(Publicado en Revista Gurb el 3 de noviembre de 2017)
La decisión de la magistrada de la
Audiencia Nacional Carmen Lamela de ordenar el ingreso en prisión de
nueve miembros del Govern de la Generalitat por haber impulsado el
proceso soberanista vuelve a arrojar más combustible a la ya ardiente
hoguera del conflicto catalán. En los últimos días, Mariano Rajoy había
llevado a cabo una jugada maestra: aplicar el artículo 155 de la
Constitución con el objetivo de intervenir las instituciones catalanas y
al mismo tiempo convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre para
que sea el pueblo catalán quien se exprese en las urnas. Ese movimiento
de ajedrez del presidente del Gobierno había contribuido a relajar un
tanto el clima de tensión y crispación política, que llegó a alcanzar
niveles insoportables durante todo el revolucionario mes de octubre que
pasará a la historia de España. Con Puigdemont refugiado en Bélgica, el
Gobierno autonómico cesado al completo y unas elecciones a las puertas,
el independentismo catalán parecía confuso, desorientado, y las aguas
volvían a cierto cauce constitucional. Resultaba evidente que el jaque
mate de Rajoy había surtido efecto, llevando a las fuerzas
independentistas a cierto grado de desmoralización y frustración y
obligándolas incluso a tener que participar en unos comicios, los del
21D, que consideran impuestos por Madrid. Sin embargo, la decisión de la
magistrada de la Audiencia Nacional de encarcelar por rebelión,
sedición y malversación de caudales públicos a buena parte del equipo de
gobierno del president Carles Puigdemont –Oriol Junqueras (ex
vicepresidente del Govern) Jordi Turull (ex consejero de Presidencia),
Josep Rull (ex consejero de Territorio), Meritxell Borràs (ex consejera
de Gobernación), Joaquim Forn (ex consejero de Interior), Raül Romeva
(ex consejero de Asuntos Internacionales), Dolors Bassa (ex consejera de
Trabajo) y Carles Mundó (ex consejero de Justicia)– vuelve a dar un
vuelco radical al panorama político en Cataluña. De entrada, su auto
judicial de prisión incondicional servirá para dar oxígeno al victimismo
soberanista, aumentará la tensión en las calles y el riesgo de
desestabilización. Una vez más, los soberanistas tienen argumentos para
su retórica.
Lamela ha tomado una decisión jurídica
que tendrá consecuencias políticas a corto y medio plazo y no solo eso,
sino que no pocos juristas de reconocido prestigio empiezan a cuestionar
su orden de ingreso en prisión sin fianza para los nueve acusados al
considerarla cuanto menos “desproporcionada”. Su interpretación del
delito de rebelión es más que discutible, ya que en ningún momento
existió un alzamiento "violento y público" por parte del Govern de la
Generalitat, como sí existió en el caso de los guardias civiles
amotinados durante el intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Todo
lo más, a Oriol Junqueras y los suyos se les podría acusar de
conspiración para la sedición, un delito que lleva aparejado penas
bastante más suaves. En cuanto a la prisión provisional para los
querellados, tampoco se antojaba necesaria, ya que ninguno de ellos
parecía querer darse a la fuga ni estar dispuesto a reincidir en su
intento de proclamar la independencia. Sin embargo, todos han dormido su
primera noche en prisión, asumiendo ya el papel de mártires de la
patria catalana, que a fin de cuentas era lo que iban buscando. El único
que ha eludido la cárcel previo pago de 50.000 euros de fianza ha sido
el ex consejero de Empresa, Santi Vila, quien finalmente ha logrado
reunir el dinero exigido por la juez Lamela. Vila fue el hombre que
decidió bajarse del barco secesionista en el último momento, tras
mostrar su desacuerdo con la declaración unilateral de independencia del
Parlament, pero tampoco parece haberle servido de mucho, ya que sobre
él, al igual que sobre sus compañeros, ha recaído todo el peso de la
ley.
Con el encarcelamiento de la cúpula de
poder de Puigdemont, los secesionistas, fieles a su estrategia de
revolución pacífica sazonada de victimismo, consiguen reavivar el
conflicto, que parecía haber entrado en vía muerta tras la convocatoria
de elecciones. A la prisión de los Jordis –Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart, los líderes de las asociaciones ciudadanas encarcelados hace
solo unos días–, se une ahora un nuevo argumento que, sin duda,
Puigdemont y su equipo sabrán rentabilizar políticamente: la prisión
incondicional de nueve consellers que habían sido legítimamente elegidos
en las urnas por el pueblo catalán. El auto de la juez Lamela se
entenderá en buena parte de España, pero no en Cataluña, donde será
acogido como una nueva agresión de un Estado totalitario que pisotea los
derechos cívicos y políticos de los catalanes. Prueba de ello es que
los antisistema de la CUP no han tardado en llamar a la insurrección
popular, un plan de desobediencia civil que estaba previsto desde hacía
tiempo y que contempla el corte de carreteras y un objetivo de agitación
callejera. Acción-reacción, escalada de fuerza. El guion separatista se
cumple de nuevo y el Gobierno de Madrid sigue cayendo en la trampa una y
otra vez.
