MAREJADA EN EL GOBIERNO

(Publicado en Diario16 el 25 de octubre de 2021)

Últimamente el Gobierno de coalición le ha cogido el gustillo a pegarse tiros en el pie. Y ya se los da de dos en dos. Este fin de semana el motivo de la reyerta entre ambas familias del Ejecutivo estatal (PSOE y Unidas Podemos) ha venido propiciada por un par de asuntos que tiene en vilo a Moncloa: el debate sobre la reforma laboral y el caso Rodríguez, el diputado de la formación morada a quien el Tribunal Supremo ha condenado por darle una patada a un policía en 2014. Pero vayamos por partes para intentar comprender esta nueva guerra entre socialistas y podemitas que solo contribuye a desgastar al Gobierno y a dar oxígeno al bloque ultraderechista, o sea PP y Vox.

En primer lugar, el pollo de la reforma laboral. Los socios de gabinete han tenido que convocar la mesa de crisis no ya para ver qué hacen con el pastel que dejó Rajoy, sino para analizar el estado de salud de la coalición, que parece ciertamente desmejorado tras los últimos acontecimientos. Podemos denuncia que, una vez más, Pedro Sánchez ha incumplido los acuerdos firmados, ya que la reforma laboral sería competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) y solo a este departamento le correspondería impulsar la nueva ley del mercado laboral aboliendo las condiciones de semiesclavitud que impuso el anterior Gobierno popular. El PSOE, por su parte, considera que debe ser Nadia Calviño, como vicepresidenta primera, quien supervise, en orden a su cargo superior, el nuevo proyecto legislativo. Obviamente, lo que subyace en esta pugna o batalla política no es una simple cuestión técnica, organizativa o de coordinación, sino una razón ideológica y de poder. Aquí de lo que se trata es de saber quién va a inspirar el espíritu de la contrarreforma, si la izquierda real representada por Podemos (que ha prometido derogar el bodrio de Rajoy para restaurar la mayoría de los derechos arrebatados a los trabajadores), o el ala más liberal del Gobierno. Es decir, el choque de trenes entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz está servido.   

Desde el reciente “congreso de las paellas” del PSOE sabemos lo que Sánchez tiene en la cabeza: volantazo a la derecha, sometimiento a los barones felipistas y vuelta a ese socialismo de subsidio o beneficencia que olvida que los derechos de la clase trabajadora van mucho más allá de los paupérrimos 15 euros de miseria de subida del salario mínimo interprofesional, de un cheque energético escaso de combustible y de un bono cultural joven que se gasta en cuatro cines y un par de conciertos de reguetón. La grandilocuente vuelta a la socialdemocracia que el líder socialista proclamó en el congresillo valenciano no fue más que una función teatral muy bien orquestada para esconder la dramática verdad: que en Ferraz se ha dado la orden de imponer la paz social con la patronal y la banca, que soplan vientos liberales y que los hombres de negro de Europa pueden retornar para apretarnos las tuercas y que devolvamos las ayudas covid. A Sánchez se le llena la boca de socialdemocracia, pero llegado el momento decisivo sigue apostando por una señora muy bien vestida que se entiende a las mil maravillas (política e ideológicamente) con el patrono Garamendi. Es decir, la misma estafa a la clase obrera de siempre, el mismo programa que ya ofreció Felipe en su día y que ha quedado en las páginas más negras del libro de historia del socialismo español.

Lógicamente, ese nuevo programa liberal (que no socialdemócrata) necesita de un buen cocinero para cocerse a fuego lento. En este caso cocinera, porque Calviño va a estar ahí, con su delantal de la patronal y del Íbex 35, para echarle agua al cocido y que no salga una sopa demasiado roja o especiada. Desde ese punto de vista, es totalmente comprensible el cabreo del partido fundado por Pablo Iglesias, ya que se le prometió competencias exclusivas a través del Ministerio de Trabajo para derogar el engendro del PP y todo apunta a que no va a ser así. Existe serio riesgo de que la deriva ultracapitalista en la que ha entrado Sánchez termine aguando el caldo que se quiere dar de beber al proleta español y mucho nos tememos que la anunciada reforma termine en un puñado de medidas cosméticas mientras el núcleo duro del decretazo marianista (contratos basura, ridículas indemnizaciones por despido y liquidación de la negociación colectiva) va a quedar intacto.

Y ahora vayamos al segundo asunto espinoso que amenaza con detonar el Gobierno de coalición: el caso Rodríguez. Las cloacas de la Justicia han liquidado al diputado podemita por supuestamente haberle soltado una coz a un policía cuando aún no le habían salido los dientes, es decir, cuando todavía era un muchacho que jugaba a activista izquierdoso en las calles del país. Pero hombre, señor Marchena, si hubiera que jubilar a los políticos de este país por sus cosas de juventud no quedaría ni uno y el Congreso estaría más vacío que un mitin de Ciudadanos. La sentencia podría haber quedado perfectamente en una multa y a otra cosa, pero no, el Poder Judicial controlado por la derecha tenía que interferir en el Legislativo (en eso consiste el lawfare practicado por PP y Vox) e inhabilitar injustamente a un cargo elegido por el pueblo, un muchacho que dicho sea de paso es cumplidor, educado y trabaja como pocos.

A Alberto Rodríguez no se lo pulen por subversivo ni por ser el nuevo Cojo Manteca, sino por rastafari y por puro elitismo. A los refinados señoritos de las derechas no les caía bien, se la tenían jurada desde que Celia Villalobos dijo aquello de “me da igual que lleven rastas, pero que las lleven limpias para no pegarme piojos”. Más claro agua. Meritxell Batet podría haber mantenido el escaño del condenado, pero las presiones del Supremo han sido fortísimas y el propio Marchena le ha advertido, a modo de ultimátum, de que la inhabilitación del diputado era “obligada”. En realidad, la presidenta del Congreso no podía hacer otra cosa, ya que, si se negaba a obedecer, se declaraba en rebeldía y al día siguiente le caía un querellón de Vox por prevaricación de padre y muy señor mío. Y es ahí donde Podemos no ha estado a la altura al amenazar con llevar a Batet a los tribunales y pedirle la dimisión, ya que será Europa la que juzgue si los derechos políticos del inhabilitado han sido pisoteados injustamente. Lo que queda de este episodio es la imagen de un Gobierno enfrentado. Otra victoria para las derechas. Y otra derrota para Sánchez.

Viñeta: Iñaki y Frenchy