta batalla que al final han ganado las derechas sin moverse del salón de casa.

Viñeta: Artsenal

LA NIÑA NAZI

(Publicado en Diario16 el 18 de febrero de 2021)

Twitter ha reaccionado con más prontitud y eficacia que la Justicia española y ha suspendido la cuenta de la nueva musa del fascismo, Isabel Medina Peralta. La joven saltó a la actualidad nacional el pasado sábado tras una concentración falangista en el cementerio de La Almudena de Madrid, donde lanzó un verborreico discurso a mayor gloria de la División Azul y contra los judíos. Pese a que Fiscalía anunció una investigación por delitos de odio, de momento no se han tomado medidas legales contra ella y ha tenido que ser la red social del pajarito azul la que mueva ficha, adelantándose a lo que tenía que haber hecho de oficio el Estado de derecho.

Al parecer, la joven escuadrista retuiteaba proclamas de las Juventudes Falangistas de España e incluso llegó a entrar en debate con Unidas Podemos, a los que aclaró que ella está a años luz de Vox: “¿Las diferencias? Ellos son sionistas, capitalistas, demócratas y constitucionales. Nosotros no”, dijo marcando diferencias con la formación de Santiago Abascal. Por lo visto, la ninfa hitleriana tampoco es muy devota del franquismo, ya que según ella el general gallego traicionó los principios del fascio al dar la espalda a Hitler y abrazar el capitalismo judío y yanqui.

A su corta edad Isabelita Medina, 18 primaveras recién cumplidas, dice que lo ha dado todo por el fascismo, como si ya hubiese vivido dos guerras mundiales y tres Stalingrados. De momento la prensa de la caverna le ha hecho el pertinente blanqueo de imagen con varias entrevistas y despliegue de fotos que ni una celebrity de Hollywood y en poco tiempo quizá la veamos vendiendo exclusivas con Jorjeja. La niña dice que ha leído mucho, otra cosa es que lo que haya leído sea lo más apropiado para amueblar una cabeza y no terminar grillando, que es lo que parece que le ha sucedido a la adolescente apologeta del antisemitismo. Ya se lo decía su padre, no leas tanto, hija, que se te va a ir la pinza y vas a terminar como El Quijote, o sea con una empanada mental que ni las tortas gallegas. Y así ha sido. Sin embargo, ella va por el mundo con su camisa azul falangista, sin complejos, como una cultureta del totalitarismo nacionalsindicalista, y asegura que se ha bebido las obras de Ramiro Ledesma –“fundador único del fascismo en España”–; Juan Aparicio –cofundador de las JONS–; y los tochos de Benito Mussolini, Adolf Hitler y Giovanni Gentile. Como para no acabar tronando. Por supuesto, admira a José Antonio y todos los años, por el 20N, peregrina al Valle de los Caídos “para honrarle”. También se declara esencialmente homófoba y machista, será porque todavía no ha dado con un maromo más ultra que ella que le haya soltado dos sopapos antes de decirle aquello tan familiarmente fascista de “tú a la cocina, mujer”.

Cuando la mayor parte de la juventud se envenena intelectualmente con la saga Crepúsculo y el perfume tosco de Cincuenta sombras de Grey, cuando muchos críos se enganchan y se educan con las aventuras fiscales de El Rubius en Andorra y otros youtubers, a Isabelita le ha dado por otros bodrios todavía más peligrosos y tóxicos para la mente: el nazismo en vena y sin mascarilla que por lo visto no ha sabido interpretar ni en sus causas, ni en sus efectos, ni en sus devastadoras consecuencias para el mundo. La niña Isabel, el monstruito nazi, es el típico producto humano de nuestro tiempo. Ella dice que estudia Historia en la Complutense, pero que ha tenido que aparcarlo porque es “complicado” compaginarlo con el trabajo y con mantener una casa. Muy bien dicho, lo primero las tareas del hogar para que el futuro maridito esté contento y satisfecho y no te sacuda al llegar de la oficina.

Pero más allá del engendro de una muchacha que solo Dios sabe cómo ha podido terminar en el vertedero intelectual del nazismo, conviene no subestimar la importancia del fenómeno. La progresiva degradación de la escuela pública, el abandono de la cultura con mayúsculas, las dos crisis económicas tremendas que hemos padecido en una década y sobre todo la desmemoria histórica que durante años ha sufrido este país, ocultando lo que fue el franquismo con la excusa de no abrir viejas heridas, han dado lugar sin duda a una juventud desnortada, nihilista, violenta, antidemocrática y piradilla. Isabelita Medina es una víctima de una democracia cutre, timorata y acomplejada que no solo no ha sabido dar un futuro a sus jóvenes, sino que los ha abandonado a su suerte o dejado caer en los tugurios de Twitter, Facebook o Instagram, las nuevas falsas universidades de la vida.

