(Publicado en Revista Gurb el 22 de septiembre de 2017)
La situación en Cataluña ha entrado en
una peligrosa fase marcada por el descontrol absoluto. A la ruptura de
la legalidad constitucional por parte del bloque independentista se suma
la ofensiva policial y judicial, una caza de brujas de eficacia más que
dudosa, emprendida por el Gobierno del PP, que no ha hecho más que
agravar el conflicto político, como por otra parte era de prever. Los
registros de medios de comunicación catalanes próximos al
independentismo, la incautación de papeletas y urnas del 1-O, la
intervención de la Hacienda pública catalana y la detención de 14 altos
cargos de la Generalitat, entre ellos la del número dos de Oriol
Junqueras, Josep Maria Jové, ha encrespado todavía más los ánimos de
miles de catalanes, que se sienten agraviados por las decisiones de un
estado que consideran "represor". Tras los arrestos de los políticos
independentistas, cientos de partidarios del referéndum se echaron a la
calle para protestar y los primeros enfrentamientos con la Guardia Civil
no tardaron en llegar. A estas horas podemos decir que todo el marco
legal del 78 ha saltado por los aires y que las instituciones
democráticas han sido sustituidas por los piquetes callejeros. Sin saber
cómo ni por qué, hemos llegado al peor escenario posible, un túnel sin
salida de consecuencias imprevisibles, del que algunos medios veníamos
avisando hace meses. Cuando la ley queda reducida a la nada solo restan
las movilizaciones tumultuarias, las redadas policiales, la barricada
enloquecida, el recurso a la fuerza coercitiva y la dialéctica del
enfrentamiento. Lo ha dicho muy bien la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena: “El 1-O va a ser una catástrofe porque es un cúmulo de
equivocaciones”.
La historia dirá cuáles han sido esos
errores cometidos por ambos bandos. Ahora mismo, mientras cualquier cosa
puede suceder en Cataluña, solo podemos decir que las reglas del juego
democrático han colapsado y que nos encaminamos directos al abismo. El
parlamento ha sido sustituido por la estrategia de la tensión callejera;
el diálogo ha sido aplastado por el insulto y la radicalización
fanática por ambos bandos. Nadie, ni siquiera los tertulianos
televisivos que siempre lo saben todo, se atreven a aventurar qué puede
pasar. Llegados a este punto, todas las opciones parecen malas. Si el
referéndum ilegal se celebra y gana el "sí", se producirá una
declaración unilateral de independencia que pondrá al Gobierno de Madrid
de rodillas y sin más alternativa que proclamar el Estado de excepción
en Cataluña mediante el despliegue de las fuerzas de seguridad e
incluso, por qué no, del Ejército, agente que durante todo este tiempo
ha permanecido en silencio. Si por el contrario el Estado español logra
paralizar la consulta merced a su ofensiva judicial y policial habrá
sido una victoria pírrica, ya que, lejos de haber logrado resolver el
conflicto, habrá generado varios cientos de miles de independentistas
más, gente que hasta ese momento no comulgaba con la idea de la secesión
pero que tras contemplar el espectáculo denigrante de la Guardia Civil
irrumpiendo en la sede de partidos y periódicos se habrán decantado
finalmente por pasarse al bando de Junts Pel Sí y de la CUP. La
desafección generalizada hacia España se habrá consumado, ahondándose
tanto que estaremos ante una ruptura total de ambas sociedades, la
catalana por un lado y la española por otro. Esa tragedia será
probablemente irreversible, se prolongará durante décadas, y resultará
casi imposible reconstruir el pacto jurídico y político entre ambas
partes.
Ahora solo cabe decir que,
lamentablemente y pese a que nos cueste reconocerlo, el Estado español
ha fracasado en su proyecto constitucional del 78, al menos en lo que
toca la composición de su modelo territorial. El marco de convivencia
que nos dimos los españoles durante la Transición bajo el timón de una
monarquía parlamentaria ha hecho aguas por todas partes, de tal forma
que el conflicto catalán no es más que la punta del iceberg de un
problema mucho más amplio que no hemos conseguido resolver desde que
España se constituyó en Estado unitario hace quinientos años. De ahí que
surjan inquietantes interrogantes: ¿Qué pasará a partir de ahora con
las otras comunidades históricas como el País Vasco, Navarra o Galicia?
¿Se rebelarán también como ha pasado con Cataluña? ¿Se producirá un
efecto contagio en otras comunidades limítrofes como el País Valenciano o
Baleares, que siempre han estado en la ensoñación expansionista de
quienes anhelan la construcción de unos futuros Països Catalans?
Han pasado cuarenta años desde que los españoles votamos la Constitución y desde entonces ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha acometido la tarea necesaria de avanzar en el federalismo, aumentando el nivel de descentralización del Estado, salvo quizá, la honrosa excepción del ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, que trató de avanzar hacia el estado plurinacional mediante la aprobación del nuevo Estatut que otorgaba la condición de nación a Cataluña y nuevas competencias lingüísticas y fiscales. Lamentablemente el PP decidió boicotear, mediante el recurso al Constitucional de 2010, aquella reforma estatutaria que fue legítimamente aprobada por el Parlament y refrendada por el pueblo catalán, una reforma que hubiera supuesto una herramienta eficaz para aplacar las ansias independentistas, al menos durante un par de décadas. Con aquella actitud hostil y por momentos catalanofóbica hacia el nuevo Estatut de Zapatero –cabe recordar que desde las filas populares se llegó a promover un boicot a los productos catalanes– la derecha española, esa derecha cavernaria que nunca ha entendido que España es una nación de naciones, cometió un error colosal de dimensiones históricas que ahora puede costarnos muy caro. Después de aquello, todo fue a peor. Año tras año, la Diada registraba una participación de independentistas cada vez más numerosa y lejos de tomar la iniciativa para taponar la rebelión, Mariano Rajoy, fiel a su estilo camastrón consistente en dejar que todo se pudra, permitió que la situación se enquistara sin tomar decisión alguna. Quizá el incendio le interesara electoralmente haciendo bueno el dicho aquel de que a río revuelto ganancia de pescadores. No, señor Rajoy, entérese bien: a río revuelto, el caos.
Ahora ya es demasiado tarde para casi
todo. Mucho nos tememos que, al margen de lo que pase en el referéndum,
lo cual ya se antoja intrascendente, el día 1 los pilotos de la nave
desvariante independentista subirán al balcón del Palau, enfervorecidos y
ciegos de un patrioterismo tan barato como el españolista, y
proclamarán unilateralmente la República Catalana libre e independiente.
Entonces el abismo se abrirá a nuestros pies tanto para unionistas como
para catalanistas. Cabría una remota y pequeña posibilidad de frenar el
desastre de aquí al 1-O, fecha de celebración del polémico referéndum, y
es que las partes suspendieran las hostilidades, se sentaran a negociar
mediante un diálogo sincero y valiente y llegaran a un acuerdo para
recuperar el marco legal que se ha roto, regulando el derecho a decidir
tras una reforma constitucional y pactando una fecha para un futuro
referéndum con garantías, esta vez sí, de acuerdo con la legalidad y
pactado entre todos, en el que tomen parte las fuerzas políticas sin
excepción. Lamentablemente eso, a fecha de hoy, parece cosa de ciencia
ficción. Por tal motivo, a estas alturas, y sin temor a equivocarnos,
todo parece irremediablemente perdido. Las trincheras ya se han cavado y
hay gente dispuesta a usarlas.
Viñeta: Luis Sánchez / Iñaki y Frenchy
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