sábado, 26 de septiembre de 2020

DE FELIPE, LOS JUECES Y LA TELE


La "Republiqueta"

Qué tiempos aquellos en los que Isidoro gastaba pana y coderas y se escondía en Francia de los grises y maderos. Empezó marxista y va a terminar monárquico hasta la médula, súbdito de los de doblar la cerviz, besar el anillo y a los pies de su señora reina. Quién lo ha visto y quién lo ve. Hoy ha aparcado el yate caribeño y ha hecho un hueco entre remojón, conferencia y tertulia (clink clink caja) para menospreciar a los íntegros y puros de la izquierda que aún sueñan con la "Republiqueta", como dice él despectivamente. Podría entenderse que se haya vendido a los mexicanos del petróleo; podría tener un pase que se haya dejado seducir por la santería capitalista y el millonario Slim. Pero no se comprende bajo ningún concepto ese odio tan enconado (que ni Aznar) hacia lo que él dijo defender en aquella hermosa juventud de puño en alto. Qué menos que un respeto por los camaradas perdedores que se quedaron en la utopía y la honradez, señor Glez. Y qué malo es el dinero que lo convierte a uno en una sombra de lo que fue.

Rebelión de togas

Por un momento la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona parecía un congreso de Vox o un cuartel de la Legión. El alegato monárquico del presidente del Poder Judicial fue cerrado con un fervoroso Viva al Rey, lo cual que allí se habló más de política que de los graves problemas de la Justicia. Si de lo que se trataba era de dejar claro que sus señorías son el último bastión, la guardia pretoriana de la monarquía, quedó perfectamente claro. Ahora bien, ¿dónde fue a parar la imagen de imparcialidad, de independencia y rigor profesional de un gremio que debería mantenerse al margen de las trifulcas políticas para dedicarse a dictar sentencias, que para eso les pagan los españoles?

Ayuso y los cacerolos

Incompetencias al margen, lo que está sucediendo en Madrid vuelve a constatar, una vez más, que IDA antepone la economía a la salud y lo que es todavia más espeluznante: su abandono total de la Sanidad pública madrileña hace sospechar que ha arrojado la toalla, renunciando a controlar la pandemia y encomendándose a la fe de sus capellanes y a la inmunidad de rebaño. O sea, que toda la población se contagie cuanto antes y a seguir produciendo, que es lo que interesa. El problema es que una sociedad enferma no puede sostener una economía, algo de pura lógica. Definitivamente, la alumna Ayuso ha adelantado a su maestro Trump por la derecha en soluciones neoliberales. Ya solo falta que saque a la calle a los CDR indepes, castizos e insumisos fiscales del barrio pijo de Salamanca para completar la rebelión contra Sánchez. Entre las revueltas de los cacerolos, cayetanos y borjamaris y las protestas de los trabajadores de Usera y Vallecas hay una gran diferencia: los primeros defienden sus privilegios para jugar al golf y el fin de semana de esquí en la sierra madrileña mientras los segundos luchan por más médicos y rastreadores, por un Metro seguro y limpio de virus y en definitiva por su derecho a la salud y la vida.

La maestrita

Sábado sobremesa. A esta hora las cadenas privadas suelen emitir subproductos cinematográficos de dudoso gusto y calidad. El bodrio de La Sexta, por ejemplo, se titula Bad Teacher (un engendro protagonizado por Cameron Díaz al que un portal especializado en cine como Filmafinity da una puntuación de 4,2 sobre 10). Lo malo ya no es que la bazofia que le están dando a tragar al espectador sea infame, sino que contiene diálogos como "necesitas una buena polla"; "es la hostia"; "te estoy follando el culo a muerte"; o "me lo he encontrado en otro instituto haciéndole una paja", todo muy edificante e instructivo en horario infantil. El pegote fílmico está autorizado para mayores de siete años, lo cual sorprende todavía más y viene a confirmar que la televisión actual ha caído en manos de salvajes, iletrados y epilépticos mentales que cualquier día colocan una de Rocco Siffredi para "levantar" las audiencias. Nadie está pidiendo que a las nuevas generaciones se les dé alpiste intelectual óptimo en forma de buen cine, como ocurría con aquella mítica Sesión de Tarde plagada de obras maestras del Séptimo Arte (esa batalla está perdida), ni que se les ponga Bambi a todas horas. Pero al menos podrían cuidar un poco que lo que se emite no sea basura venenosa que va a terminar por achicharrar las pocas neuronas sanas de la sociedad. No todas las familias españolas pueden costearse Netflix, así que las que son aficionadas a la televisión están condenadas al cianuro catódico de estupideces como esta Bad Teacher y a las andanzas de una mala profesora grosera, borracha y malhablada que forma alumnos mal educados. Una jaimitada sobre la maestrita rubia y cañón del instituto que es toda una gran metáfora de nuestro tiempo. Y luego nos preguntamos cómo puede ser que la burricie se propague tan rápido y los fascistas sin cerebro lleguen tan alto.

Viñeta: Igepzio

LOS HOMBRES DE LESMES

(Publicado en Diario16 el 25 de septiembre de 2020)

La ausencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos oficiales a los nuevos jueces en Barcelona va camino de provocar una auténtica rebelión del Poder Judicial contra el Gobierno en defensa de la monarquía. Por la mañana Pablo Casado ponía la diana en Pedro Sánchez al asegurar que “defenderá a España” ante el supuesto intento del Gobierno de secuestrar al monarca, mientras que por la tarde la plana mayor de la judicatura (en su mayoría conservadora) disparaba su primera andanada letal contra la línea de flotación de Moncloa. A esta hora, ya se sabe que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que su presidente, Carlos Lesmes, exprese el “pesar” de la institución y de los jueces en su conjunto por la ausencia del monarca al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

Todo apunta, por tanto, a que entre sus señorías los magistrados ha calado la idea, profusamente divulgada en las últimas semanas por las derechas (PP, Vox y Ciudadanos), de que el Gobierno comunista está conspirando en la sombra para acabar con la dinastía borbónica e instaurar la Tercera República. Llama la atención que Lesmes no se soliviante de la misma manera ni le dé por redactar comunicados subversivos contra el gabinete de coalición cuando de lo que se trata es de protestar contra un partido como el PP que ha decidido bloquear la renovación de los altos cargos del Estado como el CGPJ, el Supremo y el Constitucional, una maniobra a todas luces antidemocrática que está causando un daño irreparable a la Administración de Justicia. Pero así es Lesmes, un hombre del establishment conservador, un digno representante de ese Poder Judicial en decadencia que procesa erróneamente por rebelión a la disidencia política, que condena a miles de personas a sufrir la estafa bancaria del Banco Popular, que se pone descaradamente de lado de los bancos en asuntos como el de las hipotecas y que no se atreve a llegar hasta el fondo en las cuentas del rey emérito por aquello de la inviolabilidad constitucional y por lo que dirán en Zarzuela. Por no hablar de los duros reveses que cada poco nos da Europa a cuenta de alguna sentencia que parece salida de los tribunales franquistas.

Si lo normal es que sea el Poder Ejecutivo el que incurre en injerencias en el Poder Judicial, saltándose a la torera a Montesquieu, vemos que en España es al revés y son los jueces los que de la noche a la mañana se convierten en lobby o grupo de presión contra el Gobierno, colaborando activamente con las derechas en el intento de derrocamiento de Sánchez. Aquí ningún Consejo de Ministros pretende quitarle el trono y la corona a Felipe VI, entre otras cosas porque ni puede, ni quiere, ni le dejan, ni tiene mayoría parlamentaria para proponer un cambio de régimen. Mientras PSOE y PP sigan garantizando el sostenimiento de la monarquía, la República solo será una quimera inalcanzable en los febriles sueños de Pablo Iglesias. Ahí están las últimas votaciones acaecidas en el Congreso de los Diputados cada vez que algún grupo político minoritario insta una moción para desgastar a la Casa Real. Toda iniciativa parlamentaria antimonárquica es debidamente cortocircuitada gracias a la batería bipartidista perfectamente cargada con los dos electrodos rojo y azul. Cuando Podemos pide que el CIS pregunte a los españoles sobre el grado de confianza que le inspira la Familia Real, la instancia se frena en seco; cuando algún diputado vasco o catalán busca un subterfugio legal o da un rodeo para que se cree una Comisión de Investigación sobre las supuestas comisiones de Juan Carlos I, el papel acaba irremediablemente en la papelera. Y así todo.

La monarquía nunca ha gozado de mayor amparo, protección y cobertura política y legal que en nuestros días, gracias en buena medida a la contribución de un partido como el PSOE que sigue fiel a su vieja hoja de ruta de Suresnes consistente en abandonar el marxismo republicano y abrazar el pragmatismo, el sistema capitalista de libre mercado y la Restauración borbónica y sagastacanovina por el bien y la estabilidad del país. El PSOE hizo su catarsis sin vuelta atrás y aquellas pugnas entre el sector histórico de Rodolfo Llopis y los jóvenes renovadores del “grupo de los sevillanos” alérgicos al comunismo ya son historia. La prueba del algodón del pedigrí monárquico del Partido Socialista es que la voz de la conciencia, o sea Felipe González, aprovecha cada minuto que le deja su apretada agenda de tertuliano, de gurú y de navegante de yates caribeños para advertir contra futuras aventuras izquierdosas e involuciones rojas sin que nadie, ni los sanchistas más acérrimos, se atrevan a rechistarle. Ayer mismo, el patriarca socialista calificaba de “republiqueta con derecho de autodeterminación” el tipo de Estado que pretende instaurar Pablo Iglesias y todo el PSOE enmudeció por miedo reverencial. Esa es la conspiración antimonárquica contra la que alertan las derechas en sus bulos tuiteros; esa es la peligrosa revolución bolchevique que se avecina.

Quiere decirse que nada ni nadie peligra en Zarzuela, ni siquiera la memoria del rey emérito, que cuando llegue el momento será convenientemente maquillada de los pecados carnales de la juventud y la senectud para que pase al panteón de la historia limpio de polvo y paja, como uno de esos coroneles bananeros de la novelas de García Márquez a los que se les construye una leyenda ficticia antes del funeral.