Ahora caemos en la cuenta de que algunos pobres desgraciados de esta generación perdida se han descarriado por la senda del fascismo; otros han acabado en las filas del antisistema antifa, empuñando el dañino adoquín contra la Policía con cualquier pretexto o argumento (véase la prisión del rapero Hasél, hasta hoy un perfecto don nadie a quien la Justicia ha convertido en todo un héroe y un mártir); y también los hay que, sin oficio ni beneficio, sin ideología ni militancia política alguna, desahuciados de la vida y carne de cañón de la cola del paro, la droga y las casas de apuestas, se unen a la subversión contra esta inútil democracia que ni comprenden ni aman, descargando toda su ira y su rabia en el sin sentido de la pedrada al escaparate, la piromanía del contenedor y la kale borroka.  

Isabel Medina probablemente ya no tenga solución y sea un caso perdido. Una vez que alguien ha caído en la secta enloquecida del nazismo la cosa tiene difícil remedio y ya no para hasta invadir Polonia. Pero nuestros gobernantes, esos que se pasan el día enfrascados en trivialidades y en juegos absurdos, deberían reflexionar por qué el huevo de la serpiente eclosiona otra vez para repetir los mismos errores del pasado. Que se dejen de retóricas y miren a la infancia, al colegio, a la escuela pública en ruinas humeantes. Allí verán la pesadilla fraguándose en tiempo real.

Viñeta: Pedro Parrilla

LA DECADENCIA

(Publicado en Diario16 el 18 de febrero de 2021)

La derecha española, tradicional monolito indestructible, ha saltado por los aires. La izquierda sigue como siempre: navajeándose a conciencia, tal como lleva haciendo desde que aquellos liberales de las Cortes de Cádiz se dividieron fratricidamente entre “doceañistas” y “veinteañistas”, o sea moderados y exaltados, en su lucha secular contra el absolutismo borbónico. La fragmentación y el atomismo político imperan en ambos bloques en estos tiempos de pandemias y crisis cósmicas que exigirían unidad y esfuerzo común para salir del atolladero. La política se ha convertido en parte del problema más que en la solución y no se ve salida al túnel ni en azul ni en rojo. Se impone el sectarismo, el odio cainita y el individualismo frente a lo colectivo mientras la democracia liberal corre serio riesgo de desmoronarse, como ya ocurrió en el primer tercio del siglo pasado, dando paso a las filosofías violentas, a los locos salvapatrias y a la jungla humana.

En las últimas horas algunas ciudades españolas han ardido por la furia antisistema tras el encarcelamiento del rapero Hasél y todavía resuenan las palabras que estremecen de Isabelita Peralta, la nueva musa del nazismo español, esa púber de azul falangista y una empanada mental de libros considerable que agita el odio contra los judíos. Es el pasado que vuelve, las nuevas-viejas corrientes ideológicas que resucitan debidamente recicladas y tuneadas con mucho filtro en Instagram. Pablo Echenique alienta las barricadas en las calles (apreteu, apreteu); los jueces nostálgicos proponen la ilegalización del PCE, como en el 75; las niñas fachas arrasan en Youtube con sus soflamas racistas descabelladas entre sesión y sesión de maquillaje y brillibrilli. Distinto disfraz, el mismo monstruo de siempre. Todo retorna, todo vuelve en un desesperante péndulo histórico que amenaza con devolvernos de nuevo a la ley de la selva. La democracia liberal está seriamente tocada; el Estado de bienestar se desmorona. El abono se ha sembrado para que crezca el árbol seco de la muerte.

Y mientras tanto, los partidos tradicionales cumplen con su papel de comparsas de la decadencia. En el PP el debate sobre el futuro del partido se antoja intenso, apasionado, acalorado. Por momentos bronco y copero. La debacle en las elecciones catalanas ha sido de proporciones históricas (una más) y unos y otros se miran a la cara preguntándose qué demonios han hecho mal y dónde está la salida al atolladero. No hace falta ser un avezado politólogo para ver cuál es la raíz del mal: una corrupción no asumida ni regenerada; una alianza suicida con la extrema derecha; el trumpismo casadista/ayusista que demasiado a menudo se confunde con la extrema derecha. Pablo Casado ha ordenado salir de Génova 13 que amenaza ruina, saltándose la máxima de que en tiempo de tribulación no se debe hacer mudanza. Cambiar de casa nunca ha resuelto los problemas familiares mientras la militancia se pregunta desconcertada hacia dónde va el partido.

