(Publicado en Diario16 el 21 de mayo de 2020)
El acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral del PP va camino de convertirse en una bomba de relojería para el Gobierno en medio de la epidemia. La idea del Ejecutivo era dar un golpe de efecto tras el Pleno en el Congreso de los Diputados celebrado ayer, en el que se aprobó la quinta prórroga del estado de alarma por la epidemia hasta el 7 de junio. El pacto, plasmado en un documento firmado con luz y taquígrafos, contemplaba que la formación vasca se abstenía en la votación a cambio de que el gabinete de Pedro Sánchez iniciara los trámites para la derogación “íntegra” y total de la reforma laboral. Sin embargo, lo que en principio iba a ser una gran noticia se ha terminado convirtiendo en un campo de minas para el Gobierno.
No hacía falta ser un gran asesor o estratega político a la altura de Iván Redondo para concluir que el acuerdo −justo por otra parte, ya que supone abolir una de las leyes más infames de los últimos años por lo que tiene de grave recorte a los derechos de los trabajadores− provocaría un auténtico terremoto político, como así ha sido finalmente. Las derechas no iban a dejar escapar semejante bicoca o “perita en dulce” y ya están utilizando el pacto para echar más gasolina al incendio de España por la supuesta “claudicación” del Gobierno ante los “proetarras”, la “complicidad” con los terroristas y la “humillación” a las víctimas de ETA.
Por lo visto nadie en Moncloa vio venir la tormenta que se avecinaba en un momento especialmente dramático para el país, con la rebelión de los “cayetanos” a toda máquina y Vox exigiendo que se procese a Sánchez por su gestión en la pandemia. En su delirio, los ultras (respaldados por el discurso del PP de Pablo Casado) acusan al presidente del Gobierno de ser el culpable de 50.000 muertos y tras el pacto con EH Bildu ya han anunciado que se levantan de la mesa de la Comisión para la Reconstrucción del país. Sin duda, la polvareda que ha levantado el acuerdo con la formación independentista vasca ha llevado a que en la misma noche del miércoles el PSOE se haya visto obligado a matizar y a dar un paso atrás, negando que tenga previsto acometer una derogación íntegra de la reforma laboral y volviendo de nuevo a la posición inicial, que es la que figura en su acuerdo de pacto de Gobierno con Unidas Podemos, es decir, aquello tan ambiguo y en el aire de acabar con los “aspectos más lesivos” de la ley. En ese sentido de enmienda y acto de contrición van las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha aclarado que el acuerdo parlamentario alcanzado este miércoles con EH Bildu pretende cambiar solo algunos puntos y no derogar el texto legal en su integridad.
La cuestión es que el Gobierno queda ahora en una posición difícil, crítica habría que decir, tras el desaguisado de Moncloa. Arnaldo Otegi ya se ha apresurado a advertir de que “cuando un vasco da su palabra la cumple” −anunciando que no ve otra salida que el cumplimiento del pacto para la derogación total de la reforma laboral− mientras que Pablo Iglesias también ha dejado claro que la legislación de Mariano Rajoy será derogada “al completo” y no solo parcialmente. “Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)”, ha asegurado el vicepresidente segundo del Gobierno, que se ha mostrado muy duro con la rectificación de los socialistas.
Por su parte, la patronal CEOE y Cepyme hablan de “traición” y han expresado hoy mismo su “rotundo” rechazo al acuerdo a tres bandas. En opinión de los empresarios, este pacto supone un “desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita”, y recuerdan el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y a las propias instituciones del Estado. No deja de ser un sarcasmo que los mismos que en su día prestaron su apoyo a la reforma unilateral de Rajoy –un texto legal abiertamente en contra de los derechos de los trabajadores de este país−, apelen ahora al consenso y al contrato social. En cualquier caso, la amenaza de los empresarios ya está encima de la mesa: “El pacto alcanzado es de una irresponsabilidad mayúscula y tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo”. El chantaje del despido libre es la bala en el sobre para los sindicatos.
Resulta evidente que el Gobierno se ha manejado con evidente torpeza en este extraño asunto. Pero la gran pregunta es: ¿quién ha dado la orden de recular desde la intención de acabar con toda la norma laboral del PP hasta solo sus “aspectos más lesivos”? ¿Quién está moviendo los hilos para que no se lleve a cabo la derogación completa e integral de la reforma del mercado de trabajo más injusta y destructiva de la historia de la democracia? Sería absurdo no querer ver la mano de los barones socialistas conservadores, de Felipe González y sobre todo de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la más liberal de todo el gabinete Sánchez y elemento de fricción constante en las siempre difíciles relaciones con Unidas Podemos, el socio genuinamente izquierdista de este Gobierno de coalición con dos almas.
Calviño, interlocutor constante con el mundo financiero y la patronal, es la maquinista que echa el freno en todas aquellas medidas “demasiado avanzadas”, por decirlo de alguna manera. La polémica ministra antepone la macroeconomía a las colas del hambre y siempre anda con el lápiz en la oreja tachando todo aquello que pueda soltar un peligroso tufillo a marxista. Es ella la garantía de que el sistema va a seguir intacto, como siempre; es ella la notaria que da fe de que la salida de esta crisis pasará por incrementar el gasto social (como no puede ser de otra manera) pero siempre mirando el contador del déficit y con la tijera en la mano. Cuando el rodamiento del Gobierno chirría, como ha ocurrido en este caso, es porque ella ha tirado de la palanca de emergencia, parando en seco la velocidad de crucero que necesita este país para mejorar la vida de las clases más vulnerables. No nos extrañaría nada que ese paquete de ayudas que prepara la Unión Europea para paliar los efectos económicos del desastre termine convirtiéndose al final en un plan de rescate o préstamos a interés cuyas consecuencias pagarán varias generaciones de españoles. No en vano, durante los años más duros del austericidio impuesto por la UE ella ocupó cargos de alta dirección en la Comisión Europea. Fue una de las manos que mecieron aquella cuna de negro recuerdo. Calviño es más de lo mismo en un momento en que se exige al Estado audacia, más izquierda y máxima solidaridad en las políticas para que “nadie se quede atrás”. Eso al menos nos había contado Sánchez.
Ilustración: Artsenal
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