ZARZUELA VERSUS MONCLOA

(Publicado en Diario16 el 28 de julio de 2020)

La pandemia rebrota con fuerza en todas partes, el país va camino de la ruina tras el veto del Reino Unido al turismo español y el paro se ha desbocado, colocando al Estado español en niveles de pobreza casi tercermundistas. El infierno poscovid que predecían los expertos ya está aquí, entre nosotros, pero a diferencia de los demás países europeos España tendrá que luchar no solo contra los estragos de la epidemia, sino contra un gravísimo problema añadido que lastrará todavía más su salida de la recesión económica: el espinoso asunto del rey emérito y la profunda crisis institucional que ha estallado en la Jefatura del Estado a raíz del caso Corinna.
Como una maldición bíblica que se repite históricamente, una y otra vez, los españoles se enfrentan de nuevo a una tormenta perfecta, un escenario mucho más complicado, mucho más diabólico y tortuoso que el que tendrán que superar los demás países de nuestro entorno. Si es cierto que una sociedad puede recuperarse de casi todo, de una peste terrible como la del coronavirus, del hundimiento de su primera industria nacional y hasta de la xenofobia antiespañola que alimenta el incendiario y supremacista Boris Johnson, hacerlo mientras la corrupción corroe el pilar fundamental de su sistema político se antoja una empresa casi imposible.
El Gobierno de coalición sabe perfectamente que hay una bomba de relojería programada bajo los cimientos del Palacio de Zarzuela. Un detonante que puede estallar en cualquier momento si no se desactiva con inteligencia, aplomo y acierto. Los chanchullos del rey emérito se han convertido en un factor de desestabilización política brutal en medio de la pandemia, quizá el más peligroso de todos. En otras palabras, podría decirse que encontrar una vacuna contra el covid-19 va a ser una tarea homérica, pero en todo caso un juego de niños si se compara con la misión de encontrar la salida al atolladero institucional en el que se ha metido el país por culpa de los negocios y la mala cabeza del anterior jefe del Estado. Pedro Sánchez dijo en una ocasión que no dormiría tranquilo sabiendo que Pablo Iglesias podía formar parte de su Gobierno, pero en realidad el grave trastorno de insomnio se le debe haber presentado ahora, cuando la podredumbre chapotea en las cloacas de la Casa Real. ¿Cómo encontrar la receta mágica, cómo dar con el tratamiento eficaz que cure la enfermedad letal en la que ha caído una institución fundamental para el funcionamiento del Estado como ha sido hasta ahora la Monarquía?
De momento, la estrategia del Gobierno sigue siendo la misma: proteger a Felipe VI, apartarlo del torbellino de inmundicia para que no se ensucie con el chapapote de su padre. Sin embargo, cabe preguntarse hasta cuándo va a poder mantenerse ese manto protector. Es evidente que el tiempo juega en contra de Pedro Sánchez. La ruina del país se agranda cada día que pasa, los brotes víricos repuntan por doquier en todo el país y no se ve luz al final del túnel. El incendio en la Casa Real debe ser apagado antes de que sea demasiado tarde. Los 140.000 millones de Bruselas aún están en el aire y el presidente no tiene cerrado un acuerdo con sus socios para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cómo es posible pensar que formaciones políticas como ERC o el PNV apoyarán al Gobierno en su plan presupuestario mientras alguien como el rey emérito, salpicado por graves delitos de blanqueo y cobro de comisiones, sigue viviendo en la residencia oficial de la Jefatura del Estado? ¿Cómo pretender que nada ha ocurrido en este país mientras siguen apareciendo noticias sobre testaferros en Suiza, sociedades caribeñas, donaciones a amantes, pisos en Londres y jugosas comisiones por el AVE a La Meca? La situación política es crítica, por no decir que es surrealista y propia de uno de esos estados bananeros donde el dictador se atrinchera en su palacio, rodeado de tesoros, sintiéndose impune y por encima de la ley. De ahí que en las últimas horas Sánchez haya tomado una importante decisión: aumentar la presión sobre la Familia Real para que arregle cuanto antes los destrozos del patriarca Borbón.
La solución (que no sería más que un parche temporal) pasa necesariamente por sacar a Juan Carlos I de Zarzuela y buscarle un exilio más o menos cómodo mientras se resuelve su proceso judicial, que por otra parte va para largo. Sin embargo, el emérito no lo está poniendo fácil. Se siente maltratado por la prensa, traicionado por sus propios compatriotas desagradecidos y humillado por su hijo, que se vio obligado a redactar aquel histórico comunicado del pasado mes de marzo (en pleno colapso del país por la pandemia) en el que renunciaba a la herencia maldita de su progenitor. Según fuentes socialistas de Ferraz, en los últimos días Pedro Sánchez ha apretado el acelerador para tratar de resolver el problema y ha vuelto a instar a la Casa del Rey a que busque cuanto antes una nueva residencia para el emérito lo más lejos posible de palacio. Si Felipe VI se demora en su decisión más de lo debido, la negociación del Ejecutivo de coalición con las demás fuerzas políticas para la aprobación de las cuentas públicas podría peligrar. Hoy mismo algunos diarios de Madrid publican que ciertos empresarios de la camarilla del rey emérito están buscando a toda prisa una residencia para don Juan Carlos. El exilio en República Dominicana, tal como publicó en exclusiva Diario16, sigue estando encima de la mesa y es una opción a tener en cuenta. Desde Zarzuela se guarda silencio como siempre.
En cualquier caso, el asunto del rey emérito está provocando fuertes tensiones entre Gobierno y Jefatura del Estado. Tensiones que agravan la situación desesperada del país. Tensiones que no se pueden soportar durante demasiado tiempo. Los parches en las grietas del edificio constitucional no van a resolver la amenaza de ruina. Por eso el Gobierno, aunque sigue apostando por proteger la figura de Felipe VI, desliza de cuando en cuando que será necesario reformar la Constitución para eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado o cuanto menos limitarla a las actividades propias de su cargo político, de manera que puedan ser juzgadas sus conductas privadas. El referéndum sobre Monarquía o República es para el Gobierno, de momento, un tabú. Pero más tarde o más temprano, si el tsunami judicial se desborda y los acontecimientos se precipitan, tendrá que lidiar con ese toro.

Viñeta: Igepzio