(Publicado en Diario16 el 29 de mayo de 2019)
Pepe Gotera y Otilio, los de las chapuzas a domicilio, han llegado al Tribunal Supremo durante el juicio del ‘procés’. La Sala volvió a vivir ayer otra jornada surrealista digna de los Hermanos Marx. El tribunal había entrado en la fase de pruebas documentales y le tocaba a la Fiscalía aportar una serie de vídeos para reforzar la tesis de que hubo violencia instigada por los acusados durante el referéndum del 1-O. Sin embargo, llegado el momento, el fiscal se hizo un lío con las pruebas. Confundió las fechas y los hechos y al final el bochorno fue generalizado y antológico.
Todos los periódicos dan cuenta esta mañana del nuevo tropiezo del Ministerio Público. El País habla de ridículo inexplicable y cuenta con pelos y señales cómo el acusador se confundió estrepitosamente con los archivos de audio. Tras minutos agónicos de titubeos, Jaime Moreno fue “incapaz” de certificar el lugar, la fecha y la hora en que fueron grabadas los imágenes de las protestas ciudadanas, asegura Público.
Ante el sonrojo general, Moreno no pudo más que afirmar que los vídeos muestran el “clima general” vivido durante el ‘procés’. Es decir, la obsesión de la Fiscalía por meter con calzador el delito de rebelión. Solo que el zapato ya no encaja. Conforme van pasando las semanas el vodevil judicial queda más claro y patente y pocos son los juristas que no piensan ya que este inmenso embrollo, esta zapatiesta jurídica que un buen día organizó el Gobierno de Rajoy con Soraya en el papel principal de inquisidora contra Cataluña se resolverá en Estrasburgo.
No era la primera vez que la Fiscalía perdía los papeles durante la vista oral. La fiscal Consuelo Madrigal cometió errores de bulto. Un desastre.
Ayer, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, reconocía que la información sobre los vídeos era importante “para la estrategia de las defensas”, de modo que los abogados siguieron elevando sus airadas protestas. Finalmente, después del descanso del desayuno, la sesión se reanudó, y el fiscal Moreno aseguró que el vídeo de marras fue grabado el 3 de octubre de 2017. Fue inmediatamente corregido por la defensa de Benet Salellas, en representación del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. “El 3 de octubre no, el 8 de noviembre”, tuvo que rectificar el colegiado.
“La Sala toma nota de que se mezclan imágenes (del 20-S con otra protesta)”, respondió Marchena a la defensa de Cuixart.
El sainete continuó poco después. En esta ocasión la que corrigió a la Fiscalía fue Ana Bernaola, abogada de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull: “El día 3 de octubre no había presos políticos”, replicó refiriéndose a otro de los vídeos. Todo iba a peor cuando empezaron a repetirse las grabaciones sin sentido, e incluso una filmación que mezclaba imágenes de la protesta del 20S con otra, como señalaba la letrada Marina Roig, del equipo de Cuixart. “La Sala toma nota de que se mezclan imágenes”, respondía un resignado Marchena, que veía cómo la cosa se le iba de las manos. Acto seguido recordó a las defensas que podían impugnar las pruebas en la medida en que considerasen oportuno y una vez que acabara la fase de prueba documental.
La jornada fue un espectáculo circense. Y este punto cabe decir que lo mínimo que se puede exigir a un fiscal es que vaya con los deberes hechos al juicio, pero parece que aquí todo se deja a la improvisación y a la imaginación de unos cuantos que ven violencia donde solo hubo una protesta popular. Sin duda, los jueces del Tribunal Europeo pondrán las cosas en su sitio y una vez más la Justicia española, tan necesitada de rigor y de medios humanos y materiales quedará con las vergüenzas al aire. De momento, ayer fue un gran día para el bloque soberanista. Porque con fiscales así no hace falta un mal abogado.
Viñeta: Igepzio
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