A falta de lo que diga en ese comunicado institucional (solo Lesmes sabe lo que va a anunciar en las próximas horas) lo que queda claro es que también los jueces son monárquicos y mayormente de derechas. De modo que con un Legislativo controlado, un Ejecutivo acorralado por la pandemia que ha renunciado antes de tiempo a la revolución social, un poder económico siempre a la contra de la izquierda y un Sanedrín judicial entregado a la causa de la realeza todo sigue atado y bien atado. Como siempre fue y como siempre será.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

EL MOSQUETERO DEL REY

(Publicado en Diario16 el 24 de septiembre de 2020)

Felipe VI no acudirá este año a Barcelona para presidir el acto de entrega de despachos oficiales a los nuevos jueces. La ausencia estaba más que justificada por varias razones: en primer lugar por motivos obvios, ya que el problema catalán suscitado tras el referéndum de autodeterminación del 1-O sigue enquistado después de 3 años y el clima social continúa enrarecido y envenenado. Aquel discurso duro del monarca en el que no hubo ni una sola palabra amable contra la población brutalmente apaleada en las cargas policiales a las puertas de los colegios electorales y en el que no propuso ni una sola medida para retomar el diálogo y reconducir la situación no se olvida en Cataluña. La táctica de repartir palos ante un grave problema político no fue entendida por miles de catalanes y las heridas siguen abiertas.

Esa desafección de una parte de la población con el rey hacía presagiar un mal recibimiento en el acto judicial de hoy en Barcelona. De haber viajado el jefe del Estado a la Ciudad Condal esta mañana la manifestación independentista (en un momento especialmente delicado por la pandemia) estaba más que asegurada, de modo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido correr ese riesgo. Sin duda, la cancelación de ese viaje ha sido pactada por el Ejecutivo y la Casa Real y ambas partes han debido entender que no era el mejor momento para un baño de masas de la monarquía. Las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, confirmarían ese diagnóstico y esa conclusión a la que deben haber llegado ambas instituciones del Estado. “Hay decisiones que están muy bien tomadas”, aseguró ayer Calvo tras ser preguntada sobre el espinoso asunto. Y cuando un periodista insistió sobre quién había adoptado la drástica decisión ella sentenció: “Quien corresponde”.

Desde hace cuatro décadas es Casa Real quien diseña su propia agenda de actos oficiales, pero en última instancia es el Gobierno el que refrenda. Así lo establece la propia Constitución Española en su título II, donde se dice claramente que “los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes”. Es decir, el rey y el presidente del Gobierno mantienen un estrecho contacto, los asuntos se estudian y se debaten y se toma la decisión más conveniente para ambos poderes del Estado. Es evidente que Zarzuela ha entendido que este año la lógica de la razón se imponía a la hora de cancelar un acto, el de entrega de despachos en Barcelona, que traía más inconvenientes que ventajas. A fin de cuentas no es la primera vez que un monarca no preside la ceremonia y tampoco se va a hundir el país si no lo hace.

Por tanto, las razones de seguridad se han impuesto finalmente. Sin embargo, el contexto político actual lleva a pensar que otros motivos han podido influir en mayor o menor medida en el aplazamiento. Sin duda, en plena negociación de Presupuestos, la participación del monarca en un evento de trascendencia política y social en Cataluña suponía una inquietante distorsión, un factor de inestabilidad que podía dar al traste con la negociación entre el Gobierno de coalición y las diferentes formaciones nacionalistas, en especial Esquerra Republicana, el principal socio de Gobierno cuyo voto a favor se antoja imprescindible para que Sánchez pueda sacar adelante el borrador de las cuentas públicas. Reunir mayorías para sacar adelante los “Presupuestos de la pandemia” se han convertido en el primer objetivo de interés nacional, no solo porque el país necesita actualizar unas partidas que se van prorrogando tediosamente desde la época del ministro Montoro, sino porque el acuerdo resulta crucial de cara a la negociación en Bruselas para que nuestro país pueda recibir el maná de los 140.000 millones en ayudas y subvenciones que deben aliviar los efectos económicos desastrosos de la crisis provocada por la pandemia.    

De cualquier manera, el PP, siempre atento a cualquier posibilidad para desgastar al Gobierno −aunque ello vaya en contra de los intereses del Estado−, ya ha visto carnaza para una nueva feroz campaña de desprestigio contra Sánchez. A Pablo Casado le ha faltado tiempo para relacionar el fallido viaje de Felipe VI a Barcelona con una supuesta claudicación ante separatistas y filoetarras de cara a la negociación de los Presupuestos  Generales. El líder popular cree que la cuestión es de una “extraordinaria gravedad” cuando en realidad el acto de entrega de despachos a los jueces no tiene mayor valor que el protocolario e institucional. El nuevo montaje de Génova 13 está ya cocinado y se trata de pintar a una especie de Cardenal Richelieu Sánchez que tiene secuestrado y recluido al rey en las mazmorras de palacio mientras que Casado se convierte en un valiente D’Artagnan que llega al rescate con su florete y su uniforme de espadachín real. Como novela de aventuras no está mal, solo que no es creíble.

Juega a favor de la fábula Casado que en las últimas horas se haya sabido que el Gobierno está dispuesto a conceder indultos a los condenados por sedición en la sentencia del 1-O, una medida que se adopta en perfecto cumplimiento de la legalidad vigente pero que el jefe de la oposición va a aprovechar también para erigirse como el gran salvador de la patria. “El Partido Popular sí está dispuesto a defender a España”, ha afirmado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del procés comenzará la próxima semana.

Nada lleva a pensar que Sánchez esté incumpliendo los preceptos constitucionales, algo que sin embargo no puede decir Casado. Su férrea negativa a llegar a ningún tipo de pacto con el Gobierno de coalición para renovar los cargos del Poder Judicial colocan de nuevo al PP en la categoría de partido antisistema, una formación que practica el filibusterismo obstruccionista a todas horas con el único interés de sacar un rédito electoral. La imagen de un rey presidiendo un acto judicial precisamente mientras los cargos directivos del CGPJ están bloqueados y maniatados por la soga del PP tampoco tenía demasiado sentido. La Justicia española ha embarrancado en una crisis metabólica y de credibilidad sin precedentes, a la que viene a sumarse los escándalos financieros del rey emérito Juan Carlos I, que está siendo investigado por las supuestas comisiones del AVE a la Meca y las cuentas en paraísos fiscales. Pese a que Casa Real siempre se ha esforzado por transmitir que la Justicia es igual para todos, el asunto probablemente quedará en nada por efecto de la inviolabilidad del jefe del Estado y será archivado por la Fiscalía Anticorrupción en lo que promete ser otro episodio de infame degradación del Estado de Derecho. Una razón más de peso para que Felipe VI no asistiera este año a ese fugaz y rutinario encuentro palaciego con los jueces en el que se entregan unos diplomas con cinta roja, se sirve un vino de honor y poco más.

Viñeta: Igepzio

EL TANQUE

(Publicado en Diario16 el 23 de septiembre de 2020)

Vox ha puesto en marcha su propio laboratorio de ideas para no ser menos que el Partido Popular. Los cachorros de la extrema derecha española siguen creciendo y quieren parecerse a sus hermanos populares, que desde hace años cuentan con la FAES de José María Aznar. La nueva maquinaria de propaganda de Santiago Abascal nace bajo el nombre de Disenso, que más bien parece el cartel luminoso de una boutique, demostrándose así que en los tiempos líquidos que vivimos la política ha sido engullida por el diseño y el marketing y ya se vende como una marca de pantalones vaqueros. Según los responsables de Vox, Disenso pretende ser un think tank, que traducido al cristiano significa “tanque de pensamiento” o algo así, es decir, una especie de laboratorio intelectual, instituto de investigación, gabinete estratégico o centro de reflexión para tratar asuntos políticos de la máxima actualidad.

Por lo visto los chicos de la extrema derecha española han oído hablar de un tanque, se han venido arriba, excitándose mucho, y se han pedido uno para Reyes. El tanque es un fetiche perfectamente incrustado en la mitología franquista. Fue gracias al tanque alemán e italiano como Franco llegó al poder en el 39. Ahora Abascal y los suyos quieren repetir la historia de cruzada y conquista pero con un tanque distinto, con un tanque de pensamiento, que es más barato que el de acero reforzado con wolframio de aquellas factorías de Múnich del Tercer Reich. Los nuevos ideólogos ultras han entendido que a cañonazos de bulos, mentiras e ideas venenosas en las redes sociales se llega antes a las masas obreras desorientadas y descontentas con la democracia liberal que con una división de panzers avanzando sobre Guadalajara. Lo cual que hemos pasado de la blitzkrieg o “guerra relámpago” al 5G, una invasión todavía más intrépida y veloz.

No deja de sorprender la facilidad con la que el neofascismo español se adapta a los nuevos tiempos. El franquismo siempre fue más de tanques que de ideas, más de acción que de reflexión, pero eso de tener un carro de combate ideológico aparcado en el garaje para dar la “batalla cultural” en cualquier momento ha debido motivar al siempre guerrero y legionario Ortega Smith. De modo que los posmodernos del populismo ultra se han puesto manos a la obra y ya trabajan en los tornillos y rodamientos del dichoso think tank, o sea el tanque. En el patronato de Disenso, dirigiendo la sala de máquinas, estará Jorge Martín Frías −un filósofo perdido para la causa de Sócrates y por lo visto extraviado en los caminos reaccionarios−, y el escritor Sánchez Dragó, de quien cabe preguntarse cómo ha podido pasar del budismo y el sexo tántrico al guerracivilismo de última hora. Un peculiar equipo de ideólogos al que solo le falta la mejor discípula del “trumpismo” español y gran artillera de eso que llaman la “guerra cultural”: Cayetana Álvarez de Toledo. A buen seguro le han guardado el sillón A de esa loca y disparatada academia que acaba de echar a andar.

