FELIPE VI

(Publicado en Diario16 el 3 de agosto de 2021)

Las cosas de palacio siempre van despacio. Y en Zarzuela no es que vayan deprisa precisamente. Ahora que se cumple un año de la huida, espantada, largas vacaciones o exilio de Juan Carlos I al lejano Oriente se está comprobando que ese viejo dicho castellano se cumple siempre en España desde los Reyes Católicos. Felipe VI ha tenido tiempo más que suficiente para reflexionar sobre el grave asunto de su padre y tomar drásticas medidas de regeneración en Zarzuela. Es cierto que en los primeros momentos de su reinado, en medio del vendaval provocado por los escándalos del antecesor en el trono y más tarde con la pandemia arreciando con fuerza, adoptó medidas importantes como la expulsión del rey emérito del núcleo duro familiar, la renuncia a la herencia maldita y la retirada de la asignación oficial al progenitor.

También se adoptaron algunas medidas (laxas todo hay que decirlo) en orden a dotar de mayor transparencia a las cuentas de la institución monárquica. La decisión de no aceptar más que aquellos regalos simbólicos que sean estrictamente necesarios para cumplir con las reglas de cortesía y protocolo va en esa línea y acaba con una nefasta tradición instaurada por Juan Carlos, que a lo largo de su dilatado reinado no hizo ascos a las prebendas, donaciones y contribuciones altruistas de empresarios y grandes de España. Qué mejor ejemplo de lo que decimos que aquellos yates, bribones y fortunas, que atracaban en el muelle de Mallorca, con un lazo rojo y verano tras verano, para alegría y jolgorio de la Familia Real. O los 100 millones de dólares que el rey emérito supuestamente regaló a Corinna Larsen y cuyo origen está todavía por aclarar. El hombre que heredó la Corona ha puesto fin a todo ese boato con tino y acierto.

Sin embargo, hasta ahí han llegado las grandes reformas que supuestamente iba a acometer el nuevo rey para adaptar la monarquía española a la realidad de los tiempos. En un año se pueden hacer muchas cosas si se quiere y hay voluntad política, desde promover de oficio una ley que regule al céntimo los ingresos y gastos de la Familia Real (evitando sospechas y rumores de cobro de comisiones, como ha ocurrido con el rey emérito) hasta instar a los partidos políticos para que pongan en marcha una reforma constitucional que acabe de una vez por todas con la inviolabilidad del rey. Hoy por hoy, el famoso y controvertido artículo 56.3 de la Constitución Española (“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”) es la peor publicidad que se le puede hacer a la monarquía. No solo supone un claro vestigio de un pasado feudal, sino que para la inmensa mayoría del pueblo se trata de un privilegio injusto, o dicho de otra manera más coloquial: los españoles de 2021 consideran que el hecho de que un monarca pueda acogerse a semejante inmunidad para no responder ante un tribunal sobre conductas que pueden ser delictivas es echarle demasiado descaro y morro a la vida. ¿Qué ejemplo están dando los reyes de España a los abnegados ciudadanos que cumplen a rajatabla con las leyes y normas establecidas? Si esto es una democracia de verdad todos sin distinción deberían tener los mismos derechos y obligaciones.

Los españolitos de a pie, los peatonales, los curritos que se levantan a las seis de la mañana para llevar a casa un sueldo de miseria, no entienden que ellos tengan que cumplir fielmente con sus obligaciones con Hacienda, con el Código Penal, con el Código Civil, con el código de circulación, con las tasas municipales y con un sinfín de disposiciones coercitivas mientras su jefe de Estado es un inviolable, un privilegiado, uno que no da explicaciones a nadie, ni siquiera ante un juez, y puede hacer lo que le venga en gana en cualquier momento, desde aparcar el coche en doble fila hasta llevarse los dineros al paraíso de Jersey o darle una paliza al cónyuge (obviamente se trata de una hipérbole que sirve como ejemplo, ya que aunque tal supuesto no ha sucedido, que se sepa, si alguna vez ocurriese el monarca que ocupara el trono en ese momento también quedaría exento de cualquier tipo de responsabilidad penal). La situación que podría plantearse, llegado el caso, sería surrealista.

Es cierto que todas las constituciones monárquicas tanto españolas como europeas establecen, en unos u otros términos, la regla de la absoluta irresponsabilidad regia, fiel reflejo del viejo aforismo británico The king can do not wrong  (“el rey no puede hacer mal”), pero en pleno siglo XXI, cuando se abren paso en todo el mundo las ideas y filosofías plenamente igualitarias (igualdad de sexo, igualdad de raza, igualdad económica y otras), el 56.3 no tiene ningún sentido, es un completo anacronismo y no hace sino romper en añicos el sagrado principio de igualdad de todos ante la ley consagrado en la propia Carta Magna del 78.

Obviamente, a nadie se le ocurre pensar que los padres de la Constitución (ilustres cabezas pensantes como Gabriel Cisneros, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez-Llorca, Peces-Barba, Solé Tura, Fraga y Roca) fueron tan estúpidos o poco versados en leyes como para identificar la inviolabilidad con la ausencia de responsabilidad personal. Lo que quisieron decir nuestras mentes jurídicas más preclaras es que el rey, en sus funciones institucionales, goza de una especial protección, ya que se sitúa por encima del debate político y al margen de los tribunales de Justicia. Fue un estatus que se le quiso otorgar al monarca para garantizar que no estaría sometido a presiones ni chantajes de ningún tipo a la hora de sancionar las leyes del parlamento ni tampoco se le podría perseguir penalmente por el ejercicio de sus atribuciones. Pero nada se dice en la Constitución de que no se pueda enjuiciar a un hipotético rey que nos saliera rana, carterista, cleptómano, descuidero, chorizo, mangante, saqueador, timador, camello, maltratador u homicida. Faltaría más. ¿En qué cabeza cabe que una Constitución democrática y avanzada pueda sancionar semejante disparate? Pues durante más de cuarenta años esa ha sido la interpretación que algunos exégetas restrictivos han hecho valer sobre el dichoso 56.3: que el rey puede hacer lo que le venga en gana, lo que le rote, lo que le salga de las narices o de sus reales posaderas, que para eso es el rey.

Felipe VI debe acabar con esa situación esperpéntica si quiere que la monarquía sea percibida como una institución seria, moderna y verdaderamente democrática. La situación política actual está tan polarizada entre derechas e izquierdas que impide cualquier tipo de reforma constitucional, pero él, como rey, como jefe del Estado, podría renunciar perfectamente a ese estatus jurídico privilegiado instando de oficio una ley que lo equiparara jurídicamente al resto de los mortales y que aclarara, de una vez por todas, el significado del ambiguo término “inviolabilidad”. Por tanto, que siente a Pedro Sánchez y a Pablo Casado en una mesa en su despacho de Zarzuela, que los ponga de acuerdo y que acabe con esto ya. Si quiere hacer algo bueno por el país puede empezar por ahí.

Viñeta: Iñaki y Frenchy