Tenemos que seguir como siempre, dicen unos; tenemos que refundarnos, aglutinar a las derechas y recuperar el liderazgo político, aseguran los otros. Todo es confusión en el PP porque no hay un patrón con las ideas claras. Todo es oscuridad porque falta el faro o guía que dirija a la tribu extraviada. Por la mala cabeza y errores de cálculo de Casado, al PP le queda una dura travesía en el desierto. La dirección nacional defiende la mudanza para dejar atrás la cataclísmica Edad Gürtel, pero hay barones que no están de acuerdo. No han hablado públicamente, aunque en los pasillos rajan de lo lindo. Hay rumores, habladurías, runrún. Fernández Mañueco ha puesto paños calientes a la apresurada salida de la casa popular de siempre y ha definido la medida como una “propuesta”. En Andalucía, Juanma Moreno ha mostrado su respeto al cambio de sede, pero en ningún momento ha dicho que la apoye: “Eso es una decisión de la dirección nacional a la que yo respeto y, por tanto, no tengo nada más que añadir”. Por su parte, Núñez Feijóo, la gran esperanza blanca del peperismo del futuro, también se ha pronunciado pero igualmente sin mojarse demasiado: “Es una cuestión de carácter interno, de intendencia del partido, y por las cuestiones de carácter interno del partido es mejor opinar en el ámbito interno”. Una salida a la gallega, un sí pero no, un todos amiguiños pero ándate con cuidado. Un carallo a tiempo es una victoria dialéctica, ya lo dijo Cela, de modo que Feijóo todavía no ha dado el puñetazo encima de la mesa.

Si Casado sigue siendo el hombre apropiado para dirigir los destinos de la derecha tradicional española solo el tiempo lo dirá. Los barones en plaza están removiéndose en sus poltronas. Díaz Ayuso es la única que le hace la pelota al jefe sin un atisbo de autocrítica. La muchacha quiere llegar a presidenta de España y unas elecciones catalinas no le van a quitar a ella el sueño de dormir con camisón de seda en Moncloa, que es más chic que el apartamento de Kike Sarasola. La trumpita castiza es la última bala que le queda al casadismo para no terminar estrellándose como el avión aquel de Aterriza como puedas. Génova 13 (mientras no se consume la mudanza siguen siendo Génova 13 con todo su historial corrupto) cada vez se parece más a aquella cabina enloquecida de la célebre comedia americana donde reinaba una delirante confusión. Solo falta el largo Kareem Abdul Jabbar vestido de jugador de baloncesto a los mandos del aparato y Santi Abascal diciéndole a Casado aquello de elegiste mal día para dejar de fumar, o sea para dejarse el vicio ultra y romper el trifachito.

El PP atraviesa por la peor crisis de toda su historia. La derecha corre serio peligro de implosionar después del subidón de Vox en las catalanas. Mientras tanto, en el Gobierno tampoco atraviesan por un remanso de paz. Las aguas bajan revueltas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se atizan a conciencia a cuenta de la Ley Trans mientras la pandemia sigue causando estragos y la economía se ha ido al garete. La izquierda también está al borde del colapso. Pero del Gobierno ya hablaremos otro día.

Viñeta: Pedro Parrilla

LOS JUECES ANTICOMUNISTAS

(Publicado en Diario16 el 18 de febrero de 2021)

Cualquier profesional tiene derecho a mantener opiniones políticas, faltaría más. Ya se trate de un policía, un periodista o un médico, todos están amparados por la Constitución a la hora de ejercer su derecho fundamental. También los jueces, por mucho que a algunos les cueste creerlo. La objetividad absoluta es una utopía porque todos llevamos dentro un zoon politikón, un animal político que según Aristóteles pugna por salir al mundo en todo momento. Otra cosa es la imparcialidad, es decir, la capacidad para ejercer el oficio con diligencia, según las normas y códigos de la profesión, y al margen del sesgo ideológico de cada cual.

Sin embargo, entre los miembros de la judicatura española se están extendiendo corrientes de pensamiento que dicen muy poco de la coherencia del Poder Judicial. Hace solo unos días asistíamos al triste espectáculo del magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Ángel Garrido, que para justificar el levantamiento de las medidas sanitarias de restricción contra la pandemia en el sector de la hostelería se refirió a los epidemiólogos como médicos de cabecera “con un cursillo”. Es cierto que Garrido pidió disculpas por su boutade, pero ahí quedó la prueba, la evidencia, que en cierta manera venía a justificar las nuevas doctrinas que se abren paso en el siglo XXI como el trumpismo negacionista de nuevo cuño.

