LOS "TUITEROS" DE VOX

(Publicado en Diario16 el 18 de abril de 2020)

El Gobierno mueve ficha. Después de que Pedro Sánchez subiera a la tribuna de oradores de las Cortes y se dirigiera a Santiago Abascal y a su “ejército de millones de bots” (robots que propagan infundios y bulos en las redes sociales a la velocidad de la luz), el Consejo de Ministros ha decidido tomar cartas en el asunto. La cantidad de embustes y noticias falsas que está propalando Vox a cuenta de la trágica epidemia de coronavirus que vive el país no puede quedar impune y algunos expertos consideran que los responsables del aparato de propaganda de la formación ultraderechista podrían estar incurriendo en una especie de nuevo delito de terrorismo informativo, sabotaje o creación de alarma social. Otros incluso opinan que los bulos por Internet están relacionados con hasta diez tipos penales ya tipificados, según un estudio realizado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
En cualquier caso, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha ordenado a sus expertos en delitos telemáticos que empiecen a trabajar sobre un dosier acerca del impacto de las noticias falsas en la opinión pública y su posible encaje como delitos nuevos o asociados a otros ya redactados. Según el informe, citado por la Cadena Ser, “la actual situación de crisis sanitaria en la que se encuentra sumido nuestro país constituye el caldo de cultivo propicio para que algunas personas, aprovechando el desconcierto existente, traten de atacar determinados bienes jurídicos, entre ellos especialmente el patrimonio y singularmente el de aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad”.
Se trata sin duda de una acusación directa contra Vox, que ayer mismo ya empezó a movilizar a sus tropas digitales para que difundan la idea de que el partido de Abascal está siendo víctima de la “censura” del Gobierno. “¡No le gustas a WhatsApp! Por eso te animamos a descargarte la aplicación de Telegram, donde encontrarás todo tipo de canales que defienden a España sin censura”, escribe Vox en su cuenta en Twitter. “En Telegram podrás reenviar los mensajes a tus amigos al igual que lo hacías en WhatsApp antes de que aplicaran la censura”, añade la formación de extrema derecha.

Entre los tipos penales que pueden estar cometiendo los responsables de comunicación de Vox están los delitos de odio, según el informe de la Fiscalía. Es por ejemplo lo que puede haber ocurrido con la campaña que la formación verde lanzó en redes sociales contra los menores inmigrantes que llegan a España no acompañados (los conocidos por Vox, despectivamente, como ‘menas’). De demostrarse que los tuits contra estos niños tratan de menoscabar la dignidad de las personas y generar el descrédito de determinados colectivos étnicos, el autor se enfrenta a penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa.
Pero hay numerosas conductas ya tipificadas por nuestro Código Penal que podrían vincularse con la desinformación y el bulo, como la revelación de secretos (de 2 a 5 años de prisión); el delito contra la integridad moral (prisión de 6 meses a 2 años); desórdenes públicos (en el caso de que las fake news contengan mensajes de alarma, prácticas terroristas o amenaza de catástrofes que implican situaciones de peligro para la sociedad o hacen necesario el auxilio y la activación de los servicios de emergencia); las injurias y calumnias con publicidad; y los delitos contra la salud pública. Este último supuesto ya tiene un precedente, puesto que la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado ha denunciado en varias ocasiones las noticias “sobre métodos curativos sin contrastar médicamente o claramente ineficaces por si pudieran integrar alguno de los delitos contra la salud pública previstos en los artículos 359 y siguientes”. En ese punto, el informe de la Fiscalía asegura que “si la anterior conducta va acompañada, como es lo habitual, de la existencia de un negocio a partir de la fake news sobre las propiedades curativas de una determinada sustancia sin contrastar científicamente, estaríamos ante un delito de estafa de los artículos 248 y siguientes del Código Penal (prisión de 6 meses a 3 años en el tipo básico)”.
La desinformación y el bulo también podrían encajar en los delitos contra el mercado y los derechos de los consumidores, que castigan a “los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores”. Según el informe ordenado por Dolores Delgado, las conductas “son de tan variado contenido que, dependiendo de a qué se refieran y con qué intención sean difundidas, pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales”.

Viñeta: Iñaki y Frenchy