(Publicado en Diario16 el 27 de enero de 2022)
La Justicia ha dado un duro revés a la familia Franco, que se había querellado contra los periodistas e investigadores participantes en un reportaje emitido por el programa de Mediaset El punto de mira en julio de 2018. De esta manera, la Audiencia Provincial de Madrid da la razón a la prensa libre de este país, ya que, según la resolución, el reportaje televisivo forma parte del “periodismo de denuncia” y está “amparado” por la Constitución. El auto, histórico desde el punto de vista de la jurisprudencia, es una muestra perfecta de cómo la democracia debe vencer al totalitarismo encarnado por una casta o clan familiar que se resiste a perder sus privilegios ancestrales.
Por lo visto a los nietos de Franco no les agrada que los periodistas anden hurgando en el pasado, en sus biografías y en sus fortunas, y no solo porque eso supone desenterrar la verdad, recuperar la memoria histórica y poner las cosas en su sitio, sino porque cuanta más información veraz e independiente sobre el franquismo salga a la luz pública más difícil lo tendrán ellos para seguir viviendo a cuerpo de rey, tal como ocurrió durante el cuarentañismo, cuando el régimen tejió una red clientelar corrupta para beneficio de una clase dominante. Durante la dictadura, Franco movía un dedo y colocaba a un amigo o pariente en el consejo de administración de una gran empresa, en un poderoso banco estatal o en tal o cual ministerio. Aunque aún arrastramos el lastre de toda aquella nefasta herencia política (ahí están los recientes casos de corrupción diseñados con los mismos métodos y patrones que se utilizaban en el franquismo), es evidente que los tiempos han cambiado y que a las grandes estirpes les resulta mucho más complicado levantar emporios a la sombra del poder.
La querella de los Franco iba dirigida contra Mediaset en la persona de su representante legal y contra los directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa. También contra los reporteros Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz, así como contra los demás colaboradores: Carlos Babío –coautor del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio y testigo clave del juicio que devolvió el palacete gallego al Estado–; el escritor Mariano Sánchez Soler –autor de La Familia Franco S.A. y Los ricos de Franco–; Javier Otero Badá, que sacó a la luz documentación bancaria sobre el dictador; y Jimmy Jiménez-Arnau (exmarido de María del Mar Merry Martínez-Bordiú, nieta de Franco y también querellante). “Estamos satisfechos de que la Justicia nos haya dado la razón, aunque han sido años de dura batalla en los tribunales. Todo lo que cuento en mis libros sobre los Franco está contrastado con documentos y cifras oficiales. No me invento nada, yo hago periodismo de investigación”, asegura Sánchez Soler.
Sin duda, hoy es un gran día para la democracia. El franquismo sale derrotado, como no podía ser de otra manera, en su intento por amordazar a la prensa libre e independiente. La Audiencia de Madrid concluye que no hubo calumnias e injurias contra los Franco, de modo que el caso queda archivado en la vía penal y sin posibilidad de recurso. Esta vez gana la democracia y pierde el régimen franquista, porque eso es lo que encarnan los nietos de Franco, el vago recuerdo y la pesadilla de aquella época negra de la historia de España que nunca debió haber ocurrido. Lo mejor de todo es que esta batalla no se ha ganado por la vía de la fuerza ni con una guerra civil, que es como el dictador usurpó el poder tras su infame golpe de Estado del 36, sino con el arma más decente y digna que haya alumbrado el ser humano: la ley emanada del pueblo, el imperio de la ley.
En efecto, los magistrados del tribunal concluyen que el artículo 20.1 de la Constitución Española, que ampara el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, debe prevalecer sobre las pretensiones de la familia del dictador. Durante mucho tiempo, una sentencia de este tipo hubiese sido impensable en este país, ya que no había libertad, no había Justicia imparcial, no había jueces independientes, solo siniestros funcionarios al servicio de un régimen cruel, sangriento, criminal. En lugar de un ordenamiento jurídico al servicio del pueblo había un pequeño reyezuelo gallego de voz aflautada e instintos malvados que hacía ley de su santa voluntad. Fue así, gobernando como un Dios por encima del mundo, como el tirano amasó su inmensa fortuna y como miles de republicanos fueron despojados de sus bienes y propiedades antes de ser represaliados, encarcelados, ejecutados y vilmente arrojados a las cunetas.
Esta victoria legal no pertenece solo a los periodistas que han librado la batalla contra los descendientes de un régimen terrorista y genocida. Es una valiosa conquista de todos los demócratas, los que tuvieron la mala suerte de sufrir el yugo totalitario y los que hoy, en pleno siglo XXI, continúan con la lucha para defender el Estado de derecho frente a la amenaza fascista cada vez más inquietante. Desde la muerte de Franco, la democracia ha sido generosa con los herederos del dictador, quizá demasiado generosa, ya que en cualquier otro país que no fuese este se habrían abierto investigaciones, causas judiciales, procesos para devolver la herencia del sátrapa a sus legítimos dueños. Por el contrario, a los nietísimos se les ha permitido seguir con sus negocios, mantener su estatus social y conservar las propiedades que como el Pazo de Meirás fueron producto del expolio durante la infame dictadura.
Sin embargo, en lugar de estar agradecidos de que la democracia española haya pasado página sin pedirles cuentas ni auditorías, los Franco se dedican a tratar de callar y amedrentar, por la vía judicial, a los periodistas que no hacen otra cosa que buscar la verdad de lo que ocurrió en este país entre 1939 y 1975. Es evidente que siguen creyéndose especiales, intocables, impunes. Una casta privilegiada que se siente por encima del bien y del mal. No se dan cuenta de que, por suerte para los españoles, su tiempo ya pasó. No entienden que ya no son aquella familia todopoderosa de antaño cuyo patriarca y sus secuaces levantaban un teléfono y hacían temblar a quien estaba al otro lado. Y lo que es mucho peor: ni uno solo de ellos ha pedido perdón por los crímenes del abuelo.
Este país hace mucho que se despojó de ese miedo reverencial hacia los verdugos. A mi buen amigo Mariano Sánchez Soler, que lleva años dedicándose a la paleontología del franquismo tratando de recomponer el esqueleto de lo que fue la corrupción de aquella época, no puedo más que darle la enhorabuena, mostrarle toda mi admiración como profesional del periodismo de investigación y sentir cierta envidia sana hacia su obra. No solo ha exhumado los trapos sucios de los Franco, que estaban bien ocultos, sino que les ha ganado la partida donde más les duele: en los tribunales. Touché, maestro. Pocos pueden presumir de un trofeo tan preciado en su vitrina.
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