En las últimas horas hemos asistido a otro preocupante caso de jurista que se deja llevar por sus bajas pasiones políticas y se olvida de la dignidad que supone vestir una toga con puñetas. Hablamos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien el pasado lunes, y tras ser preguntado por un canal de televisión local sobre las disquisiciones democráticas del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se permitió sentenciar algo tan grave como que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”. La frase tiene su miga, no solo por lo que entraña de reaccionaria y sectaria, sino porque supone una clara injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo a todas luces reprobable.

Los dogmas políticos de Concepción le interesan bastante poco al personal tratándose de un funcionario pagado por el Estado cuya obligación básica es administrar justicia, es decir, interpretar y aplicar las leyes según su buen saber y entender. Pero su señoría decidió atravesar esa delgada línea roja que trazó en su día Montesquieu y se metió en una cruzada o guerra fría en la que ya ha habido varios daños colaterales: en primer lugar, su propia imagen como jurista atemperado y racional que no debería dejarse llevar por la víscera y la bilis; en segundo término el Poder Judicial, por el daño a la credibilidad que sufre ante opiniones de esta guisa; y por último la democracia misma. ¿Qué estará pensando a esta hora ese ciudadano o abogado de ideas comunistas que tiene pendiente un juicio con Concepción en los próximos días? Sin duda, que ha perdido el pleito de antemano y sin remedio.

Pero ya puestos a rebatir con el magistrado antibolchevique y guardián de las esencias patrias, habría que recordarle que si hoy disfrutamos de una democracia en este país es precisamente porque el Partido Comunista, en su día, renunció a los valores totalitarios para integrarse en el sistema democrático liberal. Al despojarse del sueño de la dictadura del proletariado y abrazar el modelo capitalista, el PCE hizo la evolución y dejó atrás la revolución, llevó a cabo la catarsis, un sano ejercicio intelectual que algunos jueces de hoy todavía tienen pendiente (en este caso el recorrido desde dogmas reaccionarios hasta posicionamientos moderados, o sea el punto medio que es donde está la virtud). De hecho, la Constitución que tanto dice defender Concepción está plagada de aportaciones izquierdosas salidas de las asambleas comunistas y plasmadas en las ponencias de Jordi Solé Tura, el padre rojo de la Carta Magna al que hoy las derechas quieren negarle la legitimidad de su gran legado político.

Pero volviendo al inicio de este artículo, y a la tesis de que todo juez tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, como no podía ser de otra forma, la duda surge en si esas opiniones son presentables cuando van al extremo de quedar fuera de las reglas del juego democrático, como son el respeto al adversario, el pluralismo, la tolerancia y el reconocimiento de que el que piensa de forma diferente tiene tanto derecho como el que más a defender sus ideas y a participar en política. Colocarse en esa teoría conspiranoica que circula en los mentideros ultraderechistas y que advierte de la inminente invasión troskista, deslegitimar a la izquierda (hoy la víctima es el comunista, mañana puede ser el socialista y hasta el centrista liberal) es simple y llanamente romper la baraja, caer en el autoritarismo y liquidar la democracia que se dice proteger.

Ayer mismo, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, remitía un escrito al presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, pidiéndole que la institución manifieste públicamente “su absoluto y total rechazo a las declaraciones vertidas” por el responsable del TSJ y adopte “las medidas gubernativas y disciplinarias” contra él. Más si cabe teniendo en cuenta que el magistrado anticomunista es reincidente por haber cuestionado la exhumación de los restos de Franco y el estado de alarma por la pandemia. Lamentablemente, de Lesmes no se puede esperar grandes cosas ni una reacción contundente y todo quedará en un amable tironcillo de orejas pidiéndole al magistrado “moderación, prudencia y mesura”, como ya ha ocurrido otras veces.

Por descontado que se puede ser juez y conservador (es necesario que en este mundo haya de todo como en botica, magistrados de derechas y progresistas, tigres y leones), pero lo de Concepción no es solo conservadurismo, es mucho más, roza el tic reaccionario: ese que niega la legitimidad, el pan y la sal a los que no piensan como él. Su señoría es otro que va de demócrata de pedigrí y no ha entendido nada. Ni siquiera de qué va esto de la democracia.  

Viñeta: Lombilla