Jorge Buxadé, uno de los ingenieros del tanque Disenso, asegura que la fundación nace con el objetivo de plantar cara al “consenso progre” y al “pensamiento igual”, dos de las ideas fuerza o clichés que el populismo ultra trata de meter con calzador en la sociedad española. Y llegados a ese punto cabe plantearse para qué demonios necesitaba Vox una fundación como esta. La fuerza del fascismo está precisamente en la consigna facilona y el eslogan manido que calan hondo en el personal. El fascismo es simplicidad, primitivismo, animalidad. Todo lo contrario al pensamiento complejo elaborado por la izquierda. O sea, aquello de muera la razón, viva la muerte de Millán-Astray. Hoy mismo, sin ir más lejos, la diputada Macarena Olona le ha dicho al vicepresidente Pablo Iglesias que su “moño” no es lo suficientemente grande como para esconder sus supuestas mentiras. No hacen falta sesudos informes, complejos tratados jurídicos y voluminosos ensayos de política nacional e internacional para decir esas cosas en el Parlamento. Basta con dar rienda suelta a la bilis amargada por el café de máquina del Congreso. Otro ejemplo de pensamiento simple lo ha dado Teodoro García Egea, que aunque no sea de Vox cada día parece más cerca. “Usted está por la mañana en la barricada y por la tarde en la mariscada”, le ha espetado al líder de Podemos el secretario general del Partido Popular. Una vez más, para soltar esa paronomasia o chiste malo tampoco hacían falta cien analistas de las FAES trabajando a destajo, día y noche, en la fabricación de brillantes ideas.

Quiere decirse que a este engendro de Disenso, como le ocurre también al laboratorio de ideas de Aznar, no se le ve demasiada utilidad ni razón de ser. Un patriota español no piensa, actúa. Un ultra de los pies a la cabeza no medita ni reflexiona, se pega cuatro golpes en el pechazo peludo, escupe y a tomar El Alcázar testicularmente. La escuela de la guerra. ¿Qué diantres hay que analizar, estudiar o examinar ahí? Para alcanzar el poder basta con fabricar cuatro falsos mitos sobre “la España que madruga”, unas cuantas mentiras sobre los “menas” y las “brujas feministas” y manipular con cierta destreza los datos de violencia machista. El manual del medievo facha siempre ha sido bien claro, escueto y concreto en los principios fundamentales del Movimiento Nacional: Dios, patria, orden y familia. Sin más ideas que valgan, ni zarandajas, ni florituras intelectuales que distraen de la cruzada. La inteligencia es cosa de rojos. Por eso el tanque ideológico de Disenso es un camelo, una tapadera, una mariconada, con perdón. Si Franco levantara la cabeza.

Viñeta: Iñaki y Frenchy

EL CIRCO DEL SOL

(Publicado en Diario16 el 22 de septiembre de 2020)

No hay nada como una bandera para tapar vergüenzas y miserias. La bandera es un trapo grande, ajustable, y su colorido deslumbra y entretiene a quien la contempla, desviando la atención de lo verdaderamente importante. Una bandera ayuda mucho en momentos de zozobra y desastres nacionales y si son veinticuatro banderas en ristre, como se desplegaron ayer en la reunión de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, mucho mejor.

El siempre fino y acertado Enric Juliana ha comparado la puesta en escena de la desdichada cumbre con un megalómano acto político asiático, casi a la norcoreana. Aunque bien mirado, aquello recordaba más a un surrealista espectáculo del Circo del Sol. De cualquier forma, parece evidente que Kim Jong-Pedro e Isabel Xi Jinping trataron de tapar la inmensa chapuza nacional en la gestión de la pandemia con un mar de banderas españolas y madrileñas. El patriotismo como remedio a la incompetencia; el nacionalismo barato como solución al desbarre sanitario que están pagando los españoles con miles de muertos y contagiados por el coronavirus. A esta hora, toda la prensa nacional da por hecho que la impúdica escenografía fue cosa de los consejeros de los dos grandes partidos –Iván Redondo por Ferraz y Miguel Ángel Rodríguez por Génova 13–. Lo cual viene a demostrar que en la política española falta talento y sobran asesores.

Siguiendo la costumbre tan nuestra de enseñar la casa a las visitas, Díaz Ayuso condujo a Sánchez por la alfombra roja hasta las dependencias, salones y pasillos de la sede regional en Puerta del Sol y hasta le invitó a firmar en el libro de invitados. Una escena sorprendente que lleva inevitablemente a la pregunta de cómo puede ser que el presidente del Gobierno de una nación sea tratado como un turista accidental por la canciller de la primera región de ese país. Esa fue una instantánea que plasmaba a la perfección la gravedad del momento que vivimos y que sirvió para confirmar que estos dos no se hablan desde hace tiempo, que han permitido que la epidemia siguiera su curso mortal, que hay una Guerra Fría soterrada entre poderes territoriales en el corazón mismo del Estado, consumándose así la mayor de las tragedias nacionales: el enfrentamiento institucional cainita que tanto daño está haciendo al país en la peor encrucijada de su historia contemporánea.

De modo que allí estaba Sánchez, sosteniendo la estilográfica dorada y rubricando en el libro de ilustres como un dignatario extranjero, como un extraño que se ha dejado caer ocasionalmente por el Versalles madrileño. El presidente parecía un emisario mandarín llegado de la lejana China, o del Japón, o de Tombuctú, vaya usted a saber, para verse con alguien que vive a cuatro manzanas de Moncloa. Solo faltaban las fanfarrias poniendo la grandilocuente banda sonora al acto. El caso es que todo el país supo entonces la dramática verdad, la terrible realidad, que no es otra que nos encontramos a las puertas de un infierno vírico precisamente por un desencuentro personal, porque durante meses Pedro e Isabel, Isabel y Pedro, que tanto monta, monta tanto, se han estado tratando como enemigos a muerte cuando deberían haber estado trabajando juntos, codo con codo y sin cuartel en la lucha contra el monstruo microscópico. Quién tenga mayor o menor grado de responsabilidad en esta locura es algo que ya no importa demasiado. Con medio país enfermo y arruinado, qué más da ya si la culpa es de Sánchez por no haber decretado de nuevo el Estado de Alarma en Madrid o de la “trumpita” delfina de Pablo Casado, un líder siempre empeñado en alentar la estrategia de la crispación. El caso es que la inútil espiral de confrontación de unos políticos enfrascados en riñas de guardería ha costado vidas humanas y la práctica quiebra de todo el sistema de salud pública.

Tras los besamanos y la reunión oficial llegaron los habituales discursos vacíos, las palabras hermosas y bienintencionadas, las promesas que ya no se creen los ciudadanos. Todo eso que se tenía que haber dicho y hecho hace seis meses y que se ha aplazado hasta que el polvorín de la pandemia nos ha estallado en las narices. Por lo visto, ambos mandatarios acordaron crear organismos de seguimiento de la enfermedad, equipos de cooperación, comisiones de no sé qué, oficinas de esto y aquello, unas estructuras que también llegan tarde porque tendrían que estar creadas desde hace tiempo y que poco o nada podrán hacer ya contra la expansión del virus, que anda desbocado y multiplicándose a campo abierto por todo el país. Ya lo dijo el maestro Baroja: “La burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público”.

Pero quedaba la guinda del pastel, el capítulo final de la opereta o comedia bufa. El show de IDA, la habitual intervención estelar de una mujer como Díaz Ayuso que está para cualquier cosa menos para dirigir los destinos de un pueblo como el madrileño. “Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio”, dijo poniéndose en plan Ortega y Gasset y tratando de arreglar en cinco minutos el secular problema de La España invertebrada. El ridículo espantoso estaba servido, a Torra y a Urkullu les daba un parraque antiespañolista frente al televisor, y las redes sociales se volvían a llenar de memes y parodias con la sentencia de la lideresa, más propia de Barrio Sésamo que de una representante política del siglo XXI. Para entonces todo el mundo tenía claro que de esa reunión no iban a salir más médicos, ni enfermeras, ni rastreadores, que es lo que hace falta al fin y a cabo. Solo la imagen esperpéntica del montaje político, el paripé y la triste constatación de que España, lejos de ser una democracia moderna y avanzada que da respuesta a los problemas de sus ciudadanos, sigue siendo ese paraíso del odio fratricida y de la procrastinación donde todo, hasta la solución a un cataclismo natural de proporciones bíblicas, se deja para pasado mañana.

 Ilustración: Artsenal

TERTSCH

(Publicado en Diario16 el 21 de septiembre de 2020)

Hermann Tertsch vuelve a la carga en su delirio anticomunista. El europarlamentario de Vox ha escrito una carta abierta a sus compañeros de la UE en la que arremete contra lo que él considera la “totalitaria” y “sectaria” Ley de Memoria Democrática presentada la pasada semana por la vicepresidenta primera Carmen Calvo. En su página web, el partido de Santiago Abascal reproduce el texto íntegro de la misiva, un libelo rancio y falangista en el fondo y en las formas que en Bruselas difícilmente será entendido, salvo en los foros supremacistas ultras, que es adonde, al fin y al cabo, va dirigida la carta de Tertsch.

El panegírico, que no deja de ser un alegato en toda regla en defensa de la memoria franquista, empieza así: “Estimados colegas. Queremos informarles de la extremadamente alarmante aprobación por parte del Gobierno socialcomunista español de un proyecto de ley denominado Ley de Memoria Democrática”. La entradilla habla por sí sola y produce rubor y estupefacción, no solo por la alarma innecesaria y exagerada que trata de generar (leyéndola pareciera como si España estuviese a punto de ser invadida por los tanques bolcheviques de la extinta URSS) sino porque el Gobierno de Pedro Sánchez tiene más bien poco de comunista, ya que está perfectamente domado e integrado en el sistema económico de libre mercado. Detectar una sola medida marxista en las decisiones del Consejo de Ministros es más difícil que encontrar una mascarilla en una manifestación de negacionistas y hasta los grandes gurús neoliberales, la patronal y las empresas del Íbex 35 han bendecido las recetas extraordinarias incluidas en el plan Sánchez contra la pandemia, como el ingreso mínimo vital para las personas sin recursos y las ayudas y subvenciones a las pequeñas y medianas empresas como los ERTE. Pero Tertsch insiste en convencer a sus compañeros eurodiputados de que España vive bajo el yugo rojo estalinista, una endemoniada ensoñación que a buen seguro provocará sonoras carcajadas en los despachos del Europarlamento.