Para terminar de complicar la situación, el Tribunal Supremo ha aplazado la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta Carme Forcadell, a los que se acusa de tramitar la ley de referéndum y de transitoriedad hacia la república catalana. Además, la jueza Lamela ultima una orden de detención internacional contra el president Carles Puigdemont y otros cinco consellers, que siguen evadidos en Bélgica y que han decidido no regresar a España de momento. La negativa de "los seis de Bruselas" a presentarse ante la magistrada confirma que Puigdemont sigue optando por la estrategia de tensar la cuerda al máximo. Ayer, el honorable aseguró que no piensa ir a Madrid y en las últimas horas se ha filtrado que la intención del honorable y sus consejeros prófugos es entregarse, pero solo a la Justicia belga. La jugada de Carles Puigdemont y sus colaboradores consiste en tratar de generar un conflicto diplomático entre España y Bélgica y de paso ponerse a disposición de un magistrado en alguna ciudad flamenca, que bien podría ser Gante o Brujas. Los "seis de Bruselas" creen que un juez de esta demarcación sería más sensible e indulgente con ellos. Cabe recordar que en Flandes existe una gran implantación del partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca, que mantiene estrechos contactos con los secesionistas catalanes y que apuesta por la separación pacífica de Flandes del Estado belga.
El plan de Puigdemont de recurrir a un
juez "a la carta", de internacionalizar el conflicto catalán y de
extenderlo a un país como Bélgica −que también soporta fuertes tensiones
nacionalistas internas− no es fruto de la improvisación, sino de una
estrategia meticulosamente calculada por los abogados de la Generalitat.
El salto al vacío del president no es tal, sino que juega con red,
aunque su táctica resulta extremadamente peligrosa, no solo para España
sino para el futuro de Europa. Con la internacionalización del problema
catalán, otros países de la Unión Europea pueden verse salpicados por la
ola de fervor separatista que recorre el viejo continente. No solo
Bélgica registra incipientes embriones nacionalistas en su propio
territorio, sino también otros estados como Alemania, Italia, Francia y
Reino Unido (pese a que este país, tras el Brexit, ya está de facto
fuera de la UE). Si el plan de Puigdemont triunfa o no, si logra prender
la mecha en los demás nacionalismos europeos o todo queda en un mero
circo, show o farsa catalanista en el corazón de Europa −como critican
hoy los principales diarios europeos−, solo la historia lo dirá.
Lo cierto es que a esta hora Carles
Puigdemont ha optado por una fuga hacia adelante, jugarse a todo o nada
el futuro de Cataluña (también su propio futuro) en una especie de
partida de naipes a la desesperada en campo belga. Con su arriesgado
movimiento no solo busca internacionalizar el conflicto; su primer
objetivo es, sin duda, resolver su delicada situación personal,
encontrar resquicios legales en el derecho internacional para no caer en
manos de la Guardia Civil y evitar así la celda en la prisión de Soto
del Real.
Una extraña suerte de surrealismo se ha
instalado en Cataluña en los últimos días, generando tres gobiernos
paralelos: el gobierno central, que ha aplicado el artículo 155 de la
Constitución española para intervenir la autonomía catalana; el gobierno "en el exilio" de Bruselas; y un tercer poder, lo que queda de la
Generalitat de Cataluña tras los encarcelamientos de ayer. La decisión
de la jueza Lamela abre nuevas interrogantes al conflicto: ¿Acudirán
ahora los independentistas a las elecciones del 21D o decidirán llamar a
la desobediencia civil y al boicot de los comicios? ¿Se presentará el
PDeCat de Puigdemont solo o en coalición con Esquerra Republicana de
Cataluña y los antisistema de la CUP, reeditándose así un nuevo pacto
soberanista al estilo Junts Pel Sí? ¿Abandonará el PDeCat Santi Vila
−uno de los consellers acusados de rebelión−, para formar un nuevo
partido?
Este fin de semana será clave para que
cada una de las formaciones soberanistas fije sus posiciones
definitivas. El martes termina el plazo para que los partidos catalanes
que lo deseen decidan la forma en que quieren comparecer a las
elecciones autonómicas, ya sea en solitario o en coalición. Cada hora
que pasa toma más cuerpo la posibilidad de que los independentistas
acudan a las urnas en una lista única. Un frente común para dar el toque
de gracia a Madrid. La tensión sigue aumentando, aunque de momento la
bandera española sigue ondeando en el Palau de la Generalitat. Extraña
república independiente esa que respeta la enseña del Estado invasor.
Las redes sociales arden cada minuto. Podemos califica a los
encarcelados como "presos políticos" y su líder, Pablo Iglesias, asegura
que siente vergüenza de que su país persiga a "líderes de la
oposición". La CUP llama a la movilización, esta vez no con "caceroladas" inofensivas sino con una actitud más beligerante, de
resistencia y de desobediencia civil. La revolución "de la sonrisa" es
cada día menos amable y más furiosa. Siguiente estación: una más que
probable huelga general. El auto de Lamela solo ha servido para echar
más leña al fuego.
Ilustración: Artsenal
Ilustración: Artsenal
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