(Publicado en Diario16 el 21 de enero de 2020)
Vox quiere abolir las formaciones políticas independentistas
y que “devuelvan las subvenciones públicas que han recibido”. Ayer, su
presidente, Santiago Abascal, presentó su delirante propuesta para modificar la
Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos. En el grupo de los
“proscritos”, los líderes de la extrema derecha incluyen a ERC, JxCat y Bildu y
de momento dejan fuera al PNV “porque ahora tiene la sartén del Gobierno
agarrada por el mango”. Sin embargo, Abascal no descarta que los nacionalistas
vascos “puedan estar dentro de esas categorías en el futuro, puesto que van
cambiando de opinión”.
¿Pero cuándo un grupo político debe ser declarado ilegal?
Según Vox, “cuando su actividad vulnere los principios democráticos,
particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de
libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, así como cuando
persiga deteriorar o destruir la soberanía nacional o la indisoluble unidad de
la nación española”.
En realidad, Abascal no ha hecho otra cosa que describirse a
sí mismo y describir la esencia del partido que dirige. Lo que persigue Vox,
sin duda, es destruir el régimen de libertades que conquistamos en 1978, la
democracia en definitiva, aunque se disfrace de partido constitucionalista. La
trampa de Abascal no es nueva. En el siglo XX los líderes fascistas llegaron al
poder desde dentro del sistema, enfundándose el traje de piel de cordero y
haciéndose pasar por un partido democrático al uso. Luego, una vez usurpadas
las instituciones, llegó el momento de imponer el programa totalitario de
Gobierno, anulando el Estado de Derecho e implantando un sistema dictatorial
donde uno toma las decisiones en nombre de todos, que es con lo que en realidad
sueña Abascal.
La propuesta que Vox pretende llevar al Parlamento, según ha
explicado el dirigente ultra, responde a la “progresiva degradación” de los
partidos políticos y de sus funciones, a la que asistimos en los últimos
tiempos porque algunos grupos “atentan directamente contra la unidad de España
y el propio fundamento de la Constitución. Partidos que expresan en sus
estatutos su voluntad de romper España y el orden constitucional y partidos que
han incitado a la violencia, a la desobediencia a los tribunales y las leyes y
que han propiciado ataques”. Abascal incluye también a las formaciones que han
justificado el terrorismo de ETA, a los diputados que en lugar de acatar la
Constitución “se han conjurado contra ella” y a los que, a pesar de eso, se les
ha concedido el acta de diputados. “Nosotros proponemos límites claros para que
los partidos sean herramientas de participación política y expresión del
pluralismo político pero no un peligro para la unidad de España y la
convivencia entre españoles”, ha explicado. Por supuesto, como el mesiánico
Abascal se cree ungido con el poder de repartir carnés de buenos y malos
españoles enemigos de la patria, implícitamente subyace también la idea de
acabar con el socialismo, con el comunismo y con todo “ismo” que vaya contra los
ideales ultraderechistas y reaccionarios. De hecho, ya ha iniciado una agresiva
campaña para acusar a Pedro Sánchez de estar al frente de un “Gobierno
ilegítimo”.
El problema es que, una vez más, le guste o no a Abascal,
sus propuestas van directamente contra el espíritu de la Constitución, que
garantiza el pluralismo político, es decir, la defensa democrática de todas las
ideas, incluso las independentistas. Ahora bien, ¿cómo piensa el líder de Vox
llevar a cabo su reforma constitucional unilateral para convertir las Cortes
Española en una cámara uniforme donde todos sus diputados piensen de la misma
manera, vistan igual y digan las mismas cosas, tal como ocurría con los
procuradores franquistas durante los 40 años de dictadura? Evidentemente, a
fecha de hoy no dispone de mayorías parlamentarias y tampoco del consenso
necesario con las demás fuerzas políticas para acometer tan descabellado
propósito, que supondría la liquidación del Estado de Derecho en España. Como
tampoco puede, de momento, acometer la demolición del Estado de las Autonomías,
segundo paso en el retorno a la España anterior a 1975.
Vox asegura que en su diana tiene a aquellos que “han
incitado a la violencia, a la desobediencia a los tribunales y las leyes”. Y
aquí cabría preguntarse si no es también incitar a la violencia propagar
ideologías de odio contra el inmigrante, contra los homosexuales, contra las
mujeres feministas y en general contra todos aquellos que no profesan el
pensamiento único ultra. En esa línea, negar a los niños el derecho a una
escuela pública de calidad donde se aborden cuestiones fundamentales como la
educación en igualdad, tolerancia, respeto y el conocimiento de la sexualidad
supone también un atentado en toda regla contra los principios fundamentales de
nuestra Carta Magna.
A Vox se le llena la boca de constitucionalismo pero es
claramente un partido inconstitucional. Siendo coherente y realista, Abascal
también debería incluir a su proyecto político en esa lista negra. Porque su
fin último no es otro que destruir la democracia.
Viñeta: Iñaki y Frenchy
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