Pero sigamos analizando la carta, que no tiene desperdicio y parece una de esas novelas distópicas de ciencia ficción más que una descripción de la realidad. “Se trata [la Ley de Memoria] de un anteproyecto de ley basado en una clara y muy peligrosa construcción ideológica comunista, con la que el Gobierno español pretende satisfacer sus intereses actuales concibiendo el pasado nacional como un recurso puramente estratégico para sus fines políticos e ideológicos. Con este nuevo proyecto de ley, el objetivo del Gobierno socialcomunista de España es difundir entre los ciudadanos una versión ideológica reconstruida del pasado y de la historia de España. Es la versión del Frente Popular, el Gobierno liderado por los comunistas que perdió una guerra civil tras secuestrar y destruir la democracia”. En ese párrafo claramente teñido de un odio guerracivilista incomprensible para alguien que nació en el 58 (es decir, bastante tiempo después del final de la trágica contienda española) hay varias mentiras que no por ser repetidas un millón de veces por la extrema derecha de nuevo cuño deben ser pasadas por alto. En primer lugar, la ley no tiene mayor finalidad política que permitir que toda aquella persona que tenga a un ser querido enterrado en una cuneta o fosa común (ya sea represaliado por el bando nacional o el republicano) pueda rescatar sus restos y darles digna sepultura. Si Tertsch considera que esa medida (humana y justa desde una perspectiva moral, filosófica y hasta religiosa) supone una imposición comunista es que tiene un grave problema de inteligencia emocional. En cuanto a que la ley trata de imponer la visión del Frente Popular tampoco es cierto. Hoy en día está unánimemente admitido por la historiografía moderna, es decir, por los historiadores e hispanistas del mayor prestigio nacional e internacional (nada de escritores domingueros, friquis y oportunistas del pelotazo editorial que tratan de intoxicar con falsas teorías revisionistas) que la Guerra Civil comenzó con un golpe militar. No fue ninguna operación necesaria para defender el país de la expansión del bolchevismo, sino simplemente una conspiración, una rebelión, una conjura de militares contra el Gobierno legítimo de la República. Es obvio que Franco trató de imponer un Estado de corte fascista a la manera del instaurado por Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Está probado con datos fehacientes, documentos históricos y archivos oficiales que los regímenes totalitarios de Berlín y Roma facilitaron soldados, armamento y financiación a la causa franquista para extender el proyecto nacionalsocialista por toda Europa. Ya sabemos en qué acabó aquel loco expansionismo hitleriano: en la Segunda Mundial, la peor confrontación bélica de la historia de la humanidad.

Sea como fuere, el fanatismo es ciego y nunca descansa, tampoco en la mente siempre turbulenta de Hermann Tertsch. “La exitosa transición de la dictadura a la democracia se basó en un acuerdo nacional por el cual la guerra y la dictadura fueron un fracaso común de una nación dividida que nunca debería repetirse. La nueva ley impone una versión de la historia parcial, unilateral, injusta, manipulada y sectaria”, prosigue el eurodiputado en su carta. Y ahí no le falta una parte de razón al polémico periodista que ha alquilado su pluma a la ultraderecha de nuevo cuño. Es cierto que la Transición supuso el triunfo del espíritu de consenso, la reconciliación, un acuerdo o pacto nacional entre ambos bandos para pasar página. ¿Pero qué tendrá que ver ese gran hito político colectivo con lo individual, con los sentimientos de toda esa gente que quiere recuperar los huesos de sus maridos y esposas, de sus padres, hermanos y abuelos fusilados y enterrados, unos sobre otros como animales, de la forma más salvaje y cruel? Cualquier persona decente y de bien debería estar de acuerdo con algo tan humano como eso sin que ello signifique reabrir ninguna vieja herida ni dañar ningún sagrado consenso o espíritu de concordia.

Y, por supuesto, claro que la ley debe establecer sanciones por su incumplimiento, como cualquier otro texto legal emanado de la voluntad del Parlamento. Como también resulta imprescindible que una Fiscalía especial coordine los cientos de procesos judiciales que previsiblemente se abrirán a raíz de las denuncias para la exhumación de los cadáveres. Ciertamente, el Estado debe dar respuesta a esa demanda de reparación, dignidad y justicia. 

Por lo visto tampoco le gusta a Tertsch que el Valle de los Caídos pase a ser un cementerio civil desprovisto de significado político o religioso, un lugar de recogimiento en homenaje y recuerdo a las víctimas, a todas ellas porque muertos y crímenes los hubo en ambos bandos y quien piense lo contrario es un ingenuo o un iletrado. En su carta parece desprenderse que el Valle se convertirá en una especie de santuario del comunismo y nada más lejos de la realidad. Tertsch miente tratando de imponer una realidad que solo está en su delirante imaginación. En realidad, lo que le ocurre a su señoría es que no le gusta la idea de que se toque el Valle sencillamente porque él mira el franquismo con simpatía, con nostalgia, y lo que le pide el cuerpo es que aquello siga siendo lo que siempre fue: el gran símbolo del poder fascista en España. Por eso se refiere a la exhumación de la momia de Franco como “profanación”. Por eso hace un emotivo cántico al nacionalcatolicismo violentado, piedra angular del Antiguo Régimen.

Con todo, quizá lo más espeluznante de la carta de Tertsch sea ese párrafo en el que se muestra contrario a que la memoria democrática se enseñe en los colegios, como ocurre desde hace décadas en países como Alemania o Italia, donde hace ya tiempo decidieron enseñar a los niños (que no adoctrinar) la historia tal como fue con el fin de que la barbarie fascista jamás se vuelva a repetir. En el colmo del esperpento, el eurodiputado de Vox solicita ayudas a la UE para preservar el monasterio benedictino del Valle de los Caídos y protegerlo de las supuestas hordas comunistas. Lamentablemente para él, ya no estamos en aquella Europa de 1939 abocada a una guerra mundial por la fuerza de los totalitarismos de uno y otro signo, sino en una Europa que vive en paz, en libertad y en democracia. Un paraíso donde la verdad ha resplandecido finalmente sobre la locura, el horror y la sangre que tanto parece añorar el iracundo señor Hermann.

Viñeta: Igepzio

sábado, 19 de septiembre de 2020

EL GUETO

(Publicado en Diario16 el 19 de septiembre de 2020)

Díaz Ayuso compareció ante los periodistas como ese condenado que sabe que su suerte está definitivamente echada. A la presidenta se la vio tensa, nerviosa, y por momentos un tanto descompuesta. Los papeles y fichas, sus más fieles amigos cada vez que tiene que hablar en público en la Asamblea Regional, temblaban entre sus dedos como temiéndose lo peor. La lideresa había perdido esa aura virginal que parecía acompañarla a todas partes y su fresca lozanía castiza, desenfadada y pizpireta se había transmutado en preocupante demacración, como en aquel cuadro de Dorian Gray que se degradaba a marchas forzadas. Se la veía lívida, sobrepasada, tan absorta y fuera de este mundo como las frías e inertes paredes de piedra del centenario edificio de Sol. A buen seguro, de haber sido aquello un entierro en lugar de una rueda de prensa algún alma caritativa le habría ofrecido un caldito para entrar en calor, una tila o un Valium de 5. Y es que la política no es un divertido juego de niños, tal como ella creía cuando Pablo Casado le dio la alternativa y la animó a echarse al ruedo ibérico, sino una pesada carga, un constante carrusel de decisiones en el que a veces muere gente. Una maldición que le va consumiendo a uno.   

Tras titubear y tomar algo de aire, Ayuso anunció su plan a la desesperada para evitar que el sistema público de salud termine colapsando, lo que convertiría Madrid en un cuadro apocalíptico de El Bosco. Después de dar lectura a su sempiterna chuleta, los madrileños supieron por fin que quedan prohibidas las reuniones de más de seis personas; que se cerrarán parques y jardines; y que se ordenarán estrictos confinamientos por barrios y municipios, los más humildes del área metropolitana, confirmándose de esta manera que el plan Ayuso tiene más de ideología política que de medidas propiamente sanitarias. Sus recientes declaraciones trufadas de xenofobia en las que aseguraba que el covid-19 se ha propagado por Madrid por culpa del “estilo de vida de los inmigrantes” y que piensa implantar una tarjeta covid para estigmatizar a los enfermos no presagiaban nada bueno. La inefable presidenta regional, como buena neoliberal, entiende que el coronavirus también es cosa de clases sociales. Los “trumpistas” de nuevo cuño como Ayuso son clasistas hasta en el reparto de la enfermedad y de la muerte y bajo esa filosofía ha diseñado su macabro plan de confinamiento que selecciona entre ricos y pobres.

Así, los madrileños más necesitados, aquellos que viven hacinados en pisos como ratoneras, sin trabajo, sin dinero y sin posibilidad alguna de atención médica porque los centros de salud pública están desmantelados, serán machacados y pagarán más caro los estragos de la pandemia. Unas 800.000 almas de las áreas más castigadas por la enfermedad −Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, así como los municipios de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas− han sido condenadas ya a un gueto del que no podrán salir más que para ir a trabajar, al médico o al juzgado. El gran pecado de toda esa gente no es tener un PCR positivo sino una mácula mucho más brutal: estar a cero en la cuenta corriente. Algún que otro tuitero de Vallecas se preguntaba ayer en las redes sociales, con ácida ironía, si a los vecinos de los barrios y pueblos del sur los van a marcar con una estrella de David, como se hacía con los judíos en los tiempos negros del nazismo, para que no se mezclen con los señoritos de los barrios bien del norte. De cualquier manera, resulta cruel que se condene a tantos al contagioso Metro por la mañana, para salvar la economía, mientras por la tarde son recluidos en sus casas por orden gubernamental. Comienza sin duda un auténtico calvario para cientos de miles de familias sin recursos.

Entre tanto, en el Madrid opulento los ricos podrán teletrabajar, relajarse en las barbacoas y solazarse en jardines con piscina. En esas zonas el coronavirus se vivirá de otra manera, será un lejano mal sueño que sufren otros, el lumpen, los parias, los parásitos de la sociedad, como los definen los ultraliberales que votan a Ayuso. Por eso la presidenta se ha cuidado muy mucho de no tocar los barrios altos y no soliviantar a sus votantes, los “cayetanos” y “borjamaris”, no vaya a ser que algún día le monten una cacerolada como a Pedro Sánchez o un escrache como a Pablo Iglesias, que nunca se sabe.

