PABLO Y DINA

(Publicado en Diario16 el 29 de junio de 2020)

La prodigiosa maquinaria de las cloacas del Estado está trabajando a pleno rendimiento. Las derechas no descansan y ahora le ha tocado el turno a Pablo Iglesias. En poco más de seis meses de Gobierno de coalición, PP y Vox han fabricado todo tipo de montajes judiciales para tratar de derribar a Pedro Sánchez. La caza de brujas comenzó con aquel supuesto escándalo a raíz de la entrevista en Barajas entre el ministro Ábalos y la emisaria venezolana Delcy Rodríguez. Pablo Casado y Santiago Abascal hablaron de conspiración, de complicidad con el régimen de Nicolás Maduro y unas cuantas exageraciones más. Aquello dejó de interesar a las derechas y a la caverna mediática (que estuvo lanzando fuego de mortero durante semanas) cuando estalló la pandemia de coronavirus y el bloque conservador vio en la manifestación feminista del 8M una presa mucho más jugosa, al considerar que las feministas habían sido las grandes “supercontagiadoras” de la epidemia en Madrid. El problema es que aquel segundo gran montaje fallido también quedó en nada cuando se demostró que los informes periciales de la Guardia Civil que trataban de probar la relación causa-efecto entre el 8M y el brote epidémico no se sostenían por ningún lado. La jueza archivó todo lo referente al expediente sumarísimo general contra el feminismo, como no podía ser de otra manera, y PP y Vox se quedaron sin su juguete, aunque no iban a esperar a los Reyes Magos para conseguir otro pasatiempo. 
En los últimos días estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo escándalo prefabricado que esta vez toma como víctima propiciatoria al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el conocido como “caso Dina”, un extraño affaire que no le interesa a nadie en este país y que afecta más bien poco a la seguridad y a los intereses del Estado. Sin ánimo de aburrir, todo empezó cuando Dina Bousselham denunció el robo de su móvil en un supermercado y fue sometida al chantaje de las cloacas policiales. No estamos precisamente ante un GAL o un caso Roldán (los tiempos de las grandes exclusivas ya pasaron) sino ante un asunto en el que Iglesias partía como primer perjudicado por el supuesto chantaje y que con el tiempo se ha convertido, o mejor dicho lo han convertido, en el gran villano de la película. Es decir, aquello del cazador cazado. Por lo visto el suceso tiene todos los ingredientes de la novela negra que tanto apasiona a las derechas: Pablo Iglesias; una asesora de confianza; relaciones secretas; espionajes del comisario Villarejo (el archivo documental de este hombre es más completo que el de Televisión Española); grabaciones con datos íntimos, tarjetas de móviles, chats de Telegram supuestamente comprometedores; y abogados, fiscales y demás personajes del siempre ajetreado y circense mundo judicial madrileño. Sin duda, un buen argumento para que los abogados de Vox fabricaran otro serial que ni la factoría Netflix.
De cualquier manera, precocinada o no, la denuncia de Vox ya está en los juzgados, que es lo que le interesa al partido ultra para poder utilizar el sumario como arma política arrojadiza. Es la judicialización total de la política, en parte generada por unos abogados ultras que se sienten cómodos en los estrados de los tribunales pero se pierden en la tribuna de las Cortes cuando toca hacer democracia. Toda España pudo ver lo que ocurrió durante el juicio contra los independentistas del procés. El mero hecho de que a un partido político se le permitiera participar como acusación particular en un proceso judicial supuso un espectáculo lamentable para la imagen del Tribunal Supremo y la constatación evidente de que en España no se ha entendido bien a Montesquieu. En su afán por judicializarlo todo, los letrados de la formación ultra registran tantas querellas por minuto en los juzgados de Plaza Castilla que a este paso van a terminar de colapsar la maltrecha Administración de Justicia española.

Ahora Vox cree que en el llamado “caso Dina” se han podido cometer hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos donde se comenta “determinada información” que se habría obtenido por fuentes de Fiscalía. Un absoluto enredo que no tiene mayor finalidad que confundir a la opinión pública española y entretenerla mientras los ricos se llevan el dinero a Suiza. El partido de Abascal se queja de que “no tiene acceso al procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional, más allá de las noticias que han ido publicándose en medios”, y entiende que los hechos que han aparecido en la prensa de la caverna se deben considerar como “indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación”. Una vez más, los culebrones de Inda sirven como material para montar el pleito.
A juicio de Vox se están revelando hechos que ponen “muy en entredicho” la veracidad de la denuncia de Dina Bousselham, ya que Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta del teléfono y su contenido. Así, Vox recuerda a Anticorrupción que los mensajes del chat interno del servicio jurídico de Podemos muestran los contactos de la formación política con los fiscales anticorrupción que llevaban el procedimiento, por lo que “al parecer, todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias” ante la inminencia de unas elecciones. El partido de Abascal completa su fabulación con otro párrafo fantástico, nunca mejor dicho: “La abogada de Podemos ha asegurado haber tenido acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaban Ironman”. A esta truculenta historia que ocupa el último lugar entre las preocupaciones principales de los españoles solo le faltaba un miembro del escalafón judicial con apodo de superhéroe para darle espectacularidad al tema, mordiente, que es lo que a fin de cuentas van buscando las mentes calenturientas de los guionistas de la extrema derecha española.

Viñeta: Iñaki y Frenchy