(Publicado en Diario16 el 23 de mayo de 2020)
El histórico error de nuestros magistrados se consumó el pasado miércoles, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo concluía que la decisión última a los recursos de Vox es competencia del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Sin duda, fue una forma de lavarse las manos y de mirar para otro lado, no sabemos si por un exceso de purismo democrático, por miedo a las posibles represalias de arriba o sencillamente porque algunos jueces se han dejado seducir ya por los cantos de sirena del nuevo falangismo de Santi Abascal. De cualquier manera, la patata caliente pasaba a los máximos órganos judiciales de las comunidades autónomas. El TSJ de Cataluña y otros como el de Castilla y León ya se han quitado el problema de encima autorizando las manifestaciones ultras (una estrafalaria combinación de protesta ciudadana y rally motorizado contaminante) que este fin de semana tratarán de colapsar Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, así como otras muchas ciudades del país. Todo ello pese a la opinión en contra de la Fiscalía y a la orden de prohibición de la mayoría de las delegaciones del Gobierno.
El Tribunal Supremo lo tenía fácil para desautorizar las movilizaciones automovilísticas convocadas por Vox. Bastaba con seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en las últimas semanas había zanjado la cuestión bajo el argumento de que en medio de una epidemia que ha costado casi 30.000 fallecidos no es el momento más adecuado para ir de manifestaciones, de modo que siempre debe prevalecer el derecho a la vida sobre el derecho de reunión. Sin embargo, los magistrados del Supremo han decidido quitarse el muerto de encima cayendo finalmente en una gran contradicción, como es el hecho de que mientras la movilización popular de miles de catalanes durante el referéndum del 1-O en Cataluña fue considerado por el Alto Tribunal como un acto grave de sedición, un intento de golpe de Estado en toda regla, la exaltada llamada de la extrema derecha a la ciudadanía para que derroque al “Gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez” es solo política, feliz participación ciudadana y libertad de expresión. Por supuesto, en las manifestaciones de Vox de estos días no habrá palos de la Policía a los manifestantes como sí los hubo en Cataluña, por mucho que allí se vayan a ver y escuchar, casi con toda seguridad, canciones fascistas, banderas preconstitucionales y consignas como “Sánchez asesino” o “Iglesias al paredón”. La experiencia nos dice que la extrema derecha suele confundir lo que debería ser un acto pacífico, respetuoso y democrático de protesta ciudadana con un sórdido aquelarre donde se suele dar rienda suelta a los instintos más bajos y a la violencia verbal. Poco tiene que ver todo eso con la democracia, pero así es como los ultras entienden la cosa. Para ellos la política es la guerra.
En cualquier caso, después de que el Supremo haya abierto la puerta a que Vox pueda colapsar las ciudades, creando un caos de tráfico y extendiendo el miedo y el odio (ese, y no protestar pacíficamente contra el Gobierno, es su verdadero objetivo), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha autorizado las manifestaciones previstas. “Hallándonos a las puertas de la quinta prórroga del estado de alarma, cabe constatar (es un hecho notorio) que la pandemia ha remitido considerablemente”, alegan los magistrados, que añaden que estamos en “un escenario sensiblemente mejor que el analizado por el Tribunal Constitucional” cuando estudió otra solicitud de manifestación en coche, esta vez en Vigo.
“No parece que sea de recibo prohibir una manifestación en vehículos cuando resulta que, ordinariamente, las personas pueden pasear por la ciudad durante franjas horarias generosas, sin límite numérico, bajo la única condición de hacerlo guardando las distancias y con mascarilla. Nada indica que la manifestación en vehículos que pretende realizar el partido político Vox pueda traducirse en perjuicios significativos para la vida o la salud de las personas; y admitir una prohibición basada en meras conjeturas supondría una quiebra clara del derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica, amén de un peligroso precedente”, concluye el auto, que parece firmado por unas hermanitas de la caridad que solo ven bondad en el mundo o por unas ingenuas y sensibles Caperucitas que confían en la buena voluntad del lobo feroz. Ahora ya solo nos queda sentarnos delante del televisor y contemplar cómo ese rally de patriotas en sus tanques improvisados termina convirtiéndose en una gran explosión de intolerancia, cainismo, rabia infinita y odio guerracivilista contra un Gobierno mayoritariamente elegido por la otra parte del pueblo, esa a la que ellos pretenden erradicar del país algún día. Eso sí, todo muy legal y muy democrático.
Viñeta: Iñaki y Frenchy
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