El plan de Ayuso será ineficaz desde el punto de vista médico pero está bien enfocado en lo político para no perder las elecciones. Teñido de ideario neoliberal, ni siquiera contempla un refuerzo en las plantillas de médicos y enfermeras. Una vez más, la alergia de Ayuso a todo lo que huela a público y a intervencionismo estatal condena a la población a sufrir el colapso sanitario. Por lo demás, la intervención de la presidenta sirvió para confirmar que sigue viva tras varios días desaparecida y poco más. Descartó, eso sí, el Estado de Alarma general a la manera “socialcomunista” porque sería ruinoso para la economía, otra gran falacia, ya que el confinamiento se va a aplicar igualmente con severidad, solo que castigando a las poblaciones más desfavorecidas, consumándose así una suerte de vomitivo supremacismo sanitario. Todo en Ayuso sigue siendo propaganda barata y manual trumpista. Anuncia un millón de test y nadie sabe cómo piensa hacerlo; promete más rastreadores y luego nunca más se supo; se compromete a gastar más en Atención Primaria y los centros de salud cierran a pares, dejando sin servicio a los barrios y municipios más populosos. Por cierto, sigue sin aclarar qué ha sido de los 1.500 millones inyectados por el plan covid del Gobierno central. Algún día nos enteraremos de los pormenores de ese misterioso asunto. De momento, no extraña que la lideresa volviera a ser trending topic, una jornada más, esta vez bajo el hashtag de “Ayuso, confínate tú primero”. Touché.

Viñeta: Igepzio

EL CIS

(Publicado en Diario16 el 18 de septiembre de 2020)

Tezanos cree que los problemas judiciales del rey emérito no interesan a los españoles. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) considera que el organismo que dirige “no está para preguntar” sobre esas cosas tan peregrinas y se ha quitado el bulto de encima precisamente en la semana en la que Podemos ha llevado una moción al Parlamento para que se puedan realizar encuestas públicas sobre la forma de Gobierno que prefieren los ciudadanos (la iniciativa, por cierto, ha sido tumbada finalmente con los votos en contra de PSOE, PP, Vox y C’s).

De modo que, según Tezanos, el CIS puede interpelar a los ciudadanos sobre cualquier cosa (si se debe prohibir el tabaco en la vía pública, si aprueban el fiasco en la gestión de Díaz Ayuso en Madrid o cuántas veces por semana hacen el amor), pero cuando llega la hora de saber si están satisfechos con la conducta personal y política del jefe del Estado eso ya es intrascendente y es mejor pasar página, no vayamos a tener un problema serio.

De modo que Tezanos, que ha despachado con urgencia la cuestión durante una entrevista en el programa La hora de la 1 de TVE, es como aquellos viejos censores del franquismo que velaban por la moralidad y el bienestar de los pobres españolitos siempre tutelados y siempre convenientemente guiados por la mano del páter dictador. Al igual que en el Antiguo Régimen la Junta de Censura tenía la última palabra a la hora de vetar películas que criticaban la patria, la religión y la familia, el CIS de Tezanos ha heredado ese papel. En la entrevista, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas pone como excusa que la sociedad española ya fue interpelada sobre Felipe VI en 2015, poco después de que asumiese la jefatura del Estado tras la abdicación de su padre. “Entonces interesaba porque había un rey nuevo”, insiste. El problema es que hace cinco años no se sabía todo lo que se sabe ahora sobre los supuestos negocios de la Familia Real y de cualquier manera al funcionario del CIS solo le ha faltado remontarse a los tiempos de Carlos III para legitimar la dinastía borbónica.

La mordaza demoscópica de Tezanos dice muy poco en favor de nuestra democracia, donde por lo visto sigue habiendo tabúes y los españoles ni siquiera pueden valorar si les parece bien que el emérito ande entre maletines, amantes y jeques árabes; entre hoteles de lujo de 11.000 euros la noche; y de acá para allá por el mundo en un potente jet privado que a saber lo que gasta en combustible y quién costea la fiesta. A los españoles solo les queda ver, oír y callar: ver cómo sus máximos líderes políticos se dan a la dolce vita mientras el país se va al garete; oír con estupor las grabaciones de Villarejo en las que afloran los millones de dólares sin declarar, las mansiones y las cuentas suizas; y sobre todo callar, callar mucho y mirar para otro lado porque las cosas en este país siempre fueron así y seguirán siendo así. Por supuesto, tampoco se puede preguntar si esa foto de barbacoa del emérito con gorra de rapero, bermudas amarillas fluorescentes y camisa a cuadros junto a un niño inquietante que la revista Semana confirma como el hijo de Corinna Larsen es verídica o solo un fake más de nuestro tiempo de posverdad. Por descontado, el escandaloso reportaje de Paris Match en el que la examante del monarca se despacha diciendo que Juan Carlos fue víctima de “un golpe de estado interno” a manos de la reina Sofía y de Mariano Rajoy tampoco le interesa demasiado a la sociedad española. Como si el destino del país se redujera a un simple asunto de faldas.

Para el máximo responsable del CIS todo eso no importuna a los españoles y lo dice así, tal cual, como esos oscuros burócratas de las dictaduras bananeras paternalistas que se creen con derecho a pensar por el pueblo y a decidir sobre lo que le interesa y lo que no. Ahora que el Gobierno −por fin tras más de 40 años de democracia−, se ha tomado en serio aprobar una Ley de Memoria que indague hasta sus últimas consecuencias en los crímenes y genocidios del franquismo, Tezanos prefiere el silencio a la verdad, la omertá a la libertad de expresión, en un claro ejercicio de hurto de derechos constitucionales. El presidente del CIS debe saber mejor que nadie que si hay un problema histórico en España, una cuestión pendiente en este país, un mal endémico que no acaba de superar la nación, ese es precisamente el de la forma de Gobierno. Aquí llevamos quinientos años de cuitas, de guerras y revoluciones, cinco siglos enfrascados en el viejo debate sin resolver sobre Monarquía o República, y no extraña que el Financial Times haya atribuido el desastre de nuestro país en la gestión del coronavirus al modelo de Estado que nos dimos en el 78 y que se antoja fracasado. “Pasaron mucho tiempo haciendo declaraciones a la prensa y poco tiempo administrando. Ahora estamos viendo las consecuencias”, sentencia el tabloide en un reciente editorial que deja a España a la altura de Etiopía en términos de eficacia sanitaria.

Pero no preguntemos nada, callemos, despleguemos el eterno manto de silencio sobre la Casa Real y no le demos la palabra al pueblo, que el pueblo es un actor secundario que no pinta nada en todo este gran embrollo español. Que nadie se pronuncie, que los vasallos sigan amordazados, sumisos, en silencio. Tezanos está aquí para meter la tijera a la libertad de expresión y para que el rey emérito siga siendo inviolable en lo político e incuestionable en lo mediático. Él es un pararrayos que se esfuerza inútilmente por detener la tormenta mientras los españoles son unos niños inmaduros que si expresan lo que sienten sobre su jefe de Estado cometen un grave pecado de blasfemia contra el Dios intocable que no se cuestiona nunca. Una democracia jamás debería tener miedo del pueblo. Un rey siempre ha de preguntar a su gente si sigue gozando del cariño popular o se ha roto el amor. “El CIS soy yo”, debe pensar Tezanos en otro tic autoritario-monárquico. Aquí se pregunta lo que él dice y punto, no lo que interesa a los españoles. Mayormente las encuestas que dejan bien a Sánchez.

Viñeta: Igepzio

LA CRUZ

 

(Publicado en Diario16 el 17 de septiembre de 2020)

Macarena Olona va peor de lo suyo. En las últimas horas, la secretaria general de Vox ha sufrido un febril ataque de franquismo agudo y se ha puesto a la vanguardia en la defensa del Antiguo Régimen al afirmar que el primer paso del Gobierno en la puesta al día de nuestro país con la memoria histórica fue “la profanación de la tumba del general Francisco Franco”. Solo le ha faltado levantar el brazo y cantar el Cara al sol. Para Olona, el siguiente paso de Pedro Sánchez en su intento por “derrocar la monarquía” es derribar la cruz del Valle de los Caídos, tal como, según ella, ya exigió Podemos en el año 2018. A la legionaria Olona se le olvida que la demolición del principal símbolo del nacionalcatolicismo no es una propuesta exclusiva del partido de Pablo Iglesias sino que algunos de los más eminentes hispanistas como Ian Gibson también consideran que la única manera de que España pueda empezar de nuevo es retirar esa cruz infame bajo la que descansan los cadáveres de miles de inocentes víctimas de la guerra cruel desencadenada por aquel hombre bajito, con mala uva y voz trémula de anciana resabiada. Para la escuela Gibson es absolutamente imprescindible que esa cruz sea demolida para que los españoles puedan exorcizar, de una vez por todas, el fantasma del tirano y la sombra de 40 años de vampirismo totalitario.

Ciertamente, hiela la sangre escuchar el respeto, homenaje y pleitesía con el que los ultras españoles se refieren a la figura del dictador. No cabe duda de que en los despachos de los dirigentes de Vox siguen colgados los cuadros del Tío Paco posando como un dios gallego en diferentes posturas caudillescas. El fascismo, expresión del primitivo odio incontenible del ser humano, es un trastorno que se va agravando con el tiempo y se empieza por incluir el pin parental en las escuelas y se termina cavando trincheras en El Ebro. Esa es la evolución natural que está siguiendo Vox, esa es la inquietante mutación que está sufriendo el nuevo virus ultraderechista ibérico. Hasta ahora la gente de Santi Abascal se había estado conteniendo en sus declaraciones, eran contagiados asintomáticos del fascismo que de cuando en cuando estornudaban o tosían algún improperio racista o nazi. Es lo que siempre se ha conocido como enseñar la patita facha. Sin embargo, ese falangismo ha empeorado en los últimos tiempos, sobre todo desde que el Gobierno de coalición anunciase la puesta en marcha de la nueva Ley de Memoria Democrática, que por las burradas que se están escuchando va a ser un purgante antifascista mucho más necesario de lo que se pensaba. Cómo será la deriva de Vox desde la extrema derecha hasta el posnazismo siglo XXI que hasta Carmen Lomana, antes musa del facherío patrio de nuevo cuño, se está quitando del vicio verde. “No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa”, afirmó hace solo unos días la que en 2015 fue número 3 del partido por Madrid.

