(Publicado en Diario16 el 7 de octubre de 2019)
En países como Alemania mentir con cuestiones tan delicadas como la verdad sobre la memoria histórica constituye un grave delito. En España no solo se tolera el bulo y la infamia sino que se hace espectáculo político y periodístico con ello. Las últimas denigrantes declaraciones de Javier Ortega Smith a propósito de las Trece Rosas han provocado indignación en las asociaciones de familiares que defienden los derechos de los represaliados. Así, la Asociación Trece Rosas Asturias ha exigido al secretario general de Vox que rectifique sus “difamaciones y calumnias” y ha anunciado que se querellará contra él. De momento, el diputado ultra aún no se ha retractado.
En nota de prensa, la organización Trece Rosas ha manifestado su “más enérgica repulsa e indignación” ante las declaraciones del dirigente de Vox que el pasado viernes dijo durante una entrevista en TVE que las mujeres ejecutadas por el franquismo después del final de la Guerra Civil lo que hacían en realidad era “torturar, violar y asesinar vilmente en las checas de Madrid”.
“Tan graves acusaciones, carentes de cualquier soporte documental e histórico, responden al interés de este personaje por reescribir la historia reciente de nuestro país y sembrar entre los españoles la división y el alineamiento ideológico de capas de la sociedad instaladas en el revanchismo y la intolerancia”, apuntan desde la asociación.
“De no producirse dicha rectificación, Trece Rosas Asturias anuncia, desde este mismo momento, la voluntad de emprender acciones legales contra el señor Ortega Smith”, concluye el escrito. Esta mañana, la asociación anunciaba la posibilidad de una querella contra el líder de Vox. “Estamos estudiando acciones legales. Hay que valorar las cosas y actuar con cabeza”.
Las Trece Rosas es el nombre que se dio a un grupo de trece jóvenes −en su mayoría miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)−, que fueron fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil Española. El 3 de agosto de 1939, la sentencia del fiscal del Consejo Permanente de Guerra encontró a las Trece Rosas como “responsables de un delito de adhesión a la rebelión”. Sin embargo, el sumario judicial no dice ni una sola palabra de que las ajusticiadas participaran en torturas o en crímenes de guerra, como insinúa el diputado de Vox.
La misma delirante invención histórica de Ortega Smith es practicada por su jefe, Santiago Abascal, líder de la formación ultra, que el pasado fin de semana aseguró que el PSOE siempre fue un “partido criminal”. En las filas socialistas también se han levantado voces en las últimas horas pidiendo una querella por difamación contra el máximo responsable de la formación verde.
Pero más allá de que sean las partes ofendidas las que estén legitimadas para iniciar procedimientos por calumnias e injurias, debería ser la Justicia española, como principal garante y defensor de un país democrático y de un Estado de Derecho, la que actúe de oficio llevando a Smith a los tribunales. En los últimos meses nos hemos acostumbrado a ver cómo la Fiscalía actuaba, sin temblarle el pulso, contra raperos, actores, intelectuales y artistas por mensajes en Twitter, chistes, escritos y declaraciones públicas críticas con el régimen franquista y sus jerarcas genocidas. ¿Dónde están ahora los fiscales? ¿Por qué no actúan de oficio? Si no se corta de raíz esta peligrosa moda de revisar la historia para adaptarla a los intereses concretos de una ideología totalitaria como fue el franquismo, la democracia española estará empezando a perder la batalla contra los enemigos de la libertad. En Alemania los disparates y tonterías como las soltadas por Ortega Smith se pagan porque se considera que el nazismo fue un fenómeno histórico de consecuencias nefastas que no puede volverse a repetir. Tan grave como el régimen de terror que implantó Franco durante cuarenta años de pesadilla y que cierto sector de la judicatura española todavía ve con simpatía.
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