EL BLOQUEO

(Publicado en Diario16 el 16 de enero de 2020)

El PP ha echado el cerrojo a las altas magistraturas constitucionales al negarse a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE para renovar los altos cargos en organismos cruciales para el buen funcionamiento del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o RTVE. De esta manera, al bloqueo político que ha tenido al país agónicamente paralizado durante meses se une ahora la falta de sentido de Estado de un partido, el PP, que ha iniciado una deriva ultra probablemente sin retorno.
Pablo Casado es ese líder político al que se le llena la boca de patriotismo y sacrificios por el bien de España, pero cuando Pedro Sánchez le tiende la mano para renovar los órganos constitucionales se cierra en banda y se aferra, como un niño pequeño en medio de una pataleta sin sentido, al miedo que le produce el famoso Gobierno de coalición de “bolivarianos, separatistas y proetarras” que solo está en su cabeza. En realidad, el problema es que el supuesto patriotismo de Casado y su sentido de Estado terminan donde empiezan sus intereses partidistas y sus cálculos electorales a medio y largo plazo (ya no mueve un solo dedo sin mirar antes cómo van las encuestas y si Vox sube o baja).
La actitud irresponsable del PP en este asunto es especialmente grave, ya que España no puede echar a andar ni acometer las reformas necesarias si no se renuevan antes los cargos constitucionales que llevan años prorrogados, incumpliéndose los plazos que marca la ley. Y para hacerlo hace falta el consenso de los dos principales partidos, es decir, populares y socialistas. Así lo idearon los padres de la Constitución del 78 con el fin de afianzar el bipartidismo, solo que ahora, fragmentado el Parlamento en múltiples formaciones y grupos políticos, el modelo de renovación ha entrado en crisis como otras muchas cosas en nuestro país.

La necesaria renovación requiere mayorías parlamentarias cualificadas que no alcanzan los grupos que han apoyado al nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, ni siquiera sumando a todos los aliados independentistas, nacionalistas y regionalistas. De manera que el PP, con sus 88 diputados, tiene la llave para los nombramientos pendientes. El problema es que el colapso institucional es tan grave que ni siquiera en el caso de que PSOE y PP llegaran a un hipotético acuerdo sumarían los 210 escaños requeridos (la mayoría de tres quintos establecida por la Carta Magna) para desbloquear la situación y pactar los nombres. Solo suman 208, de forma que Sánchez necesitaría apoyarse en las formaciones minoritarias.
Así las cosas, el PP se ha guardado la famosa llave en el bolsillo, o mejor dicho, la ha tirado al mar, haciendo valer esa extraña concepción que tiene de la política y que consiste en que si no gana se rompe la baraja. Que es tanto como decir que si no ostenta el poder se le echa el candado a España y a otra cosa.
En cualquier caso, parece obvio que Sánchez tendrá que llamar a Pablo Casado en algún momento si quiere desbloquear la situación. En el Partido Popular dicen que no hay ninguna prisa y que estarán a verlas venir (como si el país pudiera esperar para acometer las reformas de calado).
Y mientras el PP juega al gato y el ratón con el futuro de los españoles, la situación es de quiebra institucional. El Consejo General del Poder Judicial tiene a sus 20 miembros prorrogados desde diciembre de 2018. A su vez, en el Tribunal Constitucional hay cuatro magistrados que hace tiempo han terminado su mandato y que requieren la misma mayoría parlamentaria cualificada para ser relevados. Ni que decir tiene que al PP no le interesa mover ficha en ninguna de las dos altas magistraturas judiciales. Le viene bien la parálisis, ya que con la actual composición controla la Justicia y el destino de los recursos que vayan llegando, por ejemplo, al Constitucional, donde la proporción entre los magistrados conservadores y progresistas es en la actualidad de siete a cinco, es decir, mayoría popular.
Por otro lado, sigue pendiente desde julio de 2017 la elección de un nuevo Defensor del Pueblo. Soledad Becerril, del PP, acabó su mandato en aquellas fechas y ocupó su puesto el socialista Francisco Fernández Marugán, que lleva en funciones dos años y medio. Similar es la situación en Radio Televisión Española, donde Rosa María Mateo hace ya tiempo que anunció que presentaría su dimisión como administradora en cuanto se configurara un Gobierno. Pero tampoco parece que el acuerdo PSOE-PP para nombrar a un nuevo Consejo de Administración y a un nuevo director general esté cercano en el tiempo.
Ayer, Pedro Sánchez tendió la mano al PP para acometer la renovación pendiente de todos estos órganos constitucionales, nervios vitales para el funcionamiento del cuerpo del Estado. “Nuestro principal objetivo es recuperar el normal funcionamiento de estas instituciones fundamentales para el correcto discurrir de nuestra democracia”, aseguró el presidente. A lo que añadió: “En eso tenderé la mano a la oposición”.
La respuesta del PP ante un llamamiento tan grave produce estupor. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se limitó a decir que “no hay posibilidad de acuerdo” con el PSOE para proceder a la renovación de los órganos institucionales. “El PP no va a ser cómplice del control del Poder Judicial” que, a su juicio, pretende lograr el Ejecutivo de coalición para “desjudicializar” el problema de Cataluña. “Sánchez siempre ha sido el bloqueador. ¿Cómo ha salido de lo que él llamaba el bloqueo? A costa de España, pactando con separatistas y filoterroristas”, enfatiza. Cayetana en su papel de destroyer. Sin comentarios.

Viñeta: Iñaki y Frenchy