La Ley de Memoria Democrática ha agudizado el histerismo patriotero y el histrionismo caricaturesco de las huestes de Vox. Olona ya ha anunciado que su formación recurrirá el texto legal, cuyo anteproyecto fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Realmente resulta un sarcasmo que alguien pueda llegar a pensar que es posible ganar en el Tribunal Constitucional un recurso que no tiene otra intención que lavarle la cara a lo que fue el régimen de Franco. Pero el delirio histórico revisionista de los muchachos de Vox a veces les lleva a perder la noción de la realidad y a creerse que aún estamos en 1940, cuando los jueces eran todos militares en nómina del Movimiento Nacional. Apelar a la defensa de la Constitución para tratar de maquillar a un sátrapa que pisoteó la democracia y los derechos humanos (y a la Fundación creada para rendir tributo a su memoria) es sencillamente delirante. Vox roza el ridículo y el absurdo cuando sus representantes denuncian que la Ley de Memoria vulnera “derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación e ideológica”, tal como alega Olona. En realidad es todo lo contrario, la ley permitirá algo tan sencillo y básico de entender como que muchas personas podrán saber por fin dónde están enterrados sus seres queridos. Ese será el camino para que España deje de ser el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya por efecto de las fosas comunes.

Viñeta: Igepzio

MADRID, CAPITAL DEL DOLOR

(Publicado en Diario16 el 17 de septiembre de 2020)

Madrid es un caos. Los contagios se propagan exponencialmente; no hay rastreadores suficientes (los pocos contratados ya han sido privatizados); y los médicos y enfermeras advierten de que irán a la huelga para evitar el colapso del sistema público de salud. Basta con un dato para constatar la situación crítica en la que se encuentran los madrileños: la comunidad autónoma registra 600 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional está en 253. Los expertos epidemiólogos insisten en que todavía es posible frenar la pandemia, pero hace falta competencia, voluntad política y adoptar las medidas adecuadas. Daniel López-Acuña, experto de la OMS en situaciones de crisis, sentencia: “Si se quiere se puede, pero no hay que dejar el avión para que se estrelle”.

El problema es que la nave de Madrid hace tiempo que se parece demasiado a la de Aterriza como puedas, aquella disparatada comedia en la que parecía que cualquier cosa podía ocurrir. De todo el sindiós que se ha desatado en la capital de España (la peor de Europa en cuanto a datos de la epidemia) lo más trágico es que a esta hora no se sabe quién está a los mandos de la situación de emergencia. El otoño se acerca y la capital es una potencial bomba pandémica que cuando estalle se convertirá en letal para el resto del país. Siete millones de madrileños contienen la respiración mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ni está ni se le espera. La fortaleza y valía de un gobernante se demuestra en los peores momentos, pero la castiza presidenta parece haber perdido definitivamente los papeles.

El espectáculo de improvisación, bochorno e incompetencia que está dando el Ejecutivo autonómico en los últimos días resulta tan kafkiano como desolador: por un lado, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, anuncia un plan para decretar el “confinamiento selectivo” de barrios y localidades; por otro, el propio gabinete de Presidencia informa de que esa medida ni está aprobada ni confirmada. El preocupante caso de desdoblamiento de personalidad gubernamental se completa cuando el propio viceconsejero reconoce que se comunica con su presidenta a través de WhatsApp y que está “convencido” de que ella apoyará “cualquier medida que vaya encaminada a proteger la salud pública”. Sin embargo, a fecha de hoy nadie sabe qué va a pasar con Madrid. “Vivimos en un barrio humilde, sabemos ponernos la mascarilla y mantener la distancia de seguridad; lo único que no llevamos es la banderita de España”, ironiza una vecina de Vallecas en un programa matutino de radio. Otra mujer teme al confinamiento que parece inminente y denuncia que Díaz Ayuso pretenda convertir algunos barrios de la capital “en un gueto de extranjeros y enfermos”, como en los peores tiempos de los totalitarismos del siglo pasado. La amenaza de un Madrid partido por la mitad (al norte la población más sana, rica y floreciente y al sur las clases trabajadoras condenadas a contagiarse cada día en el Metro) es más real que nunca. La propia lideresa ha dejado inquietantes declaraciones en ese sentido, como que el virulento rebrote de covid-19 que asola Madrid es culpa de los inmigrantes. “Los contagios se están produciendo por el modo de vida que tiene nuestra inmigración y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid y por eso nosotros hemos hecho esos test serológicos en verano”, argumentó la polémica presidenta regional, que acto seguido tuvo que rectificar para no quedar como una racista. Son las consecuencias de votar a la “trumpita” española, los efectos perniciosos de colocar en el poder a una fanática ultraliberal que no cree en el intervencionismo estatal de la economía y mucho menos en el sostenimiento de la Sanidad pública como pilar fundamental del Estado de Bienestar. Al igual que su predecesora Aguirre, Díaz Ayuso pretende privatizarlo todo, vender el Estado al mejor postor. Alguien a quien en plena pandemia y con el personal sanitario exhausto, mal pagado y desmoralizado no se le ocurre otra cosa que construir un faraónico hospital y bajar los impuestos debe estar aquejado sin duda de una grave megalomanía capitalista.

Está visto que los madrileños empiezan a pagar el peaje de votar tan nefastas ideologías populistas y discriminatorias. Cada minuto que pasa Madrid se hunde un poco más en el miasma de virus, incompetencia y ciego ultraconservadurismo. Ciudadanos se resiste a dar el paso al frente para apoyar la moción de censura de Gabilondo que permitiría descabalgar del poder a la presidenta y crecen las voces que piden que Pedro Sánchez tome las riendas de la situación como en el mes de marzo. La primera comunidad autónoma del país parece gobernada por una inmadura, una púber de la política que está para posar en las revistas de papel cuché y poco más. Ayuso debería dimitir antes de que termine propagando una plaga de proporciones bíblicas en ese Egipto faraónico de la privatización en que se ha convertido Madrid. O ser cesada de inmediato por Pablo Casado, el hombre que irresponsablemente la llevó a la cima del poder. Por cierto, ¿dónde está el eterno aspirante a la Moncloa? En Barcelona con Albiol, visitando un edificio supuestamente tomado por okupas. Por lo visto allí estaba el gran drama nacional. Arrastrado por Vox, el presidente del Partido Popular se ha embarcado en el delirio de tratar de convencer a los españoles de que todo el país es un territorio sin ley donde los antisistema, jipis y rojos que no tienen dónde caerse muertos van asaltando casas y pisos como en el Far West. De locos. 

Viñeta: Artsenal

LOS PECADOS DEL PASADO

(Publicado en Diario16 el 14 de septiembre de 2020)

Sorprende la facilidad con la que los políticos de hoy en día se quitan responsabilidades de encima. No importa si han estado en el poder un año o dos décadas; cuando les llega el momento de abandonar el cargo se esfuman como el mago Houdini y si te he visto no me acuerdo. De grandes hombres y mujeres que dirigieron los destinos del país pasan a convertirse en anónimos ciudadanos, grises fantasmas y espectros, cuando no turistas accidentales que estuvieron allí, en lo más alto del poder, como de paso. Entonces sus nombres y direcciones son borrados no ya de las placas y directorios de los despachos oficiales, sino del listín telefónico, y resulta imposible localizarlos. Es como si se los hubiese tragado la tierra, aunque el sueldo vitalicio les siga llegando.

Los políticos de hoy suelen ser seres en constante huida del pasado. Tras poner pies en polvorosa, huyendo de la Administración como los cuatreros de las películas del Oeste, se refugian en Dios sabe dónde y ya nunca más se supo. El país no va con ellos −como si las decisiones que tomaron y las cruciales órdenes que impartieron en su momento quedaran olvidadas, muy lejos, en el último baúl del ministerio− y lo que se impone es marchar de puntillas por la puerta giratoria, haciendo mutis por el foro, sin armar demasiado ruido por lo que pueda pasar.

Es de esa manera discretísima como personajes de la talla de Mariano Rajoy han salido por la puerta de atrás de la historia de España, aunque en su caso habría que decir más bien por la puerta trasera de un restaurante madrileño, aquel mesón de alta cocina de infausto recuerdo para los españoles en el que se despidió de sus allegados y más fieles colaboradores (con comilona, copa y puro incluidos), mientras en el Parlamento se votaba una moción de censura trascendental y el futuro de la nación. Al día siguiente de aquel terremoto, Rajoy ya no era nadie y volvía a su antiguo empleo en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, o a su pueblo de Pontevedra, para dedicarse a sus carreras matutinas, a sus paseos por la Alameda, a leer el periódico en el café Blanco y Negro y a las decimonónicas tertulias de Casino con sus queridos paisanos. De cuando en cuando, el ex presidente del Gobierno se presenta a algún evento más privado que público para decir que “no se ha desinteresado” por los problemas del país, lo cual no deja de ser un mero postureo, puesto que cuando los periodistas le preguntan por los escándalos del pasado, por la caja B del partido, por la trama Kitchen y esas cosas, él se defiende argumentando que ya no es un personaje público, solo un ciudadano más que quiere que lo dejen en paz, de modo que le pregunten a otro. En cualquier caso, una actitud mucho más comprensible que la de algunos que para escurrir sus responsabilidades en el poder terminan alegando que solo son diputados por Ávila.

