GARAMENDI Y EL COMUNISMO

(Publicado en Dairio16 el 12 de septiembre de 2022)

En una entrevista en ABC, Garamendi asegura que topar precios de primera necesidad para que los españoles puedan llegar a final de mes supone una medida soviética. El presidente de la patronal CEOE es otro que ya ve comunistas en todas partes, como aquel personaje de Teléfono Rojo, el peliculón de Kubrick, que vivía obsesionado con la idea de que los bolcheviques querían contaminar sus preciados fluidos corporales. Habría que preguntarle al patrón de patronos en qué colegio (seguramente privado y tendenciosamente sectario o doctrinario) estudió el capítulo de la historia sobre el comunismo y sus principios elementales. Se desconoce si dio clases con los maristas o con los jesuitas, en los caros liceos franceses o en las prestigiosas academias de Harvard, pero sea donde fuere, es evidente que no le explicaron bien los fundamentos del marxismo o si lo hicieron él no lo entendió. Aquí estamos nosotros para cubrir aquellas carencias educativas de la juventud.

De entrada, una economía intervenida, estatal, soviética, lo controla todo, desde los medios de producción (un tractor, una grúa o una cadena de montaje) hasta los puntos de distribución y venta de la economía. Nada escapa a la supervisión del Estado, que fija salarios, precios y beneficios empresariales. Para empezar, si España fuese una economía colectivizada o intervenida, tal como dice el señor Garamendi, él no estaría al frente de la patronal sencillamente porque no habría patronal. Los empresarios actuarían como un eslabón más de la cadena productiva y serían los propios trabajadores quienes, a través de los sóviets, tendrían todo el poder a la hora de tomar decisiones de planificación. Por descontado, si viviésemos en un régimen marxista o rojo, el señor presidente de la CEOE tampoco podría disfrutar del casoplón que seguramente ocupa, ya que la propiedad privada habría quedado abolida. La mejor prueba empírica y palpable de que España no es un régimen comunista es el cochazo con el que Garamendi acude cada día a su flamante despacho, un vehículo oficial o particular, eso ya nos da lo mismo puesto que ambos son símbolo de lujosa ostentación, de desigualdad entre clases sociales y de injusticia social. Por tanto, un simple análisis del funcionamiento de la economía española, claramente competitiva y de mercado, sirve para desmontar el discurso político de medio pelo del máximo dirigente de la CEOE.

Pero hay más. De lo que se está hablando aquí no es de fijar un precio máximo a productos básicos de la cesta de la compra como el pan, la leche, el arroz, los huevos o el aceite –una medida que de llevarse a cabo desde el Gobierno podría justificar cierta acusación de intervencionismo estatal–, sino de pactar con las grandes superficies una oferta comercial alimentaria temporal para tiempos de crisis, de inflación disparada y de hambre en muchos hogares de este país. Desde ese punto de vista, lo que hace Yolanda Díaz con su audaz propuesta es animar o incentivar a empresas multinacionales como Carrefour a que arrimen el hombro en un momento tan especialmente delicado como una economía de guerra. La iniciativa no solo ha sido bien recibida por el conocido centro comercial de origen francés, sino que otros establecimientos y supermercados se están planteando sumarse también al imaginativo 30 por 30 lanzado por la ministra de Trabajo (30 productos de primera necesidad a 30 euros).

A Garamendi se le supone un hombre formado en el mundo empresarial y versado en las leyes del mercado y en las fórmulas de venta y mercadotecnia de una economía basada en el modelo consumista. Él mejor que nadie debería ver la gran diferencia que existe entre intervencionismo comunista, entre planificación total de la economía desde los despachos de los burócratas y funcionarios del poder bolchevique, y lo que no deja de ser una campaña más de marketing que a las grandes superficies les suena a música celestial, ya que con el “30 por 30” podrán quitarse de encima los pesados stocks, todo ese conjunto de mercancías o productos que no se pueden colocar porque el sistema capitalista produce más de lo que el consumidor puede adquirir. Es decir, género sobrante y que se apila en la trastienda y almacenes a la espera de su venta o comercialización. Desde esta perspectiva, la propuesta en la que trabajan Díaz y Carrefour copia esas campañas navideñas en las que se ofrece un dos por uno, solo que ahora se le da al comprador un 30 por 30, un cebo en el que, a buen seguro, picarán millones de españoles. Preparémonos por tanto para ver anuncios, carteles publicitarios y eslóganes más o menos ingeniosos como aquel “porque yo no soy tonto” con el que cierta cadena comercial inundó las carreteras de medio país de vallas publicitarias y de anuncios en la televisión.

A Garamendi habría que explicarle, aunque él seguramente no lo quiera escuchar, que el 30 por 30 es una medida contemplada en el artículo 149.13 de la Constitución, que establece la posibilidad de fijar precios como una potestad y competencia del Estado para corregir el funcionamiento no competitivo de algunos mercados y proteger así a los consumidores del poder de los monopolios y oligopolios. “Aún no he oído a Competencia. Si hiciéramos lo mismo los empresarios tendríamos una denuncia y una multa sobre la mesa”, dice el jefe de la patronal en su entrevista abecedaria. Lo dicho: pura demagogia, politiqueo marrullero al margen de la realidad y trumpismo empresarial de brocha gorda.

Viñeta: Pedro Parrilla