CALVENTE

(Publicado en Diario16 el 14 de agosto de 2020)

La declaración ante el juez del abogado despedido de Podemos ha rebajado el suflé del supuesto escándalo que las derechas pretendían cocinar de cara a la moción de censura anunciada por Santiago Abascal en su “otoño caliente”. El exletrado denunciante José Manuel Calvente se sentó ante el magistrado Juan José Escalonilla con una carpeta escasa de documentación pero llena de “rumorología”, inconcreciones, humo y cotilleos de pasillo. Enseguida vio el instructor que ese caso estaba más cerca del despecho y el rencor que de las pruebas concluyentes, de modo que a partir de ahora solo habrá “caso Podemos” si el juez se remanga y busca por su cuenta y riesgo los indicios de financiación ilegal de los que habla el díscolo letrado.

En el vídeo de la declaración aireado por la prensa –un audio de tan deficiente calidad técnica que por sus interferencias y sonidos chirriantes parece grabado en un submarino nuclear ruso a dos mil metros de profundidad−, puede verse a un Calvente con mascarilla quirúrgica, a un testigo titubeante, dubitativo, siempre calculador y prudente a la hora de contestar a las preguntas. Cuando el juez se dirige a él para que aporte detalles sobre los contratos presuntamente irregulares que se firmaban en el partido de Pablo Iglesias, el denunciante lanza la piedra y esconde la mano, no se moja y repite varias veces aquello tan ambiguo de aquí hay “cosas raras”, a mí lo que me cuentan o lo que sé es todo de oídas.

En ese punto, el tono de voz del magistrado revela cierta insatisfacción y disgusto por el ínfimo material que le llevan esa mañana y por el pastel (más bien marrón) que le deja sobre la mesa una supuesta víctima de corrupción que no ha hecho los deberes y que probablemente va a hacerle trabajar más de la cuenta, quizá para nada. Al juez uno tiene que ir informado y estudiado de casa, ya que no está la Justicia española como para perder el tiempo con denuncias difusas, melifluas y crípticas ni con confidentes que sacan la lengua a pasear pero solo la puntita. Al juzgado se va a cantar, no a dar el cante, porque una investigación contra personas e instituciones es algo muy serio y grave, no un juego de niños enfurruñados y resentidos con los compis de la guardería del partido ni una oficina de reclamaciones para pataletas laborales. Tirar de la manta a medias, jugar al juego de la insinuación y la adivinanza con el juez, largar sin decir nada, es una mala forma de empezar una investigación judicial que pretende ser profesional y rigurosa.

De momento, a fecha de hoy y a falta de las declaraciones de los altos cargos del partido responsables de las cuentas que ya han sido llamados a declarar por Escalonilla para que se expliquen, todo el gran escándalo que denuncia Calvente se reduce a cinco supuestos contratos sospechosos de campaña electoral que “podrían” ser simulados y que habrían permitido enriquecerse, presuntamente, a determinados dirigentes de la organización morada. Sin embargo, de los papeles nada se sabe. También habla el abogado de la reforma de la sede de Podemos, de una empresa con nombre de guasa (Neurona no sé qué), de hipotéticas comisiones con Juan Carlos Monedero por el medio y de una supuesta caja B que en realidad era un fondo común donde los concienciados y solidarios dirigentes podemitas metían el 15 por ciento de sus sueldos para destinarlos a fines benéficos y contribuir de esa manera a un mundo mejor.

−¿Pero no tiene usted justificante de esa caja B? −viene a preguntarle entonces su señoría.

−No, por eso lo denuncio, para que el juzgado lo investigue −responde el denunciante.

Ya se sabe que este es un país de cotillas donde el programa de televisión más visto es una máquina de propagar infundios y rumores sobre la gente, mayormente los famosos. Pero el cotilleo es mala carta de presentación cuando alguien entra en un juzgado para colocar una bomba de relojería. Todo apunta a que, de nuevo, nos encontramos ante una investigación judicial que tiene más de prospectiva, de preventiva y de fiscalizadora de Podemos que de proceso ordinario basado en indicios sólidos y reales. En el PP y en Vox se frotan las manos con el asunto, un culebrón que piensan alargar hasta la moción de censura de Abascal y hasta las navidades si es posible. La derecha ya ha condenado a Pablo Iglesias y le exige la dimisión, saltándose toda la Ley de Enjuiciamiento Criminal y pasando directamente al “difama que algo queda”, aunque sea sin pruebas.

Así es esta España macartista de la caza de brujas al rojo donde se urden montajes judiciales exprés en cinco minutos y escándalos prêt-à-porter que dan para un par de días de titulares duros en prensa y poco más. Aquí ya se judicializa cualquier cosa y la extrema derecha lo lleva todo al Supremo, hasta una simple multa de tráfico. Eso sí, su dinero de los grupos marxistas e islamistas iraníes sigue sin ser aclarado. Por eso extraña tanto que Iglesias no haya salido a dar las explicaciones oportunas ante la opinión pública sobre el “caso Calvente”. Las bases quieren escuchar a su líder y sorprende que el vicepresidente del Gobierno no esté aprovechando una denuncia de cimientos tan frágiles para defenderse con los argumentos sólidos que tiene en su mano. Será la desconexión digital fuera del horario laboral. O que agosto es un mes inhábil, no solo para frenar el coronavirus que anda desbocado y campando a sus anchas de norte a sur, sino para poner en su sitio a un empleado despechado. 

Viñeta: Iñaki y Frenchy