(Publicado en Diario16 el 21 de diciembre de 2022)
Todo apunta a que habrá una nueva reunión entre Sánchez y Feijóo para tratar de arreglar lo que a esta hora no parece tener arreglo. La decisión del Tribunal Constitucional de amordazar al Parlamento, impidiendo que los grupos políticos voten la reforma “exprés” del Alto Tribunal y de los delitos de sedición y malversación (parte esencial de la negociación con los independentistas catalanes), ha roto algo muy sensible y delicado, quizá el gran consenso entre los dos grandes partidos que se había mantenido desde los tiempos de la Transición. Es evidente que el primer culpable de esta situación de degradación institucional es el PP por haber jugado de forma irresponsable a controlar la Justicia bloqueando durante años la renovación de los altos cargos del Consejo General del Poder Judicial. Y por supuesto por haber utilizado a sus magistrados conservadores afines del TC para pringarlos a última hora en un complot político que no tenía otro objetivo que secuestrar a las Cortes Generales, sede de la soberanía popular.
No obstante, también Sánchez ha atravesado algún que otro Rubicón al acometer reformas de gran calado mediante procedimientos parlamentarios de urgencia cuando lo lógico hubiese sido hacerlo siguiendo los trámites y garantías ordinarias de las leyes orgánicas, las más protegidas por la Constitución al afectar a derechos y libertades fundamentales. Sin duda, ambos partidos se han saltado más de un semáforo en rojo, aunque conviene insistir: nada de esto hubiese ocurrido si primero Pablo Casado y después Núñez Feijóo se hubiesen sentado con el Gobierno para negociar de buena fe y pactar de una vez por todas la renovación de la cúpula judicial, tal como exige nuestra Carta Magna. Al PP jamás le interesó cumplir ese mandato constitucional, de modo que de aquellos polvos estos lodos. Y no lo hizo sencillamente porque le pudo la tentación de seguir controlando la Justicia (ese goloso juguetito) desde detrás. Así puede tumbar todas y cada una de las leyes que impulse el Gobierno de coalición, entre ellas la ley de eutanasia, la reforma laboral, la ley del aborto, la ley Celáa de educación o la ley del “solo sí es sí”, que ya ha sido impugnada en amparo ante el TC por la extrema derecha de Vox.
La sensación que queda es que aquí la derecha manda siempre. Cuando está en el poder presume de respetar la Constitución y las normas del juego democrático, pero cuando es oposición se dedica a mover a sus peones de la Justicia, a los jueces y magistrados de las FAES, que debidamente aleccionados y teledirigidos pueden seguir frenando las leyes que no le gustan al mundo conservador. O sea el atado y bien atado. Si esto no es gobernar un país desde la trastienda, en la sombra, que baje Dios y lo vea.
¿Tiene solución el desaguisado que ha causado la peor crisis institucional después del procés de independencia en Cataluña? La cosa pinta mal. Sánchez y Feijóo están condenados a volver a reunirse en breve, al menos para hacer el paripé y demostrar buena voluntad navideña. Otra cosa es que vayan a ponerse de acuerdo en este espinoso asunto del Poder Judicial. Sánchez no puede dar marcha atrás sin consumar una derrota estrepitosa. De hecho, habrá que analizar con detenimiento las próximas encuestas, ya que de este envite sale como víctima de un injusto complot y eso siempre suma puntos entre el electorado. Está por ver si la encerrona tramada por Feijóo, Abascal y Arrimadas, con el apoyo inestimable de la caverna judicial y mediática, termina volviéndose contra sus impulsores a modo de búmeran. La mayoría silenciosa, que es la que gana elecciones, puede entender que la democracia se encuentra amenazada por una especie de dictadura de la toga. De hecho, es más que probable que el presidente del Gobierno salga reforzado, ya que el intento de golpe blando muñido por las fuerzas reaccionarias ha quedado en evidencia, lo cual, en un país como España siempre traumatizado por la amenaza involucionista, se termina pagando. No vamos a decir nosotros que todo este follón del TC terminará finalmente en una gran manifestación por la libertad como la que inundó las calles de nuestro país tras el tejerazo, pero si tiene que pasar factura a alguien será sin duda a las derechas, que tal como ha quedado acreditado, han llevado a cabo un movimiento temerariamente antidemocrático.
Feijóo, por su parte, vuelve a pedir un imposible. “Una salida que resolvería esta crisis: que renuncie [Sánchez] a reformar el Código Penal a toda prisa, sin los informes correspondientes. Y que lo haga cumpliendo lo que prometió: tipificando el referéndum ilegal y manteniendo el delito de sedición y las penas por malversación”. Si Sánchez acepta eso ya puede dar por liquidado el Gobierno de coalición. Sus socios de Unidas Podemos y los independentistas no tragarían con semejante claudicación. Está claro que el líder del PP vuelve a sacarse un nuevo conejo de la chistera (a fin de cuentas, es experto en lepóridos, ya que se pasó buena parte de su infancia viéndolos procrear en el corral, según ha confesado él mismo). Esta vez le está exigiendo a Sánchez que tipifique como delito el referéndum de autodeterminación, algo en lo que no había hecho excesivo hincapié en los últimos meses. Cada vez que Feijóo acude a una reunión en Moncloa va con un as nuevo en la manga, como buen trilero, y así nadie sabe a qué atenerse. Cualquier día le pide al presidente que le deje el Falcon para darse una vueltecita por Galicia. En realidad, no hay ningún cambio de actitud, ni interés por resolver el problema de la Justicia, ni avance de ningún tipo en los movimientos del dirigente conservador. Feijóo sigue a lo mismo de siempre: marear la perdiz hasta que Sánchez doble la rodilla, caiga y tenga que convocar elecciones anticipadas.
Ilustración: Artsenal
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