LA SEAT

(Publicado en Diario16 el 6 de marzo de 2021)

La semana más negra de la monarquía española (regularización fiscal de Juan Carlos I y turismo de vacunas de las infantas en Abu Dabi) se ha cerrado con una espectacular operación de imagen de la Corona en la factoría Seat de Martorell. Finalmente la Generalitat dio plantón a Felipe VI (también a los directivos del Grupo Volkswagen), pero allí estuvieron algunos de los empresarios más relevantes de Cataluña para dar un impulso definitivo a uno de los grandes proyectos de electrificación de la firma automovilística que pueden situar a nuestro país a la vanguardia de la transición ecológica europea de los próximos años.

En algún momento el Govern deberá plantearse seriamente hasta dónde piensa llegar en su estrategia antisistema. Unirse a los destinos de la CUP y de los anarcos italianos que queman Barcelona mientras se hace un desplante a los inversores de la Volkswagen no parece un programa político de futuro para los catalanes, más bien tiene un punto suicida. Pero en esas están Pere Aragonès y los suyos: han optado por la barricada, el adoquín y el populismo trosko antes que por fer país; han decidido quedarse en el pasado y en el discurso errático del monarca del 1-O, cuando no condenó los palos de los piolines. Y todo para que no les acusen de botiflers. Ellos sabrán.

Los que sí estuvieron en la fábrica de Seat de Barcelona fueron Pedro Sánchez y la ministra de Industria, Reyes Maroto. Fue una interesante puesta en escena de un Gobierno consolidado que trabaja –el Ejecutivo central pese al gallinero constante PSOE/Podemos–, frente a otros gabinetes en ciernes, el autonómico catalán, que se desconoce si cuajará o se romperá dando lugar a unas nuevas elecciones, que es lo que desde Waterloo busca Carles Puigdemont. Hasta donde se sabe, las negociaciones entre ERC y Junts para formar el nuevo Govern independentista tras las elecciones del 14F siguen siendo tensas y complejas. Y nadie es capaz de garantizar nada.

Con todo, Sánchez tampoco lo ha tenido fácil esta semana que termina. Ha tenido que tapar las goteras de un Consejo de Ministros donde el ala podemita presiona con más fuerza que nunca y se ha visto obligado a nadar entre dos aguas cuando el escándalo del rey emérito ha estallado definitivamente con el anuncio de la regularización fiscal y el pago de una cuota de más de 4 millones de euros a Hacienda. Un bochorno para la Casa Real.

El asunto del fraude de Don Juan Carlos ha salpicado de lleno a Moncloa y a sus dos socios de Gobierno, que han tenido que posicionarse de dos formas muy distintas. Así, mientras Unidas Podemos ha salvado la cara defendiendo su republicanismo irrenunciable y tratando de llevar el asunto del patrimonio de los Borbones al Parlamento (en connivencia con las fuerzas nacionalistas que han solicitado la comparecencia de Felipe VI para que dé explicaciones en sede parlamentaria), el PSOE ha sido crítico con la conducta personal del monarca abdicado pero ha recordado su papel esencial en la Transición y ha destacado la labor “ejemplar” de su hijo y sucesor, a quien ha tratado de dejar al margen del affaire.

Podría decirse que mientras Pablo Iglesias intentaba arrastrar a Felipe al Congreso de los Diputados, Sánchez tiraba de él para salvarlo. Una vez más, los socialistas desplegaban el escudo protector de la monarquía, tal como viene haciendo en los últimos 40 años de democracia. La Casa Real no debería perder de vista jamás que no es la extrema derecha, con sus ridículos vítores y vivas al rey, la que está garantizando la viabilidad y el sostenimiento del sistema monárquico parlamentario en España, sino el Partido Socialista Obrero Español. El día que el PSOE vuelva a virar hacia postulados republicanos, abandonando su juancarlismo nostálgico, la Familia Real tendrá que empezar a hacer las maletas.

De modo que tuvo que ser la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, una vez más, la que pusiera coherencia y técnica política al debate, y de paso la que diera una clase práctica de Derecho Constitucional al recordar a las fuerzas minoritarias que, según la Constitución Española, legalmente no se puede llevar al jefe del Estado al Parlamento para interrogarlo, y que solo proponerlo, como hace Esquerra Republicana de Cataluña, “es una especie de fantasía”. El baño de realidad jurídica fue antológico, lo que da que pensar que muchos políticos de hoy están en el tuit rápido y urgente para cazar miles de likes pero ni siquiera se han leído la Carta Magna, un vicio que no deja de ser una grave y preocupante anomalía democrática. Así nos va.

¿Y a partir de ahora qué? La causa judicial contra el emérito lleva su propio carril y por mucho que vayan saliendo a la luz nuevos escándalos periodísticos todo tiene su tempo. El paso que han dado Fiscalía Anticorrupción y Hacienda al exigir a Juan Carlos I que aporte las facturas de sus ingresos de los últimos años, como a cualquier otro contribuyente, va sin duda en la buena dirección. Pero mientras todo eso se sustancia, ha trascendido que Moncloa y Zarzuela trabajan ya en un listado de reformas para un futuro estatuto de los integrantes de la Casa Real, que tendrá por objetivo incrementar los controles fiscales y modernizar la institución para hacerla más transparente.

No obstante, queda en el aire la gran pregunta: ¿qué va a pasar con el artículo de la Constitución que garantiza la inviolabilidad del rey no solo en el ejercicio de sus funciones sino también en sus actos privados, un privilegio que sin duda constituye un intolerable anacronismo de casta? ¿Habrá consenso entre derechas e izquierdas para reformar la Carta Magna y eliminar ese trato de favor que rompe el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley consagrado en el artículo 14 de la propia Constitución? Acabar con el arcaísmo es la clave de bóveda, quizá la última oportunidad que le queda a la monarquía española de seguir pintando algo en la España de hoy. 

Viñeta: Igepzio