(Publicado en Diario16 el 21 de abril de 2019)
Corre últimamente por España una gran mentira (otra más) propagada hábilmente por la ultraderecha con el único fin de captar el voto de incautos desinformados: que la Seguridad Social fue un invento de Franco para llevar riqueza y prosperidad a los hogares de los sufridos trabajadores españoles. Nada más lejos de la realidad. El sistema público de cobertura social fue una conquista que se alcanzó en tiempos del incipiente Estado liberal, más de medio siglo antes de proclamarse la dictadura franquista. En concreto, su origen se remonta a las políticas de protección estatal que empezaron a ponerse en marcha a finales del siglo XIX, precisamente como consecuencia de las presiones del movimiento obrero y del nacimiento de los primeros sindicatos.
Fue el Gobierno de José Posada Herrera el que creó el primer organismo público en 1883, la Comisión de Reformas Sociales, cuya misión fue estudiar medidas para mejorar la precaria y lamentable situación por la que atravesaba la clase trabajadora española. Estábamos en plena restauración borbónica, la revolución industrial empezaba a causar estragos entre la población explotada y hacía apenas cuatro años que Pablo Iglesias acababa de fundar el Partido Socialista Obrero Español, que empezaba a exigir mejoras en las condiciones laborales de los españoles. No hace falta decir que los salarios eran miserables, los más bajos de Europa, que se trabajaba de sol a sol en condiciones esclavistas, que miles de familias vivían en chozas infectas, que el trabajo infantil era algo normalizado y que los proletarios no tenían derecho a nada.
A partir de ese momento, tras no pocas huelgas y una sangrienta represión, se empezaron a ganar las primeras conquistas sociales. En 1900 se creó el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo; en 1905 se fundó el Instituto de Reformas Sociales y en 1908, con un gobierno conservador presidido por Antonio Maura, llegaba por fin el Instituto Nacional de Previsión, un organismo de protección social que continuó existiendo hasta 1978, cuando se reorganizó su estructura en lo que hoy conocemos como la Seguridad Social. El proyecto de 1908 fue elaborado bajo el ministerio de Juan de la Cierva y Peñafiel y las Cortes aprobaron definitivamente la Ley de Creación del Instituto Nacional de Previsión el 27 de febrero de 1908. Sin duda, esa fue la fecha clave, ya que todos los historiadores coinciden en que constituyó la primera institución oficial encargada de la asistencia sanitaria en España. Finalmente, en 1919 se creó el Retiro Obrero, y en 1929, el Seguro de Maternidad.
Se empezaban a poner las bases del Estado de Bienestar y por primera vez hubo un intento de organizar seriamente la sanidad y la asistencia social en nuestro país. Sin embargo, el derecho a una cobertura sanitaria y laboral no quedaría blindado con rango constitucional hasta el año 1931, cuando la Constitución de la Segunda República, en su artículo 46, estableció textualmente: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores”. La República estaba decidida a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
El ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social, Joan Lluhí, tenía preparado un anteproyecto de ley de bases de seguros sociales para los trabajadores, que finalmente no pudo llegar a tramitarse en las Cortes al producirse el golpe de Estado de Franco de 1936 que convirtió el país en un inmenso campo de batalla. Una vez más, los incipientes avances sociales quedaban cercenados por una derecha involucionista apoyada por una clase militar autoritaria.
Y así es como llegamos a la dictadura franquista, ese período de “inmensa felicidad y prosperidad”, según la Fundación Francisco Franco y los líderes de Vox, el partido ultraderechista que ahora pretende colarse en el Congreso de los Diputados manipulando la historia y a fuerza de mentiras. En 1938, en plena Guerra Civil, se promulgó el Fuero del Trabajo en el bando nacional. Algunos creen ver en esta regulación el embrión de la Seguridad Social, pero solo fue el modelo de Franco, un sistema más basado en el paternalismo y en la beneficencia que en garantizar los derechos reales de los trabajadores. En ese Fuero se establece que el Estado valora y exalta el trabajo y lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y constituyéndolo en uno de los más nobles títulos de jerarquía y honor. En el mismo documento, el Estado se compromete a ampliar los seguros de vejez, invalidez, enfermedad y paro forzoso.
Hubo que esperar al año 1945 para que el Fuero del Trabajo estableciera que “el Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad del amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social”. Más tarde, en 1963, se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social y en 1966 la Ley General de la Seguridad Social. El sistema se basaba en caducos sistemas de cotización que nada tenían que ver con los salarios reales de los trabajadores y en la ausencia de revalorizaciones periódicas. Eran las migajas que el Estado totalitario –dominado por la derecha, las elites económicas, la aristocracia terrateniente, el Ejército y la Iglesia– dejaba a la clase obrera.
El sistema fue más propagandístico que otra cosa, hasta que llegó la democracia y la Constitución de 1978, cuando se llevó a cabo la reforma de un sistema de Seguridad Social que había colapsado en los años 70. El artículo 41 de la Carta Magna estableció que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
Así que no nos dejemos engañar por los charlatanes revisionistas de la historia: la Seguridad Social no fue un invento genial del Caudillo Franco para mejorar la vida de sus súbditos, sino un proceso histórico inevitable que arrancó a finales del siglo XIX, con las primeras luchas obreras, y que en sus diferentes modalidades ha llegado hasta nuestros días.
Viñeta: El Koko Parrilla
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