Otra que se ha evaporado con los vientos del pasado es María Dolores de Cospedal, en tiempos pretéritos gran dama de hierro del PP, pero de ella mejor hablaremos cualquier día, al igual que de la abogada privada Soraya SS, antes todopoderosa vicepresidenta y responsable del CNI, aunque por lo visto también estaba en plan decorativo y no se enteraba de nada. Hoy quien más nos interesa es el exministro Jorge Fernández Díaz, otro de esos políticos escapistas de la realidad que durante una época están todo el día en la televisión, dándole la matraca al pueblo, y que luego, cuando se levantan las alfombras de los despachos y se abren los archivos para que rindan cuentas de su gestión ya es imposible localizarlos porque no se les ve el pelo por ninguna parte. En las últimas semanas, el nombre de Fernández Díaz ha vuelto a las primeras páginas de los periódicos como uno de los supuestos salpicados por la operación Kitchen, esa sórdida red de espionaje parapolicial pagada con fondos reservados de cuyo hilo está tirando un juez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en medio del escándalo el exministro se ha evaporado como Marcelo −su ángel de la guarda favorito que le ayuda en las grandes cosas y también en las pequeñas, como aparcar el coche−, y ya solo habla a través de La Razón, el periódico amigo en el que acaba de publicar uno de sus habituales artículos semanales sobre lo divino y lo humano. Por descontado, el ex titular de Interior bajo sospecha de tolerar las cloacas del Estado no dice ni media palabra de la trama Kitchen (un negro episodio que el pueblo pide que se aclare de inmediato) aunque, eso sí, se permite hacer un análisis minucioso sobre la gestión del Gobierno en los meses de pandemia que ni el más experto epidemiólogo: “Hoy se cumplen seis meses de la declaración del estado de alarma, coincidiendo con una anómala vuelta a las clases de la población en edad escolar. Esto reafirma la exigencia democrática de una auditoría externa e independiente acerca de la gestión gubernamental de la pandemia, aunque solo sea para constatar errores y deficiencias que no deberían repetirse en el futuro”.

Resulta cuanto menos paradójico y chocante que Jorge Fernández sea capaz de exigirle auditorías al Gobierno Sánchez por los muertos del coronavirus y no las reclame para su propio ministerio, ese que dirigió personalmente y que hoy está cuestionado por tantos espionajes, escuchas ilegales, seguimientos a adversarios políticos y “unidades parapoliciales”, un término que pone los pelos de punta por lo mucho que recuerda a aquellos batallones paramilitares de las dictaduras latinoamericanas que practicaban la guerra sucia contra la disidencia. Precisamente estos días la Audiencia Nacional ha condenado al coronel Inocente Orlando Montano Morales por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Ellacuría, lo que demuestra que la memoria de un horrendo crimen nunca puede borrarse, por mucho que pasen mil años.

Fernández Díaz, hombre de misa de doce y próximo al Opus Dei que llegó a condecorar a las vírgenes de su devoción con las más altas distinciones y medallas al mérito policial −creando así un cuerpo parapolicial celestial, del Más Allá−, siempre ha practicado una suerte de política apostólica, religiosa, nacionalcatolicista. Una especie de ciega y fanatizada cruzada contra el mal que le ha llevado a rozar peligrosas fronteras morales y legales, por lo que apuntan el auto de la Audiencia Nacional y el testimonio del principal confidente en la causa, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Claro que sobre esas cosas mundanas mejor guardar voto de silencio. No vaya a ser que el juez llame a declarar al ángel Marcelo en calidad de testigo y queden al descubierto todos los pecados del pasado.

Viñeta: Igepzio

LOS FORAJIDOS DEL PP


(Publicado en Diario16 el 10 de septiembre de 2020)

¿Es el PP un partido situado al margen de la legalidad constitucional, tal como denunció ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados? Para responder a esa pregunta habría que clarificar primero qué se entiende por ser o no constitucional. El propio TC, en varias sentencias históricas, ha dejado claro que la Constitución del 78 no exige una “militancia expresa”, es decir, que en este país uno puede ser perfectamente lo que desee siempre que se cumpla la ley. O lo que es lo mismo: en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas, ya sea republicano o franquista, sino por haber vulnerado la legalidad. Desde ese punto de vista, un partido como el PP es cuanto menos de dudosa constitucionalidad, ya que en los últimos años ha vulnerado preceptos fundamentales contenidos en la más alta norma de nuestro ordenamiento jurídico. La formación conservadora ha organizado, para beneficio de unos pocos, una gran trama corrupta como el caso Gürtel; ha espiado a sus adversarios y opositores políticos contratando policías-sicarios pagados con fondos reservados; y lo que es aún peor: el partido de Pablo Casado ha obstaculizado gravemente la renovación de los cargos institucionales (el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la dirección de TVE, entre otros).

Quizá sea esta última transgresión, el bloqueo sistemático al buen funcionamiento del Estado, la maniobra más execrable de todas. La Constitución Española exige claramente que las altas magistraturas estatales sean renovadas cada cinco años, pero eso a Casado −al que a menudo se le llena la boca de constitucionalismo−, parece darle igual. ¿Qué más da si el CGPJ, el órgano de Gobierno de los juzgados y tribunales, está paralizado desde hace dos años? ¿Qué problema hay si la Justicia española se colapsa sin remedio? A fin de cuentas, al PP eso le beneficia, así sigue teniendo la sartén por el mango, el control de órganos como el Tribunal Supremo, donde casualmente se enjuician los asuntos de corrupción con políticos aforados. Casado sabe que tras el descalabro de las pasadas elecciones generales el PP ya no tiene la mayoría en el Parlamento y su representación institucional debería readaptarse en consonancia con su pérdida de cuota de poder. Por eso se resiste. Por eso dice no a todo a Sánchez, con quien no quiere negociar nada. Es un caramelo demasiado goloso colocar a un juez o magistrado amigo en las altas esferas judiciales, más aún cuando se avecinan malos tiempos para el partido con el caso Kitchen. El auto del instructor de este sórdido expediente no puede ser más duro, contundente y revelador: “Órganos superiores de la Administración General del Estado” pusieron en marcha un “plan parapolicial” con el objetivo de torpedear las investigaciones judiciales por corrupción que acosaban al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. Con semejante declaración no extraña que Pablo Casado tiemble y no quiera ni oír hablar de perder peones en el escalafón superior de la judicatura española. En democracia, quien controla a los jueces tiene el poder absoluto y al líder de la oposición no va a haber manera de llevarlo a una mesa de negociación para que renueve los cargos institucionales.

Todo lo cual nos conduce a la pregunta de inicio: ¿es el PP un partido situado al margen de la legalidad constitucional? Con tales antecedentes, y teniendo en cuenta que la sentencia del caso Gürtel condenó al partido “a título lucrativo” por su financiación ilegal, la respuesta está más cerca de ser afirmativa que negativa. Un país como España necesita de una derecha centrada, respetuosa con la ley, limpia y aseada en lo democrático. Lo de condenar el régimen fascista de Franco (algo que el PP todavía no ha hecho) ya sería para certificado de pedigrí constitucional. No pidamos tanto a los herederos de la derechona patria. Sin embargo, el escándalo vuelve una y otra vez sobre Génova 13, trayendo los vientos de corrupción más sucios, y no pocos juristas se plantean si la única salida que le queda a ese partido es disolverse para proceder a su refundación, regenerando sus estructuras políticas de arriba abajo. La ley de partidos permite la ilegalización cuando la formación política se convierte en un problema para la democracia, como puede ser su adscripción a movimientos violentos (fue el caso de Batasuna cuando fue ilegalizada por no condenar el terrorismo etarra) o sus supuestas relaciones con bandas criminales organizadas.

Cabe recordar que el juez de la trama corrupta Púnica, Eloy Velasco, emitió en 2016 un auto en el que declaró el “carácter complejo” de la investigación (sobre todo después de que el Gobierno Rajoy acortara los plazos para indagar en los casos de corrupción) y calificó a los políticos y empresarios implicados como “una organización criminal”. Solo en aquellos años negros la lista de altos cargos y dirigentes imputados por corrupción llegó a superar los 800 en todo el país. Por un momento, la imagen que proyectaba el PP era la de un partido donde ni uno solo de sus máximos responsables estaba libre de pecado. Hasta 60 casos se acumularon en los tribunales, entre ellos Gürtel; Púnica; Lezo; Nóos; Bárcenas y otros a los que ahora se une el más repugnante y escabroso de todos: el caso Kitchen de espionaje a rivales políticos.

Las palabras pronunciadas en sede parlamentaria por Pedro Sánchez no son ninguna exageración. El PP pisotea la Constitución con sus constantes corruptelas criminales, es desleal por bloquear los Presupuestos necesarios para superar la pandemia y por no sentarse a negociar los nuevos cargos institucionales e incurre en comportamientos no democráticos porque no reconoce la legitimidad del Gobierno de coalición. ¿Qué más se necesita para aplicar la ley de partidos y proceder a la liquidación de una formación política que escándalo tras escándalo se supera a sí mismo en ignominia?

Viñeta: Igepzio

EL AGUJERO DE LAS PENSIONES

(Publicado en Diario16 el 10 de septiembre de 2020)

El ministro Escrivá ha sacado la calculadora y se ha echado las manos a la cabeza al comprobar que no hay dinero en las arcas públicas para sostener las pensiones a medio plazo. Una vez más, nos encontramos ante otro gran problema endémico de este país que viene a sumarse a la gran tragedia nacional que supone la pandemia. El desastre de las pensiones se veía venir desde hace años, pero los dos grandes partidos han ido aparcando el asunto de forma irresponsable o lo han utilizado como arma arrojadiza para sus habituales trifulcas políticas. El Pacto de Toledo aprobado en abril de 1995 pretendía ser una mesa de trabajo y de amplio consenso social para el “análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”, pero finalmente ha quedado en papel mojado, en buena medida por la actitud obstruccionista del Partido Popular, que fiel a su máxima ultraliberal no intervencionista jamás ha querido reformar nada. El PP nunca fue un partido político sino una gran multinacional dedicada a sus negocios y espionajes más que a resolver los problemas de los ciudadanos.

Ahora que el Pacto de Toledo amenaza defunción, la principal medida que se le ocurre a nuestro Gobierno para mantener el sistema de pensiones es alargar la edad de jubilación, es decir, poner a trabajar a los españoles en la vejez cuando lo que se merecen tras treinta o cuarenta años en el tajo es retirarse para disfrutar de la familia y de los últimos años de la vida. En palabras del propio ministro, para superar el bache de las pensiones se debe fomentar el retraso en la edad de jubilación, incrementando los incentivos económicos a las empresas y reforzando fórmulas que permitan a una persona compatibilizar el cobro de la pensión y seguir trabajando más allá de los 67 años. Todo lo cual, y ahí está el problema de fondo, recuerda más a la mano invisible de Adam Smith que al intervencionismo público de John Maynard Keynes.

Según Escrivá, “tenemos un exceso de jubilación anticipada voluntaria”, mostrando una vez más su obsesión por el fraude laboral y anticipando una penalización de las prejubilaciones. Pero vayamos a los datos reales. La edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8, en línea con los países europeos de nuestro entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es del 35,4 por ciento, también en los parámetros homologables. Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, cuando vemos lo que invierte el Estado en mantener las jubilaciones de nuestros mayores concluimos que el gasto en pensiones en España es del 10,9 por ciento, frente a la media del 12,4 por ciento del resto de países. Para el ministro Escrivá, este dato no supone una anomalía ni un problema de sostenibilidad, sin embargo, desde cualquier perspectiva económica socialdemócrata podría decirse coloquialmente que ahí está la madre del cordero. España invierte menos que la media de la UE en gasto en pensiones cuando estamos hablando de un pilar básico del Estado de Bienestar, quizá el más importante. A este déficit se une que los salarios en países como Luxemburgo, Alemania y países nórdicos son sensiblemente más altos, de manera que las pensiones también son mucho más potentes. No hace falta recordar que hasta que llegó el covid-19 nuestro país había vivido del turismo, los famosos sueldos de los precarios camareros que cuando llega la hora del ansiado retiro se convierten en una pensión tercermundista. O dicho de otra manera, el jubilado alemán puede comprarse una gran casa en Mallorca con su paga estatal y sus ahorros de toda la vida mientras que a un pensionista español la prestación le da para una semana de vacaciones en Berlín (con suerte) y poco más. Es decir, cuando comparamos nuestras pensiones con las que se perciben en la Europa rica estamos hablando de galaxias distintas.

Sin pretender descender a los números y a los tecnicismos (eso se lo dejamos al ministro Escrivá que sabe mucho más de la materia) es evidente que una vez más, como todo en la vida, nos encontramos ante una cuestión política. Es de puro sentido común que un país que aplica recetas socialdemócratas de redistribución de la riqueza y gasto público permite que sus ciudadanos puedan gozar de un mayor nivel de renta y bienestar, tanto durante la vida laboral como al término de ella. Sin embargo, si todo se deja a la selección natural, a la voracidad de los mercados y a la ley de la selva del dinero, pasa lo que está ocurriendo en España: que no tenemos recursos ni para mantener a nuestros mayores. Todo es política en la vida, lo apuntó muy bien Gabriel Rufián ayer durante la sesión de control al Gobierno: los Presupuestos Generales del Estado son la música del proyecto y no es lo mismo gobernar con un partido como Ciudadanos, que va de la mano de la extrema derecha y de las élites económicas, que con Esquerra; no es lo mismo gobernar con partidos ultraliberales que con partidos progresistas. De ahí el “aguanten” del líder catalán.

Una sociedad es tanto o más avanzada cuanto mayor es el nivel de renta que disfrutan sus mayores. Conviene recordar lo que ocurrió en la anterior crisis de 2008, cuando las cuentas públicas se vieron al borde la quiebra, al igual que la banca privada, y fueron precisamente las pensiones de nuestros jubilados las que ayudaron a mantener la supervivencia de millones de familias, evitando así un auténtico colapso social. La gran injusticia está en que hoy los bancos no han devuelto los 70.000 millones del rescate de Rajoy mientras a los trabajadores se les condena al infierno de una paga miserable.

Por eso extraña que un partido como el PSOE insista una vez más en la trampa liberal. Por eso pone los pelos de punta que alguien como Escrivá, que forma parte de un supuesto Gobierno de izquierdas, pueda avanzar alegremente que se está trabajando en un acuerdo para introducir “planes de pensiones privados ligados al empleo a través de la negociación colectiva”. Esa música gustará mucho a las empresas, pero es un desastre para el trabajador y el pensionista. El PSOE no debería salirse del programa trazado con Unidas Podemos en aquel Pacto del Comedor que ahora, tras la pandemia, parece cosa de la prehistoria. Por tanto, sistema impositivo fuerte que grave a las rentas más altas y a las grandes fortunas; subida de los sueldos raquíticos de los trabajadores para aumentar las cotizaciones y reactivar el consumo; y control del fraude fiscal y laboral y de los privilegios de la banca y las grandes fortunas. No hay otro camino para garantizar el futuro de las pensiones y lo contrario es engañar al ciudadano y entregar el país al neoliberalismo rampante que ya sabemos a dónde conduce: al nuevo esclavismo de las clases trabajadoras y al hundimiento del Estado de Bienestar.

Viñeta: Igepzio 

UN MUERTO PARA RAJOY

(Publicado en Diario16 el 10 de septiembre de 2020)

La Razón ha sentenciado a Mariano Rajoy. Quién lo iba a decir, cuando hace solo dos telediarios Marhuenda ponía la mano en el fuego por el ex presidente del Gobierno y se desgañitaba para presentarlo como “un hombre honrado”. Sin embargo, en política no hay amigos y el caso Kitchen de espionaje que persigue a la anterior cúpula del Partido Popular lo ha cambiado todo. Alguien en Génova 13 ha gritado aquello de sálvese quien pueda, tonto el último y a correr. La histórica portada de ayer del periódico conservador ha sido la señal de alarma, hasta tal punto que lo dice todo en una sola línea: “El PP rompe con Rajoy: Nada se hacía sin él”. O en otras palabras: a mí qué me cuentas; pídanle explicaciones al gallego, oiga; el marrón o muerto que se lo coma ese señor del que usted me habla, por utilizar la misma frase que Don Mariano hizo célebre en uno de sus famosos circunloquios.  

Eme Punto ya es historia pero el pasado ha vuelto para salpicar al nuevo PP supuestamente regenerado. Va a ser muy difícil explicar esa grabación del comisario Villarejo en la que alguien llega a decir sin tapujos: “Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda”. Tan brutal como fascinante. Ni Tarantino hubiese escrito un diálogo más brillantemente macarra y mafioso. Al audio del comisario jubilado solo le ha faltado la voz de aquel personaje siniestro de Pulp Fiction que siempre entraba en escena a la frase de “hola, soy el señor Lobo, soluciono problemas”. Van a hacer falta muchos señores Lobo, muchos hombres de negro y mucho detergente para limpiar toda la mugre acumulada tras décadas de gobiernos populares. Un tertuliano de Ferreras, y no precisamente de la izquierda podemita, aconseja a los actuales dirigentes que disuelvan el partido para refundarlo de nuevo. Solo así podría remontar el vuelo el charrán enfangado de chapapote, aunque tampoco es seguro.

De momento, el PP ha cortado “todos los lazos” con Rajoy −el “Barbas” o el “Asturiano”, tal como recogen los audios de Villarejo−, y “reniega incluso de la sede de Génova porque suena a corrupción”. A esta hora hay tal nivel de pánico, acongoje y canguelo en las filas populares que la dirección del partido baraja incluso vender las oficinas del partido, un transatlántico de cemento en pleno corazón de Madrid que durante años fue todo un símbolo del inmenso poder azul. La corrupción es más contagiosa que el covid-19 y es preciso deshacerse cuanto antes de todo aquello que deje huella y rastro del pasado. La sede popular está tan maldita como una residencia de ancianos privatizada de Díaz Ayuso y, de seguir así las cosas, sus empleados pronto tendrán que entrar en ella con trajes EPIS y mascarillas FFP2 con doble filtro para no caer contagiados por el virus Kitchen. 

El auto del juez no puede ser más duro, contundente y revelador: “Órganos superiores de la Administración General del Estado” pusieron en marcha un “plan parapolicial” con el objetivo de torpedear las investigaciones judiciales por corrupción que acosaban al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. Esto no es la fábula periodística de la hucha solidaria de Podemos que Eduardo Inda trata de convertir en la Gürtel del nuevo Gobierno de coalición. Esto es algo real, tangible, mucho más grave y que afecta a los pilares básicos de nuestra democracia: un asunto de espías pagados con fondos reservados, policías como sicarios del PP y una prodigiosa maquinaria de chantajes, extorsiones y maletines repletos de dinero negro. La vuelta al “terror de Robespierre”. Terrorismo de Estado, como en los peores años de Amedo, Domínguez y los GAL.

Una vez más, el PP ha reducido nuestra democracia a un constante borbotear de sucias cloacas y cañerías. El hedor lo invade todo. Eso lo sabe Marhuenda, por eso ahora lo que se impone es salvar al soldado Casado, limpiarle el barro todo lo que se pueda, que el chico quede como un cisne blanco, tanto como sea posible para que la opinión pública llegue a pensar que realmente él no sabía nada de la Kitchen, de las tenebrosas “cocinas” del PP más mugrientas que las que pisa Chicote, del Watergate que se planeaba en las plantas nobles de Génova 13. El líder popular ya ha empezado su lamentable peregrinaje por los platós y la prensa de derechas para tratar de salvar la cara. “Yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el PP”, ha sentenciado en otra frase demoledora para la historia. Lo cual que Casado no era nadie, solo un becario que pasaba por allí, pese a que en 2015 Rajoy lo ascendió al rango de vicesecretario general de Comunicación, que no es un cargo menor, sino un cargo mayor, por utilizar el lenguaje gallego/marianista.

Mientras tanto, ya empiezan a escucharse las mismas coartadas que en su día esgrimieron los mismos que ahora están bajo sospecha: que si todo es falso, que si la presunción de inocencia, que si esto es una conspiración judeo-masónica de la izquierda marxista, que si los fiscales de Pedro Sánchez le tienen manía al PP… Todo para tratar de justificar lo injustificable, todo menos pedir perdón a los españoles por los crímenes cometidos. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal. Tengo todo muy claro y muy fácil de probar”, insiste el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el nuevo encargado de tirar de la manta.

Y en medio de todo este terremoto que vuelve a sacudir al Partido Popular, la independiente Catwoman o simplemente CAT se hace youtuber para seguir con la venganza desde dentro, con la guerra interna. Ayer mismo, Cayetana Álvarez de Toledo daba la bienvenida a sus fieles seguidores, “votantes y exvotantes del PP”, todo un aviso de tempestades y malos augurios para Casado. Que tiemble el diputado por Ávila.

Viñeta: Igepzio